Estamos luchando por lograr los
cambios políticos, sociales y económicos necesarios para cumplir con nuestros
objetivos de la Cuarta Transformación en México, con el apoyo de la mayoría de
diputados y senadores, hemos logrado hacer las reformas necesarias en las
leyes, los planes y programas, que les den el soporte jurídico y financiero para
lograr su operatividad.
Sin embargo a más de un año, que
iniciamos el cambio del régimen, estamos enfrentando una intensa oposición, de
los conservadores de derecha, que ha incluido su estrategia mediática de
comunicación, en el marco de su guerra psicológica, para descalificar y
posesionar en la mente de nuestra población la animadversión contra nuestro
presidente y la 4T, sus absurdos y mentiras lamentablemente se posesionan y
logran ir minando la credibilidad sobre nuestra lucha. Por otra parte se siguen
sumando algunos gobernantes y funcionarios, de las instituciones del sector
salud, serviles al régimen de oprobio y al modelo neoliberal que pretendemos
cambiar.
Así, desde que empezamos este 2020, al
iniciar el cumplimiento del evidente compromiso
asumido, en el marco de la 4T y de nuestro movimiento, para lograr que el Estado
mexicano, garantice el derecho a la protección de la salud de su población,
cumpliendo con el compromiso constitucional y los cambios de la reforma a la Ley General de Salud del 29 de noviembre
de 2019, donde se establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud
está a cargo de la Secretaría de Salud, en lo que hace a la prestación gratuita
de los servicios, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las
personas sin seguridad social, donde la competencia recae en el Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), y se le faculta al Ejecutivo federal generar las bases, conforme a las cuales las
entidades federativas y la Federación, llevarán a cabo tales acciones y deberán
formular el programa estratégico, para definir la progresividad, cobertura de
servicios y el modelo de atención, con las disposiciones
reglamentarias, quedando claro que el Insabi es un instrumento más para
garantizar el derecho a la protección de la salud.
Desaparece el mal llamado
seguro popular, con sus prevalecientes corruptelas, que han lesionado los
intereses de las redes de funcionarios federales y estatales, administradores
de estos fondos, y las empresas suministradoras de bienes y servicios,
beneficiarias de los fondos financieros mal habidos, con sus sobrecostos
estratosféricos en el suministro de medicamentos, insumos, equipos y servicios
subrogados, que les llegaban hacer disponer legalmente con convenios
facilitadores que los gobiernos del régimen de oprobio les facilitaba, ese es
el fondo de las resistencias y oposiciones rabiosas de los gobernantes y
empresarios que han estado, desde el 1 de enero, con su estrategia y acciones
mediáticas en todos los medios de comunicación de posesionar en las mentes de
los ciudadanos la negatividad, fomentando los miedos y las angustias para
imponer el rechazo de estos cambios trascendentales en nuestro futuro político
y social.
Los trabajadores de la
SSA, hemos vivenciado desde las unidades de salud, como desde su creación, el
seguro popular ha estado inmerso en la simulación, la opacidad y la corrupción,
con sus lacras de desabasto de medicamentos, carencias de insumos y equipos
materiales y humanos, para la atención debida de los usuarios de los servicios
de salud, de la denominada población abierta, sin cobertura por la seguridad
social. Son redes
delincuenciales del poder, que se resisten al cambio, son opositores
irracionales, a que en esta etapa, en el marco del derecho a la salud, se
logre por mandato de la ley “la
prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados”, de todos aquellos habitantes del territorio nacional que
carezcan de seguridad social.
Además de sus
estrategias mediáticas, estamos enfrentando las resistencias de las redes del
poder, conformada por directivos y administradores que por décadas se han
conformado en las instituciones del sector salud, inmersos en sus intereses y
visiones patrimonialistas, beneficiarios de la corrupción y al servicio del
modelo neoliberal con sus lacras del enfoque mercantilista y deshumanizante que
ha prevalecido en los procesos de atención a la salud y la enfermedad de
nuestra población.
Por eso se hace
necesario que el gobierno federal no solo fortalezca las estrategias de
comunicación que contrarresten la guerra psicológica de los conservadores,
donde logremos posesionarnos en los medios, principalmente en la televisión,
radio y prensa, sino además desmantelar las estructuras del poder de los
funcionarios, que evidentemente sirvieron y siguen sirviendo a la mafia del
poder del pripanismo, desde las instituciones del sector salud, donde
lamentablemente, desde abajo, en la operatividad de los servicios en las
unidades de la SSA, el IMSS y el ISSSTE, en los estados, seguimos vivenciando y
padeciendo sus estilos de dirección que constituyen una gran amenaza para
lograr las políticas, los planes y programas que están dirigidos a lograr el disfrute
pleno al derecho de la salud de todos y todas las mexicanas.
El derecho a la
protección de la salud es uno de los elementos fundamentales de nuestro futuro
político y social, como ciudadanos participantes en una democracia, nos
corresponde ejercerlo, tenemos la obligación de exigir su cumplimiento.
