viernes, 28 de agosto de 2009

VIOLENCIA, PRODUCTO DE LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

Vivo en un país donde la violencia se traduce cotidianamente en asesinatos que hasta hoy suman más de 12,000 muertes, desde diciembre del 2006, en la denominada guerra contra el narcotráfico que el gobierno dice estar realizando en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Aunque la violencia abarca todo el país, dos de cada tres asesinatos cometidos en 2008 se produjeron en tres estados: Chihuahua (2.052), Sinaloa (958) y Baja California (725). Otros cinco estados superan el centenar de ejecutados: Guerrero (468), Sonora (251), estado de México (214), Michoacán (208) y Durango (138). Sólo en un estado no ha habido ningún crimen relacionado con el narco: Baja California Sur. Si se incluyesen todas las muertes violentas, éstas habrán rondado las 14.500 en 2008, cuando en 2007 fueron 11.767.
De acuerdo a la sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): En Chihuahua y Sinaloa la inseguridad y los homicidios dolosos han llegado a tal grado que tiene los mismos niveles de países como Sudáfrica o Venezuela, ya que los homicidios se incrementaron en el último año de 18 a 42 y en Sinaloa de 28 a 43 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El año pasado en México fueron asesinados 535 policías, mientras que en Irak el número de militares norteamericanos muertos se quedó en 314. Aunque se sumasen los caídos en Afganistán, que fueron 151, las bajas militares totales de Estados Unidos, 465, seguirían por debajo de los uniformados mexicanos muertos en su propia patria. Cabría pensar que los cárteles de la droga mexicanos disponen de más capacidad de destrucción que las bandas terroristas iraquíes y afganas. Los países con mayor número de homicidios dolosos son Sudáfrica, con 49.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido de Venezuela, con 47.0; Colombia, con 36.3; Jamaica, con 32.4; Rusia, con 32.4; Ecuador, 16.7; Suazilandia, con 13.3; México, con 12; Estonia, con 8.9, y Zimbaue con 8.2, en tanto que Estados Unidos ocupa el lugar número18 con 4.3.

En mi país son cotidianas las escenas dantescas que proyectan la barbarie mas primitiva: cuerpos decapitados, descuartizados, pozoleados, amputados, desfigurados; niños, mujeres y familias completas torturadas y balaceadas, viviendas destruidas por balaceras y granadas, asesinatos colectivos de indígenas, muertes colectivas de niños por negligencia en guarderías, niños victimas del trabajo infantil, la trata de personas, pederastia, prostitución infantil, incremento de feminicidios y con autoridades procuradoras de seguridad y justicia nacional que cínica y desvergonzadamente se atreven a decir que hoy tenemos menos homicidios que hace quince años y que la violencia esta disminuyendo en nuestro país.

Pues bien esta violencia infame que padecemos sólo se puede entender como producto que se ha reproducido por la fertilización que la impunidad y la corrupción han generado desde el siglo pasado en una red profunda entretejida por el sistema gobernante mas preocupada en controlar que gobernar en el marco de políticos y funcionarios que ejercen sin ética y que hoy es visible desde sus lamentos de infiltraciones en sus corporaciones policíacas y de procuración de justicia de todos los niveles municipal, estatal y federal, hasta la involucración de ex agentes en delitos cometidos por la delincuencia organizada así como la lamentable debilidad institucional y jurídica que impide desenraizar el tejido de impunidad de estas redes de corrupción, impunidad y violencia.

La política de estado contra la violencia es débil, sus acciones de procuración de justicia sobre la corrupción y la impunidad sólo han servido para solucionar querellas con un uso político ligado a la enfermiza política de control y trascienden por su ineficacia, pereciendo más premios y recompensas que castigos que ejemplifiquen una política decisiva de combatirlos. El estado de derecho es ineficaz y sólo es visible para hacer justicia en forma desigual, conforme al empoderamiento de los actores y por supuesto su capacidad de corromper a los encargados de impartir justicia.

Lamentablemente la corrupción se ha generalizado en las dependencias y oficinas gubernamentales, el ejemplo mas paradójico es como se ha corrompido la oficina gubernamental que a nivel federal tiene la obligación de dirigir la lucha contra la corrupción donde los Titulares de la SFP (Secretaría de la Función Pública) son hombres del presidente en turno, esta instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de los gobiernos con presidentes panistas. Se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, se ha corrompido esta oficina anticorrupción.

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.

Mientras persistan las conductas corruptas desde el lavado de dinero ilícito provenientes del narcotráfico, vinculados a la delincuencia organizada y el funcionamiento de sus empresas ilegales; o los empresarios interesados en monopolios o evasión de impuestos y la exigida influencia de quienes promovieron, financiaron y aportaron para que sus candidatos llegaran a obtener el poder en los diferentes niveles de gobierno gracias a los esfuerzos económicos suministrados por ellos que presionan por el nombramiento de funcionarios en los cargos de importancias de su gobierno o en posiciones claves dentro del manejo económico, o de poder a personas de reconocida o dudosa reputación y a quienes la opinión pública señala por sus amplias ejecutorias delictivas y corruptas; así como los comportamientos corruptos prevalecientes de los funcionarios públicos actuales y próximos, que algunos han integrado como inherentes al desempeño exitoso de sus cargos, la violencia continuara afectando gravemente nuestro desarrollo social y humano.

viernes, 21 de agosto de 2009

A 40 AÑOS DEL MOVIMIENTO POR LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN

En los sesentas los sectores sociales más conservadores de Monterrey continuaban sus campañas anticomunistas asumiendo posturas iracundas contra las decisiones políticas progresistas que se venían tomando desde el gobierno federal del presidente Lázaro Cárdenas en los diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales de nuestro país.

Fue a principios de los sesentas, en febrero de 1962, cuando estos sectores radicalizaron sus ataques, en Nuevo león, contra la política implementada por el régimen sobre los libros de texto gratuito llegando a manifestarse multitudinariamente y arremeter contra el gobernador Eduardo Livas Villarreal, sus principales funcionarios y los estudiantes y maestros de la Universidad de Nuevo León por las posturas progresistas impregnadas de humanismo que sobre la educación pública se defendían. Eran los tiempos donde sus instrumentos: El Movimiento Familiar Cristiano, La Cruzada Regional Anticomunista, La Unión Nacional de Padres de Familia, El Frente Pro Dignidad Universitaria y los Periódicos del Sol y el Norte usaban todo su poder, derivado del apoyo de la Oligarquía Nuevoleonesa, para en el nombre de dios acabar contra todo lo que representaba ideas comunistas. Fue en este año que lograron la renuncia del rector José Alvarado Santos después de usar sistemáticamente la mentira y la calumnia por su indeclinable postura ideológica humanista a favor de la educación universitaria.

Eran los tiempos cuando se iniciaban los movimientos estudiantiles con sentido progresista y contenidos políticos ideológicos dirigidos a defender y promover la libertad y la democracia oponiéndose a los comportamientos autoritarios y a toda forma de imposición que trascendían a sus tradicionales demandas materiales, iniciando discursos demandantes de mejorar la función de la universidad y proponiendo reformas académicas que permitiera la mejor formación de los estudiantes.

La protesta estudiantil crecía ante los discursos oficiales de los funcionarios universitarios, del gobierno y de la iniciativa privada dirigidos a limitar el libre ingreso a las universidades públicas por los problemas financieros que se tenían al aumentar la demanda estudiantil. Los discursos que enarbolaban eran proyectos aristocratizantes y elitistas de la educación universitaria que en Nuevo León fueron retomados por Eduardo Elizondo, representante de empresarios quien fungía como tesorero del gobierno y que siendo designado rector de la UNL en 1965 empieza a proponer mecanismos administrativos que incluían la posibilidad de limitar más el acceso de estudiantes y el incremento de cuotas estudiantiles, propuestas que luego como gobernador en 1968 hace realidad al proponer formalmente el aumento de las cuotas en la universidad y un sistema de prestamos para los estudiantes que no pudieran pagar; su “Anteproyecto de ley que crea el Instituto de Prestamos para la Educación Superior” acompañado de un reglamento cuyo fin era concretar el aumento de las cuotas de los estudiantes, anular la educación gratuita y experimentar con un sistema corporativo que se encargara de centralizar el manejo financiero de la UNL y usurpar la función rectora de la universidad pública al proponer la integración de un consejo que estaría integrado por 11 personas que incluía al rector que era nombrado por el gobernador, al igual que el secretario de educación, representante del gobernador, dos representantes campesinos, dos sindicales, dos de un consejo estatal de la ciudadanía formado para el efecto; este documento fue mas conocido como el “Plan Elizondo”.

Las protestas y la movilización de los estudiantes iniciaban las primeras manifestaciones estudiantiles apoyadas por la mayoría del pueblo, a pesar de los intentos de manipulación y desvirtuación del movimiento como pro-comunista y el manejo mediático, hicieron retroceder al gobierno de Elizondo, quienes no dejaban de insistir en sus mentiras de que con sus propuestas lograrían la autonomía económica de la universidad cuando cínicamente el gobernador seguía reservándose la facultad de designar el rector y el citado instituto adquiría el rango de una empresa descentralizada con el claro intento de privatizar la UNL., el apoyo de la derecha conservadora, sus cúpulas empresariales y los membretes anticomunistas se dio con todo a favor del plan Elizondo.

Por otra parte el Consejo Estudiantil Universitario al rechazar unánimemente este plan propuso: el aumento de cupo en las preparatorias de la universidad, el pase automático de todos los egresados de las prepas a las facultades y la elevación del presupuesto de la universidad. Se suma al rechazo de este plan el consejo universitario proponiendo la elaboración de un proyecto de reforma a la ley orgánica de la universidad que posibilite el voto unitario de los estudiantes en el consejo universitario.

Es en este mismo periodo cuando los estudiantes neoleoneses nos incorporamos a las manifestaciones y reivindicaciones universitarias que se enarbolaban en el movimiento estudiantil de 1968, cuando el 18 de septiembre diez mil soldados invadían ciudad universitaria del DF, los universitarios nuevoleoneses no sólo publicamos desplegados de apoyo, hacíamos mítines, manifestaciones, en nuestra ciudad con miles de asistentes apoyando el movimiento estudiantil que finaliza trágicamente con la matanza de estudiantes en Tlatelolco por el ejército el dos de octubre; la represión atroz contra el activismo estudiantil con detenciones ilegales, secuestros y privación ilegal de la libertad en cárceles clandestinas fue fomentada por el régimen incrementando la guerra sucia, esto provoca que algunos compañeros activistas se integren a la lucha guerrillera como única alternativa para lograr la liberación nacional y el cambio revolucionario del régimen dictatorial priista prevaleciente.

El movimiento estudiantil de Nuevo León entro en reflujo y a los tradicionales intereses de lucha por mejores laboratorios, bibliotecas, edificios y equipamientos, abrir las puertas de la universidad al pueblo y reducir las cuotas se sumaron las demandas de democracia, la justicia y la libertad plena de los mexicanos. En este contexto las principales fuerzas políticas de los estudiantes en al UNL como la Juventud Comunista, El grupo Espartaco, la Obra Cultural Universitaria y el sector Liberal Prìista iniciaron la reorganización del movimiento proyectando al estudiantado como sector político y social especifico en la lucha contra el régimen autoritario; lograr la democratización de la universidad se convertiría en la tarea fundamental del movimiento universitario para lo cual se debía lograr la autonomía universitaria no sólo administrativa, que determinara su autoridad y dirección de por sí sin injerencia del gobierno, sino además la académica que permitiera la libre determinación de los planes y programas de estudios y la orgánica en cuanto que tenga la libertad de darse las leyes y reglamentos que considere pertinentes para sus fines y el respeto al recinto universitario como institución científica y cultural.

1969 transcurre la universidad con problemas financieros por un déficit financiero importante, comportamientos autoritarios antidemocráticos de las autoridades, las graves limitaciones de cupo en las escuelas y facultades, exigencias de reformas a los planes de estudios y demandas de construcción de algunos edificios, tomas de rectoría como mecanismo de presión a las autoridades universitarias y exigencia de cambios administrativos en algunas escuelas y lo más importante comienza a gestarse; durante el mes de octubre, el movimiento por la autonomía de la Universidad de Nuevo León al iniciarse protestas de alumnos de diversas facultades como Ciencias Físico Matemáticas, Filosofía y Letras, Odontología, Ciencias Químicas y Medicina, entre otras que exigían además la renuncia de sus directores y en el curso de plenos estudiantiles celebrados en el colegio civil y el Álvaro Obregón empieza a plantearse la destitución del rector Héctor Fernández González.

Ante la inestabilidad creciente de la vida universitaria y la incapacidad de las autoridades universitarias para lograr el funcionamiento académico y administrativo en paz de su alma mater el entonces Gobernador Eduardo A. Elizondo turna al Congreso del estado una iniciativa de decreto para reformar la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León en la que se concede al Consejo universitario la facultad de designar al Rector, cuyo nombramiento dependía del gobernador en turno, y se concedía que los directores fuesen electos por las juntas directivas de las escuelas, se inicia así una supuesta propuesta de autonomía de los universitarios para nombrar sus autoridades en el marco de un proceso democrático representativo cuya novedad, en este proyecto, era la integración de una asamblea universitaria, compuesta por tres representantes maestros y tres representantes alumnos de cada escuela que fungiría como autoridad máxima de la Universidad de Nuevo León, se asentaba también que las juntas directivas de cada escuela se compondrían por los maestros y un numero igual al 50% de aquellos.

Esta etapa de nuestra lucha por la autonomía concluiría el mes de diciembre con la elección del Dr. Oliverio Tijerina Torres por primera ocasión por los estudiantes y profesores integrantes del Consejo Universitario, después de una jornada de mítines, plantones, paros estudiantiles, una huelga general, manifestaciones y la embestida reaccionaria de los grupos conservadores anticomunistas integrados en su membrete Frente Pro Dignidad Universitaria que les servía de parapeto en su búsqueda de apoyo de la comunidad estudiantil y magisterial denigrando facciosamente como una intención de los comunistas de apoderase de la universidades, el conservadurismo había sido derrotado iniciándose el desarrollo de un proceso democrático progresista en el seno del Consejo universitario que logra el Consenso para publicar un desplegado a favor de los detenidos a causa del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68 se mostraba la solidaridad y la ira de la posición oficial del gobierno y de la oligarquía gobernante no se hicieron esperar en sus denuncias perseverantes anticomunistas, las actitudes de servilismo y apoyo a los autoridades del gobierno priista con quienes en coalición incrementan sus actividades para desestabilizar la vida universitaria.

En el marco de este proceso desestabilizador de la universidad, durante el año de 1970, se realizaron acciones porriles como la toma de las instalaciones de rectoría, desacato de acuerdos del consejo universitario, la promoción de actos violentos en las instalaciones universitarias, obstaculización de consensos para lograr una ley orgánica universitaria dotada de un amplio contenido democrático y el más grave retención de los subsidios federales por más de ocho meses que afecto gravemente el equipamiento de las escuelas, nuevas construcciones de aulas, bibliotecas y el proceso administrativo; ante los ataques, amenazas, insultos y denuestos reiterados principalmente por un grupo de huelguistas de la facultad de leyes, el Dr. Oliverio presenta su renuncia ante el consejo universitario 13 meses después: en enero de 1971.

Por lo tanto 1971, con el Lic. Manir González Martos como rector en funciones, el Consejo Universitario se pronuncia contra la violencia, la conducta injuriosa y el desorden que fomentaban los estudiantes huelguistas de la facultad de Leyes y posteriormente divulga manifiestos sobre los ideales democráticos y la visión de la universidad a la que se aspira, inicia así nuevamente un periodo renovado de esperanzas para lograr al autonomía plena de la universidad con una democracia ejercida sin condiciones en el seno de sus estructuras de gobierno que permitieran crear condiciones para lograr plenamente los objetivos académicos, culturales, técnicos, científicos y humanistas en nuestra sociedad.

Conforme al nuevo marco legal para la elección de las autoridades de la Universidad de Nuevo León, el Consejo Universitario convoca a elecciones en el ejercicio de la autonomía lograda, proceso que lleva al registro de un solo candidato consensuado por la mayoría de las fuerzas progresistas de los estudiantes y maestros: el Ing. Héctor Ulises Leal Flores quien se venia desempeñando como director de la facultad de Ingeniería Civil, siendo el único candidato es elegido como rector el 20 de febrero de 1971 a pesar de los comportamientos calumniosos iracundos de los grupos conservadores que los organismos de gobierno, empresariales y de la iglesia no dejaban de cesar a través de sus instrumentos mediáticos como el periódico el norte y la radio y televisión local, a pesar de todo su poder habían recibido un revés político que les llevaría a reorganizarse estratégicamente para continuar su embestida en su lucha contra la presunta infiltración comunista que enfermizamente combatían.

La lucha por lograr la autonomía plena continuaría con la exigencia de que el gobierno estatal a través del órgano legislativo del congreso del estado aprobara una nueva Ley Orgánica de la Universidad que de conformidad con los acuerdos políticos y jurídicos establecidos con el gobernador Elizondo y el congreso, desde noviembre de 1969, había iniciado a ser elaborada por una comisión de estudiantes y maestros de la universidad quienes después de un proceso de auscultación de los universitarios a través de reuniones plenarias abiertas y procesadas democráticamente lograrían consensos que permitieron concretar su redacción y aprobación en el seno del consejo universitario, siendo enviada al Congreso del estado para su aprobación. Destinada a fortalecer la autonomía académica, administrativa y orgánica e incidir en la libertad y los procesos democráticos en el funcionamiento de las escuelas y facultades sería barabariemente combatida con todo el poder de la oligarquía conservadora de nuestro estado, vendrían meses aciagos de lucha que unirían a la mayoría de los universitarios exigiendo la aprobación de esta nueva ley orgánica; estudiantes, maestros, el STUANL, el consejo universitario, el movimiento sindical democrático, los normalistas y sectores progresistas de nuestro estado nos unificarían en la lucha por la consolidación de la autonomía y en defensa de la universidad pública.

El régimen autoritario gobernante respondió con mayor represión, reteniendo subsidios y apoyos, continuando con su campaña de calumnias y difamación en los medios que en conjunto se sometían servilmente temerosos de perder sus prebendas y canonjías que para algunos eran el fundamento de su existencia. En el marco de la crisis financiera que el estado provocaba en la universidad, el gobierno y sus testaferros de la derecha fomenten sus tesis elitistas de la educación pública retomando su propuesta central “Los estudiantes deben pagar la educación que reciben”. La comunidad universitaria responde manifestándose con la exigencia de la regularización del subsidio económico y la aprobación del proyecto de ley orgánica presentado por la UANL que garantizaría la autonomía plena de la vida universitaria.

En el clímax de su comportamiento facistoide el gobernador Eduardo A, Elizondo emite un decreto de una Ley orgánica de la universidad Autónoma de Nuevo león, haciendo a un lado la propuesta de ley elaborada por los universitarios. En esta ley se establece como máximo órgano de gobierno una Asamblea Popular de gobierno universitario, por encima del Consejo universitario, cancela así la autonomía de la universidad suscrita 15 meses atrás por el mismo, la cual estaría conformada en su inmensa mayoría por representantes de diversos organismos sociales totalmente ajenos al quehacer de la universidad, de sus 37 integrantes sólo 3 profesores y 3 estudiantes son de la universidad: no obstante esto la Asamblea Popular es la encargada de designar al rector y a los directores y de resolver los conflictos entre el rector y el consejo universitario y para fortalecer sus intenciones facistoides designa inmediatamente como rector a un coronel, de profesión médico: Arnulfo Treviño Garza, paginas completas desbordaban los periódicos locales con sus titulares: Gobiernan la Universidad, haciéndose eco todos los medios de difusión dando por hecho que esta influencia mediática y el apoyo de las organizaciones sindicales charras como la CTM, la CROC , FESTE, Sindicato de maestros, Sindicato del IMSS, membretes de organizaciones de profesionistas y empresarios de la industria y comercio nos sometería a la aceptación de la imposición autoritaria de dicha ley y del nuevo rector y los actos derivados de ella.

En respuesta la mayoría de los universitarios nos uniríamos y encabezados por el Consejo universitario y el rector Héctor Ulises Leal Flores iniciaríamos una huelga general y nos manifestaríamos con el repudio a esa ley orgánica del gobernador Elizondo, exhortándose a no aceptar ningún nombramiento expedido por las autoridades espurias y se inicie la resistencia activa en defensa de la autonomía universitaria, sumándose el STUANL, otras organizaciones sindicales combativas como ferrocarrileros, electricistas y telefonistas, detonándose un movimiento social en defensa de la autonomía y nuestra universidad donde la organización estudiantil a través de los comités de lucha aparecía como estrategia de organización ante sociedades de alumnos neutralizadas y menoscabadas en sus capacidades combativas por las autoridades espurias. Así unidos nos manifestábamos multitudinariamente en la plaza de Colegio Civil, Frente a Palacio de gobierno, tomábamos las calles, hacíamos brigadas de información permanente al pueblo, hacíamos las brigadas de pintas en bardas y espacios públicos con nuestras demandas, nos instalamos en plantones permanentes, tomamos rectoría para evitar que las autoridades espurias se instalaran y se combatió a los maestros esquiroles que con apoyo del gobierno y de sus aparatos represores que con sus policías (Granaderos) llegaban hasta la toma de escuelas combativas que como la nuestra la Prepa 8 como ultima estrategia para acabar con la resistencia que lo único que hacia era multiplicar nuestra combatividad e indignación hacía los fascistas y sus testaferros. A pesar de la violencia organizada contra la universidad y la ocupación policíaca de la rectoría y la mayor parte de las escuelas y facultades más combativas el conflicto universitario se agudizaba, el rector espurio nunca pudo instalarse y ejercer funciones, el Ing. Ulises, el consejo universitario y las autoridades universitarias continuaban estoicamente intentando funcionar conforme a las circunstancias, el gobierno federal interviene comisionando al Secretario de Educación Pública: Víctor Bravo Ahuja para coadyuvar en la solución del conflicto universitario provocado por la ley orgánica del gobernador Elizondo , se designa una comisión de ex rectores encabezado por el Lic. Alfonso Rangel Guerra para que elaboren una propuesta de Ley orgánica partiendo de la revisión y análisis de la ley rechazada y de los proyectos elaborados por los universitarios, en Junio 4 dicha comisión entrega al presidente del Congreso Estatal un nuevo proyecto de ley orgánica, el cual es enviado al gobernador Elizondo para su publicación quien se niega a aceptar dejar un lado su propuesta de ley y prefiere renunciar al cargo de gobernador por lo cual presenta su renuncia ante el congreso en un hecho inédito e histórico de nuestro estado.

En junio 5 es designado el Lic. Luís M. Farias gobernador sustituto de Nuevo León por el Congreso del Estado, ese mismo día renuncia el rector espurio Arnulfo Treviño Garza y para el siguiente día este gobernador pública la que sería la cuarta ley orgánica de la UANL que en esencia se asemejaba a la de la UNAM y aunque contiene el principio de autonomía, esta es restringida por la existencia de una Junta De Gobierno cuyas atribuciones principales son designar el rector, a los directores y a los miembros de la Comisión de Hacienda, organismo que consideraríamos profundamente antidemocrático y que atentaba contra la autonomía universitaria, la lucha seguía y en este contexto los estudiantes de la UNAM y el IPN convocan a una manifestación en la ciudad de México el 10 de junio para mostrar su apoyo y solidaridad con nuestro movimiento estudiantil, que una semana antes les habíamos solicitado, donde lamentablemente sufren una represión sangrienta por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, estando Alfonso Martínez Domínguez como regente del Distrito Federal quien fue el responsable genocida de este hecho brutal en la historia de México del siglo pasado.

Reprimido y desgastado el movimiento estudiantil, en periodo de exámenes finales y con una profunda división de los diferentes grupos progresistas y comunistas al interior de la universidad por la aceptación de la nueva ley orgánica, se estructura la junta de gobierno y actúa por primera vez y nombra Rector, nuevamente al Ing. Héctor Ulises Leal Flores y continua con este de secretario general el Lic. Manir González Martos, se retoman los asuntos pendientes por el Consejo Universitario procediendo a iniciarse las inscripciones en el mes de agosto para el ciclo escolar a iniciarse en septiembre, es en este mes cuando el Consejo Universitario aprueba la Reforma Académica, convocándose a los cuerpos docentes para su participación iniciándose un debate que afectaría la unidad del movimiento por la posición de los militantes del partido comunista quienes consideraban este reformismo al servicio del gobierno, iniciando así una alianza vergonzosa con la ultraderecha que posteriormente les daría buenos dividendos en prebendas y puestos públicos en las escuelas y facultades donde militaban.

En este mismo mes el Consejo universitario toma otro acuerdo trascendente para la vida democrática participativa al disponer la composición paritaria de las juntas directivas de las escuelas, es decir el mismo número de representantes alumnos y maestros deberán constituir ese órgano máximo directivo. Se acuerda el “pase automático” que permite el ingreso a facultad de todos los alumnos egresados de la preparatoria de la universidad, suprimiendo el examen de selección que obstaculizaba el ingreso de los egresados de bachilleres, se iniciaba así la lucha contra el elitismo en que se habían convertido el ingreso a facultades como la de medicina. La reacción de los conservadores no se hizo esperar y calificaron nuevamente de lamentable este acuerdo ya que según ellos iría en detrimento académico, provocaría mas problemas económicos y bajaría la calidad de los profesionistas egresados, la facultad de medicina dirigida por el Dr. Marco Antonio Ugartechea se opone este acuerdo del Pase Automático del consejo universitario, otro miembro de este grupo médico Alfredo Piñeyro, entonces integrante de la junta de gobierno solicita la renuncia del rector a la que se suman maestros de la prepa 1, 3 y 9 militantes del PC , sumándose días después las facultades de medicina y mecánica.

Así las autoridades de Medicina no permiten ni siquiera iniciar tramites de solicitud de ingreso, argumentando falta de recursos administrativos y de apoyo académico como los laboratorios, Rectoría hace un estudio sobre este argumento demostrando que las autoridades de esa facultad sólo estaban usando menos del 30% de la capacidad horas aulas y uso de laboratorio demostrándoles que pueden dar cabida de los estudiantes de nuevo ingreso.

El departamento escolar y de archivo inicia el proceso de inscripción, inscribiéndose 730 alumnos que ante la negativa de ser admitidos por la Facultad de Medicina, el Consejo Universitario y las autoridades aprueban el inicio de labores de nuestra escuela que a partir del 13 de octubre es denominada como “Aulas Anexas” de la Facultad de Medicina.

El movimiento universitario, después de lograr la autonomía de la universidad de Nuevo León se dirigiría a lograr su fortalecimiento a través de la lucha por su democratización en la elección de las autoridades internas, evitando el uso partidista que convertía a los puestos directivos en trampolín político para acceder a los gobiernos del régimen priísta dominante; también había que acabar con el elitismo que impedía el acceso de los hijos de obreros y campesinos a la educación pública universitaria y de la misma forma combatir esta orientación reduccionista y elitista en la formación y función profesional que derivaba de planes y programas de estudios desfasados de las necesidades del pueblo y por lo tanto de los fines de la universidad que en ese momento se planteaban no sólo en nuestro país sino en todo el mundo occidental que fue duramente cuestionado en los sesentas por el histórico movimiento estudiantil iniciado en Francia.

La autonomía que se había logrado parcialmente por la imposición de una Junta de Gobierno, había que seguir construyéndola mediante un proceso democrático participativo que permitiera su consolidación, proceso que estaría obstaculizado permanentemente por la derecha y los grupos oportunistas que enarbolando posturas ideológicas “revolucionarias” de izquierda harían alianzas repugnantes que demostraron históricamente su beneficio a la consolidación de la derecha en la universidad con su triste realidad actual.

Así a quienes nos quedaba claro la necesidad de fortalecer la autonomía de la universidad e impulsar la reforma académica fuimos objeto de una campaña de calumnias y ataques políticos acusándonos de reformistas y estar al servicio del régimen nefasto del echeverrismo que pretendía conciliarse con los universitarios del país después de sus actos criminales represivos contra el movimiento estudiantil del 68, nos convertíamos así en el blanco favorito de los presuntos militantes revolucionarios de la izquierda radical y de la derecha ultraconservadora que supo aprovechar la coyuntura para instrumentar sus estrategias con gran eficacia y eficiencia política hasta lograr la universidad que deseaban, donde sus estrategias políticas del control para lograr la paz universitaria prevalecen desde la permanente cooptación de activistas, dirigentes e intelectuales de la izquierda, a cambio de su pasiva sumisión acrítica y la generación de los múltiples comportamientos represivos contra todo universitario opositor, que no se sujete a sus designios y/o mecanismos de control, que han ido desde expulsiones y ceses de estudiantes y trabajadores académicos y administrativos hasta la marginación, exclusión, el acoso permanente, convirtiéndose en normal la violación de los derechos humanos y laborales más elementales que padecen los universitarios que intentan rebelarse buscando ser libres y democráticos.

Desde entonces La Universidad Autónoma de Nuevo León se ha caracterizado por funcionar sin democracia, libertad interna y transparencia no solo en los procesos de selección de sus funcionarios (rectores, directores, consejeros, etc,) sino además en la construcción de sus programas académicos, cientificos, culturales y administrativos devaluando su contribución al desarrollo social en los diferentes ámbitos educativos, económicos, políticos, culturales, asistenciales, científicos y tecnológicos de nuestro estado y país.

El resultado ha sido la imposición de rectores por el gobernador en turno en contubernio con la junta de gobierno, quien se encarga de simular procesos democráticos eleccionarios, decidiendo finalmente su nombramiento así como de los directores de las diversas dependencias universitarias conforme a los designios del rector en funciones y para el colmo la elección del secretario general del STUANL no ha estado exenta de imposiciones y la simulación democrática y libertaria de sus autoridades.

Como consecuencia han prevalecido los grupos de poder que en sus diferentes dependencias se han convertido en verdaderos caciques con visiones patrimonialistas reproduciendo comportamientos antidemocráticos y represivos permanentes en aras de mantener sus prebendas.

En el contexto del desarrollo político, social y democrático del país la Universidad no debe estar al margen de la construcción de una sociedad plenamente desarrollada, libre, democrática, humanista, justa, con equidad y sin ningún tipo de explotación ni discriminación que la izquierda persevera en alcanzar por lo que es necesario acciones unitarias que permitan lograr que nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León se caracterice por:

1.-Lograr su plena autonomía del gobierno y del poder ejecutivo en turno sigue siendo la principal demanda, ningún funcionario publico debe participar en los procesos internos democráticos y solo los universitarios deberán decidir en la elección de sus autoridades; la autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación deben ser los ejes fundamentales de su funcionamiento.

2.-Ser una institución donde la libertad, la democracia y la transparencia sean la base de los cimientos de su funcionamiento académico, científico, cultural y administrativo, democratizar todas las relaciones de la comunidad universitaria y de sus órganos de gobierno y reconocer a las y los estudiantes como los sujetos del proceso educativo y a las y los académicos, como los ejes culturales y organizadores de ese proceso; respetar la pluralidad ideológica de los maestros, alumnos, personal administrativo y el resto de los integrantes de la comunidad universitaria.

3.-Ser una universidad abierta para el pueblo, sobre todo a las clases sociales más desprotegidas, los hijos de los obreros, empleados y campesinos, que acabe con mecanismos de selección cuestionables y simulados que solo han contribuido a la miseria de nuestra sociedad cerrando las puertas a miles de jóvenes.

4.-Ser una institución con excelencia académica lo cual no solo se logra con más títulos nobiliarios de postgrado de los recursos humanos o los recursos, ostentosos e inalcanzables, materiales y económicos de los modelos neoliberales y sus certificaciones ISOS, cuando se es libre la mística de servicio es el detonante más importante de la calidad y productividad en las tareas universitarias.

5.-Ser una universidad vinculada permanentemente con la sociedad no solo a través del servicio social obligatorio de los alumnos sino con la participación permanente de todos en la solución de sus problemas sociales con posturas críticas y propositivas que logren trascender en el desarrollo de nuestra sociedad.

6.-Ser una universidad para la vida debe significar la formación de un alumno no solo capaz y generador de su propio aprendizaje sino lograr y generar la libertad plena para sí y para los demás, dejando atrás conformismos alienantes que solo sirven para obstaculizar el desarrollo social.

7.-Ser una universidad donde los salarios y prestaciones del personal docente, administrativo y de investigación sirvan para recuperar su dignidad y prestigio y detener la pérdida de recursos humanos calificados.

Nuestra Universidad sigue carente de las riquezas que la autonomía con su libertad y la democracia plena en su seno provocarían para lograr la anhelada calidad educativa y los objetivos sociales, académicos, científicos y culturales correspondientes que trasciendan para el desarrollo social y humanista de los nuevoleoneses, por lo que sigue siendo vigente la demanda de acción unitaria de la izquierda para dignificarse a si misma reivindicándose de los errores ignominiosos de su pasado en la lucha por esta autonomía.

lunes, 17 de agosto de 2009

EL DEBATE SOBRE PROSTITUCION CONTINUO

Resulta que por el interes despertado en la teleaudiencia del programa Cambios, dirigido por el periodista Arq. Héctor Benavides del grupo multimedios realizamos un programa más sobre el tema de la prostitución y la trata de personas en el canal 12 regional de TV del grupo multimedios, constituyendose en el primer tema que ha sido abordado en una serie de tres programas seguidos, algo inaudito, con la participación del Dr. Arum Kumar, las sociólogas Cecilia Savignon y Verónica Sieglin, así como de funcionarios representantes del Congreso del Estado, Salud municipal y del gobierno del Estado de Nuevo León, por lo que doblemente me he congratulado de que por lo mínimo se ha iniciado un debate serio que despertó el interés de la sociedad.
Ojalá y los funcionarios entrantes de las administraciones gobernantes tanto del estado y de los municipios, que resultaron electas en las pasadas elecciones, los integrantes del poder legislativo y el poder judicial asuman sus responsabilidades en la atención de estos problemas que debiera iniciarse con el desarrollo de un diagnóstico integral de estos problemas que implicaría el desarrollo de una primera etapa de investigación cuantitativa y cualitativa de ambos problemas y nos dieran información de cuantas personas se dedican a esta actividad, cuantas están siendo victimas de las redes de explotación, de la trata de personas, quienes son los personajes y empresarios vinculados al comercio sexual y cuales son las modalidades del comercio sexual en los giros negros y en todo caso como es la vinculación con la delincuencia organizada, si existen mafias o redes como operan en todos los niveles del comercio sexual desde la generada para las clases social alta o media alta a través del tipo de contratación de personajes del medio artístico, las damas de compañía, edecanes, escorts, call girls hasta quienes ejercen esta actividad en las salas de masajes, prostibulos, table dances, centros nocturnos, cabarets, ladies bar y cantinas.
Será necesario que los políticos estén dispuestos a escuchar y conocer a todos los interesados, desde las incipientes organizaciones de trabajadoras sexuales, defensores de derechos humanos, feministas, contra la violencia de genero, profesionales de la salud sexual, de la salud mental, sociólogos, antropólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales, representantes de las organizaciones religiosas, en fin todos los que de alguna forma u otra podrán aportar experiencia, conocimiento del problema pero sobre todo propuestas operativas acercadas a nuestra realidad política, social, cultural y económica con perspectivas a mediano y largo plazo, donde al parecer consensamos la necesidad de transitar de una etapa de reglamentarismo, actuando con la fuerza de la aplicación de las leyes penales contra la prostitución infantil, la trata de personas y la explotación sexual, evitando victimizar a las personas que se dedican a esta actividad para lograr en el futuro la abolición de estas actividades indignas que denigran no sólo a las personas explotadas sino a nuestra sociedad.
En tanto nuestra responsabilidad sera insistir en que se continué el debate en toda la sociedad.

viernes, 7 de agosto de 2009

PROSTITUCION Y PROPUESTAS

Después de analizar y discutir el pasado domingo 2 de Agosto en el programa de televisión: Cambios, dirigido por el periodista Arq. Héctor Benavides del grupo multimedios y con la participación del Dr. Arum Kumar, las sociólogas Cecilia Savignon y Verónica Sieglin, así como de funcionarios representantes del Congreso del Estado, Salud municipal y del gobierno del Estado de Nuevo León, me he congratulado de que por lo mínimo se ha iniciado un debate serio que despertó el interés de la sociedad, por lo que se nos invito a darle continuidad en un segundo programa que se transmitirá este próximo domingo.

El Dr. Kumar cuestionaba: ¿Frente al problema de la Prostitución y la trata de personas para el desarrollo de esta actividad bastara la aplicación de las leyes?, Claro que no respondíamos en consenso, se trata de un problema de origen multifactorial, expresaba, pero que necesita de acciones dirigidas a estos factores prevalecientes en su origen, donde el respeto a las leyes y convenios existentes a atacar la trata de seres humanos para su explotación y la prostitución constituye el eje fundamental para prevenir y acabar con estos problemas y que deberán estar definidos en las políticas que el estado mexicano tiene que definir para la atención de estos problemas.

En Monterrey, como en la mayoría de las metrópolis del mundo, el alcoholismo y la prostitución han estado articuladas en las redes de establecimientos denominados como giros negros, más en las últimas décadas al emerger las modalidades de prostitución ejercidas en table dances, cabarets, centros nocturnos y salas de masajes, cuya necesidad de autorización de licencias para su funcionamiento y la posterior vigilancia y supervisón en el cumplimiento de las disposiciones normativas de los reglamentos correspondientes, emitidos por la autoridad, ha generado una fuente de corrupción que ha estado inmersa en todos los gobiernos municipales, con responsabilidades de funcionarios, dueños de los establecimientos y empresarios cerveceros que no han sido objeto de procesamiento ético y jurídico apropiado.

Los diferentes estudios a nivel mundial, incluyendo el nuestro, han puesto de manifiesto la existencia de importantes repercusiones en la salud física de las prostitutas que ejercen en Nuevo León, además de las graves secuelas emocionales y psicológicas que deterioran su salud mental en el marco de la cotidiana violencia y abuso de que han sido objeto. Las prostitutas son víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes y en numerosos casos han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Por tanto en las condiciones actuales de nuestra sociedad mexicana creo que las siguientes propuestas son imprescindibles para actuar sobre el fenómeno de la prostitución

1. Abordar las necesidades de atención a la prostitución mediante políticas públicas que ofrezcan un enfoque integral que abarque los aspectos médicos, sociales, sexuales, psicológicos, laborales y legales. El eje central debiera ser el desarrollo de políticas de prevención, rehabilitación y reintegración de las victimas con fines de explotación sexual mediante un enfoque integral y multidisciplinario con perspectiva de género, priorizando la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las víctimas. Se trata de incidir en todos los elementos del sistema prostitucional y transmitir a la sociedad que la prostitución es una forma de violencia de género y una práctica que atenta contra los derechos humanos.

2. Iniciar en el seno de la sociedad y los órganos del poder legislativo e instituciones del poder ejecutivo responsables de la atención a las políticas de genero y contra la violencia, un proceso de estudio, debate y comparecencias, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro estado que permita concretar orientaciones y propuestas transversales que definan las políticas públicas a desarrollar para la atención a este fenómeno social en todos los niveles de gobierno.

3. El proceso de estudio y debate para la elaboración diagnostica deberá ser plural y tolerante sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo con la participación de todos los agentes involucrados desde las trabajadoras sexuales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, religiosas, movimientos feministas, los organismos académicos y defensores de los derechos humanos hasta los diferentes grupos políticos de nuestro estado intentando contextualizar en su participación la experiencia internacional y el desarrollo de las ciencias en los diferentes ámbitos sociales, filosóficos, económicos, políticos, de salud pública, antropológicos, de genero y demás relacionados con el estudio de la prostitución.

4. Complementariamente se debe lograr una investigación cuantitativa y cualitativa que nos aproxime al conocimiento de esta actividad compleja en Nuevo León y en México, analizarla desde la perspectiva multifactorial, evitando reduccionismos científicos lo que implica hacerlo no sólo a través de estudios médicos o sociológicos; sino además abordar los aspectos éticos y jurídicos, las implicaciones económicas derivadas del negocio del sexo y la pornografía, las relaciones directas con el crimen organizado y, sobre todo, tener presente la situación de las victimas y su integración social en nuestro estado.

5. Una vez concluido el debate y el diagnostico situacional de la prostitución en nuestro estado, el gobierno deberá definir las estrategias para lograr la abolición de la prostitución a largo plazo e implementar un programa integral contra la explotación sexual que integre acciones inmediatas en los ámbitos judicial, social, educativo, sanitarios, policiales, laborales y de inmigración, se trata de defender los derechos de las personas en situación de explotación sexual que han de tener la consideración de víctimas.

6. El programa Integral contra la explotación sexual promoverá las reformas legislativas necesarias que permitan a corto plazo dignificar a las personas que actualmente ejercen la prostitución como forma de vida, garantizando su protección frente a la violencia gratuita, tanto de los usuarios como de la propia sociedad y sus agentes, posibilitando mediante políticas activas su reinserción en otras funciones a través del diseño de programas y de actividades de formación específicas. La legislación nunca deberá potenciar el establecimiento de esta institución sino plantearse como una etapa transitoria y el programa debe abordar las siguientes líneas de acción:

6.1 Impulsar la correcta aplicación de la legislación vigente en relación al delito del lenocinio y la persecución del tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual involucrando a todas las instituciones implicadas mediante el desarrollo de circulares, protocolos y toda forma de comunicación necesaria; se trataría de perfeccionar los mecanismos legales que permitan proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada así como la adecuada protección a los testigos y peritos en estas causas criminales.

6.2. Iniciar reformas legislativas al código penal estatal que permitan su actualización en el marco de las formas de prostitución actual e integren en forma explicita y clara sanciones más severas contra el proxenetismo así como para potenciar especialmente la protección de los menores de edad frente a la prostitución y otros atentados contra su vulnerabilidad sexual. Los códigos penal Frances y Español pueden ser el marco de referencia para la integración de propuestas avanzadas.

6.3. La reglamentación vigente en la Ley Estatal de Salud y su reglamento correspondiente sobre el ejercicio de la prostitución debe ser derogada por su inoperancia y fuente de corrupción que resulta de su inejercicio, debe dar paso a la creación de una red de servicios de salud que satisfaga las necesidades de atención médica y psicológica de este grupo vulnerable.

6.4. Establecer políticas de integración e inserción social y laboral para las mujeres víctimas de explotación sexual a través de la secretaría del trabajo ofreciendo planes que posibiliten alternativas reales a las personas que están en esta situación impulsando itinerarios de inserción laboral para conseguir su autonomía económica y que así pueda permitirse optar por abandonar la prostitución. Este proceso debe acompañarse de atención integral y ayudas económicas, impulsando una renta de inserción activa para aquellas mujeres que opten por abandonar la situación de la prostitución.

6.5. Reforzar la cooperación nacional e internacional con los estados y los países de origen, tránsito y destino, especialmente en la lucha contra el comercio ilícito con fines de explotación sexual. La prostitución debe interpretarse en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de Diciembre de 1948, que considera la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima. La "trata de personas" se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, según el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas.

6.6. Incluir medidas de sensibilización a la sociedad dirigidas a la disminución de la prostitución que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución; se solicitara a los medios de comunicación que en el marco de sus códigos éticos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.

7. Promover la formación especializada de funcionarios y profesionales en las instituciones de seguridad y procuración de la justicia en el Estado en relación con la prostitución y conductas criminales relacionadas con el fenómeno de explotación sexual para integrar grupos de trabajo como unidades de acción inmediata, especializados en la detección oportuna de los delitos asociados a la explotación del trabajo sexual y las redes de trafico.

8. Lograr la coordinación institucional efectiva en la atención a las denuncias y los delitos asociados a este problema en la que tienen un papel fundamental las agencias ministeriales, el poder judicial y las fuerzas de seguridad del estado.

9. El estado debe ofrecer un sistema específico de atención social para la protección y recuperación de las víctimas y establecer protocolos y guías de atención en el proceso de coordinación de los diferentes ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales; los servicios deberán ser gratuitos y fácilmente accesibles a las personas que lo soliciten. La cobertura de servicios deberá incluir:

9.1 El desarrollo de programas de atención a las víctimas creando una red de centros integrales de atención ambulatorios y de internamiento (Refugios) que proporcionen seguridad y cobertura de atención para facilitar la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la explotación sexual, enfatizando el soporte psicológico y educativo para poder recuperar su dignidad y autoestima.

9.2 Garantizar la asistencia medica en el contexto de la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres víctimas de la explotación sexual con especial atención a las víctimas del tráfico y trata de mujeres.

9.3 Otorgar la asistencia jurídica especializada a las víctimas de explotación, facilitando la decisión de denunciar a sus explotadores por parte de las víctimas, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y extorsión; proporcionarles información sobre sus derechos y garantizar la protección a las víctimas y a los testigos en la aplicación de la ley en las causas criminales en proceso de investigación.

9.4 Actividades para el mejoramiento de el nivel de formación, cultural y educativo de las mujeres en situación de prostitución.

10. Desde el sistema educativo deberá realizarse la educación sexual y afectiva desde el punto de vista de las relaciones de igualdad entre los hombres y las mujeres, debiendo sensibilizar a la sociedad de las condiciones de vulneración de los derechos humanos en que viven la mayoría de las mujeres en situación de prostitución y hacer difusión de la explotación y denigración de que son objeto.

Lograr la abolición de la prostitución requiere acciones que mitiguen las causas sociales que inducen a muchas personas en situación de prostitución contra su voluntad. La desigualdad, la exclusión, la injusticia social y la discriminación sexual limitan la libertad de opción de las mujeres.

Al hacer el debate conoceremos historias de mujeres que son víctimas de las mafias y otras que ejercen el oficio de forma supuestamente voluntaria, conoceremos las opiniones de ciudadanos y políticos, abolicionistas o reguladores, pero esperamos también conocer la historia de quienes controlan los prostíbulos, los table dances, las salas de masaje, los establecimientos disfrazados como agencias de modelos generadoras de escorts y call girls; es decir de los proxenetas o lenones que ahora aspiran a ser considerados empresarios del sexo, personajes opacos y marginales que han amasado grandes fortunas gracias a la explotación del comercio sexual.

Muchos lustros han pasado en la lucha por lograr la libertad y acabar con las graves desigualdades que persisten en nuestra sociedad con sus expresiones lacerantes de miseria, marginación y pobreza, donde el alcoholismo, el abuso con las drogas y la prostitución tormentosamente prevalecen promovidas con el disimulo de los depredadores voraces del mercantilismo deshumanizante que nos ha dañado socialmente, afectando mayormente a las clases medias y bajas.

Durante todo este tiempo, estos grupos, se han aferrado a posturas conservadoras afines a los tiempos medievales, para impedir la construcción de una sociedad moderna con sus afluentes de un gran desarrollo económico, educativo, cultural, afectivo, sanitario, humanista y democrático pleno de sus habitantes, han ido desde el absurdo, en el siglo pasado de oponerse a la educación gratuita y laica que proporciona el estado hasta manifestarse contra los libros de texto gratuito y contra la educación sexual integrada a los programas de educación publica del estado, por eso creo que será muy difícil convencerlos de la atención adecuada a la prostitución, de abolirla de acabar con la explotación y esclavitud que significa su ejercicio, pero creo que somos más los que al iniciar el debate sobre estos temas alcanzaremos las victorias necesarias para lograr esta abolición de la prostitución en nuestra sociedad.