Después de analizar y discutir el pasado domingo 2 de Agosto en el programa de televisión: Cambios, dirigido por el periodista Arq. Héctor Benavides del grupo multimedios y con la participación del Dr. Arum Kumar, las sociólogas Cecilia Savignon y Verónica Sieglin, así como de funcionarios representantes del Congreso del Estado, Salud municipal y del gobierno del Estado de Nuevo León, me he congratulado de que por lo mínimo se ha iniciado un debate serio que despertó el interés de la sociedad, por lo que se nos invito a darle continuidad en un segundo programa que se transmitirá este próximo domingo.
El Dr. Kumar cuestionaba: ¿Frente al problema de la Prostitución y la trata de personas para el desarrollo de esta actividad bastara la aplicación de las leyes?, Claro que no respondíamos en consenso, se trata de un problema de origen multifactorial, expresaba, pero que necesita de acciones dirigidas a estos factores prevalecientes en su origen, donde el respeto a las leyes y convenios existentes a atacar la trata de seres humanos para su explotación y la prostitución constituye el eje fundamental para prevenir y acabar con estos problemas y que deberán estar definidos en las políticas que el estado mexicano tiene que definir para la atención de estos problemas.
En Monterrey, como en la mayoría de las metrópolis del mundo, el alcoholismo y la prostitución han estado articuladas en las redes de establecimientos denominados como giros negros, más en las últimas décadas al emerger las modalidades de prostitución ejercidas en table dances, cabarets, centros nocturnos y salas de masajes, cuya necesidad de autorización de licencias para su funcionamiento y la posterior vigilancia y supervisón en el cumplimiento de las disposiciones normativas de los reglamentos correspondientes, emitidos por la autoridad, ha generado una fuente de corrupción que ha estado inmersa en todos los gobiernos municipales, con responsabilidades de funcionarios, dueños de los establecimientos y empresarios cerveceros que no han sido objeto de procesamiento ético y jurídico apropiado.
Los diferentes estudios a nivel mundial, incluyendo el nuestro, han puesto de manifiesto la existencia de importantes repercusiones en la salud física de las prostitutas que ejercen en Nuevo León, además de las graves secuelas emocionales y psicológicas que deterioran su salud mental en el marco de la cotidiana violencia y abuso de que han sido objeto. Las prostitutas son víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes y en numerosos casos han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Por tanto en las condiciones actuales de nuestra sociedad mexicana creo que las siguientes propuestas son imprescindibles para actuar sobre el fenómeno de la prostitución
1. Abordar las necesidades de atención a la prostitución mediante políticas públicas que ofrezcan un enfoque integral que abarque los aspectos médicos, sociales, sexuales, psicológicos, laborales y legales. El eje central debiera ser el desarrollo de políticas de prevención, rehabilitación y reintegración de las victimas con fines de explotación sexual mediante un enfoque integral y multidisciplinario con perspectiva de género, priorizando la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las víctimas. Se trata de incidir en todos los elementos del sistema prostitucional y transmitir a la sociedad que la prostitución es una forma de violencia de género y una práctica que atenta contra los derechos humanos.
2. Iniciar en el seno de la sociedad y los órganos del poder legislativo e instituciones del poder ejecutivo responsables de la atención a las políticas de genero y contra la violencia, un proceso de estudio, debate y comparecencias, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro estado que permita concretar orientaciones y propuestas transversales que definan las políticas públicas a desarrollar para la atención a este fenómeno social en todos los niveles de gobierno.
3. El proceso de estudio y debate para la elaboración diagnostica deberá ser plural y tolerante sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo con la participación de todos los agentes involucrados desde las trabajadoras sexuales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, religiosas, movimientos feministas, los organismos académicos y defensores de los derechos humanos hasta los diferentes grupos políticos de nuestro estado intentando contextualizar en su participación la experiencia internacional y el desarrollo de las ciencias en los diferentes ámbitos sociales, filosóficos, económicos, políticos, de salud pública, antropológicos, de genero y demás relacionados con el estudio de la prostitución.
4. Complementariamente se debe lograr una investigación cuantitativa y cualitativa que nos aproxime al conocimiento de esta actividad compleja en Nuevo León y en México, analizarla desde la perspectiva multifactorial, evitando reduccionismos científicos lo que implica hacerlo no sólo a través de estudios médicos o sociológicos; sino además abordar los aspectos éticos y jurídicos, las implicaciones económicas derivadas del negocio del sexo y la pornografía, las relaciones directas con el crimen organizado y, sobre todo, tener presente la situación de las victimas y su integración social en nuestro estado.
5. Una vez concluido el debate y el diagnostico situacional de la prostitución en nuestro estado, el gobierno deberá definir las estrategias para lograr la abolición de la prostitución a largo plazo e implementar un programa integral contra la explotación sexual que integre acciones inmediatas en los ámbitos judicial, social, educativo, sanitarios, policiales, laborales y de inmigración, se trata de defender los derechos de las personas en situación de explotación sexual que han de tener la consideración de víctimas.
6. El programa Integral contra la explotación sexual promoverá las reformas legislativas necesarias que permitan a corto plazo dignificar a las personas que actualmente ejercen la prostitución como forma de vida, garantizando su protección frente a la violencia gratuita, tanto de los usuarios como de la propia sociedad y sus agentes, posibilitando mediante políticas activas su reinserción en otras funciones a través del diseño de programas y de actividades de formación específicas. La legislación nunca deberá potenciar el establecimiento de esta institución sino plantearse como una etapa transitoria y el programa debe abordar las siguientes líneas de acción:
6.1 Impulsar la correcta aplicación de la legislación vigente en relación al delito del lenocinio y la persecución del tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual involucrando a todas las instituciones implicadas mediante el desarrollo de circulares, protocolos y toda forma de comunicación necesaria; se trataría de perfeccionar los mecanismos legales que permitan proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada así como la adecuada protección a los testigos y peritos en estas causas criminales.
6.2. Iniciar reformas legislativas al código penal estatal que permitan su actualización en el marco de las formas de prostitución actual e integren en forma explicita y clara sanciones más severas contra el proxenetismo así como para potenciar especialmente la protección de los menores de edad frente a la prostitución y otros atentados contra su vulnerabilidad sexual. Los códigos penal Frances y Español pueden ser el marco de referencia para la integración de propuestas avanzadas.
6.3. La reglamentación vigente en la Ley Estatal de Salud y su reglamento correspondiente sobre el ejercicio de la prostitución debe ser derogada por su inoperancia y fuente de corrupción que resulta de su inejercicio, debe dar paso a la creación de una red de servicios de salud que satisfaga las necesidades de atención médica y psicológica de este grupo vulnerable.
6.4. Establecer políticas de integración e inserción social y laboral para las mujeres víctimas de explotación sexual a través de la secretaría del trabajo ofreciendo planes que posibiliten alternativas reales a las personas que están en esta situación impulsando itinerarios de inserción laboral para conseguir su autonomía económica y que así pueda permitirse optar por abandonar la prostitución. Este proceso debe acompañarse de atención integral y ayudas económicas, impulsando una renta de inserción activa para aquellas mujeres que opten por abandonar la situación de la prostitución.
6.5. Reforzar la cooperación nacional e internacional con los estados y los países de origen, tránsito y destino, especialmente en la lucha contra el comercio ilícito con fines de explotación sexual. La prostitución debe interpretarse en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de Diciembre de 1948, que considera la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima. La "trata de personas" se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, según el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas.
6.6. Incluir medidas de sensibilización a la sociedad dirigidas a la disminución de la prostitución que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución; se solicitara a los medios de comunicación que en el marco de sus códigos éticos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.
7. Promover la formación especializada de funcionarios y profesionales en las instituciones de seguridad y procuración de la justicia en el Estado en relación con la prostitución y conductas criminales relacionadas con el fenómeno de explotación sexual para integrar grupos de trabajo como unidades de acción inmediata, especializados en la detección oportuna de los delitos asociados a la explotación del trabajo sexual y las redes de trafico.
8. Lograr la coordinación institucional efectiva en la atención a las denuncias y los delitos asociados a este problema en la que tienen un papel fundamental las agencias ministeriales, el poder judicial y las fuerzas de seguridad del estado.
9. El estado debe ofrecer un sistema específico de atención social para la protección y recuperación de las víctimas y establecer protocolos y guías de atención en el proceso de coordinación de los diferentes ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales; los servicios deberán ser gratuitos y fácilmente accesibles a las personas que lo soliciten. La cobertura de servicios deberá incluir:
9.1 El desarrollo de programas de atención a las víctimas creando una red de centros integrales de atención ambulatorios y de internamiento (Refugios) que proporcionen seguridad y cobertura de atención para facilitar la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la explotación sexual, enfatizando el soporte psicológico y educativo para poder recuperar su dignidad y autoestima.
9.2 Garantizar la asistencia medica en el contexto de la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres víctimas de la explotación sexual con especial atención a las víctimas del tráfico y trata de mujeres.
9.3 Otorgar la asistencia jurídica especializada a las víctimas de explotación, facilitando la decisión de denunciar a sus explotadores por parte de las víctimas, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y extorsión; proporcionarles información sobre sus derechos y garantizar la protección a las víctimas y a los testigos en la aplicación de la ley en las causas criminales en proceso de investigación.
9.4 Actividades para el mejoramiento de el nivel de formación, cultural y educativo de las mujeres en situación de prostitución.
10. Desde el sistema educativo deberá realizarse la educación sexual y afectiva desde el punto de vista de las relaciones de igualdad entre los hombres y las mujeres, debiendo sensibilizar a la sociedad de las condiciones de vulneración de los derechos humanos en que viven la mayoría de las mujeres en situación de prostitución y hacer difusión de la explotación y denigración de que son objeto.
Lograr la abolición de la prostitución requiere acciones que mitiguen las causas sociales que inducen a muchas personas en situación de prostitución contra su voluntad. La desigualdad, la exclusión, la injusticia social y la discriminación sexual limitan la libertad de opción de las mujeres.
Al hacer el debate conoceremos historias de mujeres que son víctimas de las mafias y otras que ejercen el oficio de forma supuestamente voluntaria, conoceremos las opiniones de ciudadanos y políticos, abolicionistas o reguladores, pero esperamos también conocer la historia de quienes controlan los prostíbulos, los table dances, las salas de masaje, los establecimientos disfrazados como agencias de modelos generadoras de escorts y call girls; es decir de los proxenetas o lenones que ahora aspiran a ser considerados empresarios del sexo, personajes opacos y marginales que han amasado grandes fortunas gracias a la explotación del comercio sexual.
Muchos lustros han pasado en la lucha por lograr la libertad y acabar con las graves desigualdades que persisten en nuestra sociedad con sus expresiones lacerantes de miseria, marginación y pobreza, donde el alcoholismo, el abuso con las drogas y la prostitución tormentosamente prevalecen promovidas con el disimulo de los depredadores voraces del mercantilismo deshumanizante que nos ha dañado socialmente, afectando mayormente a las clases medias y bajas.
Durante todo este tiempo, estos grupos, se han aferrado a posturas conservadoras afines a los tiempos medievales, para impedir la construcción de una sociedad moderna con sus afluentes de un gran desarrollo económico, educativo, cultural, afectivo, sanitario, humanista y democrático pleno de sus habitantes, han ido desde el absurdo, en el siglo pasado de oponerse a la educación gratuita y laica que proporciona el estado hasta manifestarse contra los libros de texto gratuito y contra la educación sexual integrada a los programas de educación publica del estado, por eso creo que será muy difícil convencerlos de la atención adecuada a la prostitución, de abolirla de acabar con la explotación y esclavitud que significa su ejercicio, pero creo que somos más los que al iniciar el debate sobre estos temas alcanzaremos las victorias necesarias para lograr esta abolición de la prostitución en nuestra sociedad.
El Dr. Kumar cuestionaba: ¿Frente al problema de la Prostitución y la trata de personas para el desarrollo de esta actividad bastara la aplicación de las leyes?, Claro que no respondíamos en consenso, se trata de un problema de origen multifactorial, expresaba, pero que necesita de acciones dirigidas a estos factores prevalecientes en su origen, donde el respeto a las leyes y convenios existentes a atacar la trata de seres humanos para su explotación y la prostitución constituye el eje fundamental para prevenir y acabar con estos problemas y que deberán estar definidos en las políticas que el estado mexicano tiene que definir para la atención de estos problemas.
En Monterrey, como en la mayoría de las metrópolis del mundo, el alcoholismo y la prostitución han estado articuladas en las redes de establecimientos denominados como giros negros, más en las últimas décadas al emerger las modalidades de prostitución ejercidas en table dances, cabarets, centros nocturnos y salas de masajes, cuya necesidad de autorización de licencias para su funcionamiento y la posterior vigilancia y supervisón en el cumplimiento de las disposiciones normativas de los reglamentos correspondientes, emitidos por la autoridad, ha generado una fuente de corrupción que ha estado inmersa en todos los gobiernos municipales, con responsabilidades de funcionarios, dueños de los establecimientos y empresarios cerveceros que no han sido objeto de procesamiento ético y jurídico apropiado.
Los diferentes estudios a nivel mundial, incluyendo el nuestro, han puesto de manifiesto la existencia de importantes repercusiones en la salud física de las prostitutas que ejercen en Nuevo León, además de las graves secuelas emocionales y psicológicas que deterioran su salud mental en el marco de la cotidiana violencia y abuso de que han sido objeto. Las prostitutas son víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes y en numerosos casos han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Por tanto en las condiciones actuales de nuestra sociedad mexicana creo que las siguientes propuestas son imprescindibles para actuar sobre el fenómeno de la prostitución
1. Abordar las necesidades de atención a la prostitución mediante políticas públicas que ofrezcan un enfoque integral que abarque los aspectos médicos, sociales, sexuales, psicológicos, laborales y legales. El eje central debiera ser el desarrollo de políticas de prevención, rehabilitación y reintegración de las victimas con fines de explotación sexual mediante un enfoque integral y multidisciplinario con perspectiva de género, priorizando la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las víctimas. Se trata de incidir en todos los elementos del sistema prostitucional y transmitir a la sociedad que la prostitución es una forma de violencia de género y una práctica que atenta contra los derechos humanos.
2. Iniciar en el seno de la sociedad y los órganos del poder legislativo e instituciones del poder ejecutivo responsables de la atención a las políticas de genero y contra la violencia, un proceso de estudio, debate y comparecencias, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro estado que permita concretar orientaciones y propuestas transversales que definan las políticas públicas a desarrollar para la atención a este fenómeno social en todos los niveles de gobierno.
3. El proceso de estudio y debate para la elaboración diagnostica deberá ser plural y tolerante sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo con la participación de todos los agentes involucrados desde las trabajadoras sexuales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, religiosas, movimientos feministas, los organismos académicos y defensores de los derechos humanos hasta los diferentes grupos políticos de nuestro estado intentando contextualizar en su participación la experiencia internacional y el desarrollo de las ciencias en los diferentes ámbitos sociales, filosóficos, económicos, políticos, de salud pública, antropológicos, de genero y demás relacionados con el estudio de la prostitución.
4. Complementariamente se debe lograr una investigación cuantitativa y cualitativa que nos aproxime al conocimiento de esta actividad compleja en Nuevo León y en México, analizarla desde la perspectiva multifactorial, evitando reduccionismos científicos lo que implica hacerlo no sólo a través de estudios médicos o sociológicos; sino además abordar los aspectos éticos y jurídicos, las implicaciones económicas derivadas del negocio del sexo y la pornografía, las relaciones directas con el crimen organizado y, sobre todo, tener presente la situación de las victimas y su integración social en nuestro estado.
5. Una vez concluido el debate y el diagnostico situacional de la prostitución en nuestro estado, el gobierno deberá definir las estrategias para lograr la abolición de la prostitución a largo plazo e implementar un programa integral contra la explotación sexual que integre acciones inmediatas en los ámbitos judicial, social, educativo, sanitarios, policiales, laborales y de inmigración, se trata de defender los derechos de las personas en situación de explotación sexual que han de tener la consideración de víctimas.
6. El programa Integral contra la explotación sexual promoverá las reformas legislativas necesarias que permitan a corto plazo dignificar a las personas que actualmente ejercen la prostitución como forma de vida, garantizando su protección frente a la violencia gratuita, tanto de los usuarios como de la propia sociedad y sus agentes, posibilitando mediante políticas activas su reinserción en otras funciones a través del diseño de programas y de actividades de formación específicas. La legislación nunca deberá potenciar el establecimiento de esta institución sino plantearse como una etapa transitoria y el programa debe abordar las siguientes líneas de acción:
6.1 Impulsar la correcta aplicación de la legislación vigente en relación al delito del lenocinio y la persecución del tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual involucrando a todas las instituciones implicadas mediante el desarrollo de circulares, protocolos y toda forma de comunicación necesaria; se trataría de perfeccionar los mecanismos legales que permitan proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada así como la adecuada protección a los testigos y peritos en estas causas criminales.
6.2. Iniciar reformas legislativas al código penal estatal que permitan su actualización en el marco de las formas de prostitución actual e integren en forma explicita y clara sanciones más severas contra el proxenetismo así como para potenciar especialmente la protección de los menores de edad frente a la prostitución y otros atentados contra su vulnerabilidad sexual. Los códigos penal Frances y Español pueden ser el marco de referencia para la integración de propuestas avanzadas.
6.3. La reglamentación vigente en la Ley Estatal de Salud y su reglamento correspondiente sobre el ejercicio de la prostitución debe ser derogada por su inoperancia y fuente de corrupción que resulta de su inejercicio, debe dar paso a la creación de una red de servicios de salud que satisfaga las necesidades de atención médica y psicológica de este grupo vulnerable.
6.4. Establecer políticas de integración e inserción social y laboral para las mujeres víctimas de explotación sexual a través de la secretaría del trabajo ofreciendo planes que posibiliten alternativas reales a las personas que están en esta situación impulsando itinerarios de inserción laboral para conseguir su autonomía económica y que así pueda permitirse optar por abandonar la prostitución. Este proceso debe acompañarse de atención integral y ayudas económicas, impulsando una renta de inserción activa para aquellas mujeres que opten por abandonar la situación de la prostitución.
6.5. Reforzar la cooperación nacional e internacional con los estados y los países de origen, tránsito y destino, especialmente en la lucha contra el comercio ilícito con fines de explotación sexual. La prostitución debe interpretarse en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de Diciembre de 1948, que considera la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima. La "trata de personas" se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, según el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas.
6.6. Incluir medidas de sensibilización a la sociedad dirigidas a la disminución de la prostitución que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución; se solicitara a los medios de comunicación que en el marco de sus códigos éticos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.
7. Promover la formación especializada de funcionarios y profesionales en las instituciones de seguridad y procuración de la justicia en el Estado en relación con la prostitución y conductas criminales relacionadas con el fenómeno de explotación sexual para integrar grupos de trabajo como unidades de acción inmediata, especializados en la detección oportuna de los delitos asociados a la explotación del trabajo sexual y las redes de trafico.
8. Lograr la coordinación institucional efectiva en la atención a las denuncias y los delitos asociados a este problema en la que tienen un papel fundamental las agencias ministeriales, el poder judicial y las fuerzas de seguridad del estado.
9. El estado debe ofrecer un sistema específico de atención social para la protección y recuperación de las víctimas y establecer protocolos y guías de atención en el proceso de coordinación de los diferentes ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales; los servicios deberán ser gratuitos y fácilmente accesibles a las personas que lo soliciten. La cobertura de servicios deberá incluir:
9.1 El desarrollo de programas de atención a las víctimas creando una red de centros integrales de atención ambulatorios y de internamiento (Refugios) que proporcionen seguridad y cobertura de atención para facilitar la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la explotación sexual, enfatizando el soporte psicológico y educativo para poder recuperar su dignidad y autoestima.
9.2 Garantizar la asistencia medica en el contexto de la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres víctimas de la explotación sexual con especial atención a las víctimas del tráfico y trata de mujeres.
9.3 Otorgar la asistencia jurídica especializada a las víctimas de explotación, facilitando la decisión de denunciar a sus explotadores por parte de las víctimas, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y extorsión; proporcionarles información sobre sus derechos y garantizar la protección a las víctimas y a los testigos en la aplicación de la ley en las causas criminales en proceso de investigación.
9.4 Actividades para el mejoramiento de el nivel de formación, cultural y educativo de las mujeres en situación de prostitución.
10. Desde el sistema educativo deberá realizarse la educación sexual y afectiva desde el punto de vista de las relaciones de igualdad entre los hombres y las mujeres, debiendo sensibilizar a la sociedad de las condiciones de vulneración de los derechos humanos en que viven la mayoría de las mujeres en situación de prostitución y hacer difusión de la explotación y denigración de que son objeto.
Lograr la abolición de la prostitución requiere acciones que mitiguen las causas sociales que inducen a muchas personas en situación de prostitución contra su voluntad. La desigualdad, la exclusión, la injusticia social y la discriminación sexual limitan la libertad de opción de las mujeres.
Al hacer el debate conoceremos historias de mujeres que son víctimas de las mafias y otras que ejercen el oficio de forma supuestamente voluntaria, conoceremos las opiniones de ciudadanos y políticos, abolicionistas o reguladores, pero esperamos también conocer la historia de quienes controlan los prostíbulos, los table dances, las salas de masaje, los establecimientos disfrazados como agencias de modelos generadoras de escorts y call girls; es decir de los proxenetas o lenones que ahora aspiran a ser considerados empresarios del sexo, personajes opacos y marginales que han amasado grandes fortunas gracias a la explotación del comercio sexual.
Muchos lustros han pasado en la lucha por lograr la libertad y acabar con las graves desigualdades que persisten en nuestra sociedad con sus expresiones lacerantes de miseria, marginación y pobreza, donde el alcoholismo, el abuso con las drogas y la prostitución tormentosamente prevalecen promovidas con el disimulo de los depredadores voraces del mercantilismo deshumanizante que nos ha dañado socialmente, afectando mayormente a las clases medias y bajas.
Durante todo este tiempo, estos grupos, se han aferrado a posturas conservadoras afines a los tiempos medievales, para impedir la construcción de una sociedad moderna con sus afluentes de un gran desarrollo económico, educativo, cultural, afectivo, sanitario, humanista y democrático pleno de sus habitantes, han ido desde el absurdo, en el siglo pasado de oponerse a la educación gratuita y laica que proporciona el estado hasta manifestarse contra los libros de texto gratuito y contra la educación sexual integrada a los programas de educación publica del estado, por eso creo que será muy difícil convencerlos de la atención adecuada a la prostitución, de abolirla de acabar con la explotación y esclavitud que significa su ejercicio, pero creo que somos más los que al iniciar el debate sobre estos temas alcanzaremos las victorias necesarias para lograr esta abolición de la prostitución en nuestra sociedad.
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