Vivo en un país donde la violencia se traduce cotidianamente en asesinatos que hasta hoy suman más de 12,000 muertes, desde diciembre del 2006, en la denominada guerra contra el narcotráfico que el gobierno dice estar realizando en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Aunque la violencia abarca todo el país, dos de cada tres asesinatos cometidos en 2008 se produjeron en tres estados: Chihuahua (2.052), Sinaloa (958) y Baja California (725). Otros cinco estados superan el centenar de ejecutados: Guerrero (468), Sonora (251), estado de México (214), Michoacán (208) y Durango (138). Sólo en un estado no ha habido ningún crimen relacionado con el narco: Baja California Sur. Si se incluyesen todas las muertes violentas, éstas habrán rondado las 14.500 en 2008, cuando en 2007 fueron 11.767.
De acuerdo a la sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): En Chihuahua y Sinaloa la inseguridad y los homicidios dolosos han llegado a tal grado que tiene los mismos niveles de países como Sudáfrica o Venezuela, ya que los homicidios se incrementaron en el último año de 18 a 42 y en Sinaloa de 28 a 43 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El año pasado en México fueron asesinados 535 policías, mientras que en Irak el número de militares norteamericanos muertos se quedó en 314. Aunque se sumasen los caídos en Afganistán, que fueron 151, las bajas militares totales de Estados Unidos, 465, seguirían por debajo de los uniformados mexicanos muertos en su propia patria. Cabría pensar que los cárteles de la droga mexicanos disponen de más capacidad de destrucción que las bandas terroristas iraquíes y afganas. Los países con mayor número de homicidios dolosos son Sudáfrica, con 49.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido de Venezuela, con 47.0; Colombia, con 36.3; Jamaica, con 32.4; Rusia, con 32.4; Ecuador, 16.7; Suazilandia, con 13.3; México, con 12; Estonia, con 8.9, y Zimbaue con 8.2, en tanto que Estados Unidos ocupa el lugar número18 con 4.3.
En mi país son cotidianas las escenas dantescas que proyectan la barbarie mas primitiva: cuerpos decapitados, descuartizados, pozoleados, amputados, desfigurados; niños, mujeres y familias completas torturadas y balaceadas, viviendas destruidas por balaceras y granadas, asesinatos colectivos de indígenas, muertes colectivas de niños por negligencia en guarderías, niños victimas del trabajo infantil, la trata de personas, pederastia, prostitución infantil, incremento de feminicidios y con autoridades procuradoras de seguridad y justicia nacional que cínica y desvergonzadamente se atreven a decir que hoy tenemos menos homicidios que hace quince años y que la violencia esta disminuyendo en nuestro país.
Pues bien esta violencia infame que padecemos sólo se puede entender como producto que se ha reproducido por la fertilización que la impunidad y la corrupción han generado desde el siglo pasado en una red profunda entretejida por el sistema gobernante mas preocupada en controlar que gobernar en el marco de políticos y funcionarios que ejercen sin ética y que hoy es visible desde sus lamentos de infiltraciones en sus corporaciones policíacas y de procuración de justicia de todos los niveles municipal, estatal y federal, hasta la involucración de ex agentes en delitos cometidos por la delincuencia organizada así como la lamentable debilidad institucional y jurídica que impide desenraizar el tejido de impunidad de estas redes de corrupción, impunidad y violencia.
La política de estado contra la violencia es débil, sus acciones de procuración de justicia sobre la corrupción y la impunidad sólo han servido para solucionar querellas con un uso político ligado a la enfermiza política de control y trascienden por su ineficacia, pereciendo más premios y recompensas que castigos que ejemplifiquen una política decisiva de combatirlos. El estado de derecho es ineficaz y sólo es visible para hacer justicia en forma desigual, conforme al empoderamiento de los actores y por supuesto su capacidad de corromper a los encargados de impartir justicia.
Lamentablemente la corrupción se ha generalizado en las dependencias y oficinas gubernamentales, el ejemplo mas paradójico es como se ha corrompido la oficina gubernamental que a nivel federal tiene la obligación de dirigir la lucha contra la corrupción donde los Titulares de la SFP (Secretaría de la Función Pública) son hombres del presidente en turno, esta instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de los gobiernos con presidentes panistas. Se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, se ha corrompido esta oficina anticorrupción.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.
Mientras persistan las conductas corruptas desde el lavado de dinero ilícito provenientes del narcotráfico, vinculados a la delincuencia organizada y el funcionamiento de sus empresas ilegales; o los empresarios interesados en monopolios o evasión de impuestos y la exigida influencia de quienes promovieron, financiaron y aportaron para que sus candidatos llegaran a obtener el poder en los diferentes niveles de gobierno gracias a los esfuerzos económicos suministrados por ellos que presionan por el nombramiento de funcionarios en los cargos de importancias de su gobierno o en posiciones claves dentro del manejo económico, o de poder a personas de reconocida o dudosa reputación y a quienes la opinión pública señala por sus amplias ejecutorias delictivas y corruptas; así como los comportamientos corruptos prevalecientes de los funcionarios públicos actuales y próximos, que algunos han integrado como inherentes al desempeño exitoso de sus cargos, la violencia continuara afectando gravemente nuestro desarrollo social y humano.
En mi país son cotidianas las escenas dantescas que proyectan la barbarie mas primitiva: cuerpos decapitados, descuartizados, pozoleados, amputados, desfigurados; niños, mujeres y familias completas torturadas y balaceadas, viviendas destruidas por balaceras y granadas, asesinatos colectivos de indígenas, muertes colectivas de niños por negligencia en guarderías, niños victimas del trabajo infantil, la trata de personas, pederastia, prostitución infantil, incremento de feminicidios y con autoridades procuradoras de seguridad y justicia nacional que cínica y desvergonzadamente se atreven a decir que hoy tenemos menos homicidios que hace quince años y que la violencia esta disminuyendo en nuestro país.
Pues bien esta violencia infame que padecemos sólo se puede entender como producto que se ha reproducido por la fertilización que la impunidad y la corrupción han generado desde el siglo pasado en una red profunda entretejida por el sistema gobernante mas preocupada en controlar que gobernar en el marco de políticos y funcionarios que ejercen sin ética y que hoy es visible desde sus lamentos de infiltraciones en sus corporaciones policíacas y de procuración de justicia de todos los niveles municipal, estatal y federal, hasta la involucración de ex agentes en delitos cometidos por la delincuencia organizada así como la lamentable debilidad institucional y jurídica que impide desenraizar el tejido de impunidad de estas redes de corrupción, impunidad y violencia.
La política de estado contra la violencia es débil, sus acciones de procuración de justicia sobre la corrupción y la impunidad sólo han servido para solucionar querellas con un uso político ligado a la enfermiza política de control y trascienden por su ineficacia, pereciendo más premios y recompensas que castigos que ejemplifiquen una política decisiva de combatirlos. El estado de derecho es ineficaz y sólo es visible para hacer justicia en forma desigual, conforme al empoderamiento de los actores y por supuesto su capacidad de corromper a los encargados de impartir justicia.
Lamentablemente la corrupción se ha generalizado en las dependencias y oficinas gubernamentales, el ejemplo mas paradójico es como se ha corrompido la oficina gubernamental que a nivel federal tiene la obligación de dirigir la lucha contra la corrupción donde los Titulares de la SFP (Secretaría de la Función Pública) son hombres del presidente en turno, esta instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de los gobiernos con presidentes panistas. Se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, se ha corrompido esta oficina anticorrupción.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.
Mientras persistan las conductas corruptas desde el lavado de dinero ilícito provenientes del narcotráfico, vinculados a la delincuencia organizada y el funcionamiento de sus empresas ilegales; o los empresarios interesados en monopolios o evasión de impuestos y la exigida influencia de quienes promovieron, financiaron y aportaron para que sus candidatos llegaran a obtener el poder en los diferentes niveles de gobierno gracias a los esfuerzos económicos suministrados por ellos que presionan por el nombramiento de funcionarios en los cargos de importancias de su gobierno o en posiciones claves dentro del manejo económico, o de poder a personas de reconocida o dudosa reputación y a quienes la opinión pública señala por sus amplias ejecutorias delictivas y corruptas; así como los comportamientos corruptos prevalecientes de los funcionarios públicos actuales y próximos, que algunos han integrado como inherentes al desempeño exitoso de sus cargos, la violencia continuara afectando gravemente nuestro desarrollo social y humano.
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