Durante mis vacaciones fui conmovido por la triste noticia del asesinato de toda una familia en el Estado de Tabasco donde inicialmente se pensó que habían sido victimas de la delincuencia organizada y después se ha detenido a los asesinos confesos, de los cuales uno es menor de edad de 16 años, vecino y convivente de la familia asesinada, gustoso de jugar con los hijos que luego masacro y el otro un joven de 18 años que apenas terminaba su adolescencia y les brindaba funciones de seguridad en su vivienda y quienes junto con otro complice de 20 años sin antecedentes delincuentiles consumaron este horrendo crimen con tal salvajismo que incluyo torturas, violación sexual y lesiones corporales progresivas hasta causar la muerte de los padres y su dos hijos menores.
Algo tienen en común estos presuntos asesinos, sus antecedentes del desarrollo psicológico están integrados por haber vivido en familias disfuncionales, con ausentes o deficientes figuras parentales, sin autoridad proyectiva, con conflictos permanentes afectivos, sexuales, existenciales, económicos y violentos; fueron niños que cursaron su infancia con las carencias afectivas, deficiente identidad, autoestima baja, sin integrar habilidades y destrezas fundamentales para el manejo emocional, inseguros, con poca tolerancia a la frustración, no fueron adecuadamente socializados y su desarrollo moral estuvo distante de los estándares prevalecientes en nuestra sociedad; si ha esto agregamos el rechazo por las instituciones educativas y laborales donde inicialmente presentaron problemas derivados de sus desviaciones de la conducta, que en vez de ser objeto de atención y canalizados a alguno de los servicios de salud mental u orientación para niños y adolescentes fueron expulsados y con ello excluidos y marginados del desarrollo social y humano al que supuestamente tienen el derecho constitucional en nuestro país.
La realidad es que en nuestra sociedad prevalece el crónico abandono de las instituciones responsables de la atención de los menores que requieren atención en sus desviaciones de la conducta como es el caso de aquellos que padecen trastornos de conductas disruptivas, como es el caso de la conducta antisocial que detectada oportunamente puede detenerse su evolución a comportamientos psicopaticos criminales como estos que lamentablemente conmocionan temporalmente a nuestra sociedad.
En 1985 y durante los siguientes tres años tuve la oportunidad de participar en una investigación psiquiatrica, psicológica y social sobre conducta delincuente en menores de edad en el Estado de Nuevo León, incluyendo a los homicidas prevalecientes durante ese tiempo cuyas conclusiones fueron determinantes para fundamentar políticas publicas de atención a los menores infractores en el marco de la prevención y atención del delito en nuestra sociedad que a la fecha siguen pendientes en las políticas sociales del Estado y que lamentablemente hoy se integran sólo como explicacion del incremento de la criminalidad y la violencia que padecemos.
Algo tienen en común estos presuntos asesinos, sus antecedentes del desarrollo psicológico están integrados por haber vivido en familias disfuncionales, con ausentes o deficientes figuras parentales, sin autoridad proyectiva, con conflictos permanentes afectivos, sexuales, existenciales, económicos y violentos; fueron niños que cursaron su infancia con las carencias afectivas, deficiente identidad, autoestima baja, sin integrar habilidades y destrezas fundamentales para el manejo emocional, inseguros, con poca tolerancia a la frustración, no fueron adecuadamente socializados y su desarrollo moral estuvo distante de los estándares prevalecientes en nuestra sociedad; si ha esto agregamos el rechazo por las instituciones educativas y laborales donde inicialmente presentaron problemas derivados de sus desviaciones de la conducta, que en vez de ser objeto de atención y canalizados a alguno de los servicios de salud mental u orientación para niños y adolescentes fueron expulsados y con ello excluidos y marginados del desarrollo social y humano al que supuestamente tienen el derecho constitucional en nuestro país.
La realidad es que en nuestra sociedad prevalece el crónico abandono de las instituciones responsables de la atención de los menores que requieren atención en sus desviaciones de la conducta como es el caso de aquellos que padecen trastornos de conductas disruptivas, como es el caso de la conducta antisocial que detectada oportunamente puede detenerse su evolución a comportamientos psicopaticos criminales como estos que lamentablemente conmocionan temporalmente a nuestra sociedad.
En 1985 y durante los siguientes tres años tuve la oportunidad de participar en una investigación psiquiatrica, psicológica y social sobre conducta delincuente en menores de edad en el Estado de Nuevo León, incluyendo a los homicidas prevalecientes durante ese tiempo cuyas conclusiones fueron determinantes para fundamentar políticas publicas de atención a los menores infractores en el marco de la prevención y atención del delito en nuestra sociedad que a la fecha siguen pendientes en las políticas sociales del Estado y que lamentablemente hoy se integran sólo como explicacion del incremento de la criminalidad y la violencia que padecemos.
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