PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA JUVENIL

Mucho se ha avanzado en el conocimiento de las causas en la delincuencia y los comportamientos que violentan la sociedad en el mundo y se ha concluido la participación de múltiples factores, estableciéndose como fundamental que cualquier modelo de prevención y atención debe tener un enfoque multifactorial sino estaría destinado al fracaso. Para decirlo claramente no sólo es un problema que atañe a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, desde la perspectiva de acción de las ciencias jurídicas y penales sino además desde los ámbitos de las instituciones educativos y de salud así como de aquellas instituciones como los medios de comunicación que coadyuvan en la formación de comportamientos y hábitos saludables incidiendo directamente en la prevención del delito.

Por otra parte si queremos enfrentar realidades debemos aceptar el fracaso que han representado los modelos de intervención “carcelarios” prevalecientes en las instituciones de readaptación social y los internados para menores infractores, que se han constituido en escuelas para fortalecer el comportamiento delincuente con sus estadísticas prevalecientes de reincidencias en actos infractores de las personas "rehabilitadas" de sus instituciones en el marco del crónico padecimiento de carencias de recursos humanos, materiales y financieros y políticas sexenales que no logran la efectividad, integralidad y continuidad programática necesaria para transformar realidades.

Poco han cambiado los perfiles detectados de los delincuentes juveniles y que no son sino la expresión de está multifactoriedad a la que nos referimos y que la OMS establece como necesario concientizar para lograr efectos reales en la disminución y la prevención de los delitos. Los múltiples estudios de investigación científica que hemos desarrollado sobre delincuencia juvenil nos han permitido establecer los perfiles de los niños, familias y comunidades en riesgo así como las características del adolescente infractor prefigurando oportunidades de intervención primaria para evitar daños mayores en su persona y la sociedad.

Está confirmado como la pobreza, marginación y exclusión de los beneficios del desarrollo social (educación, vivienda, salud, recreación) afecta el desarrollo de los barrios y conlleva a las denominadas zonas rojas de alta delincuencia que en todas las ciudades existen y que en el caso de nuestra área metropolitana de Monterrey están bien detectadas, donde la alta incidencia de violencia familiar, juvenil, conyugal, lesiones, homicidios, suicidios, robos, consumo de drogas son enfrentadas por la autoridad con políticas reiteradas de operativos, redadas e intentos de organización de los jóvenes “pandilleros” en actividades “preventivas” haciéndolos participar en reducidos eventos deportivos, culturales y artísticos para engalanar las políticas de la autoridad en turno, que una y otra vez le servirán para publicitar que si están haciendo prevención del delito en estas zonas, con la paradoja de que en vez de lograr disminuir los comportamientos criminales estos persisten y en algunas de ellas no sólo se incrementan sino continúan como zonas de alta prevalencia criminal.

Afortunadamente ha sido superado el reduccionismo biológico que establecía la hipótesis del origen del comportamiento delincuente en causas estrictamente biológicas derivadas de factores hereditarios o disfuncionales por alteraciones en las hormonas o del sistema nervioso, de tal forma que ha sido concluyente que el comportamiento criminal y el delincuente son producto de múltiples factores biológicos, psicológicos, ecológicos, sociales, culturales y económicos. También ha quedado atrás el determinismo religioso como causa-efecto en la prevalencia del delito, sin desdeñar la importancia que los valores, inherentes al comportamiento religioso, tiene su influencia en el desarrollo moral del ser humano y su correspondiente efecto en los dinamismos reguladores del comportamiento humano en el marco de las normas y las leyes sociales.

Sabemos que la mayor parte de las familias de los adolescentes delincuentes, en nuestro país y estado, proceden de los niveles socioeconómicos bajos y de zonas de pobreza, son de miembros numerosos más de 5 a 7 o reducidas con 1 a 2 hijos, con padres de baja escolaridad de 6 a 9 años cursados, con indicadores de promiscuidad y hacinamiento en su vivienda. Conyugalmente desestructuradas por separación o ausencia física de uno de los padres y en el caso de la existencia de los dos, uno de ellos ausente en sus funciones de apoyo emocional y psicológico hacía el hijo. La dinámica de integración familiar se caracteriza por presentar relaciones conflictivas, trastornos en la comunicación, deficiencias en la capacidad de tomar acuerdos, con graves problemas de equidad, conflictiva principal en la autoridad, dirección e integración de los miembros que sustentan los reiterados diagnósticos de familias disfuncionales con carencias afectivas crónicas donde el amor es sustituido por la agresión constante en las relaciones interpersonales. En suma un ambiente familiar donde los problemas económicos y los satisfactores mínimos de una buena alimentación, salud, educación, recreación se suman a un medio ambiente incapaz de proporcionar los nutrientes psíquicos, emocionales y morales necesarios para el crecimiento y desarrollo normal de la personalidad.

El resultado es una infancia donde prevalecen los trastornos en el desarrollo psicomotor, con rasgos neuróticos infantiles como la enuresis, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades en la atención, cursando con problemas en el aprendizaje, en su mayoría con trastornos del rendimiento escolar, trastornos disciplinarios que los lleva a la deserción escolar y posteriormente a su integración laboral temprana generalmente como ayudantes en actividades marginales laborales en la construcción, el comercio o la calle. Un desempeño laboral que generalmente se caracteriza por la presencia de conflictos personales, inestabilidad e inadaptación en el medio de trabajo.

Son adolescentes que tienen como rasgos generales de personalidad y conducta el egocentrismo, la pasividad, la labilidad emocional, tendencias a la inestabilidad, inseguros, con bajo nivel de frustración, con tendencias a la fantasía, dificultad en los procesos intelectuales, rebeldía, dominantes y tendencias disruptivas que revelan las dificultades en el desarrollo de controles, límites y regulaciones necesarios para evitar el comportamiento violento y criminal.

La valoración psicometrica muestra que más de un 60% presenta alteraciones en la coordinación viso motriz, un nivel de desarrollo menor a la edad cronológica, coeficiente inferior al rango medio, desorientación en la realidad, control de impulsos deficientes, estructura normativa débil, nivel de autoestima baja, deficiente capacidad de insight, identidad difusa y débil y una sexualidad desvalorizada con problemas en la identidad. La mayoría es detenido inicialmente como menor infractor por actos contra la salud, siguiéndole el robo, pandillerismo, lesiones, delitos relacionados con la sexualidad y homicidio.

De tal forma que utilizando los sistemas de clasificación diagnostica para trastornos mentales (ICD-10)más del 50% cumple con los criterios establecidos para el diagnóstico de Trastornos Disóciales, el 41% presenta el abuso de substancias psicoactivas mayormente marihuana, cocaína, inhalantes y alcohol, el 32.5% con algún grado de subnormalidad mental y un 16% Trastornos afectivos de personalidad.

Como podemos darnos cuenta las diferentes formas de comportamiento criminal comparten numerosos factores de riesgo subyacentes comunes, algunos consisten en características psíquicas y del comportamiento, como el escaso control de éste, una baja autoestima y trastornos de personalidad y la conducta. Influyen también los problemas psiquiátricos y están ligados al abuso de drogas y alcohol y a experiencias como la falta de lazos emocionales y de apoyo, el contacto temprano con la violencia en el hogar y las historias familiares o personales marcadas por divorcios, separaciones, desintegración funcional y abusos físicos o sexuales. Los factores comunitarios y sociales más importantes destacan además de la pobreza, las disparidades en el ingreso y las desigualdades entre los sexos.

No es sólo con propuestas jurídicas del ámbito penal, como incrementar las penas o reducir la edad penal, ni el fortalecimiento de los derechos humanos en este ámbito, estas son complementarias de las acciones cotidianas en las que se debe actuar simultáneamente en varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad para prevenirla. El papel principal del sector salud no debe reducirse a coadyuvar en el tratamiento y rehabilitación de las victimas y se debiera de aprovechar en los avances derivados de las experiencias de prevención que con éxito se han aplicado en los países desarrollados y que como eje central fomenta las acciones comunitarias.

Sólo con políticas que construyan un modelo de atención integral del delito y logren la operatividad de los programas en la cotidianidad de las acciones sobre la prevención y atención del delito en un marco eficiente de coordinación interinstitucional de los diferentes organismos responsables del sector educativo, de salud, de seguridad pública, procuración de justicia y de derechos humanos en los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal y sumando el esfuerzo de los medios de comunicación y las organizaciones ciudadanas lograremos avanzar en la disminución importante de la delincuencia juvenil y con ello mejorar el desarrollo de nuestra sociedad.