La pandemia del coronavirus agravó la crisis derivada de las dificultades
estructurales y el precario estado de los recursos materiales y profesionales, de
las unidades de atención de las
instituciones del sector público que recibió el gobierno de AMLO, desde las que
están integradas en la SSA, los servicios estatales de salud, hasta las de
seguridad social (IMSS-ISSSTE). Lo más dramático está siendo enfrentar la
realidad de las insuficientes camas hospitalarias y de unidades de cuidados
intensivos, con los equipos de ventilación respiratoria, el personal médico y
de enfermería, especializado para lograr la cobertura total de los pacientes
con las graves complicaciones que genera el virus Covid-19.
Meses atrás, desde el 1 de enero, cuando entró en vigor el
decreto federal sobre las reformas a la Ley General de Salud, que garantizaba a
plenitud el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos, AMLO y el
gabinete de salud iniciaban estrategias y acciones a nivel nacional, para
lograr la suficiencia de recursos en todas las unidades clínicas y
hospitalarias del sector salud, que garantizaran el otorgamiento de la atención
medica y medicamentos en forma gratuita, sin ningún costo para los usuarios de
los servicios. Pero el rezago era impresionante, a las limitaciones
presupuestarias, que impedían incrementar el porcentaje del Producto Interno
Bruto, al tema de la salud, que por más de una década no ha llegado ni al 3%, y
en este presupuesto del 2020 se mantuvo en 2.6 %, siendo el país con menos inversión pública entre los
miembros de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), irrumpieron
los graves rezago como los 327 hospitales, clínicas y centros de salud que
están abandonados o a medio construir, que son escandalosos monumentos de la
incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias. Se suma además un déficit de 200 mil médicos de los
cuales 123 mil son generales y 77 mil son especialistas, según datos de la Secretaría de Salud. Ni que decir de la corrupción
imperante en el sistema de
compra y distribución de medicamentos, que según AMLO, se concentró en unos
cuantos proveedores de medicamentos, se
compraban con sobreprecio, y en muchos casos la inversión pública no
garantizaba la disponibilidad de los productos, muchas de las compras fueron irregulares. No había abasto, comprando a tres, cuatro o hasta 10 veces más el valor
real de un medicamento. Había políticos vendiendo medicinas o protegiendo a
distribuidores de medicinas, una práctica cotidiana de
comprar equipo médico, contratar servicios y adquirir medicinas a través de empresas consideradas
"fantasma", con facturas falsas.
Al proceso
de deterioro en el sistema nacional de salud, inmersas en el modelo neoliberal
dirigido a que el estado marginara su responsabilidad, no solo en este derecho
fundamental sino en los otros deberes del bienestar de la población, como la
educación, alimentación, vivienda y los servicios públicos como los energéticos,
agua, drenaje. etc, se sumó el
fortalecimiento de su modelo de atención a la salud inmerso en la curación,
desdeñando la prevención, con sus peroratas de calidad en la atención integral,
que el mercantilismo imperante solo llevo a la deshumanización del ejercicio de
la medicina, en el marco del individualismo y las lacras de sus
competitividades, engendradas en su dios dinero y el libre mercado, la
organización y participación comunitaria en los procesos de salud-enfermedad
fue reducida a sus usos políticos, clientelares, con la simulación en las
actividades de prevención, promoción y fomento de la salud.
En este
contexto de deterioro y en el nombre de las ganancias emergió, como dice López
Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, la
privatización subrepticia, se idealizo que los empresarios podrían suplir las dificultades y carencias del sector
público, proliferaron los servicios privados, profundizándose el modelo de
subrogación de servicios, que oficialmente deberían ser otorgados por las
instituciones públicas del sector salud, sin llegar a garantizar la cobertura
ni la calidad, la mayoría en ámbitos específicos de servicios auxiliares de
diagnostico o atención a las enfermedades, concentrándose en las capitales de
los estados y sin atender am las regiones inmersas en la pobreza y desnutrición,
logrando satisfacer sus voraces intereses económicos en las redes de corrupción
que hoy conocemos a detalle.
Hoy que estamos en la pandemia, el
pasado 13 de abril 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
ha aceptado un convenio para la prestación subrogada de servicios médicos y
hospitalarios, entre el Sector público de la salud (SSA-IMSS-ISSSTE-SEDENA-SEMAR-INSABI-PEMEX)
y el Sector privado, sumándose a la campaña “Todos Juntos contra el
Covid-19”, en un marco no lucrativo, con costos mínimos, para
que el sector público, haga uso de 50 por ciento de la capacidad, en sus 146 hospitales distribuidos en
27 entidades federativas, brindando los servicios médico-hospitalarios de
segundo nivel a pacientes del sector público, con procedimientos para atención
del parto, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias
complicadas, úlceras gástricas y duodenales complicadas, endoscopías y algunas
urgencias abdominales. Los costos
serán asumidos por el gobierno federal, liquidando a los privados con una
tarifa idéntica, al monto que representa el tabulador de los costos existentes
en los hospitales públicos, expresan que quieren trabajar a costo, sin ganar absolutamente nada, sólo
quieren salir con los gastos.
Esta alianza Publico-Privada, es un hecho histórico, cuyo espíritu
solidario y fraternal, debería prevalecer con la política de salud de la Cuarta
Transformación, concretando estrategias y acciones, que permitan el anhelo de
lograr el derecho de atención a la salud, con cobertura universal, con calidad
en un modelo humanista, integral, donde ya no prevalezcan los desmesurados intereses
mercantilista y sus lacras de corrupción, solo así garantizaremos en el mediano
plazo un futuro promisorio del sistema de
salud en México.
