TRATA DE PERSONAS EN NUEVO LEÓN

En el contexto del décimo séptimo Congreso Mundial de Criminología, que se celebró en nuestra ciudad de Monterrey, la semana pasada, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), fue contundente en su juicio sobre la impunidad que prevalece en Nuevo León sobre la trata de personas, al expresar  que existe falta de compromiso del gobierno del estado para resolver este problema, remarco “No se está haciendo nada a pesar que es uno estado de origen, tránsito y destino en el problema de la trata de personas”, señalando además la existencia de vacíos legales y la falta de preparación por parte de los jueces en el nuevo sistema penal.

Así ha sido el comportamiento histórico, que los diferentes gobiernos de nuestro estado han tenido, por décadas, en este delito sobre trata de personas para fines sexuales o laborales, que en México ocupa el segundo lugar, en términos de ganancias, después del tráfico de drogas, a pesar de que en esta década se han instrumentado leyes como la existente para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, desde el 2008. No existen en las estadísticas de procuración de justicia en Nuevo León,  de consignaciones por este delito ni sentencias condenatorias ni absolutorias, menos operativos dirigidos a atacar dicho delito, a pesar de las evidencias documentales integradas en investigaciones periodísticas o científicas que se han hecho sobre este tema en nuestra entidad.

 

Días después, lo más patético, fue el llamado de la directora estatal de los derechos humanos en nuestro estado, sorprendiéndose e interesándose en este problema y haciendo un llamado a los funcionarios del gobierno del estado para atender este asunto; tenía que venir la denuncia de organizaciones como la CATWLAC para su atención, porque esta misma denuncia que hemos hecho activistas de nuestro estado, año tras año, sobre este problema simplemente no las han escuchado.

Lo más lamentable ha sido la pasividad de las organizaciones  defensoras de los derechos humanos y los grupos feministas activistas en nuestra ciudad, para los cuales simplemente no está privilegiada en sus prioridades de sus agendas, como tampoco lo ha estado debatir el tema de la prostitución asociado a estos problemas; quizás ha sido por los graves riesgos, que se tienen que enfrentar,  ante los grupos delincuenciales, ya sea en la delincuencia organizada o en las redes delincuenciales de los funcionarios asociados en las áreas de procuración de justicia, seguridad pública o las secretarias de desarrollo social, donde les otorgan los apoyos económicos, en la modernidad estratégica del corporativismo político, para sus controles sociales.

Desde el siglo pasado, el plano global para la protección de niñas, niños y mujeres contra la explotación se encuentra inscrito en la Convención para Erradicar Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW, 1979) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) y de manera particular, el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, donde  México ha sido reconocido como  país de origen, tránsito y destino en trata de personas.  También hace un mes,  la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), informó que "Ante esta situación, y aunado al ambiente de violencia generalizado en el país, las mujeres y las niñas se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad pues son más mujeres que hombres las desaparecidas, asesinadas, violadas y sujetas a la trata y esclavitud sexual", mediante un comunicado de prensa.

Ha sido la CATWLAC que ha detectado en México, en el crimen organizado,  la venta y renta de los cuerpos de las mujeres y las niñas una manera de diversificar y aumentar sus ganancias, los grupos del crimen organizado las levantan para usarlas como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de plaza y cuando se cansan de ellas simplemente las matan, desfigurándoles los rostros para hacer más difícil su identificación; además que el Estado Mexicano no representa ninguna garantía de seguridad pues al contrario, resulta un peligro debido a que las fuerzas armadas y de seguridad están compuestas por varones, potenciales violadores y consumidores de prostitución. La coalición indicó que los destinos más frecuentes de la trata o tráfico ilegal de mujeres y niñas mexicanas para la industria del sexo son España, Japón, Holanda, Alemania, Grecia y distintas ciudades de los Estados Unidos y Canadá. En México,  los estados donde existe mayor vinculación de desaparición de mujeres y niñas con la trata y, luego, el posterior  feminicidio,  son Baja California Norte, Puebla, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Zacatecas y Nuevo León.

El organismo ha señalado que muchas mujeres son captadas por su condición de pobreza o pobreza extrema, por su situación de exclusión social, por eventos de violencia sufridos con anterioridad, por engaño y seducción. Otras, por la fuerza: levantadas a la salida de la escuela o en la calle. También las redes sociales son un medio de captación. De igual forma, la situación de migración irregular es una condición de vulnerabilidad.

La trata de personas seguirá siendo el hecho más ignominioso de los gobiernos y sociedades inmersas en la desigualdad, la pobreza, la injusticia y principalmente en la corrupción de sus funcionarios y ciudadanos.