En Nuevo León, México, se acaba de aprobar una nueva Ley de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol que supuestamente intenta afrontar el grave problema de salud pública que representa el abuso de alcohol en el estado y que entrara en vigor a mediados del presente mes y que a desatado la protesta de algunos presidentes municipales porque esta nueva reglamentación de alcoholes le concede al gobierno del Estado la facultad de otorgar licencias para venta y consumo de alcohol, reduciendo así la responsabilidad de los municipios en sus funciones de fiscalización y se les autoriza a sólo dar la anuencia correspondiente, considerado como un visto bueno otorgado por el ayuntamiento para que el gobierno otorgue la licencia. Por considerar que viola la autonomía municipal, el municipio de San Pedro interpuso una controversia constitucional contra la aplicación de la ley.
Aunque se hace referencia "de ser una nueva ley", lo cierto es que se trata de una reforma de la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso de Alcohol que había sido promulgada en el mes de septiembre del 2003 y que con modificaciones sustanciales, como la referida, hoy es abrogada esperando acabar con las ineficiencias crónicas de las acciones reglamentarias que los municipios ejercían constituyéndose en una gran fuente de corrupción de sus autoridades y de incremento en su consumo y abuso así como en los problemas de salud pública asociados al alcoholismo. El diferendo entre los diferentes niveles de autoridad esta centrado en el otorgamiento del permiso y las responsabilidades de fiscalización sobre los establecimientos más que en los marcos reglamentarios de actividades para la prevención y atención del alcoholismo como grave problema de salud pública porque siguen entrampados en políticas que no integran la ciencia para solucionar problemas del desarrollo humano.
El hecho es que ni siquiera, estos políticos, han logrado regular adecuadamente las licencias de los establecimientos dedicados a la venta de alcohol y en la mayoría de los negocios con giros de cantinas, bares y restaurante- bar han servido como camuflaje de los denominados giros negros, asociados a la explotación del trabajo sexual, al trafico de mujeres y de drogas hoy integrados a las redes de la delincuencia organizada. En el año 2000 en el marco de mis funciones como regidor presidente de la comisión de salud del R. Ayuntamiento de Monterrey intentamos afrontar el problema de la prostitución, los denominados giros negros y los establecimientos dedicados a la venta de alcohol como fuente de corrupción y sus múltiples irregularidades derivados de comportamientos transgresoras de los reglamentos municipales y las leyes correspondientes, era público y así lo difundían los medios de comunicación los hechos corruptos asociados a los llamados giros negros donde la prostitución se ejercía manteniéndose un circulo virtuoso entre ”empresarios” dueños de estos establecimientos, los diferentes niveles de autoridad municipal y las empresas cerveceras de nuestro estado, principalmente del grupo FEMSA con su Cervecería Cuauhtemoc y del grupo Modelo, que en la practica eran quienes manejaban los permisos para la venta de alcohol en los giros correspondientes en contubernio con la autoridad municipal en turno, ante quienes imponen sus condiciones para mantener su operatividad en los diferentes territorios geográficos de los municipios, llegando a manejar leoninamente en un marco de apoyo y condiciones para la apertura y operatividad de dichos negocios, sin sus apoyos estos negocios no prosperan.
El problema de la proliferación de establecimientos dedicados a la venta de alcohol estaba creciendo y generando graves problemas de salud pública, solo en la información registrada y obtenida en sus actas de cabildo, en esas fechas, la ciudad de Monterrey tiene 7633 establecimientos autorizados para la venta de alcohol en botella cerrada a través del giro de Abarrotes, Minisuper o Depósito lo que significa: 1 establecimiento de estos giros por cada 144 habitantes; existe un establecimiento con permiso para la venta de cerveza en estos giros por cada 36 viviendas en la ciudad de Monterrey. Existían 2491 establecimientos autorizados para la venta de alcohol en botella abierta a través del giro de Bar, Cantina, Restaurant Bar, Cervecería lo que significa: 1 establecimiento por cada 441 habitantes o 1 establecimiento por cada 110 viviendas. Estos indicadores contrastaban con establecimientos de salud, cultura (bibliotecas), centros deportivos y de apoyo nutricional por habitantes, tan solo en el caso de la salud disponiamos de un equipo de salud por cada 3000 habitantes de acuerdo a la SSA.
Tratando de conocer la problemática de los giros negros y los establecimientos dedicados a la venta de alcohol, en el 2000 procedimos a hacer una revisión de esas actas de cabildo, que oficialmente registran los acuerdos de permisos otorgados por el R. Ayuntamiento, desde enero 1992 al 2000, que luego extendimos en una investigación documental hasta el mes de julio del 2003 detectando el crecimiento a un total de 10452 negocios autorizados en los diferentes giros establecidos para obtener permiso o licencia para la venta de alcohol con un incremento progresivo del problema independientemente del partido gobernante en el municipio de Monterrey. El hecho es que siguen vigentes los otorgamientos de permisos sin cumplir cabalmente con los requisitos, sobre todo los relacionados con el uso del suelo, a pesar de que curiosamente han estado ampliando la distancia perimetral de estos negocios de los centros educativos, salud, iglesias y hospitales que hoy ubican a 400 metros (cuando hace diez años eran 200 metros, hace 5 años 300 metros); abundan las decisiones discrecionales en los cambios del titular y de giro (una gran cantidad son patrimonio de las empresas cerveceras); prevalecen las transgresiones en los horarios de venta, en la venta a menores de edad y persisten irresponsabilidades en la venta a conductores de vehículos.
Para la sociedad ha sido público y notorio el enriquecimiento de los funcionarios municipales desde el alcalde hasta los presidentes de las comisiones responsables de los dictámenes para le expedición de los permisos en el seno del ayuntamiento, ya que al terminar el ejercicio de su función su patrimonio no es congruente con la realidad de los ingresos lícitos que producto de su trabajo se estimaba debían de poseer. La discrecionalidad en la aplicación de la ley ha hecho que Alcaldes condonen adeudos hasta el 90% de su valor, uno de ellos tuvo el cinismo de condonar el pago de mas de 3 millones pesos al erario a dueños de estos giros negros el último día de su función, así lo denuncie en su momento con las pruebas documentales correspondientes al seno del ayuntamiento sin que se hiciera nada. Por menos de eso en sociedades democráticas y desarrolladas encarcelan y suspenden de la función pública al responsable.
Por eso no es novedad que la nuestra ciudad de Monterrey desde el 2005, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones ocupe el vergonzoso primer lugar de abuso de alcohol en el grupo de jóvenes entre 12 y 17 años y que prevalezca en mas del 50% de la población mayor de 15 años el consumo en el abuso del alcohol en sus diferentes productos y de éstos el 24% padece trastornos por el abuso de alcohol y lamentablemente la edad de inicio del consumo es a los 13 años; así contribuimos a fortalecer a el alcohol como la primera causa de adicción de los mexicanos que hoy las autoridades sanitarias aceptan obligados por la realidad que les ha desbordado sus políticas de control y atención a este problema.
Aunque se hace referencia "de ser una nueva ley", lo cierto es que se trata de una reforma de la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso de Alcohol que había sido promulgada en el mes de septiembre del 2003 y que con modificaciones sustanciales, como la referida, hoy es abrogada esperando acabar con las ineficiencias crónicas de las acciones reglamentarias que los municipios ejercían constituyéndose en una gran fuente de corrupción de sus autoridades y de incremento en su consumo y abuso así como en los problemas de salud pública asociados al alcoholismo. El diferendo entre los diferentes niveles de autoridad esta centrado en el otorgamiento del permiso y las responsabilidades de fiscalización sobre los establecimientos más que en los marcos reglamentarios de actividades para la prevención y atención del alcoholismo como grave problema de salud pública porque siguen entrampados en políticas que no integran la ciencia para solucionar problemas del desarrollo humano.
El hecho es que ni siquiera, estos políticos, han logrado regular adecuadamente las licencias de los establecimientos dedicados a la venta de alcohol y en la mayoría de los negocios con giros de cantinas, bares y restaurante- bar han servido como camuflaje de los denominados giros negros, asociados a la explotación del trabajo sexual, al trafico de mujeres y de drogas hoy integrados a las redes de la delincuencia organizada. En el año 2000 en el marco de mis funciones como regidor presidente de la comisión de salud del R. Ayuntamiento de Monterrey intentamos afrontar el problema de la prostitución, los denominados giros negros y los establecimientos dedicados a la venta de alcohol como fuente de corrupción y sus múltiples irregularidades derivados de comportamientos transgresoras de los reglamentos municipales y las leyes correspondientes, era público y así lo difundían los medios de comunicación los hechos corruptos asociados a los llamados giros negros donde la prostitución se ejercía manteniéndose un circulo virtuoso entre ”empresarios” dueños de estos establecimientos, los diferentes niveles de autoridad municipal y las empresas cerveceras de nuestro estado, principalmente del grupo FEMSA con su Cervecería Cuauhtemoc y del grupo Modelo, que en la practica eran quienes manejaban los permisos para la venta de alcohol en los giros correspondientes en contubernio con la autoridad municipal en turno, ante quienes imponen sus condiciones para mantener su operatividad en los diferentes territorios geográficos de los municipios, llegando a manejar leoninamente en un marco de apoyo y condiciones para la apertura y operatividad de dichos negocios, sin sus apoyos estos negocios no prosperan.
El problema de la proliferación de establecimientos dedicados a la venta de alcohol estaba creciendo y generando graves problemas de salud pública, solo en la información registrada y obtenida en sus actas de cabildo, en esas fechas, la ciudad de Monterrey tiene 7633 establecimientos autorizados para la venta de alcohol en botella cerrada a través del giro de Abarrotes, Minisuper o Depósito lo que significa: 1 establecimiento de estos giros por cada 144 habitantes; existe un establecimiento con permiso para la venta de cerveza en estos giros por cada 36 viviendas en la ciudad de Monterrey. Existían 2491 establecimientos autorizados para la venta de alcohol en botella abierta a través del giro de Bar, Cantina, Restaurant Bar, Cervecería lo que significa: 1 establecimiento por cada 441 habitantes o 1 establecimiento por cada 110 viviendas. Estos indicadores contrastaban con establecimientos de salud, cultura (bibliotecas), centros deportivos y de apoyo nutricional por habitantes, tan solo en el caso de la salud disponiamos de un equipo de salud por cada 3000 habitantes de acuerdo a la SSA.
Tratando de conocer la problemática de los giros negros y los establecimientos dedicados a la venta de alcohol, en el 2000 procedimos a hacer una revisión de esas actas de cabildo, que oficialmente registran los acuerdos de permisos otorgados por el R. Ayuntamiento, desde enero 1992 al 2000, que luego extendimos en una investigación documental hasta el mes de julio del 2003 detectando el crecimiento a un total de 10452 negocios autorizados en los diferentes giros establecidos para obtener permiso o licencia para la venta de alcohol con un incremento progresivo del problema independientemente del partido gobernante en el municipio de Monterrey. El hecho es que siguen vigentes los otorgamientos de permisos sin cumplir cabalmente con los requisitos, sobre todo los relacionados con el uso del suelo, a pesar de que curiosamente han estado ampliando la distancia perimetral de estos negocios de los centros educativos, salud, iglesias y hospitales que hoy ubican a 400 metros (cuando hace diez años eran 200 metros, hace 5 años 300 metros); abundan las decisiones discrecionales en los cambios del titular y de giro (una gran cantidad son patrimonio de las empresas cerveceras); prevalecen las transgresiones en los horarios de venta, en la venta a menores de edad y persisten irresponsabilidades en la venta a conductores de vehículos.
Para la sociedad ha sido público y notorio el enriquecimiento de los funcionarios municipales desde el alcalde hasta los presidentes de las comisiones responsables de los dictámenes para le expedición de los permisos en el seno del ayuntamiento, ya que al terminar el ejercicio de su función su patrimonio no es congruente con la realidad de los ingresos lícitos que producto de su trabajo se estimaba debían de poseer. La discrecionalidad en la aplicación de la ley ha hecho que Alcaldes condonen adeudos hasta el 90% de su valor, uno de ellos tuvo el cinismo de condonar el pago de mas de 3 millones pesos al erario a dueños de estos giros negros el último día de su función, así lo denuncie en su momento con las pruebas documentales correspondientes al seno del ayuntamiento sin que se hiciera nada. Por menos de eso en sociedades democráticas y desarrolladas encarcelan y suspenden de la función pública al responsable.
Por eso no es novedad que la nuestra ciudad de Monterrey desde el 2005, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones ocupe el vergonzoso primer lugar de abuso de alcohol en el grupo de jóvenes entre 12 y 17 años y que prevalezca en mas del 50% de la población mayor de 15 años el consumo en el abuso del alcohol en sus diferentes productos y de éstos el 24% padece trastornos por el abuso de alcohol y lamentablemente la edad de inicio del consumo es a los 13 años; así contribuimos a fortalecer a el alcohol como la primera causa de adicción de los mexicanos que hoy las autoridades sanitarias aceptan obligados por la realidad que les ha desbordado sus políticas de control y atención a este problema.
Por eso hoy que ha sido reconocido, por las autoridades de salud, el grave problema de salud pública que representa el consumo y abuso del alcohol, invito a reflexionar sobre los comportamientos poco saludables de varios agentes de nuestra sociedad involucrados en el problema, cuyos comportamientos dejan que desear en el marco de sus responsabilidades sociales y sus funciones públicas y privadas dirigidas al desarrollo social.
A los diferentes niveles de autoridad federal, estatal y municipal, que discrecionalmente flexibilizan la aplicación rigurosa de las leyes permitiendo su violación constante obteniendo jugosos beneficios económicos que tradicionalmente pasan a formar parte de las cajas de recolección de recursos ilícitos, frecuentemente denunciados en la prensa y otros medios de comunicación prefigurando delitos como el trafico de influencias, el enriquecimiento ilícito, en los hechos operando como mafias protectoras de estas jugosas ganancias, comportamientos que ocasionalmente son encubiertos con la supuesta conmoción por las tragedias debidas al alcoholismo con sus posturas exigiendo la aplicación rigurosa de las leyes, la clausura de antros y multas económicas que luego son reducidas generosamente en aras de la gobernabilidad sensible y complementaria del circulo vicioso vigilar, transgredir, multar, corromper, simular.
A los consorcios empresariales productores de bebidas alcohólicas que priorizan las ganancias económicas, transgrediendo las normas establecidas en los reglamentos y los marcos jurídicos que intentan regular desde la publicidad hasta su distribución, sobre el bienestar de nuestra sociedad. Hoy seguimos observando como se sigue fomentando el consumo de la cerveza para compensar esas carencias de identidad y deficientes autoestimas que prevalecen en los ciudadanos, así como continuamos observando como en los hechos sustituyen a las autoridades en los permisos que supuestamente sólo pueden otorgar las autoridades municipales, formando parte de cúpulas que navegan en la corrupción de los establecimientos denominados como giros negros. A ellos hacemos un llamado a ser congruentes y honestos con su adhesión a los valores mínimos que conforman su ética empresarial y a su visión de sociedad integrada a los valores cristianos.
A los diferentes niveles de autoridades de salud, desde el nivel federal, el estatal y el municipal que continúan sin otorgar la importancia debida a las acciones de prevención y fomento de la salud mental, marginando las políticas y los recursos financieros en las prioridades de sus acciones gubernamentales que permitan el ataque frontal al abuso de alcohol y demás problemas psicosociales asociados como la violencia social y familiar que conjunta graves problemas de salud pública. Deben de dejar en el pasado el ejercicio de modelos de atención a la salud basados en enfoques reduccionistas, físicos, curativos, a la espera del enfermo como esencia de sus funciones públicas en los consultorios, clínicas y hospitales y las “brigadas” de acciones en salud que tanto brillo dan al político en turno pero que una y otra vez nos muestran con su medicina, que no es preventiva, el desafasmiento con el desarrollo científico, social y político de la modernidad.
A los dueños de los establecimientos dedicados a la venta de alcohol que promueven la competencia de la trasgresión, de la impunidad y la corrupción con los diferentes niveles de autoridad y que sin duda los ha enriquecido económicamente hundiéndolos en el circulo vicioso de la dependencia con las empresas cerveceras y las autoridades municipales en turno. Deberían de reasumir su función social de lograr sus metas en el marco de la función sustantiva del entretenimiento y el espectáculo sin recurrir a la alcoholización de sus clientes como principal instrumento de ganancia y éxito de sus negocios.
A los medios de comunicación, quienes gustosos comparten los beneficios económicos por la compra de publicidad, posesionando las imágenes cerveceras en niños, adolescentes, jóvenes y adultos fanatizados en deportes y espectáculos, compensando la ausencia de valores y sus múltiples carencias afectivas y de autoestima, doblando sus ganancias con el posicionamiento noticioso de las tragedias derivadas del alcoholismo, que en forma obscena persisten en presentar la nota roja con imágenes “sangrientas” y “conmovedoras” , disminuyendo sus fundamentadas criticas y denuncias en aras del clientelismo y del mantenimiento del alto reiting para ganar a la competencia.
A las familias disfuncionales de todas las clases sociales que cursan con problemas graves en el desarrollo de sus responsabilidades para el crecimiento y desarrollo humano de sus integrantes y que representan las condiciones adecuadas para insertar el problema del alcoholismo en sus miembros y atraparlos así en las tragedias desgastantes de la violencia social y otros problemas de salud pública que nos conmueven periódicamente en las tragedias derivadas de los accidentes automovilísticos, la violencia familiar, conductas delictivas y el suicidio.
Como podemos ver el problema del Abuso en el Consumo de Alcohol es multifactorial y requiere la urgente disposición de todos logrando armonizar los intereses económicos con la salud y el desarrollo social, si realmente queremos ser una sociedad integrada a la modernidad, dejando atrás la categoría de subdesarrollada o en vías del desarrollo. Los acuerdos de fondo son los más trascendentes entre los diferentes niveles de autoridad con los organismos empresariales, dueños de establecimientos, los medios de comunicación, y los diferentes niveles de autoridad de salud y las responsables de la promoción, supervisón, vigilancia y aplicación de las leyes.
En tanto no se haga esto el alcoholismo de nuestra población seguirá siendo un grave problema de salud pública asociado con los homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos y las enfermedades hepáticas que hoy constituyen las principales causas de muerte en la edad más productiva del ser humano de los 15 a los 44 años.
A los diferentes niveles de autoridad federal, estatal y municipal, que discrecionalmente flexibilizan la aplicación rigurosa de las leyes permitiendo su violación constante obteniendo jugosos beneficios económicos que tradicionalmente pasan a formar parte de las cajas de recolección de recursos ilícitos, frecuentemente denunciados en la prensa y otros medios de comunicación prefigurando delitos como el trafico de influencias, el enriquecimiento ilícito, en los hechos operando como mafias protectoras de estas jugosas ganancias, comportamientos que ocasionalmente son encubiertos con la supuesta conmoción por las tragedias debidas al alcoholismo con sus posturas exigiendo la aplicación rigurosa de las leyes, la clausura de antros y multas económicas que luego son reducidas generosamente en aras de la gobernabilidad sensible y complementaria del circulo vicioso vigilar, transgredir, multar, corromper, simular.
A los consorcios empresariales productores de bebidas alcohólicas que priorizan las ganancias económicas, transgrediendo las normas establecidas en los reglamentos y los marcos jurídicos que intentan regular desde la publicidad hasta su distribución, sobre el bienestar de nuestra sociedad. Hoy seguimos observando como se sigue fomentando el consumo de la cerveza para compensar esas carencias de identidad y deficientes autoestimas que prevalecen en los ciudadanos, así como continuamos observando como en los hechos sustituyen a las autoridades en los permisos que supuestamente sólo pueden otorgar las autoridades municipales, formando parte de cúpulas que navegan en la corrupción de los establecimientos denominados como giros negros. A ellos hacemos un llamado a ser congruentes y honestos con su adhesión a los valores mínimos que conforman su ética empresarial y a su visión de sociedad integrada a los valores cristianos.
A los diferentes niveles de autoridades de salud, desde el nivel federal, el estatal y el municipal que continúan sin otorgar la importancia debida a las acciones de prevención y fomento de la salud mental, marginando las políticas y los recursos financieros en las prioridades de sus acciones gubernamentales que permitan el ataque frontal al abuso de alcohol y demás problemas psicosociales asociados como la violencia social y familiar que conjunta graves problemas de salud pública. Deben de dejar en el pasado el ejercicio de modelos de atención a la salud basados en enfoques reduccionistas, físicos, curativos, a la espera del enfermo como esencia de sus funciones públicas en los consultorios, clínicas y hospitales y las “brigadas” de acciones en salud que tanto brillo dan al político en turno pero que una y otra vez nos muestran con su medicina, que no es preventiva, el desafasmiento con el desarrollo científico, social y político de la modernidad.
A los dueños de los establecimientos dedicados a la venta de alcohol que promueven la competencia de la trasgresión, de la impunidad y la corrupción con los diferentes niveles de autoridad y que sin duda los ha enriquecido económicamente hundiéndolos en el circulo vicioso de la dependencia con las empresas cerveceras y las autoridades municipales en turno. Deberían de reasumir su función social de lograr sus metas en el marco de la función sustantiva del entretenimiento y el espectáculo sin recurrir a la alcoholización de sus clientes como principal instrumento de ganancia y éxito de sus negocios.
A los medios de comunicación, quienes gustosos comparten los beneficios económicos por la compra de publicidad, posesionando las imágenes cerveceras en niños, adolescentes, jóvenes y adultos fanatizados en deportes y espectáculos, compensando la ausencia de valores y sus múltiples carencias afectivas y de autoestima, doblando sus ganancias con el posicionamiento noticioso de las tragedias derivadas del alcoholismo, que en forma obscena persisten en presentar la nota roja con imágenes “sangrientas” y “conmovedoras” , disminuyendo sus fundamentadas criticas y denuncias en aras del clientelismo y del mantenimiento del alto reiting para ganar a la competencia.
A las familias disfuncionales de todas las clases sociales que cursan con problemas graves en el desarrollo de sus responsabilidades para el crecimiento y desarrollo humano de sus integrantes y que representan las condiciones adecuadas para insertar el problema del alcoholismo en sus miembros y atraparlos así en las tragedias desgastantes de la violencia social y otros problemas de salud pública que nos conmueven periódicamente en las tragedias derivadas de los accidentes automovilísticos, la violencia familiar, conductas delictivas y el suicidio.
Como podemos ver el problema del Abuso en el Consumo de Alcohol es multifactorial y requiere la urgente disposición de todos logrando armonizar los intereses económicos con la salud y el desarrollo social, si realmente queremos ser una sociedad integrada a la modernidad, dejando atrás la categoría de subdesarrollada o en vías del desarrollo. Los acuerdos de fondo son los más trascendentes entre los diferentes niveles de autoridad con los organismos empresariales, dueños de establecimientos, los medios de comunicación, y los diferentes niveles de autoridad de salud y las responsables de la promoción, supervisón, vigilancia y aplicación de las leyes.
En tanto no se haga esto el alcoholismo de nuestra población seguirá siendo un grave problema de salud pública asociado con los homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos y las enfermedades hepáticas que hoy constituyen las principales causas de muerte en la edad más productiva del ser humano de los 15 a los 44 años.
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