LA ESPERANZA Y EL 2012

2011 ha sido otro año más que la mayoría de los mexicanos y mexicanas hemos tenido que soportar y luchar por la sobrevivencia en medio de la inseguridad y la criminal violencia que suma mas de 64000 muertos y 10,000 desparecidos, con sus miles de tragedias de los familiares directos de las victimas y los cientos de conmocionantes historias en que los gobiernos mostraron sus rostros de la injusticia, las sospechosas complicidades, donde los medios de comunicación día tras día usaron indignamente para su consumo mercantilista. Uno año más que fortalecio al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dirigido por el poeta Javier Sicilia que se sumó a las exigencias de los miles de mexicanos que hemos tratado de que se detenga el baño de sangre de una guerra que el espurio presidente Felipe Calderón inicio y sigue manteniendo en forma genocida donde los niños, jóvenes, mujeres y ancianos han sido considerados como victimas “colaterales”, de acuerdo a sus nefastos conceptos guerreros. En este contexto la procuración de justicia sigue siendo utilizada facciosamente por los poderes fácticos donde la mayoría de la población sigue padeciendo las injusticias de sus procesos plagados de irregularidades transgresoras de las leyes con sus aderezos de corrupción que nos distinguen como una de las sociedades más corruptas en el mundo. En materia de derechos humanos este año ha sido el peor año del sexenio, puesto que los asesinatos y desapariciones de activistas han tenido un aumento exponencial del número de víctimas de la violencia sobre todo en desapariciones y feminicidios.
Por si fuera poco, este gobernante, que según su campaña electorera del 2006 nos ofrecía ser el presidente del empleo, ha resultado brillar como el gobernante más inepto para la generación de empleos y el mejoramiento económico de nuestra sociedad, con una prevalencia de la lacerante pobreza que ya afecta a mas del 60 % de la población; los empleos no sólo son escasean sino son mal remunerados y con pésimas prestaciones que obscurecen el futuro del desarrollo humano de los trabajadores y sus familias, pero sobre todo afectando a los jóvenes que en su sexenio han incrementado a los denominados NINIS, por la incapacidad del estado de proporcionarles oportunidades laborales o de acceso a estudios para mejorar su capacitación técnica o profesional.
En tanto las políticas para el desarrollo social han agravado no sólo la pobreza, sino además los problemas alimentarios incrementando la malnutrición y la desnutrición, no se diga los problemas sanitarios a pesar de sus declaraciones mentirosos de “lograr con el seguro popular el acceso a los servicios de salud de la mayoría de los mexicanos”, cuando la realidad es que subsiste un sistema nacional de salud arcaico e incapaz de lograr servicios no sólo con cobertura universal gratuita sino haciendo realidad sus cacareados programas de calidad en los servicios, cumpliendo con el derecho a la salud que subsiste como letra muerta, poco exigible hasta para los derechohabientes de la seguridad social. La educación sigue siendo rehén del corporativismo político que con el SNTE y sus caciques siguen dando sustento al sistema político clientelar del pripanismo que mantiene los regimenes despóticos y autoritarios de gobierno con las graves consecuencias que impiden también el acceso de los educandos en todos los niveles y programas educativos desfasados de las necesidades del desarrollo humano y social que se necesitan para nuestra patria.
2011 ha sido un mal año y en el 2012 los mexicanos y mexicanas tenemos la esperanza de lograr que la izquierda unida llegue al poder con Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República con la coalición que hemos denominado Movimiento Progresista integrada por MORENA y los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano y que ha propuesto un Proyecto Alternativo de Nación que tiene claro que la seguridad es tarea constante y de largo plazo y que se edifica a partir de crear condiciones de bienestar y prosperidad de todos los ciudadanos mediante políticas públicas adecuadas que logren una equitativa distribución de la riqueza por medio del salario y medidas fiscales de índole proporcional, seguridad alimentaria, atención médica y demás servicios que implica la seguridad social, educación y vivienda digna, todas con carácter exigible y universal y en el marco de la sustentabilidad que implica la rehabilitación y mejoría del hábitat, hoy gravemente dañado por la depredación del neoliberalismo y sus aduladores. Queremos lograr construir una republica amorosa de nuestra patria que permita recuperar los valores destruidos en nuestra sociedad deshumanizada y mercantilizada por la voracidad y explotación del neoliberalismo y como dice AMLO esta será basada en tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor, que permitirán hacer el bien, porque en ello esta la verdadera felicidad y nosotros agregamos esta también la prosperidad de la sociedad donde prevaleceran los sentimientos fraternales y solidarios en el seno de las familias y sus comunidades.

El amor como valor en la integración del quehacer político ha sido inherente en los activistas de izquierda, nuestro mas grande prócer internacionalista Ernesto Che Guevara decía en El socialismo y el hombre en Cuba: “Déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad.” Así el amor sirve a nuestros proyectos políticos en común y para la construcción de la sociedad nueva que siempre hemos vislumbrado en la lucha por la transformación de nuestra patria

Como dicen los filósofos existencialistas sin este amor, no somos nada y yo pienso que la esperanza se disuelve por lo que para este año 2012 les deseo que sea de fortaleza amorosa para lograr la anhelada seguridad, bienestar y prosperidad de nuestras familias que los gobernantes pripanistas nos han negado por décadas y que sin duda este amor nos dara las energías necesarias para lograr el verdadero cambio por el que también por décadas hemos venido luchando miles de activistas de izquierda.

EL DESARROLLO INTELECTUAL EN LOS POLITICOS

A propósito del tema de moda sobre lo culto de los políticos, que existe en nuestro país, y que fue iniciado con el error del precandidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, en el marco de la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al referir la autoría equivocada de uno de los libros de Carlos Fuentes; y quien luego este mismo autor criticó su ignorancia, sumándose los subsecuentes errores de otros “destacados” políticos (Ernesto Cordero, ex- ministro de Hacienda y precandidato del PAN a la presidencia, Mario Fuentes, Secretario de Educación del gobierno del D.F. y precandidato del PRD al gobierno del D. F. y el Dr. José Ángel Córdoba, ex - Secretario de Salud) y la evitación posterior de otros tantos para mostrar su desarrollo intelectual y evitar ser objeto del escarnio de la opinión pública y así no ser afectado en su imagen pública que es determinante en sus aspiraciones electorales en boga rumbo al 2012.

Me vino al recuerdo las ignominiosas conductas de los políticos, que he observado y vivenciado, que en sus afanes de cubrirse de gloria y estatus intelectual han aprovechado su poder político y económico para lograr sus títulos nobiliarios y grados académicos, resquicios del feudalismo que se integra vitalmente en sus mentalidades y que luego ostentosamente utilizan para justificar sus pretensiones puesteriles como funcionarios en las instituciones públicas. La prensa estatal ha registrado los casos brillantes de algunos políticos, líderes de colonos, sindicales, funcionarios y hasta empresarios, como el ex – presidente FOX, que han logrado obtener dudosos grados académicos. Ha habido de todo, desde apócrifas constancias de estudios de bachillerato hasta licenciaturas, maestrías y doctorados en las instituciones educativas públicas y privadas, que van desde las escuelas patito hasta las supuestas instituciones certificadas de excelencia educativa en nuestra sociedad. Todo esto en el marco de la globalización neoliberal que ha degradado los valores integrándolos a su dogma mercantilista, donde estos personajes todo pueden conseguir con el poder político y económico, hoy mas apoyados en el desarrollo de las tecnologías de la informática y la relejada normatividad sujeta a la discrecionalidad de los poderes gobernantes ofrecen de todo desde licenciaturas, maestrías, especialidades y hasta doctorados a distancia y/o semipresencial con solo pagar puntualmente, con cuestionables desempeños en las actividades de los procesos de aprendizaje y sobre todo de las evaluaciones que fácilmente se prestan a la simulación y al engaño.

Esta titulitis nobiliaria y la búsqueda desaforada de documentos oficiales, que acrediten estos grados académicos, fue incrementada en nuestras instituciones públicas y privadas por las necesidades de cumplir con las políticas impuestas en las tesis de calidad y los denominados ISOS (estándares certificados de calidad de la Organización Internacional para la Estandarizacion) que los organismos internacionales del banco mundial exigían para proporcionar apoyos financieros para el desarrollo de sus funciones académicas y de investigación, ambos factores contribuyeron a pervertir los valores educativos y la mística de servicio que las filosofías humanistas del siglos pasado habían venido estimulando buscando el desarrollo integral del ser humano, se desdeñaba así el impacto formativo del educando limitándose a proporcionarle los conocimientos mínimos y las habilidades y destrezas para el desempeño de su profesión, muy lejanos de una formación culta, que integrara los mínimos de la cultura, las artes y las ciencias humanistas a sus especialidades doctas del conocimiento inherente a sus constancias de estudios. Los tiempos disfuncionales, las capacidades de gestión, la fácil cooptación con las estrategias becarias y el influyentismo han sido los principales factores que potencializan en los políticos la obtención de sus constancias académicas tanto en universidades nacionales como extranjeras, algunos de ellos llegan hasta obtener máximas menciones honoríficas como la “summa cum laude” (usada para indicar las máximas alabanzas del nivel de desempeño con el que se ha obtenido un grado académico universitario máximo, usualmente el doctorado) con tesis cuestionables o cuya elaboración fue realizada por otros profesionistas generalmente subordinados a sus jerarquías como sus asistentes o alumnos, o mediante el pago del financiamiento de los costos; aunque no debemos dejar de referir el varias veces detectado e informado por los medios de comunicación de la expedición de constancias, diplomas, títulos y grados de las redes de delincuentes que venden fraudulentamente en la zona de la Plaza Santo Domingo, cercana a las oficinas de la Secretaría de Educación en México D.F.. Hoy estas redes de defraudadores se han modernizado publicitando sus servicios en Internet, en tanto hasta algunas instituciones nacionales y extranjeras ofrecen servicios educativos de postgrado con reconocimiento oficial de estudios sin controles adecuados de las autoridades educativas de sus naciones que se han sumado al problema de las denominadas escuelas patito que proliferan en nuestro país como opción de titilación y que tienen el lastre de la dudosa calidad académica de sus servicios. Lo lamentable es que hasta universidades, dependientes de los presupuestos públicos o disfrazados como asociaciones civiles, algunos políticos empoderados han logrado establecer con el reconocimiento de estudios del estado que contribuyen a la degradación de la función educativa y esta perversión prevaleciente.
El resultado es de profesionistas políticos con títulos apócrifos que no llegan ni siquiera a dominar brillantemente los contenidos básicos de sus ámbitos científicos, donde impera su analfabetismo funcional, un reducido conocimiento de las ciencias humanas y sociales, las artes, la cultura y con una visión de la ciencia política de por si ya reducida, como refiere el Dr. Enrique Dussel en su texto Politica de la Liberación, y luego enmarcada en dogmas y fundamentalismos ideológicos, cerrados a la pluralidad, envilecidos por el poder, incapaces de incorporar el avance de las ciencias en sus programas políticos que proponen de gobierno y reduciendo su poder a simples administradores de las oligarquías nacionales e internacionales, quienes gustosamente los recepciona en sus empresas al terminar de servirles en sus periodos gobernantes en países como el nuestro. Son políticos que hemos tenido que padecer con su brillante incompetencia en el servicio público federal y estatal como funcionarios, desde Presidentes, Secretarios y Subsecretarios de estado hasta directores generales de áreas, inmersos en estos procesos fraudulentos sin dejar de existir también los políticos egresados de las mas prestigiosas universidades extranjeras (Harvard, Stanford, Yale, Cambridge, Princeton, la Sorbona, etc..) beneficiarios de las becas gubernamentales que no logran ejercer sus doctos conocimientos, habilidades y destrezas de sus gloriosos grados alcanzados para que nuestra nación logre la prosperidad, el bienestar y la felicidad acorde con las riquezas existentes y generadas a través del tiempo
Así el desarrollo intelectual limitado, de los políticos en el poder, genera sus comportamientos retrógrados que obstaculizan el desarrollo de los programas sectoriales en las artes, la ciencia, la cultura, la educación y la salud, deshumanizan las políticas económicas y sociales que nos mantienen lejos del anhelado desarrollo humano y social con nuestra sociedad agobiada por la corrupción, la pobreza, la inseguridad y la violencia. La prospectiva holística del mas alto desarrollo humano y social de nuestras sociedades como visión del futuro no existe en sus percepciones por sus limitaciones intelectuales y sus vulgares ambiciones del poder que los lleva a sus conductas pragmáticas para saciar sus poderes carentes de integridad, honestidad y congruencia. que les aniquila sus sentimientos fraternales y solidarios con los problemas cotidianos de nuestro pueblo; se pervierten fácilmente con el hedonismo mercantilista del sistema explotador y corrupto que persiste en el capitalismo neoliberal. Estos políticos de derechas e izquierdas fácilmente se integran a las redes de corrupción del estado delincuencial que nos gobierna y sus habilidades camaleónicas les ha permitido medrar una y otra vez en los aparatos burocráticos del poder donde cínicamente llegan a discursar peroratas invistiéndose y defendiendo valores humanistas como el de la honestidad, la justicia y la democracia que les ha infestado en el curso de su desarrollo personal y político.
En los años ochentas, del siglo pasado cuando tuve la oportunidad de desempeñarme como director de la Escuela de Medicina del Instituto de Ciencias de la Salud, tuve la vivencia de ser objeto de presiones influyentistas del Gobernador en turno y su Secretario de Educación para tratar de apoyar a presuntos políticos profesionistas que se desempeñaban como médicos en las instituciones de salud y en el ejercicio privado sin poseer el titulo y la cedula correspondiente, sus recomendaciones eran reforzadas con ofrecimientos económicos de apoyo “como donativo para nuestra institución”, los cuales al ser rechazados, se sumaban a los agravios, que constantemente teníamos por mantener la congruencia e integridad de nuestra lucha por la reforma académica de la educación medica y contra el mercantilismo deshumanizante que la infestaba; por no acceder a estas maniobras influyentistas, entre otras cosas, nos costo el cierre de esa institución. Tratar de ser congruente e integro tiene grandes costos personales, genera represión y coerción con sus marginaciones y exclusiones de los ámbitos políticos, laborales, profesionales, académicos y científicos. Muchos de los activistas de la izquierda fuimos victimas de la guerra sucia del régimen príista con sus estrategias de impedir el acceso a los procesos educativos de pregrado y postgrado en las universidades públicas, obstaculizavan el proceso de certificación, titulación, y hasta desparecian constancias en los archivos escolares y en algunos casos reprobaban en los cursos con criterios pueriles; valió la pena asumir esos riesgos en aras del anhelado desarrollo social y humano de nuestra sociedad. Los políticos que persisten en usar el influyentismo, silenciar la disidencia, estar cerrados a la critica, manejar despóticamente el poder y desdeñar a las artes, la cultura y las ciencias en sus reflexiones y propuestas políticas para la prosperidad y el bienestar de nuestra sociedad deben de cambiar para lograr la anhelada transformación revolucionaria por la que hemos venido luchando los movimientos de izquierda en nuestro país.

El desarrollo intelectual de los políticos para lograr la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones públicas sin simulaciones, con congruencia e integridad e incorporando el conocimiento de las artes y las ciencias (que no necesariamente se obtiene con la titulitis nobiliaria imperante) en las políticas del estado es junto al desmantelamiento de las estructuras clientelares y corporativista del régimen caduco, que tenemos en México, una de las tareas fundamentales para lograr el verdadero cambio de nuestra patria.

LEGISLAR PARA LA SALUD MENTAL

Hace una semana asistí a un Foro Regional sobre Legislación en Salud Mental que tenía por objetivo revisar las experiencias existentes sobre el tema, analizar y discutir el marco jurídico nacional con el fin de elaborar una propuesta de estándares de atención de enfermos con trastornos mentales y hacer propuestas sobre los necesarios cambios legislativos que en nuestro país se necesitan para mejorar los servicios de salud mental y el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales. Fue organizado por la Secretaría de Salud (SSA), dirigido y supervisado por la Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica de esa dependencia y con el apoyo logístico de la Secretaria Estatal de Salud a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones.

Resulta que este Foro formaba parte de las consultas nacionales que se operativizan para cumplir con el requisito jurídico-político, que las normas establecen, cuando se trata de hacer cambios legislativos a marcos trascendentales, como en este caso sobre la atención a la salud mental de nuestra población. Según la convocatoria se invitaba a profesionales y técnicos de servicios de salud mental académicos, investigadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general; aunque finalmente se contó con la asistencia de no mas de 70 personas, de la Dirección de Salud Mental y Adicciones en el estado, profesionistas de la salud mental del Hospital Psiquiátrico Estatal, de La Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de la UANL, representantes del Colegio de Psiquiatría del Noreste y de Nuevo León, nosotros del CECOSAM, así como de algunas asociaciones civiles relacionadas con servicios a la salud mental en nuestro estado. Estuvieron ausentes: la representación de organismos académicos de Escuelas y Facultades de Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Medicina, Sociología, Ciencias Jurídicas, públicas y privadas, así como del IMSS, del ISSSTE, del ISSTELEON, de los Servicios Médicos Municipales y representantes de los diferentes instituciones privadas que brindan servicios de atención ambulatoria y/o de internamiento. Faltaron también instituciones del aparato judicial, de seguridad pública y del sistema educativo estatal, desde ahí se limitaba su procesamiento, con lamentables exclusiones de los necesarios asistentes de las diferentes profesiones que sustentan la visión interdisciplinaria de la salud mental así como de los tiempos limitados, necesarios para la amplia discusión temática sobre nuestras realidades y el avance actual que otros países han logrado colocándose a la vanguardia en sus legislaciones y procesos de atención a la salud mental.
El Foro fue denominado también como taller y consistió en la inauguración y bienvenida protocolaria de personalidades representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial del estado, encabezados por el Dr. Jesús Zacarías, Secretario Estatal de Salud en Nuevo León, luego se desarrollò una primera parte sustancial de exposiciones temáticas donde las experiencias en legislación en salud mental fueron expuestas por Dra. Monoica Cuñarro, Directora de Postgrado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien abordo la reforma de salud mental de su país; posteriormente se expuso “La Reforma de Salud Mental en Chile” por el Dr. Alberto Minoletti Profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El Dr. Carlos Campillo Serrano Titular de Servicios de Atención Psiquiátrica de la SSA completo el ciclo de exposiciones abordando el tema de “La Salud Mental en la Ley General de Salud Mental de México”. Finalmente el Dr. Gabriel Sotelo Monroy, Director de Gestión de Servicios de la SSA, hizo la coordinación de la segunda parte, que fue el denominado taller, que tenía por objetivo revisar y valorar la aplicación de los estándares de derechos humanos en salud mental basados en los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental y en el Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación. Se elaboro un documento, para este taller, que contemplaba estos 10 apartados de estándares que se intitulaban: acceso a los servicios de salud mental, instituciones que prestan servicios de salud mental, los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, el consentimiento informado para el tratamiento e internamiento psiquiátrico, el internamiento de pacientes, el internamiento voluntario de pacientes, el internamiento involuntario, el internamiento obligatorio, las medidas excepcionales de contención de los pacientes y tratamientos especiales. Por razones de tiempo se integraron siete mesas de análisis, evaluación y propuestas sobre este documento que nos fue presentado, encargándose cada mesa de alguno de los apartados temáticos, no de todos como estaba contemplado, que finalmente sus integrantes haría una relatoría que sintetizara el trabajo y en su caso presentarían propuestas sobre el tema que serían tomadas en cuenta para los cambios legislativos que se pretenden realizar en nuestro país.

El hecho es que este foro ejemplifica las limitaciones de las políticas públicas que desde estas etapas se resisten a integrar plenamente las necesarias reformas a la atención de la salud mental y de los trastornos psiquiátricos que desde hace más de treinta años han sido objeto de promoción y fomento mediante múltiples resolutivos y recomendaciones elaborados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OMS, OPS, WPA, APA y las sociedades internacionales médicas y de defensoras de los derechos humanos. Tan sòlo los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el derecho internacional consuetudinario (como la Declaración Universal de Derechos Humanos) establecen una amplia variedad de obligaciones de los gobiernos respecto de las personas con discapacidad mental. La legislación sobre derechos humanos exige protección contra intromisiones del gobierno en la libertad y la autonomía personales, y exige asimismo una acción positiva para garantizar que los servicios sean accesibles y apropiados. Además de dar protección dentro de las instituciones, la legislación sobre derechos humanos establece el derecho a servicios que promuevan la integración en la comunidad.

Legislar para para mejorar los servicios de salud mental y el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales en nuestra patria requiere no solo reformas definidas en el marco de la ley de salud y sus normas emergentes sino también de hacer las reformas necesarias de la legislación general (civil y penal). Una Ley de Salud Mental de vanguardia solo será moderna si, de acuerdo con la experiencia de los países más avanzados esa legislación, incluye ocho puntos fundamentales:
1.-El derecho de recibir de sus ciudadanos el mejor nivel de asistencia en Salud Mental y física disponible en su propio lugar de residencia o en servicios de Salud Mental regularmente inspeccionados.
2. La legislación incluye que los pacientes de Salud Mental tienen el derecho a ser tratados con humanidad y respeto por su dignidad, asegurando que: a) los conceptos de locura y anormalidad mental no sean utilizados de forma inadecuada; b) puedan ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (incluido el votar); c) estén protegidos contra la discriminación con motivo de su enfermedad mental; d) puedan tener una defensa justa contra la incapacitación legal cuando lo necesiten; e) estén protegidos contra la explotación económica, sexual y contra otras formas de explotación; f) se les informe lo antes posible de sus derechos; g) puedan nombrar a una persona que les represente.
3.-La legislación incluye que los pacientes mentales han de tener acceso a un servicio de Salud Mental al igual que lo harían a cualquier otro servicio asistencial: a) para recibir los mismos niveles de tratamiento que cualquier persona enferma; b) para ser tratados en la medida de lo posible voluntariamente en servicios ambulatorios, sin hospitalización; c) para ser tratados en la Comunidad en un marco adecuado a sus antecedentes culturales; d) para ser tratados por equipos comunitarios.
4.-La legislación incluye que existen garantías procesales estrictas para que un paciente sea ingresado de forma involuntaria únicamente: a) por motivo de un trastorno mental; b) en ausencia de cualquier otro medio de tratamiento apropiado; c) porque el paciente represente un grave peligro para él o para otras personas; d) y si lo indica un profesional de la Salud Mental cualificado.
5.-La legislación incluye que un diagnóstico psiquiátrico sólo se haga bajo -ciertas condiciones: a) con un objetivo aceptado por la ley local; b) de acuerdo con los niveles médicos internacionalmente aceptados; c) el anticonformismo no será nunca un factor determinante en el diagnóstico; d) un tratamiento pasado no justificará una determinación futura.
6.-La legislación incluye que el tratamiento debe ser: a) de la mejor calidad; b) voluntario en la medida de lo posible y con consentimiento informado; c) de acuerdo con las normas éticas; d) completo, incluyendo provisión de medicaciones; e) lo menos intrusivo; f) basado en un programa discutido con el paciente; g) asegurado en un entorno lo menos restrictivo; h) lo más cerca posible del de la vida normal y, si fuera posible, en la Comunidad; i) si el paciente no tiene la capacidad de consentir a una intervención, sólo puede llevarse a cabo con la autorización de su representante; j) debe existir un “cuerpo de revisión” para controlar el ingreso o la retención involuntarios de un paciente en un servicio de Salud Mental.
7.-La legislación incluye que, en el tratamiento psiquiátrico que reciben los niños y los adolescentes : a) el niño tiene derecho a la asignación de un representante personal que no sea un miembro de su familia; b) el sistema de justicia de los menores defienda los derechos y la seguridad de los menores y promueva su bienestar físico y mental; c) un menor que padece una enfermedad mental sea tratado en una institución especializada; d) cualquier continuación necesaria de la Asistencia en Salud Mental después del alta esté asegurada.
8.-La legislación incluye que en relación con los problemas psiquiátricos de los delincuentes : a) una persona enferma psíquicamente no puede ser considerada responsable de actos criminales; b) algunos conceptos básicos tales como “peligrosidad” o “agresividad” son definidos de forma adecuada; c) todos aquellos que hayan sido declarados enfermos por los tribunales son puestos bajo la jurisdicción de las autoridades médicas; d) se establecen los procedimientos para la defensa de los recursos contra medidas de detención.
Lograr esta legislación de vanguardia requiere involucrar a todas las profesiones que accionan en el fondo multidisciplinario del proceso de la salud mental, las instituciones de salud y educación, las organizaciones de consumidores primarios y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y autorizar a éstas a participar en la vigilancia de la aplicación de las políticas públicas y de la legislación aprobada, se debe posibilitar una participación significativa de personas con discapacidad mental y sus familiares en el establecimiento de prioridades, el desarrollo de legislación y planes de acción, y la creación de métodos de seguimiento de sus progresos.

Lamentablemente las políticas de salud mental que nuestro país requiere para modernizar y humanizar la atención a la enfermedad mental siguen sin lograr ser objeto de los cambios trascendentales que se necesitan integrar no sólo con reformas y nuevas leyes sino con la inversión financiera del estado que garanticen su cumplimiento.

ACABAR CON EL CLIENTELISMO Y EL CORPORATIVISMO EN LA POLITICA

Se ha iniciado el proceso electoral federal que desarrollara la jornada electoral el próximo 1 de julio del 2011 donde se elegirá el próximo presidente de la republica y los nuevos diputados y senadores que integraran el poder legislativo del Congreso de la Unión. Los partidos políticos están por definir las candidaturas, algunos sobre su candidato a la presidencia, como es el caso del Partido Acción Nacional quien todavía sigue su proceso eleccionario interno, en tanto el resto de los partidos ya han definido la integración de Coaliciones: Una denominada Movimiento Progresista, integrada por el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y el Movimiento de Regeneración Nacional que apoyara a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia y Otra Coalición denominada Compromiso por México, conformada por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza que apoyara a Enrique Peña Nieto. La mayoría de estos partidos apenas iniciaran sus elecciones internas para definir sus propuestas a competir como candidatos a diputados y senadores para formar parte de la cámara correspondiente del Congreso de la Union.
Resulta que ambas coaliciones han iniciado sus actividades enarbolando propuestas en defensa y fortalecimiento de nuestra incipiente democracia y definiendo los modelos económicos políticos para gobernar, muy diferentes en sus fundamentos ideológicos y en sus tácticas y estrategias, la Coalición Compromiso por México, que encabeza el PRI con sus recargadas tesis en defensa del neoliberalismo atroz con sus políticas deshumanizantes generadoras de pobreza, una grave desigualdad social, corrupción e injusticia que conforman el estado delincuencial que padecemos y La Coalición del Movimiento Progresista en contra de esas políticas del neoliberalismo que se propone acabar con esas lacras que nos han sumido en la mas grave crisis de seguridad, económica y política de las últimas décadas, y que trata de construir un estado social, plenamente democrático sustentado en el respeto a los derechos humanos y sociales consagrados en la constitución.

Para nuestra Coalición Movimiento Progresista uno de los grandes retos será lograr el desmantelamiento del régimen clientelar y corporativista que han sido los pilares para la gobernabilidad de los regimenes pripanistas y que lamentablemente han infestado la cultura política en el seno de la sociedad pervirtiendo y degenerando el quehacer político hasta en los partidos y organizaciones de izquierda que hoy conforman esta coalición. Esto va mas allá de la una unidad coyuntural histórica necesaria, de los partidos políticos que la integran, para lograr la victoria electoral en el 2012; requiere de voluntad política de sus lideres, primero para reconocer y aceptar la existencia de estas lacras en el interior de sus instituciones, segundo para iniciar conductas trascendentes dirigidas a sancionarlas y prevenirlas al interior de sus organizaciones con el simple procesamiento democrático de sus decisiones, que podrían empezar en sus procesos democráticos internos fortaleciendo la libertad de expresión de sus militantes para seleccionar los candidatos, definir sus plataformas políticas y las tácticas y estrategias de sus campañas electorales sin que existan estas aberrantes conductas cupulares que han generado criminales, funcionarios, políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco en un nuestro sistema político mexicano sostenido por el clientelismo político.
Después del movimiento revolucionario de 1910 en México, el corporativismo y el clientelismo políticos se han constituido como las estrategias silenciosas y fundamentales de los gobernantes y dirigentes políticos para mantenerse y perpetuarse en el poder constituyéndose en modalidades de dominación política que se han integrado a la cultura del quehacer político en todos los partidos y organizaciones políticas creando una de las redes circulares mas difíciles de superar por mecanismos reflexivos de participación política deliberativa que debieran de integrarse como el eje central del comportamiento político democrático en las sociedades modernas. Las redes clientelares están por todos lados enfermando la salud política de las izquierdas y derechas, que aprendieron rápidamente su ejercicio e importancia en sus estrategias pragmáticas para lograr el poder, esta en todos los niveles de gobierno y permea a todas las instituciones o dependencias públicas mediante la discrecionalidad y la simulación del cumplimiento de las normas operativas y legislativas que enmarcan prohibiciones para su desarrollo. Las secretarias y dependencias relacionadas con el desarrollo social constituyen el eje central, es el afluente de los recursos financieros y materiales en el contexto de sus programas educativos, de salud, de vivienda, pero sobre todo contra la pobreza; su directorio de clientes y necesidades programáticas les han permitido integrar información valiosa para la organización política electoral o de apoyo de los usuarios cuando así convengan a los intereses de los patrones.
La literatura sobre clientelismo político denomina “clientes” a los agentes que dan apoyo político a un mediador o patrón a cambio de bienes, favores, o servicios particulares. Son personas que “reciben cosas” o accesos a bienes y servicios del funcionario, del político o del partido desde un trabajo, una medicina, una despensa, material de construcción, permiso para trabajar, una beca, etc.… El clientelismo es una relación de dominación establecida como una relación de intercambio en la cual un individuo de status socioeconómico más elevado (conocido como el lider, padrino, patrón, cacique, gestor o con el pseudonimo de su oficio, el dire, el profe, el maestro, el doctor, el inge, .etc..) usa su propia influencia y recursos para proveer de protección o beneficios, o ambos, a una persona de un status menor (cliente), quien, por su parte, obra recíprocamente ofreciendo apoyo general, asistencia, servicios personales y fidelidad a su patrón. Los clientes por lo general esperan seguridad física y medios de subsistencia, a cambio de lo cual los lideres esperan lealtades políticas, votos o deferencia. . En nuestro país prevalecen las elites con fuertes vínculos parentales que conforman redes de intereses patrimoniales difíciles de desintegrar, otros tienen con ellos relaciones estrechas de amistad y en otros casos son relacionales ocasionales derivadas de alianzas coyunturales.
En tanto el corporativismo mexicano ha sido definido por Philipe C. Schmitter, en su libro: Teoría del Corporativismo impreso por la Universidad de Guadalajara en 1996, como “un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se les concede un exclusivo monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos”.
Tiene su principal expresión en las instituciones sindicales con la tarea de los líderes de controlar a las diversas facciones existentes, sujetándolos al control corporativo del voto y de sus sindicatos. La compensación a los líderes por el servicio del control político de los trabajadores se hace no sólo otorgándoles impunidad en el manejo autoritario, despótico, discrecional y obscuro de los recursos sino a través de su integración a los poderes públicos como senadores, diputados, munícipes y hasta gobernadores. La creación del INFONAVIT, FOVISSTE, FONHAPO, FOMERREYES, etc., ha incrementado la premiación y los señores líderes del sindicalismo corporativo han podido incidir con gran éxito financiero en el negocio de la construcción de casas para los trabajadores.
La otra gran expresión corporativa esta constituida por los empresarios que se integraron en 1936, cuando se legisló instituyendo como un solo organismo funcional la cámara de industria y comercio y posteriormente en 1941, en la Nueva Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria se estableció su separación y que las cámaras de comercio y las de industria y sus respectivas confederaciones son instituciones públicas, autónomas, con personalidad jurídica, controladas desde su registro y del de sus socios por la Secretaría de Economía Nacional y constituidas por todos los comerciantes e industriales y con los principales objetivos de representar los intereses generales, fomentar el desarrollo y ser “órganos de consulta del Estado” del comercio y de la industria nacionales, esto es colaboradoras del Estado así funcionaron artificialmente impulsadas mediante la afiliación forzosa obligando a sus miembros a seguir sus líneas políticas de acción so pena de ser objeto de restricciones o sanciones por sus indisciplinas políticas.
Los favores políticos del corporativismo han sido pagados por el régimen pripanista con todo tipo de prebendas que terminan por coartar no sólo las aspiraciones de sus agremiados, sino de los mismos dirigentes. Han aceptado posiciones políticas, tanto en el Congreso de la Unión, los congresos locales, los ayuntamientos y los gobiernos de los estados. A otros les han dado hasta registro como partido político. Para algunos más, el régimen ha permitido que desarrollen carreras políticas mezcladas con la administración pública. En el caso de los lideres del corporativismo empresarial gozan de exenciones y apoyos especiales en sus regimenes fiscales, además de ser favorecidos con financiamientos públicos de los programas económicos del gobierno y no se diga del trafico de influencias que les genera grandes botines para sus riquezas. En ambos casos tanto lideres sindicales como empresariales se han hecho cargo, desde hace varios lustros de subsecretarías, direcciones generales, direcciones de área y jefaturas de departamento en todos los niveles de gobierno. La mayor fuente de riqueza y corrupción en el caso de los sindicatos (CTM, FSTSE, SNTE, PEMEX, SNTSS, CROC) la siguen obteniendo del cobro de cuotas sindicales, el manejo de cajas de ahorro, programas de vivienda, capacitación y becas que generalmente sólo llegan a los más allegados del círculo personal de los dirigentes cuya precaria formación académica, política y social, los hace operar sin ningún tipo escrúpulos, mucho menos por principios o ideales.
Como vemos nuestra cultura política esta arraigada en el clientelismo y el corporativismo que han sido los generadores de castas de políticos que no quieren abandonar las prebendas y los beneficios que reciben de los gobernantes en turno y que cualquier amenaza a su “estatus quo” es reforzada por dogmas y fundamentalismos de sus ideologías revolucionarias o conservadoras por eso cualquier propuesta dirigida a la transformación de nuestra sociedad si no va acompañada de objetivos y estrategias claras dirigidas a modificar la cultura política prevaleciente estará destinada a seguir contribuyendo a la deshumanización, inhibiendo el desarrollo social y humano de nuestra cultura.
Mantener estas estructuras políticas del viejo régimen no da ya para enfrentar los grandes problemas nacionales, su prevalencia sólo reproduce vicios e ineficacias y amplía los altos índices de criminalidad e inseguridad pública, corrupción, impunidad, desigualdad, exclusión social, pobreza, violencia y el deterioro del tejido social. Si los sindicatos, partidos políticos y empresarios no integran la cultura democrática fincada en valores éticos al interior de sus organizaciones no podremos acabar con estas lacras del clientelismo y corporativismo que han infestado nuestro sistema político.