LAS CANDIDATURAS DE LA IZQUIERDA Y MORENA

Agradezco los apoyos de los compañeros de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y algunos ciudadanos progresistas y de izquierda, que en el marco de la precandidatura al senado me mostraron, la cual tuve el honor de ser propuesto por Nuevo León, como lo había informado en este blog, http://drricardoaguilar.blogspot.mx/2011/10/las-candidaturas-de-la-coalicion-del.html, y donde finalmente fueron designados: una personalidad progresista ciudadana, Cristina Sada y Rogelio González, que siempre ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador, MORENA y forma parte de los empresarios que se han sumado a nuestro candidato a la presidencia.

Tengo claro que son decisiones estratégicas que se alejaron de los métodos democráticos, no hubo debates, ni encuestas, ni proceso electoral interno, se propuso una lista de personajes propuestos, que finalmente fue definida cupularmente. No tuve conocimiento de que los precandidatos fuéramos convocados, por los responsables integrantes de la Coalición Movimiento Progresista, del proceso de selección de propuestas que según ellos funcionarían colegiadamente, de tal forma que no hubo interacción, ni debates, ni mucho menos proceso de evaluación de nuestras capacidades y calidades políticas, personales y morales, ante esa ausencia tan sólo les hice llegar mi curriculum académico, profesional, laboral y político. Desde luego que desdeñe las conductas ignominiosas, serviciales y/ protagónicas que se acostumbran en nuestra subcultura política, desbordando ambiciones, para ser “tomados en cuenta” en las candidaturas; ni cuando acompañe a AMLO en los eventos políticos con los empresarios, ni en su gira de precampaña, mucho menos cuando estuvo en mi consultorio en la junta de trabajo con los coordinadores distritales de MORENA en nuestro estado.

Luego, antes del vencimiento del periodo de registro de candidatos a las elecciones federales, me fue propuesta una candidatura a diputado federal por el tercer distrito electoral de Nuevo León, con cabecera en el municipio de Escobedo, la que considere imprudente, por ser parte de esos estilos antidemocráticos, por que no radico ahí, atenta contra nuestra congruencia y porque en el trabajo político organizativo de MORENA, que hemos apoyado en el municipio de San Nicolás, estuvimos reiterando con los ciudadanos nuestro rechazo a los políticos que usan a la gente en los movimientos sociales para lograr candidaturas como sea, buscando el beneficio personal. Seguimos insistiendo que como activistas estamos para servir a las tareas políticas que logren fortalecer nuestro movimiento y que logren contribuir a la democratización y los niveles máximos del desarrollo social y humano de nuestra patria. Siempre he rechazado y rechazare candidaturas que no estén procesadas democráticamente y que sólo sirven como candidaturas testimoniales, satisfactorias de intereses protagónicos y sobre todo que no aporten al fortalecimiento organizativo de los movimientos sociales.

Así, las cúpulas del PRD, PT y MC, integrantes de la Coalición Movimiento Progresista, han tomado sus decisiones de los candidatos al senado y a las diputaciones federales que acompañaran a nuestro candidato a la presidencia de México por MORENA, AMLO, en el marco del proceso electoral que este año renovara los poderes de la unión de nuestra patria. Lamentablemente sus procesos han sido muy distantes de incorporar los métodos democráticos participativos, integrados en el seno de sus programas, donde destacan las supuestas férreas convicciones democráticas como uno de los principales motivos para lograr la transformación social de nuestra sociedad; mas distantes han estado de superar el oportunismo pragmático que satisface sus intereses personales y de sus grupos dependientes económicos, vividores del activismo y sus clientelas políticas que mortalmente acaban con los intentos de integrar los valores y principios de la ética política.
El festín de los lobos se ha consumado, tal como lo habíamos referido en este blog el pasado mes de enero: http://drricardoaguilar.blogspot.mx/2012/01/morena-candidaturas-y-el-festin-de-los.html. Diputaciones y senadurías plurinominales fueron las más ferozmente disputadas por sus líderes y grupos de interés, en estas últimas, las candidaturas de senadores en las primeras formulas, aquellas que también plurinominalmente pueden ganarse, fue donde simularon su apertura a personalidades progresistas para darle brochazos de apertura ciudadana a la degradante partidocracia que hoy en conjunto con las oligarquías gobiernan nuestro país. En el marco de las candidaturas uninominales, donde se tiene que hacer campaña y convencer al electorado para ganar por la mayoría de votos, defendieron férreamente los distritos electorales que históricamente han dominado, sin un mínimo de vergüenza por su codicia y vulgaridad política, con sus aberrantes posturas de imponer postulaciones de personajes muy cuestionables, familiares directos, vividores de la política incapaces de funcionar eficientemente y usar el poder político para trascender satisfaciendo las necesidades que originan el hartazgo que la mayoría de los mexicanos tenemos por la sociedad donde prevalecen las lacras de la pobreza, marginación, violencia, inseguridad, desigualdad e injusticia.
Así que en el escenario de las campañas electorales de este 2012, casi nada ha cambiado, prevaleceran candidatos simuladores, mediáticos y protagónicos que trataran de beneficiarse del prestigio construido por AMLO y MORENA y que poco aportaran a la victoria electoral y a la transformación del quehacer político, menos al fortalecimiento del movimiento de regeneración nacional que pretende la unidad de todas las fuerzas progresistas/y o de izquierda para lograr los objetivos del cambio verdadero plasmados en el proyecto alternativo de nación; algunos de ellos no dudamos verlos nuevamente sirviendo a las fuerzas políticas retrogradas con sus conductas sin escrúpulos, con sus desviaciones y perversiones del poder político, beneficiándose de las prebendas por sus deslealtades y servidumbres que les ha caracterizado en su trayectoria política.
Los activistas de MORENA tendremos la responsabilidad de cubrir los vacíos en estas tareas político-electorales con sus dos ejes fundamentales: uno, el de la promoción proselitista del voto a favor fundamentalmente de AMLO para la presidencia y el resto de los candidatos de la Coalición Movimiento Progresista, y dos, en la conformación de una estructura electoral sólida, eficaz y eficiente que garantice la defensa del voto en las casillas y los órganos electorales del IFE. Paralelamente debemos seguir con la integración de los protagonistas del cambio, afiliarlos a MORENA, integrar los comités seccionales, desarrollar las actividades de información y análisis político sobre nuestro movimiento, el proyecto alternativo de nación y desde luego la plataforma política que rumbo a la presidencia estamos proponiendo para convertirla en el programa de gobierno que trascenderá por los cambios profundos que lograremos en nuestra patria. Son actividades que han estado lamentablemente rezagadas por factores organizativos internos derivados de la responsabilidad de las funciones de los coordinadores distritales de MORENA para las tareas organizativas y electorales que desde hace dos años han venidos desempeñando; esta además, la existencia de factores externos derivados de los problemas que los partidos políticos, integrantes de la coalición actual Movimiento Progresista (PRD, PT y MC), con sus estilos de trabajo clientelares, pragmáticos y sectarios, generadores de conflictos y obstaculizadores de el trabajo político de nuestro movimiento.

Tenemos que ser pragmáticos, en el buen uso político del termino, debemos lograr que las personas integrantes de nuestro movimiento, los protagonistas del cambio, dominen la información política de nuestro proyecto, nuestras propuestas, con el ideal de lograr que en cada comité seccional se intercambie, se reflexione y se generen actividades y propuestas de acciones políticas dirigidas a formar la conciencia ideológica motivadora de sus conductas políticas de apoyo, la cual será el pilar mas fuerte de la fuerza política transformadora de nuestro movimiento. Tenemos que exigir y exigirnos conocer a los candidatos federales, estatales y municipales de la Coalición Movimiento Progresista, conocer su curriculum académico, laboral, político y moral, sus plataformas políticas (sus propuestas), el peor error es que siendo candidato de nuestra coalición ni siquiera los conozcamos, mas grave sería apoyarlos con su ausente colaboración en estas tareas políticas y electorales. La tarea mas grave rezagada es sin duda, el que a la fecha no tengamos cubierto el 100% de propuestas de representantes de casilla capacitados para el desempeño eficaz y eficiente de esta tarea estratégica pera la defensa del voto de nuestro candidato AMLO, donde no debemos esperar que los partidos resuelvan esta tarea, dados los antecedentes de sus conductas irresponsables en la elección del 2006, tenemos que aceptar sí, su colaboración, que se sumen pero sin las subordinación de esta tarea a sus militancias o dirigencias partidistas sino plenamente a nuestro movimiento, que esta mas allá de las maniobras perversas de algunos lideres de sus partidos. En esta etapa estamos por lograr la unidad necesaria para sumar esfuerzos que permitan lograr la victoria de la izquierda en México, luego en el poder tendremos que desarrollar la lucha por las divergencias ideológicas, sobre todo con las que persisten, donde prevalecen los fundamentalismos y dogmatismos de sus quehaceres políticos, posponiendo el desarrollo social y humano que necesitamos para transformar nuestra nación.

LA TRAGEDIA EN TIERRA Y LIBERTAD

Indignado e impotente vivo diariamente la tragedia que agobia a las familias que viven en la Colonia Tierra y Libertad y demás, ubicadas en la zona del Topo Chico de nuestra ciudad de Monterrey, N. L. México. Azotados por la violencia social en sus diferentes manifestaciones, que ha generado en nuestro país mas de 50,000 muertos y miles de desaparecidos y lesionados, la semana pasada, tuvo una de las jornadas mas cruentas al ser asesinados cinco menores de edad por integrantes de una de las bandas de delincuentes que impunemente operan en este sector de la ciudad. La prensa, los medios y las autoridades sólo lo registran como uno más de los hechos violentos derivado de la estúpida guerra contra la delincuencia, enmarcándola en el cobro de agravios entre los carteles dedicados al narcomenudeo, poco les importa el hecho atroz de que se trataba de menores de edad, niños indefensos, menos les importa analizar los factores profundos existentes en estas comunidades suburbanas que permitan la elaboración de un plan a corto, mediano y largo plazo para la prevención y atención de estos problemas psicosociales que agobian a estas comunidades fundadas hace mas de cuarenta años.
Son comunidades a las que desde su origen hemos servido solidariamente con actividades políticas y profesionales, sobre todo en el apoyo a la solución de sus problemas de salud, educación, vivienda y servicios públicos. Participé en su fundación desde el 28 de marzo de 1973, bregando en el incipiente movimiento urbano popular del estado, con un grupo de estudiantes activistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego ya como médico, en 1984, desempeñe la función de director de su Clínica Tierra y Libertad y tuvimos que profundizar en el conocimiento de las problemáticas de salud, en el marco de la elaboración del diagnostico de salud comunitario, necesario para la planeación de los servicios que en la SSA programábamos. A sus problemas tradicionales de la alta prevalencia de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y las complicaciones por la ausente cobertura en la atención médica de las enfermedades crónico-degenerativas, se estaban sumando el incremento de problemas psicosociales como una alta prevalencia de alcoholismo, abuso de drogas, principalmente de inhalantes y marihuana, con las bandas delincuentiles que entonces eran denominadas con el problema del pandillerismo, donde la conducta antisocial lamentablemente era reforzada por los dogmas ideológicos que a algunos lideres les hacia justificar y menospreciar este tipo de problemas con sus interpretaciones políticas reduccionistas de estos problemas. Lo positivo era el persistente rechazo a los que intentaban comerciar con la venta de alcohol, las drogas, a quienes las bases de las organizaciones y colonias integradas en el FPTYL repudiaban y decidían sanciones que llegaban hasta la expulsión de su comunidad y la disposición ante la justicia a quien desarrollaba conductas delincuentes, eran férreas las convicciones de no permitir estos males y su reproducción, que fueron originados por acuerdos de las bases desde los orígenes de este movimiento urbano popular. La situación de estos problemas psicosociales solo eran objeto de interés de algunos sociólogos, psicólogos y psiquiatras de nuestro estado, que lograron aprovechar para investigar y desarrollar algunas publicaciones con carácter “científico” en ensayos que mostraban correlaciones entre variables psicosociales y la prevalencia de estas problemáticas sin impactar en la generación de políticas públicas para la atención integral del problema.
Luego a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando fui invitado por sus lideres a construir su organización partidista de izquierda (PT) y desarrollar sus proyectos educativos (Prepa Emiliano Zapata, Cendis), de salud (Hospital) y en el marco de el presidencialismo salinista que desplegó todo el apoyo económico hacia sus actividades políticas y de gestoría, en conjunto con un equipo de profesionales de la salud mental y psicosocial, elaboramos una de las primeras propuestas para desarrollar actividades de atención, prevención y fomento de la salud mental y psicosocial, donde integrábamos el trabajo profesional y científico que habíamos obtenido de la unidad de psiquiatría-consulta externa del entonces Consejo Tutelar para Menores, durante tres años (1986,1987 y 1988) y de los programas de intercambio que desarrollamos con los profesionistas de la Texas Youth Commission. Esa experiencia nos proporciono los elementos científicos de los perfiles biopsiosociales de los menores infractores de nuestra cultura norestense que permitieran diseñar intervenciones rehabilitatorias y preventivas de conductas delictivas y adictivas que generaron además su aceptación para ser presentados por el comité científico del VIII Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado en Atenas, Grecia a donde fuimos a exponerlos en 1989. Este logro luego fue abandonado por esos cambios de gobierno que se estilan en México, transgresores de la planeación y programación sustentable, obstaculizando las políticas sociales para el desarrollo social y humano. Pues bien, resulta que nuestra propuesta no prospero porque algunos funcionarios y los lideres “maoistas dogmáticos”, al menos en ese tiempo, consideraban que nuestro proyecto no era prioritario, sarcásticamente expresaban que eran buenos programas de salud, pero para el año tres mil, a pesar de que paradójicamente algunos de ellos y sus familias empezaban a ser victimas de trastornos psicosociales y de su salud mental que en el marco de nuestra experiencia profesional nos solicitaban intervenir. Me compensaba, en la frustración del rechazo a este proyecto, el prevaleciente rechazo en las bases del FPTYL a que se permitiera la venta de alcohol y drogas en sus comunidades. Nuestra propuesta intentaba desarrollar una red de servicios para la salud mental que integrara actividades preventivas sustanciales con las escuelas de educación inicial, primaria, secundaria, la futura preparatoria y los centros de atención primaria a la salud que los gobiernos estatal y municipal mantenían en estas zonas.
Transcurrieron los años y las bases del FPTYL y su partido político iniciaron tareas político electoral integrándose las lacras de autorización, formal o simulada, de licencias para ventas de alcohol en depósitos, tiendas de abarrotes y estanquillos que sumados al incremento del consumo de drogas, la tolerancia a los locales del narcomenudeo y las famosas maquinitas tragamonedas que vinieron a fortalecer la desintegración familiar y social con sus altos niveles de conductas criminales, violencia y adicciones que hoy lamentablemente conforman el fondo sobre el que subyace este tipo de tragedias con estas conductas homicidas ignominiosas. La permisividad y tolerancia de los líderes políticos del PT hacía estos hechos, que tuvo su climax cuando fueron gobierno municipal de coalición con el PRI (2003-2006) donde se les otorgo la responsabilidad en las funciones de Salud Pública y Desarrollo Social de la ciudad de Monterrey, y otras graves desviaciones ideológicas fueron la base fundamental para renunciar a su organización política partidista, sin renunciar a mi activismo solidario con las comunidades del FPTYL a quienes he seguido sirviendo fraternalmente, y continúamos sin explicarnos la inacción de sus lideres y la organización en su conjunto en la solución de estos problemas, de tajo. Recordamos como desde que se iniciaron las colonias del frente, si algo estaba prohibido era la venta de alcohol y los órganos del poder popular expulsaban inmediatamente a los compañeros que hacían comercio ilegal, o se drogaban, o, como cuando a finales de los setentas, hartos del funcionamiento de una zona roja, donde prevalecía la prostitución y la venta de alcohol, ubicada en la periferia de la colonia, a orillas del arroyo Topo Chico, al terminar el puente de la Av. Bernardo Reyes, se decidió por la asamblea general desalojar esta zona de vicio, así en un acto masivo y dirigidos por los lideres acudimos a cumplir con el mandato de la asamblea y los equipos e insumos para la venta de alcohol fueron destruidos en plena calle por los asistentes, lográndose su erradicación, destinándose esas instalaciones y terrenos para el uso de vivienda a familias que no tenían vivienda en la organización.
Nunca desistimos de impulsar nuestro proyecto para mejorar la salud mental y no fue sino hasta a principios de este siglo, 13 años después, en el 2001 que logramos convencer a las autoridades de la Secretaria de Salud del estado para que aprovechando la infraestructura del inmueble de la Clínica Tierra y Libertad, cuyas funciones serían absorbidas por la construcción programada por el Hospital General en esa zona, que también no logro concluirse, para que ahí se remodelara y equipara con recursos materiales y humanos un centro de atención a la salud mental, que oficialmente fue denominado como un proyecto de unidad para psiquiatría ambulatoria, ante las resistencias de las autoridades al concepto “centro comunitario” y que dio origen a lo que logramos posicionar actualmente como Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM) de Tierra y Libertad, que inicio sus funciones hasta el mes de octubre del 2003, con 3 médicos especialistas en psiquiatría y psicoterapia, 2 psicólogos clínicos, una trabajadora social, una secretaria y una trabajadora de intendencia; a la fecha ha sido absorbido por la demandante atención a los trastornos de salud mental y derivados de los problemas psicosociales (que hasta este año superan mas de 54 mil intervenciones profesionales). No sólo a servido a esta zona del Topo Chico sino también de los habitantes de San Bernabé, con apoyos limitados, pocos recursos económicos y materiales, resistencias de los lideres para trabajar seriamente en las actividades de prevención y fomento de nuestro centro y sumado el acoso de los grupos de la delincuencia en disputa por los territorios que a llegado a victimizar a compañeros profesionistas del equipo de trabajo.

Tratamos indignados de mantener las funciones profesionales sin perder el sueño de lograr el desarrollo de un plan integral de atención a estos problemas, articulando el interés, el convencimiento y los apoyos necesarios de los lideres y funcionarios para que se logre el funcionamiento optimo no sólo del CECOSAM sino de la operatividad de la necesaria red interinstitucional y comunitaria que se requiere para alcanzar la meta de detener y reducir al mínimo las tragedias cotidianas que vivimos en esta zona con sus familias que de acuerdo con nuestro estudio de diagnostico de salud mental, elaborado en el 2011, hoy prevalece en el 59% de sus familias algún trastorno en su salud mental, en el 45% de ellas existe algún grado de abuso de alcohol, en el 16% prevalece algún tipo de adicción y en el 34% es visible la violencia intrafamiliar.
Deseamos perseverar, como equipo de salud del CECOSAM, en lograr una comunidad promotora de actitudes, valores y conductas propositivas, tendientes a potencializar las capacidades productivas y creativas para el desarrollo sustentable de la salud donde la salud mental “sea el goce del grado máximo de salud que se puede lograr, como uno de los derechos fundamentales e inalienables del ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social”, de acuerdo con el comité de salud mental de la OMS.. Algún día esperamos se integren solidariamente mediante el apoyo generalizado de los lideres y funcionarios, mas allá de sus intereses y dogmas ideológicos y políticos, entonces estaremos superando estas tragedias de comunidades suburbanas como las de Tierra y Libertad.

LOS USOS DEL PODER POLITICO

Se han desatado una serie de conductas políticas de personajes que están o han estado inmersos en las redes del poder politico y al no ser beneficiarios de las decisiones verticales, autoritarias y cupulares de los procesos antidemocráticos prevalecientes en todos los partidos, sus protestas se fundamentan en una férrea defensa de valores, que según ellos no pueden coexistir con sus ideales del ser en este momento de sus vidas, algunos llegan a enarbolar posturas oposicionistas contra todo el sistema político de partidos y asumen que la ciudadanización es el camino para lograr la transformación de nuestro sistema político. Todo está generado por la ausente democracia que como cáncer ha estado destruyendo las instituciones partidistas, integrándose las dirigencias a las cómodas redes de cooptación generadas como estrategias por los regimenes pripanistas gobernantes, en el marco sus reformas políticas, sobre todo electorales, creando espejismos deslumbrantes inhibidores de las conductas revolucionarias necesarias para la generación de políticas de estado que logren los máximos niveles de desarrollo social y humano de nuestras sociedades.
Hablan de congruencia y resulta que sus trayectorias, al menos las políticas, están inmersas en las lacras del oportunismo y el pragmatismo, lo mismo han servido en el poder a los supuestos partidos políticos que son sus enemigos, sea en el PRI o en el PAN o en el PRD, no sólo envileciéndose en el ejercicio del poder cómplice con su inmersión en los programas políticos y principios ideológicos que decían combatir con gran convicción desde sus trincheras opositoras. Otros han estado inmersos en las redes delincuentiles de las estructuras de gobierno, ya sea en el nivel federal, estatal o municipal, donde paradójicamente han desempeñado funciones con poderes legales y administrativos para atacar las conductas transgresoras y corruptas de funcionarios y gobernantes; su personalidad impoluta y prestigio incólume se obscurece con su silencio cómplice que se integra a las conductas mas nefastas de la corrupción política que prevalece infestando nuestra sociedad agobiada y agraviada por la injusticia, la inseguridad y la violencia. Hablan de convicciones ideológicas y el respeto a sus férreos valores y principios que no dudan en transgredir cuando son afectados en sus intereses personales y de grupo, atrapados por el pragmatismo oportunista que suscitan los procesos electorales internos de sus partidos o de las elecciones constitucionales para renovar los poderes en los diferentes niveles de gobierno.
El ejemplo mas acabado esta representado en la crisis actual del PAN, donde personajes destacados como el ex gobernador Fernando Canales Clariond, la ex- dirigenta estatal: Alejandra Fernández Garza, Jose Luis Coandrau, Luis Santos de la Garza, Rogelio Sada Zambrano y Alejandro Páez Aragón, identificados como de la vieja cupula de ese partido en Nuevo León que se enfrentan en conflicto con los denominados intregrantes de la neocupula liderados por el alcalde de Monterrey Fernando Larrazábal Bretón y el actual consejero de la Judicatura, Raúl Gracia Guzmán quienes han sido designados por candidaturas privilegiadas y la proteccion de las autoridades tanto de ese partido como de los responsables de la procuración de justicia federal y estatal, en el marco de la conducta de su hermano Jonás y su protegido Miguel Ángel García, quienes han estado vinculados al casino Red y la tragedia del Casino Royal. ¿Acaso los primeros no tuvieron sus tiempos de poder tanto en ese partido, así como en el ejercicio del primer gobierno panista del estado (1997-2003), para lograr trascender logrando desarrollar estructura y una organización política que cimentara la democracia y la legalidad no sólo en su partido, sino en el seno de nuestra sociedad nuevoleonesa que hastiada de los regimenes priístas les otorgo el poder para lograr implantar la democracia que ellos enarbolaban dignamente y en congruencia con su programa político partidista?. ¿Acaso estos personajes políticos convertidos en sus enemigos, transgresores y corruptos no fueron engendrados en los tiempos que ellos poseían ese poder político?. ¿Cuales cambios legislativos trascendentes realizaron para fortalecer la democracia participativa de la ciudadanía en el seno de nuestra sociedad y de los partidos políticos durante sus mandatos?. Sin cuestionar los escasos avances de sus políticas como gobernantes en los diferentes sectores del quehacer gubernamental para lograr el bienestar y mejores niveles de desarrollo humano y social, que finalmente provocaron no sólo su debacle como grupo de poder en el gobierno, sino dentro de su partido y el fortalecimiento de los malandros que hoy tratan de combatir y que lamentablemente son protegidos por los integrantes de las redes del poder delincuencial que non gobierna, encabezados por su presidente espurio FECAL y su líder Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, quienes los ha premiado con nominaciones a las candidaturas para diputados y senadores por ese partido. En el caso de Rogelio Sada Zambrano, ex - candidato a gobernador, ex- alcalde de San Pedro Garza García, ex-diputado federal y coordinador de diputados federales, un personaje distinguido por su fortaleza ideológica panista y el mantenimiento de férreas convicciones de la ética política, que renuncia al PAN después de más de 50 años de activismo porque “El grado de descomposición, que es una degeneración que ha venido desde el último decenio, ha sido muy aguda”; para algunos conmociona, sin embargo no integran en sus reflexiones sus cuestionados desempeños como sindico en el periodo del alcalde Adalberto Madero, uno de los simbólicos personajes de esa descomposición política en ese partido, que desde su función poderosa como sindico hubiera trascendido por lograr la aplicación rigurosa de las leyes en los actos corruptos que enmarcaron la proliferación de los giros negros y casinos donde se integraron las organizaciones criminales para sus operaciones con los resultados trágicos que hemos vivido, su accionar no fue mas allá de sumarse a la solicitud de expulsión de ese ex alcalde de Monterrey. De tal forma que podemos estar de acuerdo en sus gritos de “¡Fuera los corruptos. Que viva la honestidad!”?, si pero en todos los actos de nuestras vidas, actuando a tiempo y en sus momentos y ni solo reactivamente cuando hemos sido rebasados en nuestras tolerancias y se han afectado nuestros intereses. Ni que decir de Alejandro Páez Aragón, ex alcalde del Municipio de Santa Catarina y San Pedro, personaje que también renuncia a ese partido por estas desviaciones e incongruencias, cuando su vida política esta marcada por su integración como funcionario de los priístas, como en el régimen del ex gobernador Natividad González Paras. Ambos personajes, luego de sus renuncias, por sus férreas convicciones contra el panismo degenerado y perverso terminaron en la paradoja de sumarse al apoyo de la candidata a la presidencia de ese mismo partido Josefina Vázquez Mota, encabezando la primera reunión de un consejo ciudadano que operará en Nuevo León para la conformación de su plataforma rumbo al proceso electoral federal, y en el que Páez Aragón será coordinador.
Los partidos de izquierda no se quedan atrás con sus dirigentes que enarbolan la lucha por la democracia y una vez que tienen el poder lo usan para fortalecer los nefastos autoritarismos, la cultura antidemocrática, la opacidad en sus ejercicios y su integración a los actos corruptos, prestos a exterminar a los personajes y acabar con los procesos que les exigen congruencia y que hagan honor a la palabra y los programas políticos que proponían cuando iniciaban sus campañas políticas. He podido vivenciar el ejercicio de esos poderes, y sus perversiones y desviaciones, en las luchas que con otros compañeros hemos tenido al interior de los principales partidos de izquierda en nuestro estado (PRD y el PT) donde la renovación para su fortalecimiento institucional no ha prosperado demeritando en partidos subdesarrollados y desorganizados institucionalmente, debilitados ideológicamente, muy lejos de sus integraciones concientes y de convicción revolucionaria de sus ideologías socialistas, mas lejos de subsumir la ética política que en el pasado nos distinguía a quienes militábamos en la izquierda. Sus usos del poder en las posiciones legislativas y de los ayuntamientos se han distinguido por sus facilidades de cohabitar con los gobiernos pripanistas, sin dificultades, aderezando perfectamente la pretendida pluralidad democrática de sus regimenes autoritarios y desde luego disfrutando gozosamente las prebendas que les otorgan. No se diga como en el caso del PT, en sus instituciones donde con su gran poder reproducen la cultura antidemocrática y sus lacras de autoritarismo y transgresiones impunes, y cuando han llegado a ser gobierno con el PRI, como sucedió en el ayuntamiento de Monterrey (2003-2006) que encabezo Ricardo Canavati Tafich. donde no batallaron para cohabitar y acabar con sus congruentes principios revolucionarios para la construcción de la democracia, la buena administración y la lucha contra la corrupción de nuestra sociedad.

En fin son los usos del poder los que definen la trascendencia de los políticos y los gobernantes, que hasta hoy se han limitado sin logara trascender para transformar de fondo nuestra sociedad mexicana que este año se encuentra con la extrema necesidad de que dejemos a un lado los antivalores que amenazan con lograr una mayor y peligrosa desintegración social.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES II

En el marco de los derechos de las mujeres a la salud, sus necesidades han girado en torno al pleno ejercicio de sus derechos reproductivos y sexuales desde el principio de integralidad que proporcionan los derechos humanos, así como lograr su articulación con los ámbitos educativos, laborales y otros derechos como el de una vida libre de violencia y de las libertades fundamentales que no impongan las creencias de los cultos en las conductas sexuales y reproductoras de la humanidad creando mitos y prejuicios que coadyuvan como factores de riesgo en los problemas de salud de las mujeres. Los debates y la interpretación judicial de los derechos vinculados a la sexualidad y a la reproducción no son del todo garantistas de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, conforme a los estándares más altos de protección de los derechos humanos de las mujeres contenidos en los tratados internacionales.
Es indignante que gobernantes y funcionarios, con sus instituciones, sigan sin garantizar el estado laico como fundamento básico para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, esta pendiente definir de manera más precisa las obligaciones de respeto, protección y garantía de estos derechos por parte del Estado mexicano. La consecuencia ha sido una mayor prevalencia del problema de los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, que sin vergüenza las autoridades responsables lo usan como “gran problema” que cada día se incrementa mas; esta también el aborto clandestino, los servicios de planificación familiar sin cobertura universal y con acceso gratuito, el mantenimiento de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, el vía crucis que las mujeres tienen que sufrir para tener el acceso a los servicios de prevención y atención oportuna de los canceres que transgreden su salud, de las enfermedades transmisibles sexualmente, de los trastornos derivados de la menopausia, de sus depresiones y ansiedades correlacionados con los prevalecientes estrés postraumáticos derivados de la violencia familiar, laboral e institucional que la victimiza, de las emergentes ludopatias por la permisividad criminal de los negocios del juego y el entretenimiento; y por ultimo los problemas derivados de la explotación sexual y la pornografía.
Es necesario homologar las legislaciones de todos los estados, integrando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacía los estándares mas altos que se han alcanzado en los países con mas alto desarrollo social y humano de sus sociedades donde se incluya lo relacionado con el aborto legal, desde la perspectiva de la salud pública y no como un problema abordado desde la perspectiva religiosa, se trata de eliminar los abortos clandestinos y sus efectos sobre la morbi-mortalidad materna. El derecho a decidir libremente sobre su sexualidad debe estar vigente desde la adolescencia, con la garantía del acceso a los servicios de consejería en salud sexual reproductiva, sobre todo a los métodos y técnicas de planificación familiar en forma gratuita. Es necesario fomentar la oferta ampliada de los métodos anticonceptivos de desarrollo reciente, como la anticoncepción de emergencia y el condón femenino y promover y apoyar la investigación sobre métodos de control de la fecundidad que se apliquen en el cuerpo de los hombres.
Los funcionarios deben de lograr el trato calido y respetuoso, por parte del personal de salud a las mujeres usuarias de sus programas, mas en las afectadas por enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas y en las trabajadoras del sexo; por lo cual es necesario asignar mas personal profesional especializado y desarrollar con eficiencia y eficacia mas capacitación básica y continua sobre la perspectiva de genero y los derechos humanos de las mujeres. Se debe lograr eliminar las prácticas de esterilización forzada que aun prevalecen en zonas rurales e indígenas y lograr la difusión plena la información sobre los riesgos de infecciones de transmisión sexual, y promover prácticas de sexo seguro. Es absurdo el incremento de la atención del parto mediante la técnica cesárea, que como sociedad nos distingue en el mundo, por su alta prevalencia, se debe exigir un certificado de consentimiento informado y sancionar al personal médico que las realice en los servicios de salud pública, cuando no se justifican. Es necesario que se logre la aplicación eficaz de los programas de detección y atención de cáncer cérvico-uterino y mamario en todo el territorio nacional, mediante insumos, materiales, equipos de laboratorio, métodos, diagnósticos y atención suficientes a todas las mujeres en vida sexual activa, superar los largos tiempos de espera en las diferentes etapas de prevención y tratamiento de estas calamidades que siguen agobiando a las mujeres mexicanas. Paralelamente se deben desarrollar programas, servicios y especialistas en atención de la menopausia y del envejecimiento femenino, acordes con el proceso de transición demográfica.
Se debe aumentar la cobertura y actualizar los servicios para atender las necesidades de la población adolescente y joven en materia de sus derechos sexuales y de salud reproductiva, promoviendo el debate informado en torno a los derechos sexuales de los jóvenes y a las alternativas para que puedan regular su fecundidad y protegerse con las infecciones de transmisión sexual; homogeneizar las bases de los programas de las instituciones que atienden la salud y la información en materia de sexualidad de la juventud y la adolescencia; y promover campañas de información sobre los riesgos de los embarazos en adolescentes y los derechos ante un abuso y violencia sexual en el noviazgo y en la familia.
En el marco de la igualdad de derechos en la esfera de la educación persiste principalmente el reto de garantizar dicho acceso igualitario sin ningun obstaculo, así como garantizar una educación sustentada en valores de igualdad entre los géneros. La educación laica, gratuita y obligatoria como responsabilidad social del Estado en todos los niveles sigue esperando ser satisfecha, situación que ha sido fundamental para los obstáculos al desarrollo integral y la materia de equidad en el acceso a la educación en México para las mujeres. Siguen pendientes los procesos de gestión más equitativa y democrática de la educación en todos los niveles del sistema y asegurar ese principio de laicidad en la enseñanza de los contenidos curriculares sobre la salud sexual y reproductiva y no se diga en la transversalización de la perspectiva de género durante el proceso educativo. Los planes y programas de estudio no han integrado las técnicas de la educación para la paz y la solución pacifica de conflictos para lograr incidir en la superación de la violencia sistémica de género. Por último sigue sin lograrse la Educación sexual integral desde la primera edad escolar y en el resto de las etapas educativas, secundaria, bachillerato y el nivel superior, para lograr la formación de individuos capaces de vivir en plenitud su salud sexual y reproductiva y con ello coadyuvar en la prevención de las tragedias que con estilo de vida saludables permiten un mejor desarrollo humano en nuestra sociedad. Es lamentable que personas con supuestos altos niveles educativos de postgrado sigan proyectando no sólo su ignorancia sobre el conocimiento científico mínimo sobre la sexualidad humana sino conductas misóginas y machistas en el seno de sus ámbitos familiares, laborales y académicos.
Como hemos visto prevalecen grandes pendientes en nuestro país para lograr el respeto pleno a los derechos de las mujeres y que prevalezca una cultura de igualdad de género, donde los principales responsables siguen siendo los gobernantes y funcionarios de los tres niveles y aparatos de gobierno que en días como este para la jornada internacional de lucha por los derechos de la mujer sólo asumen en sus discursos “el firme compromiso de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” como lo hizo el gobernador de nuestro estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, en el acto protocolario oficial que desarrollo el Instituto Estatal de la Mujer y donde paradójicamente su directora, María Elena Chapa, informo “la existencia de 46 modificaciones pendientes de su aprobación por los diputados integrantes del Congreso Local, que ayudarían a evitar o castigar la violencia en contra de las mujeres, que incluyen las procedimentales, las del Código Penal, del Código Civil, además de otros temas relacionados con el comercio y turismo sexuales y la explotación” (http://impreso.milenio.com/node/9125845), tan sólo en ese rubro, sin recibir respuestas responsables de las autoridades presentes, sólo nuevamente promesas, de esas que los políticos están acostumbrados a hacer en sus posturas demagógicas que les prevalece y que a nosotros como simples ciudadanos nos compromete a seguir luchando por esa anhelada igualdad de genero y el respeto cabal de los derechos de nuestras compañeras las mujeres.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

El próximo 8 de marzo celebraremos, una vez mas, el Día Internacional de la Mujer, día en que se conmemora la lucha de la mujer por su participación en condiciones de igualdad con el hombre en el desarrollo de la sociedad y en su desarrollo integro como persona. Se trata de una jornada más por los derechos de la mujer, establecida por la ONU, para recordar, promover y fomentar en todo el mundo el respeto incondicional a los derechos de las mujeres y sus condiciones inherentes de equidad de género en las políticas de los gobiernos y en el seno de las instituciones de sus sociedades. Este año en reconocimiento a su papel fundamental y su contribución al desarrollo se ha designado el lema “Habilitar a la Mujer Campesina-Acabar con el Hambre y la Pobreza” dedicado a las mujeres del medio rural que con su dedicación contribuyen al progreso agrícola del mundo. Paradójicamente las mujeres de nuestro medio rural en México son de las que mas sufren la marginación y discriminación por las políticas de los gobiernos que reproducen los graves obstáculos para su desarrollo humano.
En el marco de esta jornada abordare los principales problemas relacionados con los derechos de las mujeres que continúan como pendientes de ser solucionados en nuestra patria, en el contexto de dos documentos básicos, sobre este tema, elaborados por la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH). Uno fue elaborado en el 2003, contiene un diagnostico y señala los principales obstáculos estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el país, enmarcándolos en los derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, reconoce las necesidades de reformas legislativas y acciones administrativas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, formulando recomendaciones y propuestas viables bajo un espíritu constructivo; asimismo analiza las situaciones particulares de ciertos grupos y sectores de la sociedad civil, además de incluir un capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres.
El otro documento fue derivado de este, elaborado en el año 2006, donde la OACNUDH se planteó el ejercicio de actualización del Capítulo 5 sobre “Derechos Humanos de las Mujeres”, en el se diagnóstica, se reconocen los avances y, en su caso, la vigencia de los obstáculos estructurales y de las propuestas ya elaboradas en el Diagnóstico del 2003; en su elboracion participaron las principales autoridades del estado, responsables de las funciones y políticas públicas en el ejercicio de estos derechos, así como instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos y aquellas que trabajan puntualmente en la defensa de los derechos de las mujeres; participaron principalmente el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Ciudad Juárez, adscrita la Secretaría de Gobernación; la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para la Atención de los delitos relacionados con actos de violencia contra las Mujeres en el país, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Sistema de las Naciones Unidas en México.

Ambos documentos fueron expuestos a las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tratando de motivar su participación en el desarrollo de las recomendaciones y propuestas que permitieran fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres y la incorporación de la transversalización de la perspectiva de genero en sus políticas, programas y presupuestos y gestión no sólo de sus instituciones sino de los tres niveles de gobierno, reconociéndose hasta esa fecha el “ausente registro de acciones sólidas de nuestro estado, para sentar las bases de un proceso de institucionalización de esta perspectiva en su estructura”.
Pues bien, resulta que las recomendaciones generales, consideradas como de alta prioridad, integradas en esos documentos permanecen la mayoría vigentes en el marco de las necesidades del respeto incondicional a los derechos de las mujeres, principalmente derivadas de la ausente incorporación plena del conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que son los instrumentos que mejor representan las obligaciones y estándares más altos de los derechos humanos de las mujeres.
El mayor avance que nuestro estado ha logrado ha sido en el combate a la violencia familiar, principalmente en las legislaciones, creando instituciones, desarrollando programas de atención y apoyando los esfuerzos de la sociedad civil, aunque se reconocen vacíos legislativos inconsistentes con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales, sobre todo en los códigos penales de los estados donde todavía prevalecen delitos que en sí mismos son discriminatorios, como el delito de rapto, y también criterios discriminatorios en delitos como el estupro, aborto, lesiones y homicidio. En el ámbito civil, todavía no se reconocen plenamente los aportes que realizan las mujeres que se encargan de la crianza y atención del hogar. Por lo que respecta a la generación de bienes en el matrimonio, no se cuenta con avances suficientes para el cumplimiento de las sentencias de alimentos, lo que produce mayores cargas de trabajo y cuidado para las mujeres en la familia y limitaciones en el pleno disfrute de sus derechos. Continua pendiente lograr la homologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanos de las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país (códigos penales y civiles, reglamentación laboral, justicia cívica. El problema mas trascendente es el financiero, el estado no ha logrado asignar 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos para mujeres, como lo establece la Plataforma de Acción de Beijing, garantizando fondos para las políticas y programas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, como aquellos que fomenten el empleo productivo y el acceso de las mujeres a la propiedad, en particular en las entidades que presentan mayor desigualdad y en pueblos indígenas o conformados mayoritariamente por afrodescendientes.
En el marco de la incorporación de la perspectiva de genero en las políticas, programas, presupuestos y gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado Mexicano permanece pendiente la promoción del presupuesto con equidad de género, en el marco del Congreso de la Unión, de los congresos locales y de los gobiernos municipales. Son insuficientes las instancias de participación de la sociedad civil, en la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias, políticas y programas de equidad de género en los distintos niveles de gobierno y no se apoya ni se fortalece los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y falta fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trata y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país. Continúan padeciendo insuficiencias en las estrategias de articulación interinstitucional para potenciar la interdisciplinaridad e integralidad de las acciones, optimizando el aprovechamiento de los recursos, la información, el conocimiento y las experiencias de modelos de intervención. Prevalece la necesidad de integrar comisiones especializadas en los congresos locales, en los tribunales de justicia y en los ámbitos municipales que impulsen los programas de equidad de género. Lo más lamentable es que no se ha logrado incorporar el estudio de la teoría y la visión de género en los planes de estudio para la enseñanza de los recursos técnicos y profesionales que egresan de las escuelas y facultades de derecho, de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Sigue prevaleciendo la necesidad de lograr la capacitación integral al personal del poder judicial, de las procuradurías de justicia, de los cuerpos de seguridad pública, los defensores de oficio y todos los servidores públicos involucrados, sobre las formas de tratar a las víctimas de la violencia sexual,.
En la necesidad de reducir y redistribuir la carga total de trabajo de las mujeres y revalorar el aporte del trabajo doméstico al bienestar de nuestra sociedad, son las mujeres las que siguen dedicando mas sus tiempos en estas tareas, la inclusión de los hombres en los trabajos de cuidado de las personas y del trabajo doméstico es una tarea pendiente y urgente en la medida en que las mujeres cada día se incorporan de manera más sólida al trabajo productivo remunerado. Los servicios de apoyo en la crianza de los hijos, el cuidado de las personas siguen sin proporcionar cobertura adecuada. Falta ampliar la oferta pública, privada y social de servicios de guarderías, centros de desarrollo infantil y de educación preescolar, centros de día para enfermos crónicos, personas con discapacidad y adultos mayores, cocinas y comedores comunitarios, transporte escolar, actividades culturales y recreativas para jóvenes y niños, entre otros y en particular en zonas y actividades económicas con una amplia presencia de mujeres (maquilas, agroindustria, servicios de salud y de educación). Hace falta la regulación de los derechos de los y las trabajadoras domésticas, desde los estándares más altos de los derechos humanos y con una perspectiva de género. Promover cambios culturales mediante acciones educativas, de sensibilización y capacitación, respecto a la distribución de responsabilidades de hombres y mujeres en los trabajos domésticos y extradomésticas.

Por otra parte una de los hechos mas prevalecientes contra las mujeres sigue siendo la eliminación de estereotipos y prejuicios de genero, lo que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se habló como responsabilidad de “suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros”. Seguimos viviendo la impunidad de los medios de comunicación en la reproducción de conductas misóginas, discriminatorias, violentas y de abuso sexual; los legisladores no hacen uso de sus facultades legislativas para eliminar el uso de estereotipos, estigmas y prejuicios de género y sociales en los medios de comunicación, mas lejano esta que obliguen a que los medios incluyan contenidos de campañas de igualdad y no discriminación en tiempos oficiales y de Estado en sus horarios doble y triple A, que incluya la divulgación de los derechos humanos de las mujeres, los contenidos de las convenciones internacionales y los mecanismos para obtener información, realizar denuncias, exigir justicia y acceder a servicios.
Si bien es cierto que el mayor avance en la lucha por los derechos de las mujeres ha sido en el marco de acciones para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia, persisten rezagos en algunos de los estados sobre todo en la legislación administrativa de prevención, atención y sanción de la violencia familiar, en otros se resisten a reconocer la violación entre cónyuges como un delito y eliminar de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito de las mujeres. Deberían agravarse en todo el país las penas por homicidio, lesiones y agresiones a la sexualidad si suceden en relaciones familiares, penar severamente el secuestro que involucre agresiones sexuales y eliminar la eximente del matrimonio en el estupro. Falta incluir, en todos los códigos civiles, la causal de violencia familiar en lugar de la sevicia y malos tratos, modernizar los derechos procesales penal y civil en la materia, según corresponda, de probanza, reparación del daño, trato digno y respeto a los derechos de las personas ofendidas, así como protección idónea de las víctimas. Sigue la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia al no dar curso pronto y ágil a las denuncias sobre desapariciones, secuestros, asesinatos, violaciones y torturas perpetrados contra mujeres en el país. Pero lo más importante ha sido que no se ha logrado la eficiencia interinstitucional en los procesos de atención a la violencia familiar de manera que se detecte, prevenga y atienda, mediante un trabajo coordinado e interdisciplinario lo cual impacta en el insuficiente desarrollo, fortalecimiento y ampliación de cobertura de servicios para la atención de las víctimas en las zonas urbanas y rurales incluyendo unidades especializadas en la procuración e impartición de justicia, refugios, servicios de atención especializada y apoyos para independizar económicamente a las víctimas de violencia.
El desarrollo político, social y económico de nuestro país ha creado obstáculos que impiden adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos politicos, sociales y culturales. Sigue sin lograrse el reconocimiento y garantía de los derechos como sujeto pleno de derechos, y el reconocimiento de los aportes que realiza a la economía y a la vida social. En este campo destacan los derechos laborales, derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud, la educación, y la cultura. En el contexto laboral continúa la violación de los derechos humanos laborales, sobre todo en las maquiladoras, de sus trabajadoras y trabajadores, respetando los convenios internacionales firmados por México, existe la iniquidad en las cuotas de representación de mujeres en las dirigencias sindicales, legislar sobre el trabajo sexual que les proteja y otorgue derechos a la educación, salud, vivienda, maternidad y pensiones por invalidez o vejez, prohibir la publicación de información sobre vacantes de trabajo que contengan elementos discriminatorios por sexo, edad, condición física, etnia, raza u orientación sexual, proteger las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar, asegurándoles contratos de trabajo, derechos por antigüedad, permisos por maternidad, vacaciones pagadas, aguinaldo y días de descanso. Eliminar de la legislación laboral, las distinciones discriminatorias entre trabajadores, tales como la raza, etnia, color, discapacidad, sexo, orientación sexual, credo religioso, doctrina política o condición social, estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares. En materia de vivienda eliminar los obstáculos legislativos, institucionales y culturales, y apoyar programas que permitan a las mujeres rurales e indígenas el ejercicio del derecho a la vivienda, a la tierra, a heredar la propiedad rural y activos productivos y a tener acceso a la asignación de parcelas en los ejidos, así como al agua, a los insumos, al crédito y los apoyos técnicos para la producción.
Continúa la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, si bien el COFIPE avanzó obligando a los partidos a cubrir cuotas de genero, siguen simulando su cumplimiento y el resultado ha sido que en las cámaras no se alcanzan porcentajes representativos de mas del 40% con la presencia de la mujeres; debería lograrse la paridad entre los géneros tanto en posiciones uninominales como plurinominales y en las titularidades y suplencias en las elecciones del Congreso. Ni hablar de la inexistente equidad en los nombramientos de los integrantes de las administraciones de los tres niveles de gobierno en nuestro país. La mayoría de las dirigencias de los partidos políticos siguen siendo sin la inclusión de la cuota de género en todos los niveles de su organización y lamentablemente la mujer sigue siendo objeto de uso por los dirigentes inmersos en su machismo y misoginia contra las mujeres.
Del derecho de las mujeres a la salud y la educación escribiremos en la próxima semana.