El próximo 8 de marzo celebraremos, una vez mas, el Día Internacional de la Mujer, día en que se conmemora la lucha de la mujer por su participación en condiciones de igualdad con el hombre en el desarrollo de la sociedad y en su desarrollo integro como persona. Se trata de una jornada más por los derechos de la mujer, establecida por la ONU, para recordar, promover y fomentar en todo el mundo el respeto incondicional a los derechos de las mujeres y sus condiciones inherentes de equidad de género en las políticas de los gobiernos y en el seno de las instituciones de sus sociedades. Este año en reconocimiento a su papel fundamental y su contribución al desarrollo se ha designado el lema “Habilitar a la Mujer Campesina-Acabar con el Hambre y la Pobreza” dedicado a las mujeres del medio rural que con su dedicación contribuyen al progreso agrícola del mundo. Paradójicamente las mujeres de nuestro medio rural en México son de las que mas sufren la marginación y discriminación por las políticas de los gobiernos que reproducen los graves obstáculos para su desarrollo humano.
En el marco de esta jornada abordare los principales problemas relacionados con los derechos de las mujeres que continúan como pendientes de ser solucionados en nuestra patria, en el contexto de dos documentos básicos, sobre este tema, elaborados por la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH). Uno fue elaborado en el 2003, contiene un diagnostico y señala los principales obstáculos estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el país, enmarcándolos en los derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, reconoce las necesidades de reformas legislativas y acciones administrativas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, formulando recomendaciones y propuestas viables bajo un espíritu constructivo; asimismo analiza las situaciones particulares de ciertos grupos y sectores de la sociedad civil, además de incluir un capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres.
El otro documento fue derivado de este, elaborado en el año 2006, donde la OACNUDH se planteó el ejercicio de actualización del Capítulo 5 sobre “Derechos Humanos de las Mujeres”, en el se diagnóstica, se reconocen los avances y, en su caso, la vigencia de los obstáculos estructurales y de las propuestas ya elaboradas en el Diagnóstico del 2003; en su elboracion participaron las principales autoridades del estado, responsables de las funciones y políticas públicas en el ejercicio de estos derechos, así como instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos y aquellas que trabajan puntualmente en la defensa de los derechos de las mujeres; participaron principalmente el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Ciudad Juárez, adscrita la Secretaría de Gobernación; la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para la Atención de los delitos relacionados con actos de violencia contra las Mujeres en el país, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Sistema de las Naciones Unidas en México.
En el marco de esta jornada abordare los principales problemas relacionados con los derechos de las mujeres que continúan como pendientes de ser solucionados en nuestra patria, en el contexto de dos documentos básicos, sobre este tema, elaborados por la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH). Uno fue elaborado en el 2003, contiene un diagnostico y señala los principales obstáculos estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el país, enmarcándolos en los derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, reconoce las necesidades de reformas legislativas y acciones administrativas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, formulando recomendaciones y propuestas viables bajo un espíritu constructivo; asimismo analiza las situaciones particulares de ciertos grupos y sectores de la sociedad civil, además de incluir un capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres.
El otro documento fue derivado de este, elaborado en el año 2006, donde la OACNUDH se planteó el ejercicio de actualización del Capítulo 5 sobre “Derechos Humanos de las Mujeres”, en el se diagnóstica, se reconocen los avances y, en su caso, la vigencia de los obstáculos estructurales y de las propuestas ya elaboradas en el Diagnóstico del 2003; en su elboracion participaron las principales autoridades del estado, responsables de las funciones y políticas públicas en el ejercicio de estos derechos, así como instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos y aquellas que trabajan puntualmente en la defensa de los derechos de las mujeres; participaron principalmente el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Ciudad Juárez, adscrita la Secretaría de Gobernación; la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para la Atención de los delitos relacionados con actos de violencia contra las Mujeres en el país, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Sistema de las Naciones Unidas en México.
Ambos documentos fueron expuestos a las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tratando de motivar su participación en el desarrollo de las recomendaciones y propuestas que permitieran fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres y la incorporación de la transversalización de la perspectiva de genero en sus políticas, programas y presupuestos y gestión no sólo de sus instituciones sino de los tres niveles de gobierno, reconociéndose hasta esa fecha el “ausente registro de acciones sólidas de nuestro estado, para sentar las bases de un proceso de institucionalización de esta perspectiva en su estructura”.
Pues bien, resulta que las recomendaciones generales, consideradas como de alta prioridad, integradas en esos documentos permanecen la mayoría vigentes en el marco de las necesidades del respeto incondicional a los derechos de las mujeres, principalmente derivadas de la ausente incorporación plena del conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que son los instrumentos que mejor representan las obligaciones y estándares más altos de los derechos humanos de las mujeres.
El mayor avance que nuestro estado ha logrado ha sido en el combate a la violencia familiar, principalmente en las legislaciones, creando instituciones, desarrollando programas de atención y apoyando los esfuerzos de la sociedad civil, aunque se reconocen vacíos legislativos inconsistentes con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales, sobre todo en los códigos penales de los estados donde todavía prevalecen delitos que en sí mismos son discriminatorios, como el delito de rapto, y también criterios discriminatorios en delitos como el estupro, aborto, lesiones y homicidio. En el ámbito civil, todavía no se reconocen plenamente los aportes que realizan las mujeres que se encargan de la crianza y atención del hogar. Por lo que respecta a la generación de bienes en el matrimonio, no se cuenta con avances suficientes para el cumplimiento de las sentencias de alimentos, lo que produce mayores cargas de trabajo y cuidado para las mujeres en la familia y limitaciones en el pleno disfrute de sus derechos. Continua pendiente lograr la homologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanos de las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país (códigos penales y civiles, reglamentación laboral, justicia cívica. El problema mas trascendente es el financiero, el estado no ha logrado asignar 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos para mujeres, como lo establece la Plataforma de Acción de Beijing, garantizando fondos para las políticas y programas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, como aquellos que fomenten el empleo productivo y el acceso de las mujeres a la propiedad, en particular en las entidades que presentan mayor desigualdad y en pueblos indígenas o conformados mayoritariamente por afrodescendientes.
En el marco de la incorporación de la perspectiva de genero en las políticas, programas, presupuestos y gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado Mexicano permanece pendiente la promoción del presupuesto con equidad de género, en el marco del Congreso de la Unión, de los congresos locales y de los gobiernos municipales. Son insuficientes las instancias de participación de la sociedad civil, en la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias, políticas y programas de equidad de género en los distintos niveles de gobierno y no se apoya ni se fortalece los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y falta fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trata y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país. Continúan padeciendo insuficiencias en las estrategias de articulación interinstitucional para potenciar la interdisciplinaridad e integralidad de las acciones, optimizando el aprovechamiento de los recursos, la información, el conocimiento y las experiencias de modelos de intervención. Prevalece la necesidad de integrar comisiones especializadas en los congresos locales, en los tribunales de justicia y en los ámbitos municipales que impulsen los programas de equidad de género. Lo más lamentable es que no se ha logrado incorporar el estudio de la teoría y la visión de género en los planes de estudio para la enseñanza de los recursos técnicos y profesionales que egresan de las escuelas y facultades de derecho, de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Sigue prevaleciendo la necesidad de lograr la capacitación integral al personal del poder judicial, de las procuradurías de justicia, de los cuerpos de seguridad pública, los defensores de oficio y todos los servidores públicos involucrados, sobre las formas de tratar a las víctimas de la violencia sexual,.
En la necesidad de reducir y redistribuir la carga total de trabajo de las mujeres y revalorar el aporte del trabajo doméstico al bienestar de nuestra sociedad, son las mujeres las que siguen dedicando mas sus tiempos en estas tareas, la inclusión de los hombres en los trabajos de cuidado de las personas y del trabajo doméstico es una tarea pendiente y urgente en la medida en que las mujeres cada día se incorporan de manera más sólida al trabajo productivo remunerado. Los servicios de apoyo en la crianza de los hijos, el cuidado de las personas siguen sin proporcionar cobertura adecuada. Falta ampliar la oferta pública, privada y social de servicios de guarderías, centros de desarrollo infantil y de educación preescolar, centros de día para enfermos crónicos, personas con discapacidad y adultos mayores, cocinas y comedores comunitarios, transporte escolar, actividades culturales y recreativas para jóvenes y niños, entre otros y en particular en zonas y actividades económicas con una amplia presencia de mujeres (maquilas, agroindustria, servicios de salud y de educación). Hace falta la regulación de los derechos de los y las trabajadoras domésticas, desde los estándares más altos de los derechos humanos y con una perspectiva de género. Promover cambios culturales mediante acciones educativas, de sensibilización y capacitación, respecto a la distribución de responsabilidades de hombres y mujeres en los trabajos domésticos y extradomésticas.
Por otra parte una de los hechos mas prevalecientes contra las mujeres sigue siendo la eliminación de estereotipos y prejuicios de genero, lo que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se habló como responsabilidad de “suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros”. Seguimos viviendo la impunidad de los medios de comunicación en la reproducción de conductas misóginas, discriminatorias, violentas y de abuso sexual; los legisladores no hacen uso de sus facultades legislativas para eliminar el uso de estereotipos, estigmas y prejuicios de género y sociales en los medios de comunicación, mas lejano esta que obliguen a que los medios incluyan contenidos de campañas de igualdad y no discriminación en tiempos oficiales y de Estado en sus horarios doble y triple A, que incluya la divulgación de los derechos humanos de las mujeres, los contenidos de las convenciones internacionales y los mecanismos para obtener información, realizar denuncias, exigir justicia y acceder a servicios.
Si bien es cierto que el mayor avance en la lucha por los derechos de las mujeres ha sido en el marco de acciones para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia, persisten rezagos en algunos de los estados sobre todo en la legislación administrativa de prevención, atención y sanción de la violencia familiar, en otros se resisten a reconocer la violación entre cónyuges como un delito y eliminar de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito de las mujeres. Deberían agravarse en todo el país las penas por homicidio, lesiones y agresiones a la sexualidad si suceden en relaciones familiares, penar severamente el secuestro que involucre agresiones sexuales y eliminar la eximente del matrimonio en el estupro. Falta incluir, en todos los códigos civiles, la causal de violencia familiar en lugar de la sevicia y malos tratos, modernizar los derechos procesales penal y civil en la materia, según corresponda, de probanza, reparación del daño, trato digno y respeto a los derechos de las personas ofendidas, así como protección idónea de las víctimas. Sigue la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia al no dar curso pronto y ágil a las denuncias sobre desapariciones, secuestros, asesinatos, violaciones y torturas perpetrados contra mujeres en el país. Pero lo más importante ha sido que no se ha logrado la eficiencia interinstitucional en los procesos de atención a la violencia familiar de manera que se detecte, prevenga y atienda, mediante un trabajo coordinado e interdisciplinario lo cual impacta en el insuficiente desarrollo, fortalecimiento y ampliación de cobertura de servicios para la atención de las víctimas en las zonas urbanas y rurales incluyendo unidades especializadas en la procuración e impartición de justicia, refugios, servicios de atención especializada y apoyos para independizar económicamente a las víctimas de violencia.
El desarrollo político, social y económico de nuestro país ha creado obstáculos que impiden adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos politicos, sociales y culturales. Sigue sin lograrse el reconocimiento y garantía de los derechos como sujeto pleno de derechos, y el reconocimiento de los aportes que realiza a la economía y a la vida social. En este campo destacan los derechos laborales, derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud, la educación, y la cultura. En el contexto laboral continúa la violación de los derechos humanos laborales, sobre todo en las maquiladoras, de sus trabajadoras y trabajadores, respetando los convenios internacionales firmados por México, existe la iniquidad en las cuotas de representación de mujeres en las dirigencias sindicales, legislar sobre el trabajo sexual que les proteja y otorgue derechos a la educación, salud, vivienda, maternidad y pensiones por invalidez o vejez, prohibir la publicación de información sobre vacantes de trabajo que contengan elementos discriminatorios por sexo, edad, condición física, etnia, raza u orientación sexual, proteger las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar, asegurándoles contratos de trabajo, derechos por antigüedad, permisos por maternidad, vacaciones pagadas, aguinaldo y días de descanso. Eliminar de la legislación laboral, las distinciones discriminatorias entre trabajadores, tales como la raza, etnia, color, discapacidad, sexo, orientación sexual, credo religioso, doctrina política o condición social, estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares. En materia de vivienda eliminar los obstáculos legislativos, institucionales y culturales, y apoyar programas que permitan a las mujeres rurales e indígenas el ejercicio del derecho a la vivienda, a la tierra, a heredar la propiedad rural y activos productivos y a tener acceso a la asignación de parcelas en los ejidos, así como al agua, a los insumos, al crédito y los apoyos técnicos para la producción.
Continúa la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, si bien el COFIPE avanzó obligando a los partidos a cubrir cuotas de genero, siguen simulando su cumplimiento y el resultado ha sido que en las cámaras no se alcanzan porcentajes representativos de mas del 40% con la presencia de la mujeres; debería lograrse la paridad entre los géneros tanto en posiciones uninominales como plurinominales y en las titularidades y suplencias en las elecciones del Congreso. Ni hablar de la inexistente equidad en los nombramientos de los integrantes de las administraciones de los tres niveles de gobierno en nuestro país. La mayoría de las dirigencias de los partidos políticos siguen siendo sin la inclusión de la cuota de género en todos los niveles de su organización y lamentablemente la mujer sigue siendo objeto de uso por los dirigentes inmersos en su machismo y misoginia contra las mujeres.
Del derecho de las mujeres a la salud y la educación escribiremos en la próxima semana.
Pues bien, resulta que las recomendaciones generales, consideradas como de alta prioridad, integradas en esos documentos permanecen la mayoría vigentes en el marco de las necesidades del respeto incondicional a los derechos de las mujeres, principalmente derivadas de la ausente incorporación plena del conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que son los instrumentos que mejor representan las obligaciones y estándares más altos de los derechos humanos de las mujeres.
El mayor avance que nuestro estado ha logrado ha sido en el combate a la violencia familiar, principalmente en las legislaciones, creando instituciones, desarrollando programas de atención y apoyando los esfuerzos de la sociedad civil, aunque se reconocen vacíos legislativos inconsistentes con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales, sobre todo en los códigos penales de los estados donde todavía prevalecen delitos que en sí mismos son discriminatorios, como el delito de rapto, y también criterios discriminatorios en delitos como el estupro, aborto, lesiones y homicidio. En el ámbito civil, todavía no se reconocen plenamente los aportes que realizan las mujeres que se encargan de la crianza y atención del hogar. Por lo que respecta a la generación de bienes en el matrimonio, no se cuenta con avances suficientes para el cumplimiento de las sentencias de alimentos, lo que produce mayores cargas de trabajo y cuidado para las mujeres en la familia y limitaciones en el pleno disfrute de sus derechos. Continua pendiente lograr la homologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanos de las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país (códigos penales y civiles, reglamentación laboral, justicia cívica. El problema mas trascendente es el financiero, el estado no ha logrado asignar 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos para mujeres, como lo establece la Plataforma de Acción de Beijing, garantizando fondos para las políticas y programas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, como aquellos que fomenten el empleo productivo y el acceso de las mujeres a la propiedad, en particular en las entidades que presentan mayor desigualdad y en pueblos indígenas o conformados mayoritariamente por afrodescendientes.
En el marco de la incorporación de la perspectiva de genero en las políticas, programas, presupuestos y gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado Mexicano permanece pendiente la promoción del presupuesto con equidad de género, en el marco del Congreso de la Unión, de los congresos locales y de los gobiernos municipales. Son insuficientes las instancias de participación de la sociedad civil, en la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias, políticas y programas de equidad de género en los distintos niveles de gobierno y no se apoya ni se fortalece los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y falta fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trata y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país. Continúan padeciendo insuficiencias en las estrategias de articulación interinstitucional para potenciar la interdisciplinaridad e integralidad de las acciones, optimizando el aprovechamiento de los recursos, la información, el conocimiento y las experiencias de modelos de intervención. Prevalece la necesidad de integrar comisiones especializadas en los congresos locales, en los tribunales de justicia y en los ámbitos municipales que impulsen los programas de equidad de género. Lo más lamentable es que no se ha logrado incorporar el estudio de la teoría y la visión de género en los planes de estudio para la enseñanza de los recursos técnicos y profesionales que egresan de las escuelas y facultades de derecho, de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Sigue prevaleciendo la necesidad de lograr la capacitación integral al personal del poder judicial, de las procuradurías de justicia, de los cuerpos de seguridad pública, los defensores de oficio y todos los servidores públicos involucrados, sobre las formas de tratar a las víctimas de la violencia sexual,.
En la necesidad de reducir y redistribuir la carga total de trabajo de las mujeres y revalorar el aporte del trabajo doméstico al bienestar de nuestra sociedad, son las mujeres las que siguen dedicando mas sus tiempos en estas tareas, la inclusión de los hombres en los trabajos de cuidado de las personas y del trabajo doméstico es una tarea pendiente y urgente en la medida en que las mujeres cada día se incorporan de manera más sólida al trabajo productivo remunerado. Los servicios de apoyo en la crianza de los hijos, el cuidado de las personas siguen sin proporcionar cobertura adecuada. Falta ampliar la oferta pública, privada y social de servicios de guarderías, centros de desarrollo infantil y de educación preescolar, centros de día para enfermos crónicos, personas con discapacidad y adultos mayores, cocinas y comedores comunitarios, transporte escolar, actividades culturales y recreativas para jóvenes y niños, entre otros y en particular en zonas y actividades económicas con una amplia presencia de mujeres (maquilas, agroindustria, servicios de salud y de educación). Hace falta la regulación de los derechos de los y las trabajadoras domésticas, desde los estándares más altos de los derechos humanos y con una perspectiva de género. Promover cambios culturales mediante acciones educativas, de sensibilización y capacitación, respecto a la distribución de responsabilidades de hombres y mujeres en los trabajos domésticos y extradomésticas.
Por otra parte una de los hechos mas prevalecientes contra las mujeres sigue siendo la eliminación de estereotipos y prejuicios de genero, lo que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se habló como responsabilidad de “suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros”. Seguimos viviendo la impunidad de los medios de comunicación en la reproducción de conductas misóginas, discriminatorias, violentas y de abuso sexual; los legisladores no hacen uso de sus facultades legislativas para eliminar el uso de estereotipos, estigmas y prejuicios de género y sociales en los medios de comunicación, mas lejano esta que obliguen a que los medios incluyan contenidos de campañas de igualdad y no discriminación en tiempos oficiales y de Estado en sus horarios doble y triple A, que incluya la divulgación de los derechos humanos de las mujeres, los contenidos de las convenciones internacionales y los mecanismos para obtener información, realizar denuncias, exigir justicia y acceder a servicios.
Si bien es cierto que el mayor avance en la lucha por los derechos de las mujeres ha sido en el marco de acciones para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia, persisten rezagos en algunos de los estados sobre todo en la legislación administrativa de prevención, atención y sanción de la violencia familiar, en otros se resisten a reconocer la violación entre cónyuges como un delito y eliminar de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito de las mujeres. Deberían agravarse en todo el país las penas por homicidio, lesiones y agresiones a la sexualidad si suceden en relaciones familiares, penar severamente el secuestro que involucre agresiones sexuales y eliminar la eximente del matrimonio en el estupro. Falta incluir, en todos los códigos civiles, la causal de violencia familiar en lugar de la sevicia y malos tratos, modernizar los derechos procesales penal y civil en la materia, según corresponda, de probanza, reparación del daño, trato digno y respeto a los derechos de las personas ofendidas, así como protección idónea de las víctimas. Sigue la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia al no dar curso pronto y ágil a las denuncias sobre desapariciones, secuestros, asesinatos, violaciones y torturas perpetrados contra mujeres en el país. Pero lo más importante ha sido que no se ha logrado la eficiencia interinstitucional en los procesos de atención a la violencia familiar de manera que se detecte, prevenga y atienda, mediante un trabajo coordinado e interdisciplinario lo cual impacta en el insuficiente desarrollo, fortalecimiento y ampliación de cobertura de servicios para la atención de las víctimas en las zonas urbanas y rurales incluyendo unidades especializadas en la procuración e impartición de justicia, refugios, servicios de atención especializada y apoyos para independizar económicamente a las víctimas de violencia.
El desarrollo político, social y económico de nuestro país ha creado obstáculos que impiden adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos politicos, sociales y culturales. Sigue sin lograrse el reconocimiento y garantía de los derechos como sujeto pleno de derechos, y el reconocimiento de los aportes que realiza a la economía y a la vida social. En este campo destacan los derechos laborales, derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud, la educación, y la cultura. En el contexto laboral continúa la violación de los derechos humanos laborales, sobre todo en las maquiladoras, de sus trabajadoras y trabajadores, respetando los convenios internacionales firmados por México, existe la iniquidad en las cuotas de representación de mujeres en las dirigencias sindicales, legislar sobre el trabajo sexual que les proteja y otorgue derechos a la educación, salud, vivienda, maternidad y pensiones por invalidez o vejez, prohibir la publicación de información sobre vacantes de trabajo que contengan elementos discriminatorios por sexo, edad, condición física, etnia, raza u orientación sexual, proteger las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar, asegurándoles contratos de trabajo, derechos por antigüedad, permisos por maternidad, vacaciones pagadas, aguinaldo y días de descanso. Eliminar de la legislación laboral, las distinciones discriminatorias entre trabajadores, tales como la raza, etnia, color, discapacidad, sexo, orientación sexual, credo religioso, doctrina política o condición social, estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares. En materia de vivienda eliminar los obstáculos legislativos, institucionales y culturales, y apoyar programas que permitan a las mujeres rurales e indígenas el ejercicio del derecho a la vivienda, a la tierra, a heredar la propiedad rural y activos productivos y a tener acceso a la asignación de parcelas en los ejidos, así como al agua, a los insumos, al crédito y los apoyos técnicos para la producción.
Continúa la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, si bien el COFIPE avanzó obligando a los partidos a cubrir cuotas de genero, siguen simulando su cumplimiento y el resultado ha sido que en las cámaras no se alcanzan porcentajes representativos de mas del 40% con la presencia de la mujeres; debería lograrse la paridad entre los géneros tanto en posiciones uninominales como plurinominales y en las titularidades y suplencias en las elecciones del Congreso. Ni hablar de la inexistente equidad en los nombramientos de los integrantes de las administraciones de los tres niveles de gobierno en nuestro país. La mayoría de las dirigencias de los partidos políticos siguen siendo sin la inclusión de la cuota de género en todos los niveles de su organización y lamentablemente la mujer sigue siendo objeto de uso por los dirigentes inmersos en su machismo y misoginia contra las mujeres.
Del derecho de las mujeres a la salud y la educación escribiremos en la próxima semana.
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