Las instituciones establecidas para la rehabilitación social de las personas delincuentes, que son denominadas profesionalmente como “centros de reinserción social” en México, desde sus origenes se han constituido como centros de internamiento reforzadores de las conductas antisociales que dicen combatir, donde se reproducen las redes de corrupción, impunidad y sus direcciones están influidas por los propios grupos de delincuentes que los habitan como se proyecta en las tragedias de este pasado domingo 19 de febrero, que conmocionaron a nuestra sociedad por los hechos suscitados en el Centro de Reinserción Social ubicado en el municipio de Apodaca en nuestro estado de Nuevo León, donde murieron 44 personas y se fugaron 30 reos de alta peligrosidad. Es una tragedia que se suma a la suscitada, ahí mismo, en mayo de 2011 donde murieron en un incendio iniciado en el pabellón de psiquiatría, 14 presos y otros 35 resultaron heridos ese suceso. Es un hecho, además, que se suma a las tragedias que se han suscitado en otras cárceles de Nuevo León como la del CERESO de Cadereyta, que dejó siete reos muertos en la cárcel, y las de otros estados del país, que en los últimos cinco años han generado estos conflictos, como Tamaulipas (Matamoros, Altamira y Nuevo Laredo y Reynosa), Quintana Roo (Cancun 2006 y 2011), Chihuahua (Cd. Juárez 2007 y 2011), Baja California (Tijuana 2008), Durango (2008, 2009, 2010 y 2011) y Sinaloa (2008), como se reseña en la síntesis informativa en la pagina: http://www.eluniversal.com.mx/estados/83720.html
Hace mas de 31 años tuve la oportunidad de laborar profesionalmente, como médico, en el seno de una de esas instituciones, el penal de Topo Chico, semanas después de que se había desarrollado un motín de los internos que lamentablemente había causado la muerte del director Alfonso Domene Flormillan y de varios internos, al tratar de controlar la revuelta del amotinamiento; desde entonces ese lugar, como la mayoría que existen en el país, padecía el hacinamiento, por el exceso de internos, era el único penal del estado, tenía desigualdades en la atención de los internos que dependían del empoderamiento delincuentil, económico y político del interno que les permitía privilegios en las visitas, en el disfrute de comodidades con espacios exclusivos bien amueblados, con aparatos electrónicos y con su propia cocina. En tanto, la mayoría de los internos, tenia que soportar las reprobables condiciones ambientales sanitarias, la mala alimentación, el acecho constante de las enfermedades infecciosas y parasitarias, los espacios insuficientes, sin instalaciones adecuadas que facilitaran el desarrollo de las actividades profesionales para su clasificación y la atención de sus necesidades de salud, psicosociales, educativas, la capacitación para el trabajo y la reinserción social. Existía además una área para delincuentes que cursaban con enfermedad psiquiátrica muy deplorable, en peores condiciones de hacinamiento, insalubridad, abandonados y desnutridos. La mayoría de los internos sedientos de la justicia expedita, apegada a la legalidad (mas del sesenta por ciento no habían sido sentenciados), soportaban las transgresiones ordinarias a los derechos humanos, la deficiente gestión transparente, con deplorables procesos de atención y de servicios ineficientes y sin calidad, carentes de integralidad e interdisciplinaridad de las ciencias inmersas en estos procesos de atención, diagnóstico y rehabilitación, con modelos reduccionistas desfasados de las innovaciones que emergían con los avances de la criminología, con sistemas de vigilancia y supervisión transversalizados por el autoritarismo despótico y corrupto, con insuficiencia de personal y bajos niveles de profesionalismo, de conformidad con las normas internacionales estandarizadas para estos centros, con una gobernabilidad y estabilidad institucional influida por los grupos de poder de la delincuencia organizada y poniendo en riesgo permanente la seguridad penitenciaria. Esta prevaleciente corrupción, impunidad, hacinamiento y la complicidad de autoridades con delincuentes así como la burocracia exacerbada son los principales obstáculos para la reforma del sistema penitenciario en México, como lo señala Jorge A. Chávez Castillo en su ensayo sobre este problema publicado en:
http://revistareplicante.com/destacados/el-sistema-penitenciario-en-mexico/print/
Hace mas de 31 años tuve la oportunidad de laborar profesionalmente, como médico, en el seno de una de esas instituciones, el penal de Topo Chico, semanas después de que se había desarrollado un motín de los internos que lamentablemente había causado la muerte del director Alfonso Domene Flormillan y de varios internos, al tratar de controlar la revuelta del amotinamiento; desde entonces ese lugar, como la mayoría que existen en el país, padecía el hacinamiento, por el exceso de internos, era el único penal del estado, tenía desigualdades en la atención de los internos que dependían del empoderamiento delincuentil, económico y político del interno que les permitía privilegios en las visitas, en el disfrute de comodidades con espacios exclusivos bien amueblados, con aparatos electrónicos y con su propia cocina. En tanto, la mayoría de los internos, tenia que soportar las reprobables condiciones ambientales sanitarias, la mala alimentación, el acecho constante de las enfermedades infecciosas y parasitarias, los espacios insuficientes, sin instalaciones adecuadas que facilitaran el desarrollo de las actividades profesionales para su clasificación y la atención de sus necesidades de salud, psicosociales, educativas, la capacitación para el trabajo y la reinserción social. Existía además una área para delincuentes que cursaban con enfermedad psiquiátrica muy deplorable, en peores condiciones de hacinamiento, insalubridad, abandonados y desnutridos. La mayoría de los internos sedientos de la justicia expedita, apegada a la legalidad (mas del sesenta por ciento no habían sido sentenciados), soportaban las transgresiones ordinarias a los derechos humanos, la deficiente gestión transparente, con deplorables procesos de atención y de servicios ineficientes y sin calidad, carentes de integralidad e interdisciplinaridad de las ciencias inmersas en estos procesos de atención, diagnóstico y rehabilitación, con modelos reduccionistas desfasados de las innovaciones que emergían con los avances de la criminología, con sistemas de vigilancia y supervisión transversalizados por el autoritarismo despótico y corrupto, con insuficiencia de personal y bajos niveles de profesionalismo, de conformidad con las normas internacionales estandarizadas para estos centros, con una gobernabilidad y estabilidad institucional influida por los grupos de poder de la delincuencia organizada y poniendo en riesgo permanente la seguridad penitenciaria. Esta prevaleciente corrupción, impunidad, hacinamiento y la complicidad de autoridades con delincuentes así como la burocracia exacerbada son los principales obstáculos para la reforma del sistema penitenciario en México, como lo señala Jorge A. Chávez Castillo en su ensayo sobre este problema publicado en:
http://revistareplicante.com/destacados/el-sistema-penitenciario-en-mexico/print/
El hecho es que han pasado seis sexenios de gobiernos estatales y federales y cada gobernante ha incluido en el marco de sus “planes del desarrollo”, obligados por las leyes correspondientes, una y otra vez, proponiéndose realizar profundas reformas, pretendiendo la modernización del sistema penitenciario para lograr adecuarlo a las circunstancias que les ha tocado vivir en el ejercicio del poder buscando fortalecer la política pública sobre la seguridad de la población, todos en sus documentos redactan casi la misma fundamentación en este vital documento que establece los marcos legales programáticos para su ejercicio de gobierno, como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2009-2015: “Un aspecto que merece especial atención por su relación con la evolución de la delincuencia, es el de la eficacia de la reinserción social de los reos. El sistema penitenciario no cumple plenamente con sus propósitos en este campo y en el de operar como medio de control de presuntos responsables y sentenciados; en cierta medida se ha constituido en semillero de la delincuencia. Hay sobrepoblación en las cárceles; el número de internos sobrepasa en casi 30 por ciento, la capacidad instalada de los centros penitenciarios, lo que representa un riesgo para el control y las condiciones de salud. Los internos no están debidamente agrupados en función de la naturaleza, el fuero de sus delitos, y su peligrosidad; y persisten fenómenos de corrupción.”
A la luz de estos hechos trágicos resulta que a sus más de dos años de gobierno, su vocero Jorge Domene Zambrano hoy nos informa que en tan sólo en este Centro de Readaptación, ubicado en el municipio de Apodaca, tienen una sobrepoblación del 80% y tienen un gran déficit de personal, tan sólo en el rubro de custodios les falta mas del 50% de acuerdo al numero de internos que contienen. Para darse una idea de la magnitud del problema nacional de la sobrepoblación se puede consultar el cuaderno mensual correspondiente a febrero de 2011, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, respecto al Sistema Penitenciario Federal. Por Efrén Arellano Trejo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 104, de febrero de 2011, que refiere el problema persistente en los sistemas penitenciarios del hacinamiento con su población penitenciaria total asciende a 229,426 internos, de los cuales 4.52% son mujeres y que según el “esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad, desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento”. Sin duda este es uno de los factores coadyuvantes de los problemas que refiere, sin embargo el problema crónico de fondo es la ausente política pública que permita a los diferentes niveles de gobierno y a las instituciones procuradoras de justicia y seguridad pública lograr aplicar un modelo integral de atención y prevención a las conductas delincuentes que se han estado incrementando peligrosamente en nuestra sociedad; para lo cual se necesitan no sólo las reformas legales a los marcos jurídicos que regulan estas funciones sino una gran inversión financiera del estado sin lo cual no se solucionarían los problemas de fondo que obstaculizan la superación del mito de la readaptación social del régimen penitenciario que prevalece
Todo esto contrasta, y es lo más lamentable, con los informes elogiosos, autocomplacientes de los gobiernos, que año tras año las autoridades responsables insisten en comunicar con sus simulados avances, algunos perdidos en su soberbia victoriosa, refiriendo grandes avances, muy distantes de las realidades que prevalecen y que llegan a brotar como material purulento de estas podredrumbres institucionales que infestan a los centros de readaptación cuando se dan este tipo de tragedias. Mas lamentable ha sido que la mayoría de los profesionistas de las ciencias jurídicas, criminológicas y de la conducta guarden silencio cómplice de las realidades que prevalecen en estas políticas públicas y en los ambientes institucionales de estos centros penitenciarios por sus temores al desempleo y su marginación profesional convirtiéndose paradójicamente en personas despojadas de su dignidad, como la que prevalece sobre los internos de estos centros de reclusión que terminan por ser el sector más desprotegido de las sociedades, incluso por debajo de minorías étnicas, religiosas, sexuales y culturales.
A la luz de estos hechos trágicos resulta que a sus más de dos años de gobierno, su vocero Jorge Domene Zambrano hoy nos informa que en tan sólo en este Centro de Readaptación, ubicado en el municipio de Apodaca, tienen una sobrepoblación del 80% y tienen un gran déficit de personal, tan sólo en el rubro de custodios les falta mas del 50% de acuerdo al numero de internos que contienen. Para darse una idea de la magnitud del problema nacional de la sobrepoblación se puede consultar el cuaderno mensual correspondiente a febrero de 2011, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, respecto al Sistema Penitenciario Federal. Por Efrén Arellano Trejo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 104, de febrero de 2011, que refiere el problema persistente en los sistemas penitenciarios del hacinamiento con su población penitenciaria total asciende a 229,426 internos, de los cuales 4.52% son mujeres y que según el “esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad, desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento”. Sin duda este es uno de los factores coadyuvantes de los problemas que refiere, sin embargo el problema crónico de fondo es la ausente política pública que permita a los diferentes niveles de gobierno y a las instituciones procuradoras de justicia y seguridad pública lograr aplicar un modelo integral de atención y prevención a las conductas delincuentes que se han estado incrementando peligrosamente en nuestra sociedad; para lo cual se necesitan no sólo las reformas legales a los marcos jurídicos que regulan estas funciones sino una gran inversión financiera del estado sin lo cual no se solucionarían los problemas de fondo que obstaculizan la superación del mito de la readaptación social del régimen penitenciario que prevalece
Todo esto contrasta, y es lo más lamentable, con los informes elogiosos, autocomplacientes de los gobiernos, que año tras año las autoridades responsables insisten en comunicar con sus simulados avances, algunos perdidos en su soberbia victoriosa, refiriendo grandes avances, muy distantes de las realidades que prevalecen y que llegan a brotar como material purulento de estas podredrumbres institucionales que infestan a los centros de readaptación cuando se dan este tipo de tragedias. Mas lamentable ha sido que la mayoría de los profesionistas de las ciencias jurídicas, criminológicas y de la conducta guarden silencio cómplice de las realidades que prevalecen en estas políticas públicas y en los ambientes institucionales de estos centros penitenciarios por sus temores al desempleo y su marginación profesional convirtiéndose paradójicamente en personas despojadas de su dignidad, como la que prevalece sobre los internos de estos centros de reclusión que terminan por ser el sector más desprotegido de las sociedades, incluso por debajo de minorías étnicas, religiosas, sexuales y culturales.
Las cárceles mexicanas están muy lejos de lograr su función de reinserción social de los delincuentes que debiera tener como objetivo remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva de las personas, como instituciones representan el paradigma de las tragedias derivadas de la corrupción, injusticia e impunidad que padecemos en nuestra patria gobernada por políticos deshonestos, mediocres, perversos y cínicos.
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