En el marco de los derechos de las mujeres a la salud, sus necesidades han girado en torno al pleno ejercicio de sus derechos reproductivos y sexuales desde el principio de integralidad que proporcionan los derechos humanos, así como lograr su articulación con los ámbitos educativos, laborales y otros derechos como el de una vida libre de violencia y de las libertades fundamentales que no impongan las creencias de los cultos en las conductas sexuales y reproductoras de la humanidad creando mitos y prejuicios que coadyuvan como factores de riesgo en los problemas de salud de las mujeres. Los debates y la interpretación judicial de los derechos vinculados a la sexualidad y a la reproducción no son del todo garantistas de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, conforme a los estándares más altos de protección de los derechos humanos de las mujeres contenidos en los tratados internacionales.
Es indignante que gobernantes y funcionarios, con sus instituciones, sigan sin garantizar el estado laico como fundamento básico para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, esta pendiente definir de manera más precisa las obligaciones de respeto, protección y garantía de estos derechos por parte del Estado mexicano. La consecuencia ha sido una mayor prevalencia del problema de los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, que sin vergüenza las autoridades responsables lo usan como “gran problema” que cada día se incrementa mas; esta también el aborto clandestino, los servicios de planificación familiar sin cobertura universal y con acceso gratuito, el mantenimiento de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, el vía crucis que las mujeres tienen que sufrir para tener el acceso a los servicios de prevención y atención oportuna de los canceres que transgreden su salud, de las enfermedades transmisibles sexualmente, de los trastornos derivados de la menopausia, de sus depresiones y ansiedades correlacionados con los prevalecientes estrés postraumáticos derivados de la violencia familiar, laboral e institucional que la victimiza, de las emergentes ludopatias por la permisividad criminal de los negocios del juego y el entretenimiento; y por ultimo los problemas derivados de la explotación sexual y la pornografía.
Es necesario homologar las legislaciones de todos los estados, integrando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacía los estándares mas altos que se han alcanzado en los países con mas alto desarrollo social y humano de sus sociedades donde se incluya lo relacionado con el aborto legal, desde la perspectiva de la salud pública y no como un problema abordado desde la perspectiva religiosa, se trata de eliminar los abortos clandestinos y sus efectos sobre la morbi-mortalidad materna. El derecho a decidir libremente sobre su sexualidad debe estar vigente desde la adolescencia, con la garantía del acceso a los servicios de consejería en salud sexual reproductiva, sobre todo a los métodos y técnicas de planificación familiar en forma gratuita. Es necesario fomentar la oferta ampliada de los métodos anticonceptivos de desarrollo reciente, como la anticoncepción de emergencia y el condón femenino y promover y apoyar la investigación sobre métodos de control de la fecundidad que se apliquen en el cuerpo de los hombres.
Los funcionarios deben de lograr el trato calido y respetuoso, por parte del personal de salud a las mujeres usuarias de sus programas, mas en las afectadas por enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas y en las trabajadoras del sexo; por lo cual es necesario asignar mas personal profesional especializado y desarrollar con eficiencia y eficacia mas capacitación básica y continua sobre la perspectiva de genero y los derechos humanos de las mujeres. Se debe lograr eliminar las prácticas de esterilización forzada que aun prevalecen en zonas rurales e indígenas y lograr la difusión plena la información sobre los riesgos de infecciones de transmisión sexual, y promover prácticas de sexo seguro. Es absurdo el incremento de la atención del parto mediante la técnica cesárea, que como sociedad nos distingue en el mundo, por su alta prevalencia, se debe exigir un certificado de consentimiento informado y sancionar al personal médico que las realice en los servicios de salud pública, cuando no se justifican. Es necesario que se logre la aplicación eficaz de los programas de detección y atención de cáncer cérvico-uterino y mamario en todo el territorio nacional, mediante insumos, materiales, equipos de laboratorio, métodos, diagnósticos y atención suficientes a todas las mujeres en vida sexual activa, superar los largos tiempos de espera en las diferentes etapas de prevención y tratamiento de estas calamidades que siguen agobiando a las mujeres mexicanas. Paralelamente se deben desarrollar programas, servicios y especialistas en atención de la menopausia y del envejecimiento femenino, acordes con el proceso de transición demográfica.
Se debe aumentar la cobertura y actualizar los servicios para atender las necesidades de la población adolescente y joven en materia de sus derechos sexuales y de salud reproductiva, promoviendo el debate informado en torno a los derechos sexuales de los jóvenes y a las alternativas para que puedan regular su fecundidad y protegerse con las infecciones de transmisión sexual; homogeneizar las bases de los programas de las instituciones que atienden la salud y la información en materia de sexualidad de la juventud y la adolescencia; y promover campañas de información sobre los riesgos de los embarazos en adolescentes y los derechos ante un abuso y violencia sexual en el noviazgo y en la familia.
En el marco de la igualdad de derechos en la esfera de la educación persiste principalmente el reto de garantizar dicho acceso igualitario sin ningun obstaculo, así como garantizar una educación sustentada en valores de igualdad entre los géneros. La educación laica, gratuita y obligatoria como responsabilidad social del Estado en todos los niveles sigue esperando ser satisfecha, situación que ha sido fundamental para los obstáculos al desarrollo integral y la materia de equidad en el acceso a la educación en México para las mujeres. Siguen pendientes los procesos de gestión más equitativa y democrática de la educación en todos los niveles del sistema y asegurar ese principio de laicidad en la enseñanza de los contenidos curriculares sobre la salud sexual y reproductiva y no se diga en la transversalización de la perspectiva de género durante el proceso educativo. Los planes y programas de estudio no han integrado las técnicas de la educación para la paz y la solución pacifica de conflictos para lograr incidir en la superación de la violencia sistémica de género. Por último sigue sin lograrse la Educación sexual integral desde la primera edad escolar y en el resto de las etapas educativas, secundaria, bachillerato y el nivel superior, para lograr la formación de individuos capaces de vivir en plenitud su salud sexual y reproductiva y con ello coadyuvar en la prevención de las tragedias que con estilo de vida saludables permiten un mejor desarrollo humano en nuestra sociedad. Es lamentable que personas con supuestos altos niveles educativos de postgrado sigan proyectando no sólo su ignorancia sobre el conocimiento científico mínimo sobre la sexualidad humana sino conductas misóginas y machistas en el seno de sus ámbitos familiares, laborales y académicos.
Como hemos visto prevalecen grandes pendientes en nuestro país para lograr el respeto pleno a los derechos de las mujeres y que prevalezca una cultura de igualdad de género, donde los principales responsables siguen siendo los gobernantes y funcionarios de los tres niveles y aparatos de gobierno que en días como este para la jornada internacional de lucha por los derechos de la mujer sólo asumen en sus discursos “el firme compromiso de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” como lo hizo el gobernador de nuestro estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, en el acto protocolario oficial que desarrollo el Instituto Estatal de la Mujer y donde paradójicamente su directora, María Elena Chapa, informo “la existencia de 46 modificaciones pendientes de su aprobación por los diputados integrantes del Congreso Local, que ayudarían a evitar o castigar la violencia en contra de las mujeres, que incluyen las procedimentales, las del Código Penal, del Código Civil, además de otros temas relacionados con el comercio y turismo sexuales y la explotación” (http://impreso.milenio.com/node/9125845), tan sólo en ese rubro, sin recibir respuestas responsables de las autoridades presentes, sólo nuevamente promesas, de esas que los políticos están acostumbrados a hacer en sus posturas demagógicas que les prevalece y que a nosotros como simples ciudadanos nos compromete a seguir luchando por esa anhelada igualdad de genero y el respeto cabal de los derechos de nuestras compañeras las mujeres.
Es indignante que gobernantes y funcionarios, con sus instituciones, sigan sin garantizar el estado laico como fundamento básico para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, esta pendiente definir de manera más precisa las obligaciones de respeto, protección y garantía de estos derechos por parte del Estado mexicano. La consecuencia ha sido una mayor prevalencia del problema de los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, que sin vergüenza las autoridades responsables lo usan como “gran problema” que cada día se incrementa mas; esta también el aborto clandestino, los servicios de planificación familiar sin cobertura universal y con acceso gratuito, el mantenimiento de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, el vía crucis que las mujeres tienen que sufrir para tener el acceso a los servicios de prevención y atención oportuna de los canceres que transgreden su salud, de las enfermedades transmisibles sexualmente, de los trastornos derivados de la menopausia, de sus depresiones y ansiedades correlacionados con los prevalecientes estrés postraumáticos derivados de la violencia familiar, laboral e institucional que la victimiza, de las emergentes ludopatias por la permisividad criminal de los negocios del juego y el entretenimiento; y por ultimo los problemas derivados de la explotación sexual y la pornografía.
Es necesario homologar las legislaciones de todos los estados, integrando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacía los estándares mas altos que se han alcanzado en los países con mas alto desarrollo social y humano de sus sociedades donde se incluya lo relacionado con el aborto legal, desde la perspectiva de la salud pública y no como un problema abordado desde la perspectiva religiosa, se trata de eliminar los abortos clandestinos y sus efectos sobre la morbi-mortalidad materna. El derecho a decidir libremente sobre su sexualidad debe estar vigente desde la adolescencia, con la garantía del acceso a los servicios de consejería en salud sexual reproductiva, sobre todo a los métodos y técnicas de planificación familiar en forma gratuita. Es necesario fomentar la oferta ampliada de los métodos anticonceptivos de desarrollo reciente, como la anticoncepción de emergencia y el condón femenino y promover y apoyar la investigación sobre métodos de control de la fecundidad que se apliquen en el cuerpo de los hombres.
Los funcionarios deben de lograr el trato calido y respetuoso, por parte del personal de salud a las mujeres usuarias de sus programas, mas en las afectadas por enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas y en las trabajadoras del sexo; por lo cual es necesario asignar mas personal profesional especializado y desarrollar con eficiencia y eficacia mas capacitación básica y continua sobre la perspectiva de genero y los derechos humanos de las mujeres. Se debe lograr eliminar las prácticas de esterilización forzada que aun prevalecen en zonas rurales e indígenas y lograr la difusión plena la información sobre los riesgos de infecciones de transmisión sexual, y promover prácticas de sexo seguro. Es absurdo el incremento de la atención del parto mediante la técnica cesárea, que como sociedad nos distingue en el mundo, por su alta prevalencia, se debe exigir un certificado de consentimiento informado y sancionar al personal médico que las realice en los servicios de salud pública, cuando no se justifican. Es necesario que se logre la aplicación eficaz de los programas de detección y atención de cáncer cérvico-uterino y mamario en todo el territorio nacional, mediante insumos, materiales, equipos de laboratorio, métodos, diagnósticos y atención suficientes a todas las mujeres en vida sexual activa, superar los largos tiempos de espera en las diferentes etapas de prevención y tratamiento de estas calamidades que siguen agobiando a las mujeres mexicanas. Paralelamente se deben desarrollar programas, servicios y especialistas en atención de la menopausia y del envejecimiento femenino, acordes con el proceso de transición demográfica.
Se debe aumentar la cobertura y actualizar los servicios para atender las necesidades de la población adolescente y joven en materia de sus derechos sexuales y de salud reproductiva, promoviendo el debate informado en torno a los derechos sexuales de los jóvenes y a las alternativas para que puedan regular su fecundidad y protegerse con las infecciones de transmisión sexual; homogeneizar las bases de los programas de las instituciones que atienden la salud y la información en materia de sexualidad de la juventud y la adolescencia; y promover campañas de información sobre los riesgos de los embarazos en adolescentes y los derechos ante un abuso y violencia sexual en el noviazgo y en la familia.
En el marco de la igualdad de derechos en la esfera de la educación persiste principalmente el reto de garantizar dicho acceso igualitario sin ningun obstaculo, así como garantizar una educación sustentada en valores de igualdad entre los géneros. La educación laica, gratuita y obligatoria como responsabilidad social del Estado en todos los niveles sigue esperando ser satisfecha, situación que ha sido fundamental para los obstáculos al desarrollo integral y la materia de equidad en el acceso a la educación en México para las mujeres. Siguen pendientes los procesos de gestión más equitativa y democrática de la educación en todos los niveles del sistema y asegurar ese principio de laicidad en la enseñanza de los contenidos curriculares sobre la salud sexual y reproductiva y no se diga en la transversalización de la perspectiva de género durante el proceso educativo. Los planes y programas de estudio no han integrado las técnicas de la educación para la paz y la solución pacifica de conflictos para lograr incidir en la superación de la violencia sistémica de género. Por último sigue sin lograrse la Educación sexual integral desde la primera edad escolar y en el resto de las etapas educativas, secundaria, bachillerato y el nivel superior, para lograr la formación de individuos capaces de vivir en plenitud su salud sexual y reproductiva y con ello coadyuvar en la prevención de las tragedias que con estilo de vida saludables permiten un mejor desarrollo humano en nuestra sociedad. Es lamentable que personas con supuestos altos niveles educativos de postgrado sigan proyectando no sólo su ignorancia sobre el conocimiento científico mínimo sobre la sexualidad humana sino conductas misóginas y machistas en el seno de sus ámbitos familiares, laborales y académicos.
Como hemos visto prevalecen grandes pendientes en nuestro país para lograr el respeto pleno a los derechos de las mujeres y que prevalezca una cultura de igualdad de género, donde los principales responsables siguen siendo los gobernantes y funcionarios de los tres niveles y aparatos de gobierno que en días como este para la jornada internacional de lucha por los derechos de la mujer sólo asumen en sus discursos “el firme compromiso de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” como lo hizo el gobernador de nuestro estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, en el acto protocolario oficial que desarrollo el Instituto Estatal de la Mujer y donde paradójicamente su directora, María Elena Chapa, informo “la existencia de 46 modificaciones pendientes de su aprobación por los diputados integrantes del Congreso Local, que ayudarían a evitar o castigar la violencia en contra de las mujeres, que incluyen las procedimentales, las del Código Penal, del Código Civil, además de otros temas relacionados con el comercio y turismo sexuales y la explotación” (http://impreso.milenio.com/node/9125845), tan sólo en ese rubro, sin recibir respuestas responsables de las autoridades presentes, sólo nuevamente promesas, de esas que los políticos están acostumbrados a hacer en sus posturas demagógicas que les prevalece y que a nosotros como simples ciudadanos nos compromete a seguir luchando por esa anhelada igualdad de genero y el respeto cabal de los derechos de nuestras compañeras las mujeres.
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