La experiencia mexicana que hemos tenido, en el proceso electoral de este año, que estuvó lleno de conductas fraudulentas y transgresoras de las leyes, que se suman a las de cada periodo electoral que hemos vivido, en el marco de reforma tras reforma electoral que el poder legislativo ha venido haciendo desde los años cincuenta del siglo pasado, vuelve a enmarcar las demandas de nuevas reformas por algunos políticos, como si el fondo de la ausente cultura de la democracia dependiera de otra vez hacer remedos de cambios en las normas y leyes que regulan tan sólo uno de los ámbitos de la democracia en las sociedades como son el de las elecciones de los gobernantes, remedos, sí que hemos visto una y otra vez, sólo sirven para justificar las perororatas de la defensa de la democracia y la legalidad de las oligarquías que siguen resistiéndose a la cabal integración de la cultura democrática en todo el seno de las organizaciones e instituciones que conforman el entramado de nuestra sociedad.
Siempre, listos para el juego, las otras oligarquías, las de los partidos políticos, de todos los espectros, derechas, izquierdas y centros, cada periodo de gobierno se alistan para retomar en sus agendas políticas sus propuestas de lucha por otra reforma electoral, que algunos denominan integral, otros moderna, otros como innovadora con propuestas que poco a poco se van diluyendo, reduciéndose a cambios en algunos ámbitos a contentillo de los intereses que integran las camarillas de sus partidocracias y de las otras oligarquías que integran los poderes fácticos, ensoñerados como los dueños de nuestra nación. Nunca llegan a garantizar el ejercicio pleno de la democracia en las elecciones mi mucho menos les ha interesado el ejercicio pleno de la cultura democrática en el seno de sus instituciones partidistas, ese tema esta excluido de sus concepciones políticas libertarias y democráticas con las que según ellos han pretendido transformar nuestra nación.
Primero fueron las reformas electorales de los años cincuenta, que le proporcionaron el derecho del voto a la mujer (1953), luego la de los sesentas donde lo mas significativo es que abría espacios en el congreso a la oposición (1964); luego en los setentas la apertura para la participación de los partidos de izquierda, que bregábamos en la clandestinidad, con la introducción del nefasto sistema de representación proporcional que subsumió a las izquierdas partidistas a la perversa cultura política de los príistas (1977), eran los tiempos en que las elecciones las procesaba y administraban los mismos gobiernos.En los ochentas, las reformas esencialmente incrementaron el número de integrantes del poder legislativo, aumentando las representaciones proporcionales de los partidos opositores (1986). En 1990 la reforma política integra una entidad autónoma para organizar las elecciones, se trata del Instituto Federal Electoral (IFE), se establecen además los topes en los gastos de campaña y mecanismos para evitar la sobrerrepresentación de los partidos en las cámaras, y luego vinieron las reformas electorales de la década del dos mil.
Las últimas reformas electorales del 2007 estaban dirigidas a consolidar este ejercicio democrático en la grave crisis de gobernabilidad que estamos viviendo, supuestamente estaban dirigidas a evitar la guerra sucia que los partidos gobernantes (PRI y PAN) acostumbran desarrollar en sus mensajes publicitarios donde calumnian y difaman gravemente a los candidatos presidenciales impunemente; también iba destinada a evitar los abusos que los poderes mediáticos, alienados en sus cadenas radiofónicas y televisivas usaron sus concesiones promoviendo sus preferencias políticas y con ello generaron inequidad, peor sucedió al permitirles que impunemente desarrollaran sus estrategias de promover descaradamente al candidato EPN y el resto de sus candidatos simulando informar en sus noticieros, reportajes y hasta programas de entretenimiento, pero sobre todo mediante la información reiterada de encuestas victoriosas de su candidato, con porcentajes muy distantes de nuestro candidato Andres Manuel López Obrador.
Ni que decir de su objetivo de privilegiar el financiamiento público de las actividades electorales, estableciendo topes de campaña, evitando los excesos de las aportaciones económicas de personas, principalmente empresarios, el uso de recursos ilícitos provenientes de los gobiernos municipales, estatales y del propio federal, que por usos y costumbres se convierten en las cajas chicas de los candidatos del partido gobernante, se tienen pruebas irrefutables del desvío multimillonario de recursos públicos en varios estados del país; que incluye no sólo la extracción ilegal de recursos de empresas paraestatales, sino la contratación de deuda pública sin justificación que apunta al beneficio de un candidato. También se trataba de evitar que las redes delincuenciales apoyaran con sus dineros sucios; de lo que se trataba era acabar con esa costumbre en este tipo de apoyos que luego cobran con favores, una vez en funciones mediante su trafico de influencias y demás conductas corruptas imperantes en los gobiernos pripanistas. El fin entonces era lograr condiciones de equidad en materia de financiamiento, que demostrado esta fue mancomunal la desigualdad que prevalecio, sobre todo del PRI y su candidato EPN que rebaso de 3 a 4 veces mas el tope de campaña establecido por la autoridad electoral, el IFE.
Luego se trataba de que los cambios se apegaran al principio de legalidad, otorgando al IFE facultades como autoridad para decidir mediante actos de autoridad la suspensión de conductas transgresoras en proceso o flagrantes de las normas y en la observación escrupulosa de que se cumpliera el mandato constitucional; su comisión de quejas y denuncias una y otra vez fue omisa, pasiva y simuladora en las denuncias mas importantes y trascendentes que la coalición Movimiento Progresista realizo en tiempo y forma por las graves transgresiones del PRI durante la campaña y el día de la votación, como los hechos de Monex como de Soriana, por haber emitido miles de tarjetas precargadas que presuntamente habrían sido utilizadas para la compra y coacción del voto; peor han estado, los funcionarios del IFE, al transgredir su principio de neutralidad, de imparcialidad, al hacer declaraciones alienantes, favorecedoras del PRI, en este periodo de litigio de las elecciones presidenciales ante el Tribunal Electoral Federal.
En suma seguimos sin cumplir los preceptos constitucionales de elecciones autenticas y libres y estas siguen desarrollándose con sus instituciones rectoras sin autonomía ni independencia y con profundas desigualdades, inequidad, opacidad, sin certeza en los resultados, financiamientos ilícitos y lo mas lamentable la compra de votos de los ciudadanos empobrecidos y victimas de las desinformación.
Aun con estos antecedentes reformistas de las leyes electorales, ya surgen voces de nuevamente lograr otras reformas profundas e integrales, para dizque dar otro paso importante en la evolución del supuesto régimen democrático y participativo en que vivimos y lograr la democracia efectiva, una vez mas la oligarquías partidistas y empresariales quieren seguir posponiendo el cumplimiento pleno de los preceptos constitucionales que sobre las elecciones nos rigen, obstaculizando la integración plena de la democracia en toda la vida social de nuestra nación, rechacemos estos remedos de reformas y exijamos una reforma política y electoral verdaderamente integral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario