PED, GOBIERNO PRODUCTIVO Y DE CALIDAD

El último de los cuatro ejes estratégicos generales del PED de Nuevo León, con el cual concluimos nuestro analisis en este blog, corresponde al gobierno productivo y de calidad, del cual según sus autores, se precisa para operar todas las acciones y objetivos de todas las estrategias contenidas en este plan que en este rubro establece como necesidad: “fortalecer la acción del Estado con altos niveles de responsabilidad, eficiencia y transparencia, a fin de realizar con efectividad su papel de facilitador y promotor del crecimiento; de ente proactivo de la equidad, la justicia social y la democracia; de responsable primordial de salvaguardar la seguridad pública”

La gobernabilidad democrática requiere que los servicios públicos que proporciona los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno sean capaces, honestos y logren estándares de calidad de los mas altos, no sólo perceptibles al momento de los procesos de evaluación interna, sino permanentes, donde diariamente el ciudadano se sienta satisfecho por la eficacia y eficiencia del trato digno en la solución de sus problemas.

El problema recurrente, sexenio, tras sexenio, inicia en la designación de los funcionarios integrantes del gabinete, tanto del primer y segundo nivel, cuyos nombramientos no se corresponden con las necesidades profesionales y de experiencia para el desempeño del puesto y su designación esta más centrada en los intereses políticos del partido gobernante para extender y fortalecer los usos del poder centralizado, mas que el fortalecimiento de la instituciones públicas que logren contribuir a los mas altos anhelados de desarrollo humano y social de muestra sociedad. Estos funcionarios extienden sus redes de poder, reproduciendo este tipo de conductas transgrediendo derechos laborales, sin el minino respeto a la ley del servicio civil de los servidores públicos. Así hemos vivenciado el desempeño de funcionarios responsables de  la educación, sin ser educadores, de salud pública sin formación académica en este ámbito, directores del ISSTELEON sin experiencia en seguridad social, directores de transito sin formación ni experiencia vial, directores de Fomerrey sin formación en políticas de vivienda, etc., etc…

Luego la organización administrativa del gobierno se simula complementar con la formación de consejos consultivos de participación ciudadana, juntas vecinales o comunitarias, y otras instancias de participación y concertación que tienen por objetivo el fortalecimiento institucional y son diluidas a legitimadores de la simulada integración democrática de la ciudadanía en la gobernabilidad, hasta los integrantes de estas instancias, son seleccionadas mediante decisiones verticales y discrecionales de los funcionarios, sin procesos de selección ni participación ciudadana que fortalezcan la cultura democrática. 

 

Así uno de los principales retos de productividad y calidad en este PED, que se ha  enfocado para “Fortalecer la gobernabilidad democrática y participativa, y la alineación de políticas intergubernamentales orientadas al servicio del ciudadano” no ha logrado “privilegiar la política como medio para dirimir diferencias y resolver conflictos en un marco de reconocimiento a la realidad plural del estado y con apego a la legalidad”, el ejercicio de la autoridad con “eficacia, eficiencia y responsabilidad social para mantener el orden público y la estabilidad política”, se ha menoscabado por el autoritarismo que satisface intereses partidistas y de las oligarquías en el estado. Los ejemplos mas trascendente ha sido sus resistencias en aprobar la ley de participación ciudadana, realizar las reformas a la ley estatal electoral y los acuerdos cupulares para aprobar informes financieros de las dependencias estatales y municipales, dictaminados con transgresiones, sin seguir los procesos jurídicos correspondientes, así sus deseos de “ampliar los cauces de la democracia participativa y lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública”, quedan sólo en sus discursos políticos sin lograr la necesaria “colaboración efectiva de los consejos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la administración pública estatal”.

El reconocimiento de esa “realidad plural” sólo será vigente cuando logremos “establecer un diálogo permanente con todos los sectores sociales y las expresiones políticas y religiosas, con base en la tolerancia y el respeto de sus derechos, así como diseñar mecanismos que permitan la viabilidad de sus propuestas”, sin marginaciones ni exclusiones por el peso de la representación del sector u organización que lo propone sino por su trascendencia en coadyuvar al desarrollo social y humano de nuestra sociedad. Esa misma realidad plural se ve obstaculizada por las tareas de los medios de comunicación, que siguen sin aspirar a su democratización, y la inversión financiera excesiva del gobierno en publicidad destinada más a los posicionamientos de los políticos funcionarios que informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que logren ese “sistema de intercomunicación con la comunidad “

Este ejercicio del poder sin integrar la cultura democrática se la que limita el fortalecimiento de las relaciones institucionales en los diferentes órdenes de gobierno, poderes del estado y los organismos autónomos, menoscabando las capacidades creativas, innovadoras “al diseñar, proponer e implementar políticas públicas, programas y servicios concurrentes y complementarios” y en el “fortalecimiento de las instituciones mediante la principios de transparencia, integridad y honestidad en la gestión de los recursos públicos y en la prestación de servicios” que pretenden en este PED. Esto se extiende en las relaciones que el poder ejecutivo tiene con el Honorable Congreso del Estado donde su “estricto respeto a la pluralidad política”, sigue privilegiando el manejo bipatrdidista, cupular PRI-PAN, descalificando y minimizando a los partidos de oposición, principalmente de izquierda, facciosamente se imponen con sus aplanadoras mayorías, reduciendo esa pluralidad al dialogo autoritario e impositivo de sus acuerdos políticos, con sus visiones reduccionistas de los grandes problemas sociales que les llevan a crear leyes que fragmentan los recursos y la acción interdisciplinaria en la solución de problemas. El poder judicial sigue anquilosado a la perniciosa e ignominiosa subordinación con el gobernante en turno, dependiente del entramado de intereses económicos y políticos de la oligarquía en el estado, sin independencia ni autonomía para lograr la modernización en la procuración de la justicia en el estado. Esta misma situación se extiende a organismos autónomos del estado para fortalecer el estado de derecho y las relaciones institucionales como la comisión estatal de derechos humanos y con la comisión de transparencia.

Otro de los problemas trascendentes es la deficiente integración de la ética en los funcionarios públicos que obstaculiza a su vez el desarrollo de la cultura ciudadana para el respeto de la legalidad, los valores cívicos y sociales, así como la protección de los derechos humanos en la entidad, convirtiéndose en fuente de corrupción. La ética en este  PED, no transverzaliza a los programas estratégicos, se reduce a líneas de acción que pretenden: “Fomentar en los servidores públicos la importancia social de la práctica de los valores y principios éticos en el desempeño de sus funciones, impulsando la difusión del Código de Ética entre los servidores públicos, Incorporando en los programas y eventos de formación y desarrollo profesional de los servidores públicos, los temas orientados al fomento de la ética, responsabilidad social, rendición de cuentas, transparencia, legalidad y cultura de la calidad, entre otros y mejorando los programas de evaluación y monitoreo del desempeño de los servidores públicos, así como los de estímulos y reconocimientos al mérito.”

Así, si no se integra plenamente la mística de servicio, subsumiendo la ética, la corrupción prevalece como uno de los graves problemas, que en este PED sólo se reconoce como uno de los retos a “combatir”, nada dicen de los daños que las conductas corruptas han provocado financieramente, afectando las inversiones en obra pública, pero mas importante en educación y salud, se estima que si se hubiera evitado el daño económico de la corrupción en nuestro estado, en las últimas cuatro décadas,  ese dinero sería suficiente para que actualmente estuvieran integradas las redes de caminos y carreteras, mas modernas, así como los hospitales, clínicas, centros de salud y escuelas públicas bien equipadas capaces de proporcionar la cobertura universal del derecho a la salud y la educación de todos los nuevoleoneses, con los efectos trascendentes que se tendrían en el desarrollo social y humano de nuestra sociedad.

Este PED integra en sus acciones estratégicas contra la corrupción, la contraloría social de la acción pública que incluye la creación de una “Contraloría Ciudadana conformada por personalidades y académicos reconocidos por su solvencia moral, que realizará un seguimiento, a través de un sistema de semáforo, de la naturaleza de las quejas de la ciudadanía acerca de los funcionarios públicos, y de la medida en que dichas quejas son debidamente atendidas”,  el desarrollo de un Sistema de integridad y calidad, con el propósito de prevenir, inhibir y sancionar conductas irregulares por parte de los servidores públicos, ofrecer servicios de calidad e impulsar la eficiencia administrativa y finalmente, El Combate a la corrupción donde se impulsará la implementación de un modelo eficaz para el combate frontal a la corrupción, así como el establecimiento de disposiciones jurídicas orientadas a desincentivar la comisión de actos de corrupción. Es fecha que siguen pendientes la consolidación de su propuesta de un “sistema estatal que regule y fortalezca la participación ciudadana en la gestión pública, la autogestión y el desarrollo de la comunidad, en áreas de seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo sustentable y desarrollo social, entre otras”.

Para lograr eficazmente este combate a la corrupción este PED se propone además “fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión gubernamental en concordancia con la legislación en la materia”. En el marco de la planeación, seguimiento y evaluación no se ha logrado desarrollar un sistema participativo que integre no sólo a los ciudadanos sino a los trabajadores de las diferentes instituciones operadoras de los planes y programas sustantivos del gobierno, sus indicadores no son ni siquiera consensados en base a estimaciones estadísticas realistas, se definen verticalmente y algunos siguen careciendo de la alineación y congruencia con programas y acciones interinstitucionales entre dependencias del mismo sector así como similares con programas federales y dependencias municipales, el problema se incrementa con  los ajustes que estos indicadores demandan conforme a los cambios que las circunstancias económicas y sociales imponen. Así la evaluación institucional queda sujeta a los intereses  políticos y económicos discrecionales de los funcionarios con las transgresiones y desviaciones que impunemente generan el fondo sobre el cual se desarrolla la corrupción pública. Luego los procesos de auditoria y los de verificación de la gestión gubernamental son procesados por organismos contralores que carecen de autonomía y de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que les impide coberturas amplias para el desarrollo de conductas preventivas y correctivas y así lograr mayor efectividad y eficiencia de las acciones y metas en los planes de desarrollo. Por eso se recurre a focalizar las auditorías y verificaciones ordinarias en dependencias y procesos seleccionados que generalmente representan áreas de interés por la trascendencia de la denuncia pública de presuntos actos de corrupción, como ha sucedido con proveedores de bienes o servicios y en las desviaciones de beneficiarios de de programas asistenciales, apoyos agropecuarios, de fomento económico y de empleo. Ahí están los casos emblemáticos de corrupción en el issteleon y en la dependencia del control vehicular.

Las dependencias de la Administración Pública de Nuevo León no logran poner a disposición de los ciudadanos eficazmente sus informes periódicos de la gestión pública, mucho menos cuando esta es solicitada por otra autoridad, menos cuando el ciudadano y/o las organizaciones de la sociedad civil tratan de coadyuvar en el combate a la corrupción, y si este proceso de investigación documental se dificulta  y se recurre a la burocracia de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, resulta que no logra cumplir con su función de facilitar oportunamente la información pública que requieran, simplemente porque sus funciones siguen subordinadas al poder centralista del gobernante en turno. En síntesis la modernización de los procesos de información, rendición de cuentas y las políticas de transparencia de los gobernantes para lograr el combate frontal de la corrupción ha sido uno de los grandes pendientes de todos los PED, hasta el presente.

En el contexto del manejo financiero, se sigue sin lograr el mejoramiento de la capacidad financiera del estado, obstaculizado por la deficiente recaudación y fiscalización tributaria, la falta de austeridad, la racionalización del gasto hacía inversiones productivas y el grave endeudamiento que los gobernantes han hecho los últimos sexenios. Las aspiraciones de “Fortalecer las finanzas estatales mediante la reingeniería de procesos y la modernización tecnológica de los mismos” no se han logrado satisfacer y lamentablemente recurren a  “Alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos” donde pretenden “Desarrollar esquemas innovadores de financiamiento y asociatividad para proyectos estratégicos”, Adoptando esquemas de financiamiento público privada, para proyectos de inversión para mejorar la infraestructura estratégica y la calidad de los servicios públicos, que implican desarrollar esquemas jurídicos y administrativos para desconcentración, descentralización o concesión, que permita ampliar la cobertura y mejorar el suministro de bienes y servicios públicos, con la participación de capitales privados, de lo cual no significa otra cosa que privatizar servicios públicos que han sido responsabilidad exclusiva del estado.

Finalmente el gobierno productivo y de calidad que se propone en el PED tiene como objetivo central  “Proporcionar servicios gubernamentales modernos, eficientes y de calidad centrados en las necesidades y expectativas ciudadanas”, donde sus estrategias centrales de “Generar un modelo único de gestión de calidad y mejora continua en la administración pública estatal”, “Fomentar la innovación en las dependencias y entidades de la administración pública estatal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia y la cobertura, y reducir costos”, y la  Certificacion los principales procesos estratégicos del gobierno, mediante estándares tipo ISO y de otros modelos a mas de tres años de gobierno no han logrado consolidarse para lograr la plena satisfacción del usuario. Los trámites y servicios al ciudadano como los del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro, la obtención de licencias y permisos, desde las del uso de vehiculos, desarrollo urbano, alcohol, siguen esperando el profesionalismo con los menores tiempos de gestión, donde sigue prevaleciendo el abuso de gestores confabulados con los funcionarios en los beneficios económicos de esa actividad. El Programa insignia de esta administración “Nuevo León Unido”, sólo ha logrado imponerse como instrumento publicitario de una aspiración de este cuyo “objetivo de este programa es articular los esfuerzos públicos, sociales y privados en beneficio de la comunidad, especialmente de sus segmentos de menor desarrollo, para atender oportuna e integralmente sus requerimientos”.

Imaginemos que este PED lograra su visión que conceptualiza en este ámbito del PED “El Gobierno del Estado prevé que en 2015 Nuevo León contará con un gobierno competitivo e incluyente, que privilegiará la participación social corresponsable y la coordinación efectiva entre los tres poderes y órdenes gubernamentales, en un marco de respeto al estado de derecho; que será líder en el desempeño de políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y que brindará servicios gubernamentales accesibles y de calidad a través de servidores públicos profesionales y honestos, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas”.

Sin duda, de alcanzar esta paradigmática visión, nuestro salto al desarrollo social y humano que anhelamos, sería tan grande como el que los astronautas simbolizaron al pisar la luna en los sesentas del siglo pasado.

 

 

 

PED, SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y EL DESARROLLO HUMANO

La principal responsabilidad del estado y sus gobernantes es garantizar la seguridad y la paz social de los ciudadanos, que son factores determinantes, no sólo de la calidad de las relaciones humanas, sino del bienestar, la prosperidad y la felicidad, condiciones necesarias para lograr los mas altos niveles de desarrollo humano. La seguridad de los ciudadanos tiene tres ámbitos de acción, la física, la patrimonial y la jurídica, sus dos grandes estrategias deben ir dirigidas contra las conductas criminales y lograr la vigencia plena de las leyes que definen el estado de derecho. El PED actual y sus antecesores han referido que “la seguridad es la mayor prioridad para el Gobierno del Estado”, siempre tratando de “contener y hacer el mayor esfuerzo para reducir los índices delictivos”, durante el periodo administrativo sexenal que les corresponde. Sin embargo en todos se ha reconocido la tendencia a agravarse, por el incremento de las conductas criminales, la ineficacia de los procedimientos de reinserción social de los delincuentes y la deficiencia en acciones preventivas del delito.

 

Por ejemplo en el PED actual se reconoce que en el 2004, de la administración estatal anterior, “se cometieron 45 mil 017 delitos del fuero común, principalmente de violencia familiar; lesiones que no ponen en peligro la vida; daño en propiedad ajena; robo simple; daño en propiedad ajena culposo; robo a casa habitación; robo a negocio; robo a personas; robo de vehículos; y homicidio doloso”. En tanto para el “2009 el número de estos delitos fue 13 por ciento mayor, con un peso más grande en robo de vehículos y robo a negocios, es decir en los últimos cinco años, “el número de delitos del fuero común creció más rápidamente que la población”. No se hace referencia a la prevalencia de los ignominiosos homicidios que tan sólo en esos cinco años se han incrementado en más del 1000%. La novedad del PED actual, además de considerar que “la inseguridad pública ha tendido a agravarse y a constituirse en uno de los retos a vencer más importantes para el Gobierno del Estado” es que ha incorporado a la “Seguridad Integral” como uno de los cuatro ejes estratégicos generales en las políticas fundamentales de este sexenio, refiriendo que “La lucha para restablecer el orden y la seguridad en Nuevo León es una prioridad de este gobierno y más pronto tendrá éxito con la unión de todas las fuerzas políticas, la iniciativa privada, los medios de comunicación, organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales, asociaciones religiosas, instituciones educativas y, en general, toda la comunidad”. También reconoce que “el sistema penitenciario de Nuevo León, no cumple plenamente con sus propósitos en este campo y en el de operar como medio de control de presuntos responsables y sentenciados; en cierta medida se ha constituido en semillero de la delincuencia” sin considerar el fracaso pleno en sus funciones de rehabilitación de los criminales para sus reinserción social.

 

Los acontecimientos trágicos de los centros penitenciarios de Apodaca y Cadereyta han evidenciado no sólo el grave fracaso en las funciones de rehabilitación sino la corrupción, la ingobernabilidad imperante y el control que los grupos delincuentes tienen en esas instituciones. Reconoce además la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad, modernizar la procuración de justicia y combatir la impunidad, que refiere como “una de las principales demandas de la sociedad que percibe a este fenómeno como una de los factores que ha dado lugar a la agudización de la inseguridad”. Evade reconocer el prevaleciente problema de la corrupción pública y privada, que impera en nuestra sociedad con la transgresión de las normas y valores afectando el apego a la ética y la legalidad de los ciudadanos y más de los funcionarios responsables de vigilar por su cumplimiento, que en este caso reconoce sólo en su presencia con “la corrupción de algunos elementos de las corporaciones de seguridad”, cuando debería de ser, al menos en ese momento (2009), no sólo problema de algunos sino de la mayoría, como quedo posteriormente evidenciando.

 

Este proyecto estratégico de Seguridad Integral se propuso como metas, en primer termino lograr “crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo”, donde se plantea un “nuevo sistema de operación de los cuerpos policiales, que deberá incluir un modelo de coordinación efectiva entre órdenes de gobierno, en el contexto de un mando unificado que potencie su efectividad; requerirá, asimismo, fortalecer las funciones de inteligencia y el mayor equipamiento para los responsables de la prevención y la investigación del delito”. En estos tres años el avance más notable ha sido en la integración de la denominada “Fuerza Civil”, como organización policial capaz de “hacerle frente a los delincuentes, en coordinación con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales”; asimismo el desarrollo de acciones para lograr la adecuación de los marcos normativos a la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública, y la profesionalización y depuración de los cuerpos policiales mediante nuevos programas académicos en la preparación y capacitación del personal así como en los mecanismos de selección y reclutamiento; y por último esta también, el funcionamiento del Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

 

A tres años de gobierno seguimos sin lograr cubrir los estándares cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con los requeridos internacionalmente, en relación a el numero de policías por habitante, así como en la disponibilidad de infraestructura y las estrategias para afrontar expedita y eficazmente a las conductas criminales. Persisten los problemas en la modernización de los equipos y los procesos policiales para incrementar su eficiencia en la lucha contra la delincuencia, así como dificultades trascendentes en los niveles de coordinación operativa de los tres órdenes de gobierno, principalmente con los municipios del estado. La persistente infiltración de la delincuencia en los cuerpos policiales ha llevado a la necesidad de integrar a los mandos policiales y hasta de agentes de vialidad y transito a personal con carrera militar en los gobiernos municipales y a incrementar la solicitud de apoyo de más personal militar federal para combatir a la delincuencia.

 

Se sigue alejando la participación ciudadana eficiente en las tareas de seguridad, esta se ha reducido a la integración de “Consejerías”, con ciudadanos “representativos” designados en forma vertical, ausentándose procesos democráticos indispensables para lograr los objetivos en este programa estratégico; se suma además el deterioro de la cultura de la denuncia, coadyuvando al menoscabo de la confianza de la ciudadanía no sólo en la prevención del delito sino en que se incremente la impunidad de los responsables de las conductas criminales. En este mismo contexto, del PED de la participación ciudadana en la prevención del delito, establece, la lucha contra las adicciones con una acción estratégica de “poner en práctica medidas de atención al fenómeno del pandillerismo y fomentar conductas de beneficio personal y colectivo” donde establecen como objetivo “mejorar el manejo profesional de los servicios psicológicos, psiquiátricos y de capacitación para el trabajo en los Consejos Tutelares para menores infractores”. Tengo que señalar que desde que se inicio este gobierno ha sido público la desaparición de los Consejos tutelares en Nuevo León y que en todo caso, quizás se refieran a los Centros de Procuración de Justicia para menores infractores, que desde la becada de los ochentas del siglo pasado hemos propuesto programas que han pretendido lograr la solución a las conductas antisociales mediante servicios interdisciplinarios, que a la fecha siguen siendo obstaculizados por insuficiencia de recursos financieros y humanos profesionales, establecidos muy bien en la ley vigente de procuración de justicia para adolescentes.

 

En el marco de la procuración de justicia persisten desigualdades en su ejercicio, prevalece la corrupción en los procesos judiciales debilitándose el estado de derecho, incrementando la desconfianza de la sociedad por la persistente impunidad de los responsables de las conductas criminales. Las agencias del ministerio público siguen saturadas de procesos alejadas de la atención oportuna y de calidad con bajos indicadores de productividad, permeadas por la corrupción. Actualmente, sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos y sólo el 1.17% de los delitos terminan en un juicio penal, según cifras del INEGI. En la Agencia Estatal de Investigaciones siguen los procesos sin que trascienda la profesionalización de sus agentes, mediante la integración de los avances tecnológicos y científicos de las ciencias criminológicas, están muy lejos de lograr la cobertura plena de los servicios en las denuncias ciudadanas. La participación ciudadana se ha reducido a un consejo consultivo que simula evaluar los servicios, siguen prevaleciendo los grupos de interés con sus despachos favoritos traficantes de influencias que impunemente definen sus intereses en la procuración de la justicia en Nuevo León. Sigue pendiente la modernización de la judicatura y el desarrollo de la nueva ciudad judicial que el PED prevé con “la construcción de nuevas instalaciones para los servicios judiciales, que albergue los juzgados familiares, orales, civiles, civiles orales, concurrentes y menores, Consejo de la Judicatura y áreas administrativas, y que signifique una alternativa de mejor atención a los ciudadanos que requieran dichos servicios”.

 

La realidad actual que se percibe es que seguimos lejanos de que la procuración de la justicia sea expedita apegada estrictamente al respeto a las leyes que conforman el estado de derecho e nuestra sociedad, sigue siendo facciosa e infestada por la corrupción, en su historia de los últimas décadas ha prevalecido los casos de impunidad. Se ha incrementado la presencia del crimen organizado en la entidad, con territorios geográficos que logran controlar para el desarrollo de sus conductas criminales. Es preocupante la expansión del delito del narcomenudeo, del elevado índice de violencia con sus lacras de lesiones, robos, secuestros, desaparecidos y los homicidios que conforman el rostro de la sociedad insegura y violenta que viene agobiando desde el inicio de este milenio.

PED: EQUIDAD, POBREZA Y EL DESARROLLO HUMANO

En México y en Nuevo León la desigualdad es una de las injusticias que más obstaculizan el desarrollo pleno, con bienestar, prosperidad y felicidad de los seres humanos, las mujeres han sido las más afectadas por una cultura machista que ancestralmente ha generado la discriminación y la violación sistemática a sus derechos humanos y sociales fundamentales. Lamentablemente esta cultura es fortalecida por gobernantes, que además de no lograr superarla, persisten en resistirse a integrar los cambios jurídicos, programáticos y administrativos, derivados de las recomendaciones internacionales y las experiencias exitosas de las sociedades mas desarrolladas que han logrado esta cultura de igualdad, de no discriminación contra las mujeres, pero sobre todo de acabar con las lacras de la violencia, que en sociedades como la nuestra nos siguen agobiando.

 

Así, a mas de cien años de lucha mundial de las mujeres por su emancipación, el problema fundamental para lograr la anhelada equidad de género es que los gobernantes de nuestras sociedades se resisten y obstaculizan a que esta perspectiva se integre, se institucionalice y transversalice las políticas públicas y de cultura en todos los ámbitos de gobierno, estatal y municipal. El activismo progresista de las organizaciones sociales no gubernamentales feministas ha logrado cambios jurídicos trascendentales con perspectiva de género en los ámbitos laboral, violencia, salud, trata de personas, toma de decisiones, educación, y en materia civil, penal y administrativa; generando además programas e instituciones para la atención y prevención de los problemas así como en la promoción y difusión del conocimiento relativos a derechos humanos, igualdad y equidad, y perspectiva de género que necesitamos para nuestra sociedad.

 

En nuestro estado siguen prevaleciendo las deficientes sinergias no sólo de las instituciones públicas, responsables en las estrategias y acciones interdisciplinarias necesarias para la atención de estos problemas, sino además la interacción armónica con las organizaciones de la sociedad civil, organismos académicos y profesionales para lograr la eficacia y eficiencia de los diferentes planes y programas que buscan acabar con esta violencia y la equidad de genero. En la lucha por la equidad de genero, en el marco del ejercicio de los derechos, la salud sexual y reproductiva sigue proyectándose negativamente en la alta prevalencia de embarazos no deseados, más en adolescentes que llegan a ser un 30% del total de embarazos anuales en nuestro estado, luego el cáncer cérvico-uterino y mamario siguen teniendo altas tasas de mortalidad, en tanto La tasa de mortalidad materna, aunque relativamente reducida, de 23.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos, continúa presentándose por las mismas causas de hace 50 años. Luego las mujeres siguen en sus empleos, percibiendo ingresos menores que los de los hombres; la maternidad y la falta de centros de desarrollo infantil, representan obstáculos para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, es precaria además su empoderamiento en posiciones directivas de las empresas y en los poderes públicos, donde por ejemplo sólo el 20% de los puestos del cuarto nivel de gobierno son ocupados por las mujeres, su participación es mas marginal como integrantes del congreso y como gobernantes en los municipios.

 

A pesar de que tenemos un Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, persisten los graves problemas de violencia contra las mujeres, estimado en su prevalencia hasta en mas de un 35% en todas las mujeres de Nuevo León, en todas sus expresiones desde la patrimonial y la emocional, hasta la ignominiosa agresión física con las prevalecientes lesiones y feminicidios, en tanto la impunidad persiste en la procuración de justicia y estamos muy lejos de lograr la creación y observancia de un marco jurídico de igualdad de género acorde con los compromisos internacionales. Los intereses políticos inmersos en la anquilosada concepción del desarrollo humano de los gobernantes han impedido acabar con este grave problema de salud pública. A pesar de que nuestra juventud constituye más del 34% de la población, sigue siendo uno de los sectores más desprotegidos, muy lejos de lograr su desarrollo integral y sin el acceso pleno al derecho a la salud y a la educación. En materia educativa además de la falta de oportunidades, padecen un alto grado de deserción escolar, sumándose al desempleo y convirtiéndose en factores de riesgo que los hace proclives a padecer problemas psicosociales como las adicciones, el abuso de alcohol y las conductas antisociales, simplemente en materia de adicciones el 64.4 por ciento corresponde personas de 15 a 29 años de edad que consume sustancias nocivas para su salud.

 

La falta de visión prospectiva de los gobernantes hace que sus en sus planes de desarrollo se limiten a tener como objetivo estratégico lograr “más oportunidades de desarrollo para los jóvenes” tratando de generar “condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales” que reducen las acciones a ser inmersas en el asistencialismo que ha distinguido a las secretarias de desarrollo social, de las que dependen estos programas de atención a los jóvenes, donde por ejemplo los derechos de acceso a la educación son reducidos a otorgarles becas y apoyos precarios económicos y las oportunidades laborales a becas de capacitación con la posterior inserción laboral con bajos salarios. Esto impide que logren “establecer una política transversal de atención a las necesidades específicas de los jóvenes, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en los ámbitos de educación, cultura, salud reproductiva, prevención de adicciones, deporte y empleo, con especial énfasis en los jóvenes en situación de riesgo”.

 

Finalmente el PED, en materia de desarrollo social, al abordar el problema de la pobreza y la atención a los grupos vulnerables y los denominados en riesgo extiende sus pragmatismos asistencialistas que además son usados en las denominadas políticas clientelistas, donde los apoyos que brinda son manipulados como instrumentos de cooptación por los funcionarios, activistas y lideres políticos en sus territorios. Otra gran parte de los recursos financieros y materiales se integra a las actividades filantrópicas de organizaciones de la sociedad civil que se corresponden en la atención de estos problemas, donde la mayor parte de las beneficiarias diluyen sus capacidades criticas y creativas para impulsar en sus ámbitos de actividades soluciones mas efectivas a los problemas. Por ejemplo en su “combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos” que busca superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población, sus proyectos estratégicos van dirigidos a combatir el rezago en servicios básicos, como la introducción de agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación en las colonias marginadas del AMM y de ciudades en desarrollo; buscan además la “ampliación de la cobertura e incremento del apoyo económico a adultos mayores y personas con discapacidad, y extensión del programa a madres solteras de escasos recursos, son acciones que luego son focalizadas en esos territorios clientelares típicos del priísmo en el poder, como el sector de la Alianza en la ciudad de Monterrey.

 

Resulta que Plan tras Plan de desarrollo ha repetido estas estrategias y acciones para superar lo que ellos denominan estos “rezagos sociales, sin lograr ni siquiera la universalidad de la cobertura de sus programas, en estos segmentos de población que sobreviven diariamente con la lacerante pobreza y sus lacras de hambre. Siempre con recursos financieros limitados que les impide “ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a sus programas sociales” que compensan con sus famosas “brigadas de atención social integral” con todo el estilo de las parafernalias que hacen brillar a los políticos del partido en el poder. Sus grandes acciones son reducidas a cortes de pelo, consultas medicas y dentales, con medicamentos, reparaciones de algunos enseres domésticos, platicas y sin faltar la lotería mexicana para incentivar mas la asistencia. Lo más novedoso en los últimos sexenios ha sido la integración de centros comunitarios que pretenden ampliar la cobertura mediante servicios con clínicas para jóvenes en áreas de deporte, desarrollo humano y cultura, que lamentablemente se integran al problema crónico de las carencias de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, sumándose a la dispersión que afecta la necesaria acción, armonizada interdisciplinaria de las instituciones que tienen responsabilidad para la anhelada solución integral de estos problemas.

 

Así sus apoyos a las familias, donde prevalecen además de la pobreza, los niños, adolescentes y adultos malnutridos, con alguna discapacidad física o mental, los adultos mayores con o sin pobreza, las madres solteras, los desempleados, los migrantes, los adictos a alguna sustancia, los indigentes, están muy lejanas de lograr la necesaria cobertura universal sino la atención integral que se requiere, con apoyos económicos limitados, muy distantes de la justicia social, mas del garantizado disfrute de los derechos humanos y sociales que debe garantizar el estado. Insistimos en dejar atrás el asistencialismo de las políticas del desarrollo social que genera las lacras del ignominioso clientelismo político del partido en el poder, es cuestión de revisar las necesarias listas de beneficiarios y sus métodos operativos, de estos programas para detectar estas perversiones.