En México y en Nuevo León la desigualdad es una de las injusticias que más obstaculizan el desarrollo pleno, con bienestar, prosperidad y felicidad de los seres humanos, las mujeres han sido las más afectadas por una cultura machista que ancestralmente ha generado la discriminación y la violación sistemática a sus derechos humanos y sociales fundamentales. Lamentablemente esta cultura es fortalecida por gobernantes, que además de no lograr superarla, persisten en resistirse a integrar los cambios jurídicos, programáticos y administrativos, derivados de las recomendaciones internacionales y las experiencias exitosas de las sociedades mas desarrolladas que han logrado esta cultura de igualdad, de no discriminación contra las mujeres, pero sobre todo de acabar con las lacras de la violencia, que en sociedades como la nuestra nos siguen agobiando.
Así, a mas de cien años de lucha mundial de las mujeres por su emancipación, el problema fundamental para lograr la anhelada equidad de género es que los gobernantes de nuestras sociedades se resisten y obstaculizan a que esta perspectiva se integre, se institucionalice y transversalice las políticas públicas y de cultura en todos los ámbitos de gobierno, estatal y municipal. El activismo progresista de las organizaciones sociales no gubernamentales feministas ha logrado cambios jurídicos trascendentales con perspectiva de género en los ámbitos laboral, violencia, salud, trata de personas, toma de decisiones, educación, y en materia civil, penal y administrativa; generando además programas e instituciones para la atención y prevención de los problemas así como en la promoción y difusión del conocimiento relativos a derechos humanos, igualdad y equidad, y perspectiva de género que necesitamos para nuestra sociedad.
En nuestro estado siguen prevaleciendo las deficientes sinergias no sólo de las instituciones públicas, responsables en las estrategias y acciones interdisciplinarias necesarias para la atención de estos problemas, sino además la interacción armónica con las organizaciones de la sociedad civil, organismos académicos y profesionales para lograr la eficacia y eficiencia de los diferentes planes y programas que buscan acabar con esta violencia y la equidad de genero.
En la lucha por la equidad de genero, en el marco del ejercicio de los derechos, la salud sexual y reproductiva sigue proyectándose negativamente en la alta prevalencia de embarazos no deseados, más en adolescentes que llegan a ser un 30% del total de embarazos anuales en nuestro estado, luego el cáncer cérvico-uterino y mamario siguen teniendo altas tasas de mortalidad, en tanto La tasa de mortalidad materna, aunque relativamente reducida, de 23.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos, continúa presentándose por las mismas causas de hace 50 años. Luego las mujeres siguen en sus empleos, percibiendo ingresos menores que los de los hombres; la maternidad y la falta de centros de desarrollo infantil, representan obstáculos para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, es precaria además su empoderamiento en posiciones directivas de las empresas y en los poderes públicos, donde por ejemplo sólo el 20% de los puestos del cuarto nivel de gobierno son ocupados por las mujeres, su participación es mas marginal como integrantes del congreso y como gobernantes en los municipios.
A pesar de que tenemos un Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, persisten los graves problemas de violencia contra las mujeres, estimado en su prevalencia hasta en mas de un 35% en todas las mujeres de Nuevo León, en todas sus expresiones desde la patrimonial y la emocional, hasta la ignominiosa agresión física con las prevalecientes lesiones y feminicidios, en tanto la impunidad persiste en la procuración de justicia y estamos muy lejos de lograr la creación y observancia de un marco jurídico de igualdad de género acorde con los compromisos internacionales. Los intereses políticos inmersos en la anquilosada concepción del desarrollo humano de los gobernantes han impedido acabar con este grave problema de salud pública.
A pesar de que nuestra juventud constituye más del 34% de la población, sigue siendo uno de los sectores más desprotegidos, muy lejos de lograr su desarrollo integral y sin el acceso pleno al derecho a la salud y a la educación. En materia educativa además de la falta de oportunidades, padecen un alto grado de deserción escolar, sumándose al desempleo y convirtiéndose en factores de riesgo que los hace proclives a padecer problemas psicosociales como las adicciones, el abuso de alcohol y las conductas antisociales, simplemente en materia de adicciones el 64.4 por ciento corresponde personas de 15 a 29 años de edad que consume sustancias nocivas para su salud.
La falta de visión prospectiva de los gobernantes hace que sus en sus planes de desarrollo se limiten a tener como objetivo estratégico lograr “más oportunidades de desarrollo para los jóvenes” tratando de generar “condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales” que reducen las acciones a ser inmersas en el asistencialismo que ha distinguido a las secretarias de desarrollo social, de las que dependen estos programas de atención a los jóvenes, donde por ejemplo los derechos de acceso a la educación son reducidos a otorgarles becas y apoyos precarios económicos y las oportunidades laborales a becas de capacitación con la posterior inserción laboral con bajos salarios. Esto impide que logren “establecer una política transversal de atención a las necesidades específicas de los jóvenes, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en los ámbitos de educación, cultura, salud reproductiva, prevención de adicciones, deporte y empleo, con especial énfasis en los jóvenes en situación de riesgo”.
Finalmente el PED, en materia de desarrollo social, al abordar el problema de la pobreza y la atención a los grupos vulnerables y los denominados en riesgo extiende sus pragmatismos asistencialistas que además son usados en las denominadas políticas clientelistas, donde los apoyos que brinda son manipulados como instrumentos de cooptación por los funcionarios, activistas y lideres políticos en sus territorios. Otra gran parte de los recursos financieros y materiales se integra a las actividades filantrópicas de organizaciones de la sociedad civil que se corresponden en la atención de estos problemas, donde la mayor parte de las beneficiarias diluyen sus capacidades criticas y creativas para impulsar en sus ámbitos de actividades soluciones mas efectivas a los problemas.
Por ejemplo en su “combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos” que busca superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población, sus proyectos estratégicos van dirigidos a combatir el rezago en servicios básicos, como la introducción de agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación en las colonias marginadas del AMM y de ciudades en desarrollo; buscan además la “ampliación de la cobertura e incremento del apoyo económico a adultos mayores y personas con discapacidad, y extensión del programa a madres solteras de escasos recursos, son acciones que luego son focalizadas en esos territorios clientelares típicos del priísmo en el poder, como el sector de la Alianza en la ciudad de Monterrey.
Resulta que Plan tras Plan de desarrollo ha repetido estas estrategias y acciones para superar lo que ellos denominan estos “rezagos sociales, sin lograr ni siquiera la universalidad de la cobertura de sus programas, en estos segmentos de población que sobreviven diariamente con la lacerante pobreza y sus lacras de hambre. Siempre con recursos financieros limitados que les impide “ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a sus programas sociales” que compensan con sus famosas “brigadas de atención social integral” con todo el estilo de las parafernalias que hacen brillar a los políticos del partido en el poder. Sus grandes acciones son reducidas a cortes de pelo, consultas medicas y dentales, con medicamentos, reparaciones de algunos enseres domésticos, platicas y sin faltar la lotería mexicana para incentivar mas la asistencia. Lo más novedoso en los últimos sexenios ha sido la integración de centros comunitarios que pretenden ampliar la cobertura mediante servicios con clínicas para jóvenes en áreas de deporte, desarrollo humano y cultura, que lamentablemente se integran al problema crónico de las carencias de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, sumándose a la dispersión que afecta la necesaria acción, armonizada interdisciplinaria de las instituciones que tienen responsabilidad para la anhelada solución integral de estos problemas.
Así sus apoyos a las familias, donde prevalecen además de la pobreza, los niños, adolescentes y adultos malnutridos, con alguna discapacidad física o mental, los adultos mayores con o sin pobreza, las madres solteras, los desempleados, los migrantes, los adictos a alguna sustancia, los indigentes, están muy lejanas de lograr la necesaria cobertura universal sino la atención integral que se requiere, con apoyos económicos limitados, muy distantes de la justicia social, mas del garantizado disfrute de los derechos humanos y sociales que debe garantizar el estado. Insistimos en dejar atrás el asistencialismo de las políticas del desarrollo social que genera las lacras del ignominioso clientelismo político del partido en el poder, es cuestión de revisar las necesarias listas de beneficiarios y sus métodos operativos, de estos programas para detectar estas perversiones.
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