La principal responsabilidad del estado y sus gobernantes es garantizar la seguridad y la paz social de los ciudadanos, que son factores determinantes, no sólo de la calidad de las relaciones humanas, sino del bienestar, la prosperidad y la felicidad, condiciones necesarias para lograr los mas altos niveles de desarrollo humano. La seguridad de los ciudadanos tiene tres ámbitos de acción, la física, la patrimonial y la jurídica, sus dos grandes estrategias deben ir dirigidas contra las conductas criminales y lograr la vigencia plena de las leyes que definen el estado de derecho.
El PED actual y sus antecesores han referido que “la seguridad es la mayor prioridad para el Gobierno del Estado”, siempre tratando de “contener y hacer el mayor esfuerzo para reducir los índices delictivos”, durante el periodo administrativo sexenal que les corresponde. Sin embargo en todos se ha reconocido la tendencia a agravarse, por el incremento de las conductas criminales, la ineficacia de los procedimientos de reinserción social de los delincuentes y la deficiencia en acciones preventivas del delito.
Por ejemplo en el PED actual se reconoce que en el 2004, de la administración estatal anterior, “se cometieron 45 mil 017 delitos del fuero común, principalmente de violencia familiar; lesiones que no ponen en peligro la vida; daño en propiedad ajena; robo simple; daño en propiedad ajena culposo; robo a casa habitación; robo a negocio; robo a personas; robo de vehículos; y homicidio doloso”. En tanto para el “2009 el número de estos delitos fue 13 por ciento mayor, con un peso más grande en robo de vehículos y robo a negocios, es decir en los últimos cinco años, “el número de delitos del fuero común creció más rápidamente que la población”. No se hace referencia a la prevalencia de los ignominiosos homicidios que tan sólo en esos cinco años se han incrementado en más del 1000%.
La novedad del PED actual, además de considerar que “la inseguridad pública ha tendido a agravarse y a constituirse en uno de los retos a vencer más importantes para el Gobierno del Estado” es que ha incorporado a la “Seguridad Integral” como uno de los cuatro ejes estratégicos generales en las políticas fundamentales de este sexenio, refiriendo que “La lucha para restablecer el orden y la seguridad en Nuevo León es una prioridad de este gobierno y más pronto tendrá éxito con la unión de todas las fuerzas políticas, la iniciativa privada, los medios de comunicación, organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales, asociaciones religiosas, instituciones educativas y, en general, toda la comunidad”. También reconoce que “el sistema penitenciario de Nuevo León, no cumple plenamente con sus propósitos en este campo y en el de operar como medio de control de presuntos responsables y sentenciados; en cierta medida se ha constituido en semillero de la delincuencia” sin considerar el fracaso pleno en sus funciones de rehabilitación de los criminales para sus reinserción social.
Los acontecimientos trágicos de los centros penitenciarios de Apodaca y Cadereyta han evidenciado no sólo el grave fracaso en las funciones de rehabilitación sino la corrupción, la ingobernabilidad imperante y el control que los grupos delincuentes tienen en esas instituciones.
Reconoce además la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad, modernizar la procuración de justicia y combatir la impunidad, que refiere como “una de las principales demandas de la sociedad que percibe a este fenómeno como una de los factores que ha dado lugar a la agudización de la inseguridad”. Evade reconocer el prevaleciente problema de la corrupción pública y privada, que impera en nuestra sociedad con la transgresión de las normas y valores afectando el apego a la ética y la legalidad de los ciudadanos y más de los funcionarios responsables de vigilar por su cumplimiento, que en este caso reconoce sólo en su presencia con “la corrupción de algunos elementos de las corporaciones de seguridad”, cuando debería de ser, al menos en ese momento (2009), no sólo problema de algunos sino de la mayoría, como quedo posteriormente evidenciando.
Este proyecto estratégico de Seguridad Integral se propuso como metas, en primer termino lograr “crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo”, donde se plantea un “nuevo sistema de operación de los cuerpos policiales, que deberá incluir un modelo de coordinación efectiva entre órdenes de gobierno, en el contexto de un mando unificado que potencie su efectividad; requerirá, asimismo, fortalecer las funciones de inteligencia y el mayor equipamiento para los responsables de la prevención y la investigación del delito”. En estos tres años el avance más notable ha sido en la integración de la denominada “Fuerza Civil”, como organización policial capaz de “hacerle frente a los delincuentes, en coordinación con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales”; asimismo el desarrollo de acciones para lograr la adecuación de los marcos normativos a la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública, y la profesionalización y depuración de los cuerpos policiales mediante nuevos programas académicos en la preparación y capacitación del personal así como en los mecanismos de selección y reclutamiento; y por último esta también, el funcionamiento del Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
A tres años de gobierno seguimos sin lograr cubrir los estándares cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con los requeridos internacionalmente, en relación a el numero de policías por habitante, así como en la disponibilidad de infraestructura y las estrategias para afrontar expedita y eficazmente a las conductas criminales. Persisten los problemas en la modernización de los equipos y los procesos policiales para incrementar su eficiencia en la lucha contra la delincuencia, así como dificultades trascendentes en los niveles de coordinación operativa de los tres órdenes de gobierno, principalmente con los municipios del estado. La persistente infiltración de la delincuencia en los cuerpos policiales ha llevado a la necesidad de integrar a los mandos policiales y hasta de agentes de vialidad y transito a personal con carrera militar en los gobiernos municipales y a incrementar la solicitud de apoyo de más personal militar federal para combatir a la delincuencia.
Se sigue alejando la participación ciudadana eficiente en las tareas de seguridad, esta se ha reducido a la integración de “Consejerías”, con ciudadanos “representativos” designados en forma vertical, ausentándose procesos democráticos indispensables para lograr los objetivos en este programa estratégico; se suma además el deterioro de la cultura de la denuncia, coadyuvando al menoscabo de la confianza de la ciudadanía no sólo en la prevención del delito sino en que se incremente la impunidad de los responsables de las conductas criminales. En este mismo contexto, del PED de la participación ciudadana en la prevención del delito, establece, la lucha contra las adicciones con una acción estratégica de “poner en práctica medidas de atención al fenómeno del pandillerismo y fomentar conductas de beneficio personal y colectivo” donde establecen como objetivo “mejorar el manejo profesional de los servicios psicológicos, psiquiátricos y de capacitación para el trabajo en los Consejos Tutelares para menores infractores”. Tengo que señalar que desde que se inicio este gobierno ha sido público la desaparición de los Consejos tutelares en Nuevo León y que en todo caso, quizás se refieran a los Centros de Procuración de Justicia para menores infractores, que desde la becada de los ochentas del siglo pasado hemos propuesto programas que han pretendido lograr la solución a las conductas antisociales mediante servicios interdisciplinarios, que a la fecha siguen siendo obstaculizados por insuficiencia de recursos financieros y humanos profesionales, establecidos muy bien en la ley vigente de procuración de justicia para adolescentes.
En el marco de la procuración de justicia persisten desigualdades en su ejercicio, prevalece la corrupción en los procesos judiciales debilitándose el estado de derecho, incrementando la desconfianza de la sociedad por la persistente impunidad de los responsables de las conductas criminales. Las agencias del ministerio público siguen saturadas de procesos alejadas de la atención oportuna y de calidad con bajos indicadores de productividad, permeadas por la corrupción. Actualmente, sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos y sólo el 1.17% de los delitos terminan en un juicio penal, según cifras del INEGI. En la Agencia Estatal de Investigaciones siguen los procesos sin que trascienda la profesionalización de sus agentes, mediante la integración de los avances tecnológicos y científicos de las ciencias criminológicas, están muy lejos de lograr la cobertura plena de los servicios en las denuncias ciudadanas. La participación ciudadana se ha reducido a un consejo consultivo que simula evaluar los servicios, siguen prevaleciendo los grupos de interés con sus despachos favoritos traficantes de influencias que impunemente definen sus intereses en la procuración de la justicia en Nuevo León. Sigue pendiente la modernización de la judicatura y el desarrollo de la nueva ciudad judicial que el PED prevé con “la construcción de nuevas instalaciones para los servicios judiciales, que albergue los juzgados familiares, orales, civiles, civiles orales, concurrentes y menores, Consejo de la Judicatura y áreas administrativas, y que signifique una alternativa de mejor atención a los ciudadanos que requieran dichos servicios”.
La realidad actual que se percibe es que seguimos lejanos de que la procuración de la justicia sea expedita apegada estrictamente al respeto a las leyes que conforman el estado de derecho e nuestra sociedad, sigue siendo facciosa e infestada por la corrupción, en su historia de los últimas décadas ha prevalecido los casos de impunidad. Se ha incrementado la presencia del crimen organizado en la entidad, con territorios geográficos que logran controlar para el desarrollo de sus conductas criminales. Es preocupante la expansión del delito del narcomenudeo, del elevado índice de violencia con sus lacras de lesiones, robos, secuestros, desaparecidos y los homicidios que conforman el rostro de la sociedad insegura y violenta que viene agobiando desde el inicio de este milenio.
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