PED, GOBIERNO PRODUCTIVO Y DE CALIDAD

El último de los cuatro ejes estratégicos generales del PED de Nuevo León, con el cual concluimos nuestro analisis en este blog, corresponde al gobierno productivo y de calidad, del cual según sus autores, se precisa para operar todas las acciones y objetivos de todas las estrategias contenidas en este plan que en este rubro establece como necesidad: “fortalecer la acción del Estado con altos niveles de responsabilidad, eficiencia y transparencia, a fin de realizar con efectividad su papel de facilitador y promotor del crecimiento; de ente proactivo de la equidad, la justicia social y la democracia; de responsable primordial de salvaguardar la seguridad pública”

La gobernabilidad democrática requiere que los servicios públicos que proporciona los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno sean capaces, honestos y logren estándares de calidad de los mas altos, no sólo perceptibles al momento de los procesos de evaluación interna, sino permanentes, donde diariamente el ciudadano se sienta satisfecho por la eficacia y eficiencia del trato digno en la solución de sus problemas.

El problema recurrente, sexenio, tras sexenio, inicia en la designación de los funcionarios integrantes del gabinete, tanto del primer y segundo nivel, cuyos nombramientos no se corresponden con las necesidades profesionales y de experiencia para el desempeño del puesto y su designación esta más centrada en los intereses políticos del partido gobernante para extender y fortalecer los usos del poder centralizado, mas que el fortalecimiento de la instituciones públicas que logren contribuir a los mas altos anhelados de desarrollo humano y social de muestra sociedad. Estos funcionarios extienden sus redes de poder, reproduciendo este tipo de conductas transgrediendo derechos laborales, sin el minino respeto a la ley del servicio civil de los servidores públicos. Así hemos vivenciado el desempeño de funcionarios responsables de  la educación, sin ser educadores, de salud pública sin formación académica en este ámbito, directores del ISSTELEON sin experiencia en seguridad social, directores de transito sin formación ni experiencia vial, directores de Fomerrey sin formación en políticas de vivienda, etc., etc…

Luego la organización administrativa del gobierno se simula complementar con la formación de consejos consultivos de participación ciudadana, juntas vecinales o comunitarias, y otras instancias de participación y concertación que tienen por objetivo el fortalecimiento institucional y son diluidas a legitimadores de la simulada integración democrática de la ciudadanía en la gobernabilidad, hasta los integrantes de estas instancias, son seleccionadas mediante decisiones verticales y discrecionales de los funcionarios, sin procesos de selección ni participación ciudadana que fortalezcan la cultura democrática. 

 

Así uno de los principales retos de productividad y calidad en este PED, que se ha  enfocado para “Fortalecer la gobernabilidad democrática y participativa, y la alineación de políticas intergubernamentales orientadas al servicio del ciudadano” no ha logrado “privilegiar la política como medio para dirimir diferencias y resolver conflictos en un marco de reconocimiento a la realidad plural del estado y con apego a la legalidad”, el ejercicio de la autoridad con “eficacia, eficiencia y responsabilidad social para mantener el orden público y la estabilidad política”, se ha menoscabado por el autoritarismo que satisface intereses partidistas y de las oligarquías en el estado. Los ejemplos mas trascendente ha sido sus resistencias en aprobar la ley de participación ciudadana, realizar las reformas a la ley estatal electoral y los acuerdos cupulares para aprobar informes financieros de las dependencias estatales y municipales, dictaminados con transgresiones, sin seguir los procesos jurídicos correspondientes, así sus deseos de “ampliar los cauces de la democracia participativa y lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública”, quedan sólo en sus discursos políticos sin lograr la necesaria “colaboración efectiva de los consejos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la administración pública estatal”.

El reconocimiento de esa “realidad plural” sólo será vigente cuando logremos “establecer un diálogo permanente con todos los sectores sociales y las expresiones políticas y religiosas, con base en la tolerancia y el respeto de sus derechos, así como diseñar mecanismos que permitan la viabilidad de sus propuestas”, sin marginaciones ni exclusiones por el peso de la representación del sector u organización que lo propone sino por su trascendencia en coadyuvar al desarrollo social y humano de nuestra sociedad. Esa misma realidad plural se ve obstaculizada por las tareas de los medios de comunicación, que siguen sin aspirar a su democratización, y la inversión financiera excesiva del gobierno en publicidad destinada más a los posicionamientos de los políticos funcionarios que informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que logren ese “sistema de intercomunicación con la comunidad “

Este ejercicio del poder sin integrar la cultura democrática se la que limita el fortalecimiento de las relaciones institucionales en los diferentes órdenes de gobierno, poderes del estado y los organismos autónomos, menoscabando las capacidades creativas, innovadoras “al diseñar, proponer e implementar políticas públicas, programas y servicios concurrentes y complementarios” y en el “fortalecimiento de las instituciones mediante la principios de transparencia, integridad y honestidad en la gestión de los recursos públicos y en la prestación de servicios” que pretenden en este PED. Esto se extiende en las relaciones que el poder ejecutivo tiene con el Honorable Congreso del Estado donde su “estricto respeto a la pluralidad política”, sigue privilegiando el manejo bipatrdidista, cupular PRI-PAN, descalificando y minimizando a los partidos de oposición, principalmente de izquierda, facciosamente se imponen con sus aplanadoras mayorías, reduciendo esa pluralidad al dialogo autoritario e impositivo de sus acuerdos políticos, con sus visiones reduccionistas de los grandes problemas sociales que les llevan a crear leyes que fragmentan los recursos y la acción interdisciplinaria en la solución de problemas. El poder judicial sigue anquilosado a la perniciosa e ignominiosa subordinación con el gobernante en turno, dependiente del entramado de intereses económicos y políticos de la oligarquía en el estado, sin independencia ni autonomía para lograr la modernización en la procuración de la justicia en el estado. Esta misma situación se extiende a organismos autónomos del estado para fortalecer el estado de derecho y las relaciones institucionales como la comisión estatal de derechos humanos y con la comisión de transparencia.

Otro de los problemas trascendentes es la deficiente integración de la ética en los funcionarios públicos que obstaculiza a su vez el desarrollo de la cultura ciudadana para el respeto de la legalidad, los valores cívicos y sociales, así como la protección de los derechos humanos en la entidad, convirtiéndose en fuente de corrupción. La ética en este  PED, no transverzaliza a los programas estratégicos, se reduce a líneas de acción que pretenden: “Fomentar en los servidores públicos la importancia social de la práctica de los valores y principios éticos en el desempeño de sus funciones, impulsando la difusión del Código de Ética entre los servidores públicos, Incorporando en los programas y eventos de formación y desarrollo profesional de los servidores públicos, los temas orientados al fomento de la ética, responsabilidad social, rendición de cuentas, transparencia, legalidad y cultura de la calidad, entre otros y mejorando los programas de evaluación y monitoreo del desempeño de los servidores públicos, así como los de estímulos y reconocimientos al mérito.”

Así, si no se integra plenamente la mística de servicio, subsumiendo la ética, la corrupción prevalece como uno de los graves problemas, que en este PED sólo se reconoce como uno de los retos a “combatir”, nada dicen de los daños que las conductas corruptas han provocado financieramente, afectando las inversiones en obra pública, pero mas importante en educación y salud, se estima que si se hubiera evitado el daño económico de la corrupción en nuestro estado, en las últimas cuatro décadas,  ese dinero sería suficiente para que actualmente estuvieran integradas las redes de caminos y carreteras, mas modernas, así como los hospitales, clínicas, centros de salud y escuelas públicas bien equipadas capaces de proporcionar la cobertura universal del derecho a la salud y la educación de todos los nuevoleoneses, con los efectos trascendentes que se tendrían en el desarrollo social y humano de nuestra sociedad.

Este PED integra en sus acciones estratégicas contra la corrupción, la contraloría social de la acción pública que incluye la creación de una “Contraloría Ciudadana conformada por personalidades y académicos reconocidos por su solvencia moral, que realizará un seguimiento, a través de un sistema de semáforo, de la naturaleza de las quejas de la ciudadanía acerca de los funcionarios públicos, y de la medida en que dichas quejas son debidamente atendidas”,  el desarrollo de un Sistema de integridad y calidad, con el propósito de prevenir, inhibir y sancionar conductas irregulares por parte de los servidores públicos, ofrecer servicios de calidad e impulsar la eficiencia administrativa y finalmente, El Combate a la corrupción donde se impulsará la implementación de un modelo eficaz para el combate frontal a la corrupción, así como el establecimiento de disposiciones jurídicas orientadas a desincentivar la comisión de actos de corrupción. Es fecha que siguen pendientes la consolidación de su propuesta de un “sistema estatal que regule y fortalezca la participación ciudadana en la gestión pública, la autogestión y el desarrollo de la comunidad, en áreas de seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo sustentable y desarrollo social, entre otras”.

Para lograr eficazmente este combate a la corrupción este PED se propone además “fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión gubernamental en concordancia con la legislación en la materia”. En el marco de la planeación, seguimiento y evaluación no se ha logrado desarrollar un sistema participativo que integre no sólo a los ciudadanos sino a los trabajadores de las diferentes instituciones operadoras de los planes y programas sustantivos del gobierno, sus indicadores no son ni siquiera consensados en base a estimaciones estadísticas realistas, se definen verticalmente y algunos siguen careciendo de la alineación y congruencia con programas y acciones interinstitucionales entre dependencias del mismo sector así como similares con programas federales y dependencias municipales, el problema se incrementa con  los ajustes que estos indicadores demandan conforme a los cambios que las circunstancias económicas y sociales imponen. Así la evaluación institucional queda sujeta a los intereses  políticos y económicos discrecionales de los funcionarios con las transgresiones y desviaciones que impunemente generan el fondo sobre el cual se desarrolla la corrupción pública. Luego los procesos de auditoria y los de verificación de la gestión gubernamental son procesados por organismos contralores que carecen de autonomía y de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que les impide coberturas amplias para el desarrollo de conductas preventivas y correctivas y así lograr mayor efectividad y eficiencia de las acciones y metas en los planes de desarrollo. Por eso se recurre a focalizar las auditorías y verificaciones ordinarias en dependencias y procesos seleccionados que generalmente representan áreas de interés por la trascendencia de la denuncia pública de presuntos actos de corrupción, como ha sucedido con proveedores de bienes o servicios y en las desviaciones de beneficiarios de de programas asistenciales, apoyos agropecuarios, de fomento económico y de empleo. Ahí están los casos emblemáticos de corrupción en el issteleon y en la dependencia del control vehicular.

Las dependencias de la Administración Pública de Nuevo León no logran poner a disposición de los ciudadanos eficazmente sus informes periódicos de la gestión pública, mucho menos cuando esta es solicitada por otra autoridad, menos cuando el ciudadano y/o las organizaciones de la sociedad civil tratan de coadyuvar en el combate a la corrupción, y si este proceso de investigación documental se dificulta  y se recurre a la burocracia de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, resulta que no logra cumplir con su función de facilitar oportunamente la información pública que requieran, simplemente porque sus funciones siguen subordinadas al poder centralista del gobernante en turno. En síntesis la modernización de los procesos de información, rendición de cuentas y las políticas de transparencia de los gobernantes para lograr el combate frontal de la corrupción ha sido uno de los grandes pendientes de todos los PED, hasta el presente.

En el contexto del manejo financiero, se sigue sin lograr el mejoramiento de la capacidad financiera del estado, obstaculizado por la deficiente recaudación y fiscalización tributaria, la falta de austeridad, la racionalización del gasto hacía inversiones productivas y el grave endeudamiento que los gobernantes han hecho los últimos sexenios. Las aspiraciones de “Fortalecer las finanzas estatales mediante la reingeniería de procesos y la modernización tecnológica de los mismos” no se han logrado satisfacer y lamentablemente recurren a  “Alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos” donde pretenden “Desarrollar esquemas innovadores de financiamiento y asociatividad para proyectos estratégicos”, Adoptando esquemas de financiamiento público privada, para proyectos de inversión para mejorar la infraestructura estratégica y la calidad de los servicios públicos, que implican desarrollar esquemas jurídicos y administrativos para desconcentración, descentralización o concesión, que permita ampliar la cobertura y mejorar el suministro de bienes y servicios públicos, con la participación de capitales privados, de lo cual no significa otra cosa que privatizar servicios públicos que han sido responsabilidad exclusiva del estado.

Finalmente el gobierno productivo y de calidad que se propone en el PED tiene como objetivo central  “Proporcionar servicios gubernamentales modernos, eficientes y de calidad centrados en las necesidades y expectativas ciudadanas”, donde sus estrategias centrales de “Generar un modelo único de gestión de calidad y mejora continua en la administración pública estatal”, “Fomentar la innovación en las dependencias y entidades de la administración pública estatal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia y la cobertura, y reducir costos”, y la  Certificacion los principales procesos estratégicos del gobierno, mediante estándares tipo ISO y de otros modelos a mas de tres años de gobierno no han logrado consolidarse para lograr la plena satisfacción del usuario. Los trámites y servicios al ciudadano como los del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro, la obtención de licencias y permisos, desde las del uso de vehiculos, desarrollo urbano, alcohol, siguen esperando el profesionalismo con los menores tiempos de gestión, donde sigue prevaleciendo el abuso de gestores confabulados con los funcionarios en los beneficios económicos de esa actividad. El Programa insignia de esta administración “Nuevo León Unido”, sólo ha logrado imponerse como instrumento publicitario de una aspiración de este cuyo “objetivo de este programa es articular los esfuerzos públicos, sociales y privados en beneficio de la comunidad, especialmente de sus segmentos de menor desarrollo, para atender oportuna e integralmente sus requerimientos”.

Imaginemos que este PED lograra su visión que conceptualiza en este ámbito del PED “El Gobierno del Estado prevé que en 2015 Nuevo León contará con un gobierno competitivo e incluyente, que privilegiará la participación social corresponsable y la coordinación efectiva entre los tres poderes y órdenes gubernamentales, en un marco de respeto al estado de derecho; que será líder en el desempeño de políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y que brindará servicios gubernamentales accesibles y de calidad a través de servidores públicos profesionales y honestos, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas”.

Sin duda, de alcanzar esta paradigmática visión, nuestro salto al desarrollo social y humano que anhelamos, sería tan grande como el que los astronautas simbolizaron al pisar la luna en los sesentas del siglo pasado.