Ha concluido el procesamiento de la reforma electoral en México, en los congresos de los estados, impuestas
por las oligarquías económicas y partidistas, del régimen de oprobio que
padecemos, dando un paso más, de su ignominioso pacto, para continuar las
políticas neoliberales que incrementan las desigualdades, que son depredadoras
de nuestras riquezas y obstaculizan el desarrollo humano y social, que debería
estar inmerso en el pleno goce de la libertad y la democracia sin condiciones
para todos los ciudadanos.
Los diputados y senadores, no quisieron dar el gran paso
revolucionario, necesario para integrar plenamente la democracia en la política
electoral y acabar de una vez por todas con la simulación, la mentira y los
fraudes electorales. Las leyes y normas integradas en nuestra Constitución y en
sus leyes secundarias que han impuesto, como la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales y
las Leyes Electorales para los estados seguirán siendo letra muerta, sin
garantizar la función cabal del estado mexicano, en los procesos democráticos en
la elección de los políticos que nos gobiernen, para garantizar el desarrollo
de elecciones con “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad como principios rectores”, menos que “los partidos
políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus actividades y accedan al derecho en “el uso de manera permanente de
los medios de comunicación social”, en condiciones de equidad.
Los pripanistas no quisieron acabar con las lacras del
clientelismo, el asistencialismo, corporativismo, el pragmatismo, la compra de
los votos y demás conductas corruptas que utilizan para cometer los fraudes
electorales, en suma seguirá prevaleciendo el poder del dinero con la
ignominiosa mercadotecnia electoral, las influencias de caciques empresariales,
políticos y gobernantes con sus redes delincuenciales capaces de aniquilar a
los enemigos que osen atentar contra sus corruptos intereses. Seguirán además blindados,
por las instituciones garantes de la impartición de justicia, contra sus graves
violaciones como los excesivos gastos de campañas y el uso de recursos públicos
y/o de procedencia ilícita, y no se diga de los favores de los medios de
comunicación con sus televisoras y estaciones de radio otorgándoles tiempos y
espacios privilegiadamente, manipulando y mintiendo para luego beneficiarse con
las políticas de los gobernantes, como lo acaban de hacer en la reforma de
telecomunicaciones.
La desigualdad para los candidatos y los partidos adversarios
al régimen, prevalecerá en todos los ámbitos, desde el financiamiento público
de las campañas, el acceso a los espacios de los tiempos en los medios de
comunicación hasta las condiciones mínimas que deben instrumentarse para el
voto reflexivo de los ciudadanos en los debates de los candidatos. Los partidos
en el poder, PRI y PAN seguirán impunemente usando los recursos económicos,
materiales y humanos de sus dependencias públicas y de los programas sociales
con sus estrategias de cooptación y tráfico de influencias sin que prospere
alguna de las demandas que públicamente son conocidas y evidenciadas una y otra
vez por las investigaciones periodísticas.
Así que para ganar una campaña electoral en las próximas
elecciones del 2015 que se celebraran en México y en algunos estados como el
nuestro, Nuevo León, donde se elegirán gobernador, diputados locales y alcaldes con sus
ayuntamientos, los candidatos aspirantes al poder en cualquiera de estos
niveles, tendrán que tener el poder del dinero que además de sostener los
gastos ordinarios del uso de los recursos para una campaña, sostenga la
parafernalia de la mercadotecnia electorera capaz de manipular el cerebro
primitivo, regulador de las emociones de los seres humanos, capaz de lograr las
influencias que permitan su posicionamiento no sólo ante los votantes sino ante
los oligarcas empresariales y partidistas; sin olvidar como inhibir los
votantes corporativizados y de las clientelas políticas, dispuestos a apoyar
con dadivas en la gran fiesta electoral, como alguna vez escuche denominarla
así a un cacique de izquierda, vividor de estas lacras.
En tanto los partidos de izquierda como el PRD y el PT se
desgarran las vestiduras porque estas nuevas leyes exigen alcanzar mínimamente
el 3% de la votación, para mantener el registro legal, con las prerrogativas y
las posiciones plurinominales, donde han estado perdidos en sus trabajos políticos
electorales por décadas.
En MORENA, donde esta semana hemos logrado el registro como
partido político nacional, no nos preocupa esas mínimas metas, nuestra
lucha no es por los cargos, seguimos aspirando a llegar al poder político en
México, para lograr el cambio verdadero, que incluye derogar las ignominiosas
reformas, como esta, y la educativa, hacendaria, energética y la de
telecomunicaciones, para así dar ese gran paso revolucionario que logre la
transformación radical con nuestro proyecto alternativo de nación.
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