Asistí al
supuesto debate político de los diez candidatos al gobierno de mi estado de
Nuevo León, México, organizado por la Comisión Estatal Electoral en el marco
del proceso electoral 2015, que estamos viviendo; supuesto porque el dialogo
necesario entre las personas para discutir oportunamente, confrontando sus
propuestas para gobernar, no se logra con tiempos limitados ni normas
restrictivas que impiden ese debate. Su conductor no sólo debe ser un otorgador
de la palabra, limitado a señalar las preguntas, los tiempos de intervención,
sino lograr, con sus habilidades, neutralizadas en sus preferencias, que los
dialogantes se ciñan al tema central que se está debatiendo.
Un debate
político debería de lograr que los votantes conozcan y analicen a los
candidatos con sus propuestas políticas, suyas y las de su partido, así como
sus personas, sus trayectorias, y motivar el voto razonado para el día de la
elección, lejos de la emocionalidad, lejos de la manipulación de los gurús de
la mercadotecnia electoral, mas lejos de la cooptación y compra del voto que
persisten en utilizar como estrategia fundamental el PRI y el PAN. En un mundo
inmerso en la manipulación mediática y las lacras del mercantilismo del sistema
capitalista neoliberal, donde los países emergentes, en vías de desarrollo como
el nuestro, apenas intentan lograr los niveles de escolaridad básicos para el pensar y el conocer, necesario para la
participación libre y consciente del ciudadno en sus decisiones trascendentes, como estas,
de quien debe dirigir los gobiernos de sus sociedades, debatir sigue siendo una
esperanza, un anhelo de integración al desarrollo democrático en nuestra
cultura para alcanzar los niveles más altos de desarrollo humano.
Desde
el inicio de ese debate, en su presentación, el candidato del PAN, Felipe de
Jesús Cantú, detonó estas prevalecientes estrategias mediaticas de campaña, acusando a la
del PRI, Ivonne Álvarez de estar siendo beneficiaria de la corrupción, por la
presunta irregularidad de sus padres de haber recibido concesiones de taxis
públicos, con ganancias millonarias. En tanto la candidata del PAN tímidamente
lo acusó de ser beneficiario de los prevalecientes giros negros (table dances,
salas de masajes, etc.) en sus funciones como alcalde de la ciudad de
Monterrey), sumandose luego el supuesto candidato independiente “el Bronco”, que arremetió
contra la candidata del PRI, como subordinada y cómplice de la corrupción del
gobernador actual, etiquetándola de mentirosa e incapaz de lograr sus
propuestas por su pertenencia a esos políticos corruptos, llegando a señalar a
los líderes cetemistas, que son sus apoyadores, como similares en sus
comportamientos al cartel de los zetas. En tanto, El Bronco, timoratamente , fue acusado de
corrupto, por Luis Farias, en su pasado ligado al PRI, por cuarenta años, más en su trayectoria
como alcalde del municipio de García, donde endeudo en más del 1000% a las
arcas municipales y se integró a las redes de complicidades en la industria
inmobiliaria.
En ese
momento, ironizaba sobre el ausente perfil de honestidad y probidad en sus
desempeños como funcionarios públicos, no sólo de estos tres candidatos, que
según las encuestas son los más posicionados, con posibilidad de ganar en su
candidatura, sino de la mayoría del resto de los candidatos, con excepción del
candidato del partido Encuentro Social, Raúl Guajardo, a quien no conozco en su trayectoria,
reculando mi actitud, al ver su decisión pragmática e incongruente con sus valores
que tanto pregonaba, su declinación y apoyo al candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”. Lo más aberrante fue
escuchar a dos candidatos: uno Luis Farías, otro Jesús María Elizondo; el
primero un vividor de la política, sin escrúpulos, lo mismo se ha aprovechado
en partidos de izquierda el PRD, y en el nefasto PRI, donde se le apoyo para
institucionalizar su partido Cruzada Ciudadana, donde es presidente, su
candidato a gobernador y pretendía duplicar candidaturas beneficiarias de
posiciones plurinominales para su persona, transgrediendo las leyes; el otro
“Chema”, del partido Humanista, con todo un historial de Corrupción como
alcalde en las ciudades de Guadalupe y Monterrey, este último evidenciando y
denunciado en el marco de mi función como regidor de este último municipio,
logrando evadir responsabilidades por el contubernio pripanista que nos ha
venido gobernando.
Todos de
acuerdo en que la corrupción que impera en el gobierno, es una plaga, pero sin
autoridad moral para lograrlo, de ahí su tibieza de propuestas: Fiscalía
anticorrupción, Consejerías y contralorías ciudadanas, auditor superior
ciudadanizada; eso sí según, dispuestos a
llevar a la cárcel a quien sea culpable de actos de corrupción y desvío
de recursos públicos en sus mandatos, de los responsables de las pasadas
administraciones priistas (2003-2009 y la actual) sólo Rogelio González de
MORENA, hizo al menos un compromiso serio y tiene la capacidad moral de
lograrlo con un respaldo y exigencia total de los militantes de MORENA y de
nuestro principal dirigente Andrés Manuel López Obrador, donde la lucha contra
la corrupción es nuestra principal es nuestra principal demanda.
Uno de los
temas que siguen siendo desdeñados por los candidatos es el de lograr la
austeridad republicana de los funcionarios públicos, eliminando sus ostentosos
salarios, prestaciones, bonos y demás privilegios (Seguros privados, vehículos,
asesores, asistentes, etc...), que conjuntamente con los ahorros derivados de
la lucha contra todas las formas de corrupción ( dadivas, pagos de favores,
tráfico de influencias, sobrevaloración de costos en adquisiciones, en las
obras públicas, concesiones, permisos, etc..), lograría rescatar del 30 al 40%
de los ingresos totales a la finanzas públicas del estado que darían solvencia
económica para lograr el pleno derecho a la educación, la salud y la pensión a
los grupos vulnerables (adultos mayores, personas con alguna discapacidad,
madres solteras) de nuestra sociedad. No se diga el impacto que lograría en los
servicios públicos que son obligación del estado, como el transporte público,
la vialidad, la protección al ambiente, la seguridad y la impartición de
justicia.
Tan sólo el
transporte público, en nuestro estado sigue siendo rehén de grupos sindicales de
la CTM y CROC, principalmente que poseen las concesiones del 70% de camiones,
autobuses y taxis, quien confabulados con empresarios nos siguen brindando un
mal servicio, caro, contaminante e insalubre en sus unidades. Han gozado de una
gran impunidad de los gobernantes del PRI y el PAN, por sus funciones serviles
y corporativas a su servicio.
Los temas de
fondo como desarrollo económico, la democracia, justicia, seguridad pública, no
fueron abordados más allá de sus timoratas alusiones en el marco de lo que
harían contra la corrupción, el abuso de autoridad, el estímulo a la
integración de empresas, nada propusieron que realmente logre impactar en lograr los
niveles de desarrollo social y humano que toda la sociedad en nuestro estado se
merece de conformidad con las capacidades productivas económicas y culturales de los habitantes.
Así se
vislumbra, con esta realidad imperante, que de todos los candidatos no se hace
uno del perfil de gobernante que requerimos para lograr la transformación
social que logre un cambio verdadero regenerador de nuestra vida social que
acabe con las lacras de la corrupción, desigualdad e injusticia que padecemos
en nuestra sociedad.
La pobreza política
y de los candidatos y sus antecedentes
de pertenencia a los grupos políticos del PRI y el PAN que nos han gobernado,
subordinados a las oligarquías económicas, seguirán desdeñando el objetivo
fundamental de todo gobernante de lograr los máximos, no los mínimos niveles de
desarrollo humano y social de nuestro
estado
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