A propósito del día del niño
que transcurre, hoy 30 de abril en México, cumpliendo con la parafernalia del
mercantilismo imperante, estimulando el hiperconsumismo y desviando su objetivo
fundamental de recordarnos, el gran pendiente que tenemos como sociedad, en
hacer prevalecer el respeto a sus derechos fundamentales y solucionar las
lacras del trabajo infantil, la violencia y el abuso sexual, de con son objeto en sus familias, escuelas e
instituciones, resulta que ha surgido en el mundo y retomado por algunos
políticos y especialistas de nuestro país la discusión de las consecuencias de una eventual reducción
de la edad mínima en los menores de edad,
para ir a prisión y el tiempo máximo de internamiento necesario para su
rehabilitación.
Ante la problemática de
menores de edad en conflicto con la ley, la edad promedio internacional para
ingresar a un centro tutelar es de 13 años,
en tanto en México es de 12, pero en la práctica el ingreso a los penales
es a partir de los 14. En México existen 32 legislaciones distintas en la
materia, una por cada entidad federativa, por lo tanto, los jueces emiten
resolutivos sobre los años de internamiento con base en la norma local, así
como el tratamiento al cumplir la mayoría de edad (18 años). En el país casi 80
por ciento de adolescentes en cárceles tienen entre 16 y 18 años de edad. En el
Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en
México, elaborado por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal de Gobernación, se precisa las
entidades que tienen periodos mayores de internamiento para jóvenes son
Aguascalientes, San Luis Potosí, Yucatán, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca, con
plazos de hasta 15 y 20 años.
En 2014 se reportaron 13.1
asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la tasa
de 15.5 de 2013. Los jóvenes siguen siendo las principales víctimas y también
los victimarios, pese a una tendencia decreciente de la comisión de delitos
graves. En el Distrito Federal, 42 por ciento de los internos están vinculados
al crimen organizado y abandonaron la escuela antes de los 15 años, según datos
compilados por Gobernación.
En el periodo de 1986-1988,
un equipo de profesionistas de la salud mental, integrado por médicos,
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales nos integramos al estudio y el
desarrollo de propuestas de atención de los menores infractores en Nuevo León,
en apoyo al Consejo Tutelar para menores, que en ese tiempo era la institución
responsable de las políticas públicas en la atención de estos problemas; logramos desarrollar un
modelo de atención y prevención integral interdisciplinaria que garantizarán el
respeto a sus derechos, lograran la reinserción social y evitaran la
reincidencia en sus conductas infractoras, nuestro trabajo estrictamente
apegado a las ciencias sociales y de la conducta, lejos de los intereses
políticos, fue víctima de las posturas reincidentes de los gobernantes, que se
repiten sexenio tras sexenio, donde los políticos en el poder conforme a sus
intereses, inician sus políticas públicas desdeñando los productos y propuestas
del gobierno anterior, como el que hicimos, demostrando desde entonces que la
prevención de actividades criminales y su atención en los menores de edad
depende de la acción en los diferentes factores socioeconómicos, familiares, biológicos,
psicológicos, emocionales y del desarrollo moral que a la fecha siguen estando ausentes
en los modelos de reinserción social que desde la secretaria de gobernación del
gobierno federal se proponen y promueven en las dependencias de los estados,
responsables de estas funciones, convirtiéndose en factores de extensión de las
conductas criminales por los altos niveles de reincidencia en conductas
criminales cada vez más graves.
Desde entonces nos quedó
claro, que reducir la edad penal, es decir la edad mínima para ir a prisión, de
los menores infractores, no debe estar menor a los 18 años, porque el desarrollo
de la personalidad, del funcionamiento cognoscitivo y de la integración plena
del juicio moral, integrador de lo bueno y lo malo en nuestras conductas se
logra en nuestras sociedades a esa edad, a reserva de que referíamos en el
futuro, el desarrollo humano de nuestros habitantes sea impactado
trascendentemente por la educación, la salud y el mejoramiento del bienestar de
la población.
Hoy que en México, como en
otros países subdesarrollados, nuestros habitantes siguen enfrentando las
graves condiciones de desigualdad, pobreza, desempleo, mala atención a su
salud, a sus necesidades educativas, con pésima calidad en la educación
pública, inmersos en problemas alimentarios, me queda claro el poco impacto en
la calidad del desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes, por lo que el
punto de discusión en este momento no debe ser si reducimos o no la edad penal
sino como logramos atender el fondo sobre el que se inserta la conducta
criminal en nuestros niños y lograr la capacidad de respuesta efectiva en la
prevención, atendiendo profesionalmente todos los niños que en este momento
cursan con los factores de riesgo, como los que presentan conductas oposicionistas-desafiantes,
trastornos de déficit de atención, problemas de aprendizaje en sus escuelas y
los denominados trastornos disóciales, con mayor urgencia en los niños que están
integrados en familias disfuncionales donde prevalecen las deficiencias de la guía
parental en sus responsabilidades en la crianza.
Los políticos deben de tener
claro que el esquema de atención a las conductas de los menores infractores, no
debe basarse en acciones represivas o punitivas, sino en acciones preventivas, hace más de
treinta años lo propusimos, hoy insistimos, que deje ser sólo parte de sus
peroratas.
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