Estamos a casi 10 meses, de que tomaron protesta las nuevas
administraciones de los Ayuntamientos de nuestro estado, sin que a la fecha, se observen
cambios trascendentales en sus políticas públicas, para lograr gobernar en
forma austera, eficaz en sus tareas y detener las lacras de la corrupción, que año
tras año, han estado impunes, con las consecuencias desastrosas, en el estado
actual de las funciones que se establecen como responsabilidad, en nuestra constitución,
de este nivel de gobierno.
Tienen especial interés, los municipios que conforman el área
metropolitana de Monterrey, donde viven más del 85% de la población de todo
nuestro estado. Hay que reconocer la excepción, en el combate a la corrupción,
al municipio de Monterrey, donde el nuevo alcalde, Adrian de la Garza, en
congruencia con su profesión de abogado y ex – Procurador de Justicia del
gobierno medinista, ha denunciado a su antecesora Margarita Arellanes, aunque
más parece un ajuste de cuentas político de los priístas contra los panistas,
ante los embates del panismo contra el gobernante Jaime Rodríguez Calderón
(JRC). El hecho es que la mayoría de los alcaldes, a pesar de sus quejas, de
haber recibido administraciones en bancarrota, llenos de irregularidades y
presunciones de ilícitos, aun de ex funcionarios, de sus mismos partidos, siguen sin hacer
acciones claras y concretas contra las malas administraciones que recibieron,
lo que los lleva ser cómplices, por omisión, de sus antecesores.
Primero, refrendaron las clásicas organizaciones administrativas
municipales, que siguen siendo verticales, autoritarias, obesas e ineficientes,
llegando a duplicar funciones, muy eficaces sólo para dar satisfacción a los
desempleados políticos de sus militantes partidistas, afectados por el dizque
nuevo gobierno independiente de JRC, en los poderes del estado. En la integración
de sus gabinetes, además de no subordinar el perfil profesional y/o técnico
para el desempeño de los directivos, prevaleció el influyentismo, el nepotismo y el amiguismo
en los nombramientos de los funcionarios de mandos altos y medios, desde
secretarios, subsecretarios, directores de organismo municipales, persistiendo
con sus altos sueldos y sus privilegios para sus desempeños.
Luego, elaboraron sus planes de desarrollo municipal, con sus
acostumbradas simulaciones de consultas, ausentándose la participación democrática
de los ciudadanos en sus barrios y colonias, y más de los expertos
profesionales de sus territorios, contratando además, con los habituales costos
estratosféricos, los gabinetes de consultoría privados, que finalmente hicieron de la mayoría de estos planes, copias de los planes de los
ayuntamientos anteriores, en sus diseños, contenidos, y claro ajustando metas,
a contentillo del alcalde en funciones, aun peor sin ningún debate profundo en el seno de sus
ayuntamientos, donde los regidores de oposición brillan por su ausencia.
En estos primeros meses, han prevalecido sus conductas
dirigidas a incrementar las finanzas de sus tesorerías, gestionando incrementos
en los fondos federales y estatales, aumentos de sus capacidades de
endeudamiento, incrementos del impuesto predial, amenazas de embargos a
incumplidores, creación de nuevo impuestos, como el estúpido pago que pretenden,
para que los ciudadanos paguemos por el alumbrado público, las nuevas multas en
el reglamento de tránsito, sus clausuras de negocios, para reacomodar los acostumbrados
“moches”, sobre todo de los establecimientos dedicados a la venta de alcohol,
giros negros, casinos, y anuncios publicitarios, reacomodándose, además con los
intereses de las empresas inmobiliarias, hambrientas de los permisos, de las
secretarias de desarrollo urbano municipal, para seguir sus construcciones depredadoras de
la ecología.
Continúan además, sus gastos mediáticos, en sus obsesivos
posicionamientos de sus imágenes, en los medios, no sólo gastan en los "apoyos económicos" a los reporteros de las principales fuentes y en la compra de espacios noticiosos e inserciones pagadas de sus "actos de gobierno", llegando a transgredir la dignidad de niños,
enfermos, adultos mayores, discapacitados, usando sus imágenes “asistencialistas”, en vez de avergonzarse, de no hacer soluciones de fondo
a sus derechos humanos y sociales como gobernantes. Los municipios tienen la
capacidad financiera y jurídica para hacer realidad, mínimamente el derecho a la alimentación, educación y la
salud de sus habitantes y a una vida digna de adultos mayores, discapacitados y
madres solteras. Desde luego si no prevaleciera la corrupción, derivada de la
impunidad ante el robo, la irresponsabilidad de sus funcionarios en sus
desempeños y el mal uso del patrimonio de sus municipios.
Así, Monterrey y su zona metropolitana, siguen distinguidas
por la gran contaminación ambiental, la prevalencia de las malas vialidades,
destrozadas por los baches, el pésimo alumbrado público, con sus calles,
puentes y pasos peatonales, inmersas en la basura, la suciedad, con la
insalubridad de los puesteros, sobre todo en Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Escobedo,
donde las centrales de la CTM, CROC y CNOP, están muy protegidos en su
impunidad, por sus contribuciones de sus clientelas políticas; sumemos los
contaminantes anuncios publicitarios, sin faltar la proliferación de sus giros negros, salas de masajes, table
dances, prostíbulos, casinos y establecimientos dedicados a la venta de
alcohol, pero sobre todo prevaleciendo la inseguridad, a pesar de la
militarización de los mandos altos, con la prevalencia de las redes
delincuenciales, donde seguimos siendo víctimas de los robos, secuestros,
desparecidos y cobros de piso, por los grupos delincuenciales y sus cárteles
dominantes en cada municipio.
Ojalá y los alcaldes superen las mediocridades del ser político,
por la ausencia de los valores de la ética, en sus conductas como gobernantes de
este nivel de territorio, sólo así lograremos el anhelado municipio libre y democrático,
sin corrupción de sus funcionarios.
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