Siguen protegidos impunemente, en la lucha contra la corrupción, rectores, ex rectores, directores de escuelas, facultades y dependencias, con el escudo de la autonomía universitaria, que logramos en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), después de una larga lucha represora y trágica que desarrollamos conjuntamente estudiantes, maestros y personal administrativo a finales de los sesentas y principios de los setentas del siglo pasado, movimiento que terminó imponiendo el control de la barbarie autoritaria del conservadurismo derechista, liquidando la cultura de la democracia, libertad y equidad en su interior, imponiendo un modelo educativo retrogrado e inmerso en los intereses del salvaje mercantilismo que nos domina desde hace más de treinta años el neoliberalismo capitalista.
Contralorías y organismos auditores, como la Auditoria Superior de la Federación (ASF) una y otra vez ha detectado transgresiones a la ley y uso indebido de los recursos fiscales, que ha llegado a involucrar hasta Secretarias de Estado, donde se realizan convenios operativo y los recursos financieros no se utilizan en los trabajos acordados. Cuando se trata de investigar, buscando información, simple y llanamente se oculta, escudándose en la dichosa autonomía.
Por décadas se han integrado empresas, que se han formado por funcionarios, a nombre de familiares y amigos, para otorgarles contratos de obra pública o servicios directos como estudios a modo que favorezcan inversiones. La ASF señala que desde 2011 dependencias de la administración federal adjudican a las universidades públicas contratos, convenios y otras formas jurídicas de darles dinero para la prestación de servicios, pero eludiendo el procedimiento de licitación púbica y en cambio simular contratos con terceros “lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos gubernamentales a fines ajenos”. Tan sólo en el 2014, Las universidades públicas han recibido de las dependencias federales 3.4 mil millones de pesos por medio de contratos para efectuar obras o servicios. Mas no realizaron los trabajos acordados y parte de ese dinero fue a dar a empresas “fantasmas”. En otras ocasiones subcontrataron con empresas sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, los casos más patéticos se han desarrollado en las universidades públicas de Veracruz, Zacatecas, Colima y Morelos, involucrando una red de complicidades con los gobernadores corruptos como el multicitado evasor de la justicia Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
El hecho es que el manejo de los ingresos financieros internos, siguen gozando de opacidad y manejo discrecional, no sólo en las escuelas y facultades hacia los estudiantes por las denominadas cuotas internas y servicios que les otorgan, sino además por servicios como los que prestan a usuarios externos, dependencias como el Instituto de Ingeniería Civil, los Institutos de Investigación de todas las dependencias, el Hospital Universitario (HU), donde han sido denunciados, en los últimos meses, manejos millonarios con presunciones de corrupción mediante, como se ha publicado en la prensa, sobre el mal uso de los recursos financieros de los estacionamientos, en el HU, del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que recurrió a su clausura por evasión fiscal, así como las denuncias de falta de transparencias de los recursos financieros que reciben por los servicios que prestan, como cuotas internas, constancias, cafeterías, uso de instalaciones a sus estudiantes, de los directores de las escuelas y facultades. La corrupción ha afectado hasta la vida académica, como el fraude académico que involucró a 27 estudiantes de la maestría en derecho energético de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el coordinador de la maestría, Rodrigo Alanís, alteró las calificaciones para que resultaran aprobados los 27 estudiantes, que luego fue separado de su cargo y la universidad lamentó el fraude cometido.
Es muy curioso que todos los informes financieros de la UANL, desde hace más de treinta años, gozan de la aprobación cabal, legitimados por auditores externos, que cobran muy bien, y luego aprobados fast track por los poderes ejecutivos y legislativos sin que a la fecha no se haya detectado ninguna irregularidad que lleve a la acción penal, civil o administrativa de alguno de sus funcionarios. Si se auditara el sistema de producción de las investigaciones científicas realizadas por universitarios, se observaría la precariedad de estudios no sólo sobre la realidad de los problemas académicos y administrativos que padecen en la UANL, sino además la escaza atención a los temas de las ciencias sociales, biológicas, de salud, económicos y políticos que coadyuven a la solución de nuestros problemas locales, regionales y nacionales, se dan casos de trabajos científicos que son usados para legitimar intereses empresariales, sobre todo en materia ambiental y no se diga de políticas públicas de los gobernantes y funcionarios, con sus gastos millonarios en algunos programas apócrifos.
Como en otros casos de corrupción de instituciones oficiales o de los poderes Legislativo y Judicial, los responsables de hacer mal uso de los recursos públicos en la universidad, no han sido sancionados, gozan de total impunidad, así se han desarrollado los grupos político-caciquiles, son grupos que sólo actúan para fortalecer su red de complicidades y reproducir su control clientelar, alejado de todo interés institucional; viven del desvío de recursos y del enriquecimiento ilícito, escudados en una mala interpretación de la autonomía universitaria.
Los beneficiarios de esta situación, gozan de un sistema de estímulos y recompensas, que les hace brillar, medrando beneficiariamente, en tanto mantengan lealtades con su silencio cómplice y acriticismo hacía sus superiores, con un servilismo que no sólo declina en sus valore y principios, sino se inclina ante los mandones en turno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario