Desde el año pasado en México, se integró al debate, sobre todo en el Senado de la Republica, la necesidad de legalizar el uso y la portación de armas, como estrategia para lograr la legitima defensa ante los criminales y ante el prevaleciente incremento de los delitos como los robos, lesiones y homicidios en el medio familiar y empresarial. El senador panista Jorge Luis Preciado, presentó una Iniciativa de Ley que incluye Reformar el artículo 10 de nuestra constitución, con la pretensión de legalizar que los ciudadanos puedan tener y portar armas en su casa, su empresa o su trabajo, e incluso en el automóvil, según él “su propuesta no busca sólo armar a los ciudadanos, sino hacer valer y que se respete el derecho que tienen a la vida, se trata de portar armas para defenderse de asaltos, secuestros y otras acciones de la delincuencia organizada”, argumentaba que con esto no se incrementaría la violencia y disminuirían los delito, cómo ha sucedido en otros países que si permiten a la población portar armas. http://www.jornada.unam.mx/2016/10/26/politica/006n1pol. Fue una iniciativa que afortunadamente no ha prosperado y permanece congelada, con otras muchas que han sido intrascendentes, con visiones reduccionistas en la solución de los problemas sociales, económicos o políticos que padecemos los mexicanos.
Resulta que este debate fue retomado por los legisladores locales del Congreso de nuestro estado Nuevo León, en el marco de hacer reformas a las leyes dirigidas a fortalecer, según ellos la legítima defensa, para los cual aprobaron por unanimidad, el pasado mes de mayo, la reforma al artículo 17 de nuestra constitución local que establece que se considerará legítima defensa cuando una persona hiera e incluso le cause la muerte a otra que ingrese a un domicilio y ponga en riesgo la integridad física de quienes se encuentran al interior, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/30/reforman-articulo-de-legitima-defensa-en-codigo-penal-de-nl , reforma que según los abogados expertos no aportan a lo que ya existía, ya que las modificaciones al texto sólo hacen explicito lo que se interpretaba en el texto de ese artículo reformado, según ellos “De esta manera se cubren lagunas y conceptos muy generales que tenía la legislación y que, a decir de los legisladores, dejaban en la indefensión a las víctimas de la delincuencia”
El pasado lunes 13 de junio, fui invitado a uno de esos debates que sería grabado para presentarlo en televisión en el programa círculo editorial de la cadena Azteca Noreste y ahí estuvimos: el diputado local Ángel Barroso, una representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y un servidor, como experto en salud mental, después de argumentar los pros y contras de este debate, el más inmersos en la defensa de esa propuesta fue el diputado, a pesar de las divergencias siento que se concluyó que estas medidas no sirven para disminuir la criminalidad ni la violencia social, en la que estamos inmersos, son en todo caso estrategias que sólo contribuyen a hacer un enfoque reduccionista sobre la atención integral del fenómeno de la violencia y la criminalidad que año tras año, como les informe en la mesa y a los televidentes, así lo integra en sus informes anuales que la ONU, hace sobre este tema con sus recomendaciones a los gobiernos para que asuman políticas públicas integrales usando el paradigma de la salud pública con sus enfoques integrales e interinstitucionales en sus programas y acciones.
El hecho es que no existe ningún estudio científico, desde la criminología, la sociología y la psicología social, que fundamente estas propuestas y demuestre que facilitar el uso de las armas asociado a la legitima defensa en los ciudadanos disminuye los daños de la criminalidad, menos que contribuya a disminuir la violencia; observé que al contrario la existencia y el uso de armas incrementa los daños de las víctimas no sólo de los delincuentes sino de la violencia familiar, laboral y escolar, con sus tragedias que día a día prevalecen en nuestras sociedades.
Las comparaciones con otros países, donde está legalizada esta portación y uso de armas como un derecho legítimo de sus ciudadanos y que según sus defensores es donde han reducido la criminalidad y la violencia, no toma en cuenta sus particulares condiciones económicas, sociales, educativas y culturales, menos su evolución histórica y sus características del desarrollo humano, son sociedades con altos grados de escolaridad, con bajos índices de violencia, pobreza, desempleo, desigualdad económica, pero sobre todo donde el Estado les brinda a sus ciudadanos mejores garantías para el disfrute no sólo de sus derechos humanos fundamentales sino de sus derechos civiles y sociales.
Les señalé que tuvieran la visión del fondo del problema, violencia y criminalidad son conductas inmersas en el estado que guarda la salud mental de nuestra sociedad, vivimos en la prevalencia de las emociones sobre las razones, en nuestro comportamiento humano, con altos índices de prevalencia de trastornos de salud mental, según cifras oficiales, más del 30% de los habitantes de nuestra sociedad cursan con alguno de los trastornos de salud mental, depresiones, ansiedades, esquizofrenias y otros tipos de psicosis, alcoholismo, abuso de drogas, etc.., ahí están la mayoría, casi el 70% sin atención por algún profesional de la salud mental, porque no tienen acceso a este tipo de atención, de ahí que la violencia en todas sus formas se haya incrementado en las últimas décadas. Le recordé al diputado que nuestro grupo de trabajo en salud mental, envío una iniciativa de Ley de Salud Mental para Nuevo león que ni siquiera ha sido difundida para sus conocimientos, el mismo acepto que no la ha recibido, no la conoce, sin duda se haría mucho más en la prevención del delito y de la violencia si existiera una red de atención primaria a la salud mental, como si existen en los países con bajos índices de criminalidad y violencia, en nuestra sociedad, que con estos enfoques en la solución de este problema.
Así el hecho central de querer resolver, con estas medidas reduccionistas, un problema que el Estado, con sus estructuras de sus órganos de poder e instituciones no logra solucionar en ese objetivo fundamental de garantizar la seguridad donde prevalezca el denominado bien común y el respeto incondicional a las leyes, es una evasión de sus responsabilidades, sobre todo del poder legislativo, que en este caso aprobó por unanimidad, lo que en el Senado de nuestra república no quisieron ni abordar.
Los gobernantes y legisladores siguen alejados de incorporar en sus análisis y debates la opinión, basada en la experiencia, el conocimiento y las evidencias científicas de los profesionales de las ciencias, inmersas en los problemas que con sus políticas públicas quieren solucionar, más si somos opositores a sus partidos en el poder del régimen de oprobio que padecemos en México y Nuevo León.
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