Hacer que impere el
respeto por las leyes, que son el eje central fundamental de la convivencia
armónica y pacífica, para el bienestar y la felicidad de las personas, es sin
duda, uno de los grandes pendientes en la integración de las políticas
procuradoras de justicia, seguridad y prevención del delito de los poderes del
estado, no sólo en México sino en todo el mundo.
El gran daño del
sistema capitalista neoliberal, que nos domina en el mundo, ha sido en los usos políticos del poder en el
ejercicio de la ley, por los gobernantes y funcionarios, que siguen
subordinándose a los intereses económicos y políticos personales y de grupos,
más que a sus obligaciones que protestaron cumplir y hacer cumplir en sus
mandatos. Enarbolando ideologías, enmascaran sus perversos y mezquinos
intereses, donde desbordan sus voraces ambiciones sin escrúpulos dirigidos a la
explotación, la dominación, la depredación y el enriquecimiento económico y
patrimonial de sus familias.
En México, tenemos un
presidente como ejemplo de este paradigma, no sólo ha sido evidenciado en sus
corrupciones, despojos, robos, tráfico de influencias, abusos del poder,
malversación de fondos, desviación de recursos a las campañas de su partido, sino
en sus permanentes mentiras y negación de realidades que reproducen fielmente
sus funcionarios de los más altos niveles, que con cinismo y gozosa impunidad vivencian.
Pero no sólo es el
poder presidencial, lo más lamentable es que este mismo paradigma esta
enraizado en los poderes legislativo y judicial, federal y estatales, donde las
posturas y decisiones se someten a los intereses dominantes de las plutocracias,
a las que sirven y que gracias al imperio de su influyentísimo les permitió su
integración a desempeñarse como figuras de autoridad formal, en las diferentes
instituciones de sus poderes.
Luego lo más lamentable
es la integración en el ejercicio del poder de los intereses de las
organizaciones criminales, que prevalecen con sus dominios territoriales
nacionales y estatales de nuestro país, que paradójicamente intervienen no sólo
en los sistemas de impartición de justicia y seguridad, sino en el sistema
financiero del estado, configurando las redes delincuenciales del poder un
Estado fallido, donde es evidente el fracaso social, político, y económico, con
su gobierno débil o ineficaz, con altos niveles de corrupción, criminalidad,
con poco control en muchas de las regiones, incapaz de proveer los derechos
sociales básicos.
En su afán de lograr su
redención, la mafia del poder que nos gobierna está simulando, desde hace más de
un año, ejercer todo el peso de las leyes contra ex gobernadores, van más de
diez, antes enaltecidos como las nuevas generaciones de políticos pripanistas
honestos y responsables al servicio, por el presidente y los presidentes
anteriores, obviamente no se ejercerá todo el peso de la ley sino el que
corresponde para su estrategia simuladora. Ni que decir de los funcionarios,
como los secretarios de estado que han incurrido en graves fallas u omisiones y
han estado inmersos en denuncias de corrupción, como el Secretario de
Comunicaciones y su paradigmático socavón del recién inaugurado libramiento autopista
de Cuernavaca, donde murieron dos personas.
En tanto vemos que en
otros países, como Guatemala, Perú, Argentina, Brasil, que se atreven a
procesar judicialmente por corruptos a sus presidentes, ex presidentes y
funcionarios llegando a encarcelarlos, como sucedió esta semana a Aldemir
Bendine, quien fue presidente del Banco de Brasil y de Petrobras, la petrolera
estatal de ese país, no perdemos la esperanza de lograr que prevalezca en nuestra patria el ejercicio
pleno de las leyes, que nos garantice la anhelada justicia, paz y seguridad que
logre acabar con la corrupción que nos agobia en nuestra sociedad.