JUSTICIA DIGNA

Hacer que impere el respeto por las leyes, que son el eje central fundamental de la convivencia armónica y pacífica, para el bienestar y la felicidad de las personas, es sin duda, uno de los grandes pendientes en la integración de las políticas procuradoras de justicia, seguridad y prevención del delito de los poderes del estado, no sólo en México sino en todo el mundo.

El gran daño del sistema capitalista neoliberal, que nos domina en el mundo, ha  sido en los usos políticos del poder en el ejercicio de la ley, por los gobernantes y funcionarios, que siguen subordinándose a los intereses económicos y políticos personales y de grupos, más que a sus obligaciones que protestaron cumplir y hacer cumplir en sus mandatos. Enarbolando ideologías, enmascaran sus perversos y mezquinos intereses, donde desbordan sus voraces ambiciones sin escrúpulos dirigidos a la explotación, la dominación, la depredación y el enriquecimiento económico y patrimonial de sus familias.

En México, tenemos un presidente como ejemplo de este paradigma, no sólo ha sido evidenciado en sus corrupciones, despojos, robos, tráfico de influencias, abusos del poder, malversación de fondos, desviación de recursos a las campañas de su partido, sino en sus permanentes mentiras y negación de realidades que reproducen fielmente sus funcionarios de los más altos niveles, que con cinismo y gozosa impunidad vivencian.

Pero no sólo es el poder presidencial, lo más lamentable es que este mismo paradigma esta enraizado en los poderes legislativo y judicial, federal y estatales, donde las posturas y decisiones se someten a los intereses dominantes de las plutocracias, a las que sirven y que gracias al imperio de su influyentísimo les permitió su integración a desempeñarse como figuras de autoridad formal, en las diferentes instituciones de sus poderes.

Luego lo más lamentable es la integración en el ejercicio del poder de los intereses de las organizaciones criminales, que prevalecen con sus dominios territoriales nacionales y estatales de nuestro país, que paradójicamente intervienen no sólo en los sistemas de impartición de justicia y seguridad, sino en el sistema financiero del estado, configurando las redes delincuenciales del poder un Estado fallido, donde es evidente el fracaso social, político, y económico, con su gobierno débil o ineficaz, con altos niveles de corrupción, criminalidad, con poco control en muchas de las regiones, incapaz de proveer los derechos sociales básicos.

En su afán de lograr su redención, la mafia del poder que nos gobierna está simulando, desde hace más de un año, ejercer todo el peso de las leyes contra ex gobernadores, van más de diez, antes enaltecidos como las nuevas generaciones de políticos pripanistas honestos y responsables al servicio, por el presidente y los presidentes anteriores, obviamente no se ejercerá todo el peso de la ley sino el que corresponde para su estrategia simuladora. Ni que decir de los funcionarios, como los secretarios de estado que han incurrido en graves fallas u omisiones y han estado inmersos en denuncias de corrupción, como el Secretario de Comunicaciones y su paradigmático socavón del recién inaugurado libramiento autopista de Cuernavaca, donde murieron dos personas.

En tanto vemos que en otros países, como Guatemala, Perú, Argentina, Brasil, que se atreven a procesar judicialmente por corruptos a sus presidentes, ex presidentes y funcionarios llegando a encarcelarlos, como sucedió esta semana a Aldemir Bendine, quien fue presidente del Banco de Brasil y de Petrobras, la petrolera estatal de ese país, no perdemos la esperanza de lograr que prevalezca en nuestra patria el ejercicio pleno de las leyes, que nos garantice la anhelada justicia, paz y seguridad que logre acabar con la corrupción que nos agobia en nuestra sociedad.