Ayer hicimos historia, en nuestra
sociedad nuevoleonesa, al lograr que en el seno del Congreso Local, por primera
vez, se tratara y consensara una propuesta de una Ley de Salud Mental para
nuestro estado, que se debatió en la mesa de Trabajo que llevo a cabo la
Comisión de Salud y Grupos Vulnerables de la actual LXXIV legislatura.
Logramos, este consenso, con la
asistencia de los Diputados y Diputadas, integrantes de la Comisión y de
representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los Colegios de Psicología
y Psiquiatría, así como de las autoridades de salud, de su director de Salud
Mental y del Departamento Jurídico; además de nosotros, los ponentes de las
propuestas de anteproyectos sobre esta ley, que habíamos estado trabajando en
las mesas de trabajo previas, durante los meses de julio y agosto, debatiendo y
consensando para concluir en esta propuesta, que de acuerdo al Diputado Sergio
Arellano, presidente de esta comisión será integrada a la agenda legislativa
del próximo periodo ordinario, que se inicia el próximo mes de septiembre,
anunciando que “a más tardar el dictamen final de esta nueva ley de salud
mental se tendrá listo para la primera quincena de ese mes”.
Como lo expresé a los asistentes,
teníamos más de 40 años luchando por políticas de salud mental que garantizaran
no sólo el derecho a la atención en este tema a todos los ciudadanos de Nuevo
León, sino además generando el respeto incondicional a los enfermos mentales,
con el trato digno y garante de sus derechos humanos fundamentales. Los
políticos en el poder no habían tenido el interés sobre este tema, así
gobiernos tras gobiernos, habían recibido nuestras propuestas sobre el
mejoramiento de sus políticas de salud mental, tratando de reformar leyes,
hacer innovadores programas que incluyeran la prevención, el fomento y la
atención a los trastornos de salud mental con modelo integral, interdisciplinario
e interinstitucional.
Señale que los vientos de cambio en
las políticas de participación ciudadana fue los que nos permitió que
presentáramos la primera propuesta de Ley Estatal de Salud Mental, en el marco
del derecho otorgado sobre iniciativa popular, en la ley correspondiente, desde
el mes de junio, del año pasado, lo que
nos permitió que a finales de noviembre
de ese mismo año presentarnos esa propuesta, que ya habíamos compartido
públicamente y solicitado sus opiniones y apoyo a organismos que deberían estar
interesados, como los Colegios de Psiquiatría y Psicología existentes en
nuestra sociedad. Así el Colegio de Psicología, por decisión de su presidenta mejor presentaron su propia
iniciativa en el mes de abril, posteriormente un grupo de trabajadores del
Sistema de Desarrollo Integral a La Familia presentaron su propuesta; de tal
forma que se decidió acumular las tres propuestas en un expediente único que
lograra concretar las propuestas e intereses de cada uno de los ponentes.
Así a partir de la estructura
propuesta en nuestra primer proyecto de Ley, que veníamos trabajando desde hace
más de diez años, con el equipo del
Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM), se integraron los elementos
fundamentales que concluyeron en la
Propuesta de Ley Estatal de Salud Mental que se debatió en la mesa de trabajo
que tuvimos en el seno de la Comisión de Salud del Congreso. Es una propuesta,
que desde luego está en proceso de construcción, está disponible públicamente
en espera de las observaciones y su enriquecimiento del resto de los diputados,
organizaciones de la sociedad civil, académicas, de salud, educación,
procuración de justicia, seguridad pública, asistenciales, pero sobre todo de
los trabajadores y usuarios de los servicios de salud mental.
En tanto nuestra sociedad sigue con
el deterioro de su salud mental, prevaleciendo las lacras de la violencia
social, con sus homicidios, desapariciones, los feminicidios, la violencia
familiar, el abuso sexual infantil, además del incremento de la prevalencia de
trastornos de salud mental, como la depresión, ansiedad, trastorno bipolar y
los trastornos psicóticos, el abuso en el consumo de alcohol, tabaco,
marihuana, cocaína, anfetaminas y otras substancias, pero sobre todo con una
cobertura de atención marginal ade la salud mental, urge la
legislación que obligue no sólo al estado
sino a toda la sociedad atender con responsabilidad este ámbito de la
salud pública que por décadas ha sido olvidado como prioridad en las políticas
públicas y sus funcionarios en el poder.
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