Uno de los principales problemas que enfrentamos
en nuestras sociedades, en la lucha contra la
corrupción y por la democracia, es la proclividad a mentir, manipular la
información y dirigir sus investigaciones “periodísticas”, de sus medios de
comunicación, para chantajear a los responsables involucrados, en complicidad
con los autores intelectuales de los poderes políticos y económicos que
detentan el poder en nuestras sociedades y así recibir los beneficios económicos
y políticos en sus usos del poder.
En México,
es visible la prevalencia, desde el siglo pasado, de toda una red de
periodistas, articulistas e intelectuales al servicio del régimen de oprobio, del
cual no sólo han vivido y enriquecido ilícita e inmoralmente, sino han sido la
base de su existencia y prosperidad económica de sus imperios mediáticos, que
se ejemplifican en Televisa, Tv Azteca, Milenio, Reforma, el Universal, medios
que invariablemente reciben los beneficios de los contratos millonarios que los
gobernantes les otorgan en sus gastos de publicidad y que nada más en el
sexenio peñanietista, en curso, se han gastado más de 40 mil millones de pesos.
Es una
relación corrupta entre los medios y el poder que atenta contra la libertad de
expresión, el desarrollo de la democracia y la prevalencia de los valores
éticos básicos como la honestidad, son muy proclives a usar la mentira para
manipular las percepciones de las mayorías de los ciudadanos y ciudadanas, que
muestra en todo su esplendor como la prensa está al servicio de los gobernantes
y no de sus gobernados.
Sus
conductas se incrementan en los procesos electorales, tal y como lo estamos
observando con sus artículos y declaraciones, de la semana pasada, donde Jesús
Silva Herzog y Enrique Krause intentan desprestigiar, descalificar y calumnian Andrés
Manuel López Obrador, la mayoría se exhibe más en su proclividad a mentir y
manipular los contextos discursivos, de propuesta política y sobre todo de
contenido de los resultados de encuestas electorales que se exhiben.
Los
gobernantes han sabido utilizar magistralmente sus estrategias de corrupción y cooptación
de los periodistas en todos los niveles, desde la presidencia de la república,
gobiernos de los estados, hasta los niveles presidenciales que representan las alcaldías
de los municipios, donde los recursos y
prebendas económicas son otorgados de acuerdo al calibre del poder mediático de
los productos que poseen en sus
territorios, la mayoría integrados a las partidas presupuestarias etiquetadas
como gastos de comunicación, otras en las partidas disfrazadas como la de prestación
de servicios, gastos por honorarios y unas mas de los usos discrecionales de
las finanzas, como las denominadas partidas secretas que siguen sin ser
eliminadas de las tesorerías públicas.
Así tenemos
los periodistas que como Carmen Aristegui, son referentes de la represión feroz
de los regímenes autoritarios por luchar por la honestidad en sus desempeños,
ni que decir de los cientos de víctimas de periodistas asesinados en las
últimas décadas, por el ejercicio de la verdad en sus informaciones, de acuerdo
a sus investigaciones, muchas de ellas mostrando esa corrupción imperante de
funcionarios y delincuentes integrantes de las redes del poder que padecemos en
nuestro país.
Lograr el
ejercicio pleno de la libertad de prensa, con su libertad de expresión, armonizando con los satisfactores inmersos a
los negocios de sus empresas, debe ser uno de las metas que como sociedad alcancemos
en el corto plazo, sin ello no lograremos la construcción de una sociedad democrática
humanista e inmersa en los valores que definen el comportamiento ético que
aniquila las conductas corruptas y destruyen el tejido social, fomentando las
desigualdad y haciendo que prevalezca la barbarie de la violencia que en México
padecemos.
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