En
México la atención a la salud mental, sigue prevaleciendo orientada al modelo
neoliberal con sus intereses mercantilistas, reducida a la visión de la
atención de la enfermedad mental, fragmentada, con paradigmas reduccionistas,
desdeñando la prevención y su promoción, extendiendo la marginación,
estigmatización, el trato degradante, cruel e inhumano de los pacientes, que
históricamente han padecido y que aun impera, en la mayoría de las unidades de
internamiento, públicas y privadas, algunas siguen con modelos manicomiales y hasta
carcelarios, como las denuncias que recurrentemente se hacen de algunos centros
de “ Rehabilitación” para adicciones.
Una
y otra vez, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nos
informan, periódicamente, de las violaciones a los derechos de las personas,
con trastornos mentales y del comportamiento,que prevalecen en instituciones
con internamiento psiquiátrico y unidades similares con personas, internadas de
estancia prolongada, donde prevalecen las condiciones inhumanas y degradantes,
como la falta de tratamiento integral, interdisciplinario y la rehabilitación
psicosocial adecuados, con admisión involuntaria, representaciónpersonal irregular,
detención injusta y arbitraria, algunos inmersos enla coerción física, la
reclusión y la privación de las necesidades básicas y la intimidad, integradas
en la práctica de mantener a personas con discapacidad mental indebidamente
segregadas del resto de la sociedad y sin garantías procesales, contra la
detención arbitraria en sus instituciones, que no cumplen con las normas
establecidas por el derecho internacional sobre derechos humanos.
Sobre
la enfermedad mental, persiste el estigma que subsume al paciente en la
marginación y exclusión del disfrute pleno de sus derechos civiles, sociales y políticos,
con el mal trato desde los servidores públicos encargados del bienestar, la
seguridad y de la impartición de justicia, el uso peyorativo por los medios de
comunicación de su condición humana, hasta el uso de las técnicas de
rehabilitación, donde el componente psicosocial es marginado, sin superar los marcos
conceptuales que han sido considerados obsoletos del modelo del desarrollo
científico y tecnológico, que en los últimos años ha transformado paradigmas en
las ciencias de la salud, las neurociencias y de la conducta, quedando atrás
los enfoques reduccionistas en el análisis y solución de los problemas en este
ámbito.
El
problema se complica cuando los políticos, en el poder, persisten en su enfoque,
con sus creencias, de que los problemas de salud mental, sus enfermedades, las
adicciones y la violencia, derivan fundamentalmente de las crisis económicas,
con sus lacras de pobreza y desempleo, que sin duda son factores que
contribuyen a la expresión de estos problemas, pero ubicarlas como
determinantes, por si mismo, constituye un error, al excluir el resto de los
factores que determinan la salud mental de la población y sus integrantes; todavía
es más complejo, cuando persisten sin atender el marco correspondiente de las
realidades históricas, culturales, socioeconómicas y ecológicas de los niveles
estatales, municipales y de las comunidades.
Esta
visión reduccionista, les ha impedido integrar que la corrupción, los actos
criminales, feminicidios, asesinatos de menores, las conductas homicidas y
suicidas, los secuestros, las extorsiones, los robos con violencia, la
violencia familiar, las adicciones etc., que se han incrementado en los últimos
años, tienen un fondo en común: sus actores son y seguirían siendo personas en
cuyo seno familiar, sus comunidades y nuestras instituciones, desde la escuela
hasta las gubernamentales, siguen sin atender con eficiencia los factores de
riesgo inmersos en las alteraciones emocionales, conductuales, sociales,
existenciales y morales de los actores responsables de esos hechos.
Las
consecuencias de estos enfoques sobre la salud mental en México solo ha logrado
que se incrementen los trastornos mentales y del comportamiento, los datos más
recientes estiman que están presentes entre el 25 y 30% de la población,
provocan mayor discapacidad que muchas otras enfermedades crónicas, por ejemplo
entre las diez principales enfermedades, considerando mortalidad prematura y
días vividos sin salud, tres son enfermedades mentales, la depresión ocupa el
primer lugar, el 6.4% de la población la padece, luego los trastornos
relacionados con el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar con el 2.5% y la
Esquizofrenia con el 2.1% el décimo, en cuanto a carga de la enfermedad. Uno de
cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su
vida un trastorno mental y solo uno de cada cinco, ha recibido tratamiento, en
tanto el 24.7% de los adolescentes se encuentran afectados por uno o más
problemas de salud mental, siendo los más recurrentes trastornos de ansiedad,
déficit de atención, depresión, abuso de sustancias así como intento suicida. así
como los problemas psicosociales
Han
sido múltiples los llamados que la OMS, desde el siglo pasado, ha hecho a todos
sus países miembros, para priorizar la atención a la salud mental de sus
sociedades, al grado de ser determinante al señalar que “no hay salud, sin
salud mental”, así ha promovido la necesidad de legislaciones, mayor
financiamiento de los gobiernos y la reorganización de los servicios y
ampliación de la cobertura. En lugar de atender al paciente en hospitales
psiquiátricos de estancia prolongada, insisten en privilegiar sistemáticamente
la asistencia en centros de salud, con una cobertura creciente de
intervenciones científicamente recurriendo a una red de servicios comunitarios
de salud mental interrelacionados, lo que incluye, además de breves ingresos
hospitalarios, atención ambulatoria en hospitales generales, atención primaria
y centros comunitarios de salud mental integral.
Por
lo anterior es necesario que logremos la Reforma de la Salud Mental en México,
donde el primer paso es lograr una Ley Nacional de Salud Mental, que hemos
propuesto a consideración y que tiene por objetogarantizar el acceso a los
servicios, fomento, promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación,
reinserción social y laboral en atención a la salud mental, como condiciones
para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la
familia y la comunidad
La
Ley se propone:
1.
Lograr el respeto ineludible a los derechos humanos y dignidad de la persona,
sin discriminación y el abordaje intercultural, que erradique la
estigmatización de las personas con problemas en su salud mental.
2.
Terminar con los manicomios y modelos de atención equivalentes en cualquier
tipo de internamiento de personas con problemas de salud mental.
3.
La desinstitucionalización de las personas con padecimiento mental que viven en
todas las instituciones de internamiento psiquiátrico o equivalentes.
4.
Prohibir la creación de nuevos manicomios, hospitales psiquiátricos o
instituciones de internaciones monovalentes públicas y privadas. En el caso de
los ya existentes deberán adaptar su funcionamiento a los objetivos y
principios expuestos en esta Ley, hasta su sustitución definitiva por algunos
de los dispositivos de las modalidades de servicios de la Red de Atención del
Sistema Nacional de Salud Mental.
5.
La atención a los trastornos mentales, con la participación de la comunidad,
potenciando los esfuerzos en el primer nivel y segundo nivel de atención, con
atención ambulatoria.
6.
Sistemas de internamiento breve y parcial, en todos los hospitales generales, a
fin de garantizar la atención de las personas con problemas de salud mental; de
tal forma que se reduzca al máximo posible la necesidad de hospitalización;
7.
La integración de una Red de Atención del Sistema Nacional de Salud Mental,
donde el Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM) es el ente técnico
administrativo de mayor jerarquía estructural y funcional.
8.
La conformación de servicios de atención primaria en salud mental, con un
Modelo Comunitario de Atención Integral a la Salud Mental, de carácter
multidisciplinario, en el marco de la Red de Atención del Sistema Nacional de
Salud Mental;
9.
La creación de un Consejo Nacional de Salud Mental (CNSM), bajo la rectoría de
la Secretaría, que sustituya el actual, como instancia nacional multisectorial,
que contribuye a la implementación de políticas públicas y los lineamientos
para la acción en salud mental en el país.
10.
Asignación de los recursos presupuestales necesarios, que deberán incrementarse
progresivamente hasta alcanzar mínimamente el 10% del gasto de salud del
presupuesto anual para el sector salud.