La semana pasada, en el marco de la celebración mundial del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se
manifestaron en múltiples acciones, organizaciones feministas, instituciones
públicas y de la sociedad civil, las exigencias para acabar con la atroz
violencia de género que padecemos en
nuestras sociedades.
He vivenciado, más en el ejercicio profesional y como
analista sobre la salud mental, que desde el siglo pasado, cuando iniciaron las
políticas públicas en todos los niveles de gobierno, desde el federal, el
estatal y el municipal, con sus programas, leyes y financiamientos, dirigidos a
la atención de la violencia contra las mujeres, como la sexual, doméstica, la
familiar, escolar, la política, la obstétrica, la comunitaria, la laboral, la
infantil y la larga lista que le sigue, en lugar de cuando menos disminuirla,
no tanto erradicarla, han sido un fracaso, al grado de que estemos inmersos en
la expresión más trágica e ignominiosa, como son los feminicidios.
En México la tasa de
asesinatos de mujeres se triplicó en una década, al pasar de 1.9 en 2007 a 5.3
en 2017 y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, destaca que en
2019 se han registrado en promedio 10 asesinatos al día. En 2018 se
contabilizaron 3 mil 580 homicidios, 9.9 por día, de los cuales sólo 23 por
ciento fueron calificados como feminicidios. Según datos del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), en nuestro país, cuatro de cada 10 mujeres, consideran que sus derechos no
se respetan o se garantizan poco, mientras más de la mitad señala que la
delincuencia e inseguridad, así como la violencia contra ellas, son los principales
problemas que enfrentan, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia
sexual en espacios públicos, tres de cada 10 mujeres han vivido discriminación
y violencia laboral en sus centros de trabajo. De acuerdo con cifras de ONU
Mujeres, siete de cada 10, han sufrido alguna agresión, ya sea emocional,
económica, física o sexual, las cuales tienen diversos impactos en sus vidas,
como limitar su libertad de movimiento, en la capacidad de acceder a mejores
oportunidades de trabajo, educación y de participar en la vida pública.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la
sociedad mexicana a pronunciarse en contra de todas las formas de violencia
sexual e instó a tomar medidas centradas en la prestación de servicios
accesibles a todas las sobrevivientes de agresiones sexuales y a cambiar la
cultura machista. Detalló que a nivel nacional 19.2 millones de mujeres fueron
sometidas en algún momento de su vida a intimidación, hostigamiento, acoso o
abuso sexual. Por cada nueve delitos sexuales cometidos contra ellas, hay uno
perpetrado contra los hombres. Asimismo, en 2018 un total de 711 mil 226
mujeres fueron víctimas de agresiones en el país: 40 mil 303 sufrieron
violación sexual y 682 mil 342 hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento
de violación.La ONU expuso que las agresiones contra mujeres y niñas son una de
las violaciones más graves de los derechos humanos, extendida, arraigada y
tolerada en el mundo.
Las diferentes forma de violencia contra las mujeres, han
pasado a ser las herencias malditas, que en cada cambio de administración en
los gobiernos, se pasan unas a otras, los que se van, hacen gala de haber
logrado, sus metas de disminuirla, los que llegan, relanzan sus expectativas de
querer erradicarlas, modernizan los planes y programas, algunos innovadores,
incrementan los recursos, crean hasta nuevas instituciones sin lograr impactar
con la disminución de la violencia familiar, sus justificaciones son múltiples,
la más irrisoria es la recurrente por los funcionarios es que “si se ha incrementado
es porque en ese momento se denuncia más”.
La realidad que vivimos, desde abajo, en la unidades de
atención a la salud, sobre todo como responsables de la atención y prevención de
la violencia familiar, en el primer contacto, desde los médicos familiares,
hasta los especialistas, donde además de los tamizajes, detectores de
violencia, que hacemos, en el marco de la detección oportuna, en el motivo de consulta, resultan ser las
consecuencias sobre la salud de las víctimas, desde traumatismos físicos leves,
hasta intentos de homicidios, además de las prevalecientes alteraciones
emocionales, que van de la depresión a la ansiedad, con sus repercusiones en
sus familias y en sus ambientes laborales, nos ha enfrentado a los obstáculos
que permitan la atención integral, con los abordajes interdisciplinarios e
interinstitucionales necesarios que logren la solución de este problema.
Una y otra vez hemos vivenciado le revictimizacion de las
mujeres, que además de sufrir la violencia por sus parejas, son violentadas en
sus derechos, para lograr esa atención que logre erradicarla, desde brindarle
la seguridad total en su integridad física hasta la rehabilitación de los daños
sobre su salud que permitan su reintegración psicosocial plena. Sigue
prevaleciendo la fragmentación de los procesos de atención, inmersos en las
carencias de recursos profesionales, hasta la burocratización de acciones,
sobre todo de los responsables de la impartición de justicia y de la seguridad
pública, de todos los niveles de los gobiernos,con las omisiones, negligencia y
en algunos actos de corrupción, que obstaculizan el acceso a la justicia para
la víctima, y que derivan en feminicidios, como el reciente caso de Abril Pérez
Sagaón, asesinada el 25 de noviembre y quien había denunciado a su ex pareja
por tentativa de feminicidio, lo que fue reclasificado por un juez de control
de la capital del país como lesiones y violencia familiar.
El gran pendiente sigue siendo lograr la eficiencia y
eficacia en el proceso de atención a la violencia con un modelo de atención
integral, interdisciplinario, interinstitucional donde se garantice plenamente
y de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
por todas las instituciones asistenciales, educativas, de salud de seguridad y
del poder judicial, en este último, donde los juzgadores, las procuradurías y
fiscalías de todos los estados de la República, investiguen y los tribunales de
justicia no pongan en riesgo la vida de las mujeres al resolver sus demandas sin
perspectiva de género,cuya aplicación es obligatoria en todas las instancias, de
acuerdo con la jurisprudencia 22/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
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