El alejamiento de la ciencia por parte de funcionarios públicos que supuestamente están formados y capacitados para el desempeño profesional en áreas del desarrollo humano, social, de procuración de justicia y de la seguridad pública ha llevado al manejo irresponsable de temas tan delicados como el que se ha venido ventilando en el tema de los menores infractores, en el marco de los casos detectados de los niños denominados “sicarios” a raíz de la detención de Edgar Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, de 14 años de edad y presunto sicario del cártel del Pacífico Sur detenido por soldados de la 24 Zona Militar en Temixco y entregado a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en ese estado de Morelos. Este adolescente fue acusado de homicidio, asociación delictuosa y nexos con el crimen organizado, según la autoridad aceptó que participaba decapitando y castrando a sus victimas, en total cuatro adultos a los que mato, iniciándose a los 11 años, según él drogado y porque fue obligado, amenazándolo con matarlo si no los ejecutaba, no tiene miedo a las consecuencias y no se inmuta por su futuro. Resulta que en una primera redada, meses atrás, los militares dejaron ir al menor por creerlo ajeno a los hechos y luego los detenidos en el segundo operativo lo identificaron como “el miembro más sanguinario” de la banda. Transgrediendo sus más elementales derechos fue utilizado mediaticamente por los indecentes reporteros, funcionarios, militares y policías como uno de grandes logros en la estúpida guerra que fecal desarrolla obsesivamente contra el narco, tratando de distraer lo que en el marco de la presentación del nuevo libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco (Grijalbo), en la FIL de Guadalajara, ha insistido Edgardo Buscaglia, experto de la ONU en el tema del crimen organizado, lo que viene diciendo hace años: que en México la lucha contra los cárteles será en vano mientras no caigan presos alcaldes, gobernadores, legisladores, magistrados, ministros, miembros de la clase política y del sector empresarial que guardan íntimas relaciones con la industria de la droga, tarea que, a juicio del especialista, no podrá llevar a cabo el gobierno corrupto, así lo dijo, de Felipe Calderón.
Otros, denominados “expertos” como Peggy Ostrosky, jefa de laboratorio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entrevistada por la periodista Paola Rojas en Radio Fórmula, no dudo en prejuciar, sin mas evidencia científica que lo difundido en los medios “que Edgar "N", alias "El Ponchis", “tiene todas las características de un psicópata y que pudo haber sido abusado sexual o físicamente en el pasado” y agrega “Él empieza a matar sin ninguna empatía , es frío, es una violencia fría instrumental. Son gente (los psicópatas) que es cruel con los animales, que los mete al horno, a la lavadora y que lo disfruta, además son gente que siente fascinación por el fuego", complementa su magistral intervención haciendo gala del conocimiento teórico acerca de los psicópatas y los sociopatas. La experta aseguró que el entorno social y la familia son los detonantes de un psicópata, pues si bien "hay gente que nace mala" hay factores "detonantes para que esta personalidad emerja". Luego en forma tajante asegura que ni en México, ni en ninguna parte del mundo hay "cura" para un psicópata. "El problema con los psicópatas es que no hay una readaptación posible. Cuando los readaptan, los enseñas a ser mejores psicópatas". Nada más falta que estos expertos “científicos” nos digan que existe un gen determinante de la maldad en el ser humano y puesto que no hay posibilidades de rehabilitación de los menores pues a ejercer las prácticas fascistas eugenésicas que acaben con estos malosos.
La Psicóloga del Tribunal de Justicia para adolescentes, Lizette Jasso Velázquez, quien da seguimiento a los jóvenes procesados y liberados, en ese estado de Morelos, dijo que el grueso de los adolescentes vinculados a proceso, por delincuencia, no tienen guía y crecen con sentimiento de abandono, por lo que buscan un sentido de pertenencia en la calle, se trata de menores que proviene de familias disfuncionales o parentales, en las que sólo un adulto lleva la manutención, son de escasos recursos y de estudios primarios, en su mayoría. Luego un Psiquiatra que realiza peritajes para la PGR, quien pidió no dar su nombre refirió “El ancla que ata a los jóvenes en las redes del crimen organizado es el sentido de pertenencia que les otorgan los delincuentes, quienes los hacen sentir útiles; es algo que no pudo darles ni su familia ni la escuela ni el círculo cercano de la comunidad a la que pertenecen”. Anabell Pagaza, presidenta del Consejo Mexicano de Psiquiatría advirtió que muchos han crecido en un ambiente de violencia, pobreza y abandono familiar. Hay mucha falta de identidad en nuestros niños y adolescentes. De no ser nadie a ser sicario, narcotraficante, eso les da un sentido como seres humanos Eso los hace vulnerables ante los carteles de la droga.
En fin observemos la profundidad de las evidencias científicas que sustentan sus juicios, referidas por estos expertos, son derivadas de conocimientos elementales definidas en la historicidad de la ciencia criminológica sobre los perfiles y factores de riesgo de la conducta delincuente registrados desde principios del siglo pasado, cuando se desmantelaron entre otras cosas la teoría lambrosiana del delincuente nato como explicación biogenética que se enfocaba en las características fisiológicas del individuo criminal y cuando Freud desarrollaba la teoría sicoanalítica sobre la integración de la personalidad, definiendo los sentidos y sentimientos de la vida humana. Aunque Freud no analizó la conducta criminal, su teoría de la personalidad contribuyo al estudio de dicha conducta: “el criminal se rige por el id, dando rienda suelta a sus placeres, y posee muy poco o carece del superego, que le impide frenar sus actitudes antisociales”. Luego
Las teorías psicosociales enfatizarían las variables que emergen como resultado de las interacciones de la persona con otros miembros de la sociedad, la conducta criminal es un producto del fracaso personal para desarrollar suficientes controles internos durante el proceso de socialización mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de ésta. Luego Piaget y Kohlberg complementarían con sus tesis acerca del desarrollo del juicio moral cuya disfuncionalidad reforzaría la explicación de las conductas antisociales. El avance de las neurociencias, la biología molecular, el genoma y los proteomas no ha logrado determinismos en la generación de la conducta criminal, si bien si han aportado en profundizar en los mecanismos neurofisiológicos que la explican. Si existen modelos de rehabilitación psicosocial preventivos y reformadores de la conducta delincuente, lo que fallan son las instituciones que se pervierten en las políticas corruptas de los gobernantes y son reducidas vulgares centros de reclusión dedicados sólo a vigilar y castigar como existen en la mayoría de los países.
El hecho es que para hablar de la conducta criminal es necesario el abordaje multifactorial donde se analicen los factores ecológicos, socioeconómicos, biológicos, psicológicos, culturales, antropológicos, etnológicos y políticos inmersos en este ámbito. Es necesario superar esa tendencia al simplismo que obstaculiza el desarrollo profesional y científico de fenómenos tan complejos como este de los menores delincuentes, donde los vacíos en el conocimiento hacen desbordar posturas que moralizan el problema y reducen al seno de las familias el problema, como si esta no estuviera integrada a la estructura del sistema social con todos sus elementos institucionales responsables del desarrollo humano de sus integrantes. Imagine con este simplismo causal de estos expertos si demos solución al sentido de pertenencia, al de utilidad de los jóvenes y logremos la identidad de los niños y adolescentes se acaban los atractivos de integrarse a las redes del crimen.
En nuestro país los gobiernos no están interesados en invertir en la prevención y atención de estas desviaciones de conducta en los niños, las instituciones públicas responsables como el DIF a pesar de tantos años de existencia no ha logrado articular un eficiente modelo de atención a los menores en riesgo, sus funcionarios se pierden en funciones tutelares, asistencialistas que poco tienen que ver con el desarrollo integral de las familias. Los Consejos tutelares para Menores, creados en 1974 por el gobierno federal, que tenían por objeto promover la readaptación social de los menores infractores de dieciocho años mediante el estudio de la personalidad, la ampliación de medidas correctivas y de protección y la vigilancia del tratamiento, nunca lograron superar el modelo deshumanizante, carcelario y corrupto que contribuía a fortalecer las desviaciones y perversiones de las conductas de los niños y adolescentes que ahí se atendían. Actualmente, estas instalaciones de los Consejos, están en periodo de transición para convertirlos,en Centros de Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores, de conformidad con las recientes Leyes promulgadas de Justicia para Adolescentes, los cuales se perfilan para dar continuidad al modelo carcelario prevaleciente sin recursos económicos, materiales y profesionales capaces de lograr la aplicación del conocimiento científico en forma interdisciplinaria con modelos integrales de rehabilitación de los adolescentes infractores. Esta ley establece que la sanción máxima para los adolescentes con edades de 14 a 16 años es de tres años de cárcel, y para quienes superan los 16 y antes de los 18 su sentencia es de cinco años, cualquiera que sea el delito o la conducta antisocial cometida y atiende a los tratados internacionales en el sentido de que un joven hasta los 18 años está en proceso de desarrollo físico e intelectual, y todavía no alcanza la plena madurez y eso supone que no se puede responsabilizar de un acto antisocial igual que un adulto; se inicia mal ya que a pesar de ser aprobada por el senado, en este año no se cuentan con recursos presupuestales para implementar su operatividad como admitió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, Felipe González.
Por otra parte las autoridades de la Secretaria de Educación no han logrado la atención preventiva de los escolares en riesgo de cursar conductas antisociales que desde el aula pueden ser detectados tempranamente por sus alteraciones emocionales y conductas disruptivas que impactan en su disciplina y rendimiento escolar, lo mas lamentable es que frecuentemente son expulsados de la escuela aumentando los riesgos de incidencia en mas trastornos de conducta; impensable para los funcionarios lograr cobertura asistencial plena de los servicios de psicología escolar en cada escuela o en integrar un sistema de protección a la salud mental de los educandos inmerso en el modelo educativo que ejercen. En tanto la Secretaría de Salud sigue sin siquiera lograr la cobertura universal para la atención a la salud en el marco de la enfermedades prevalecientes, ausentándose de la prevención y fomento de la salud mental desde la infancia y privilegiando modelos curativos hasta en la atención de problemas psicosociales como la atención de las adicciones, frecuentemente asociado al comportamiento criminal. Por último los organismos dedicados a la prevención del delito siguen perdidos en la estúpida guerra contra la delincuencia donde prevalece su concepción del necesario exterminio de los delincuentes, hay que encarcelar o matarlos y los que no, que sean inocentes muertos, son lamentables daños colaterales necesarios en su guerra. En fin tenemos que dejar claro que la conducta delincuente es un problema que no sólo atañe a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, desde la perspectiva de acción de las ciencias jurídicas y penales sino además desde los ámbitos de las instituciones educativos y de salud así como de aquellas instituciones como los medios de comunicación que coadyuvan en la formación de comportamientos y hábitos saludables incidiendo directamente en la prevención del delito.
Hoy como hace veinticinco años, que tuvimos la experiencia de atender e investigar este fenómeno de las conductas infractoras de los menores, desde actos criminales menores a hasta los mayores como las conductas homicidas, desde una perspectiva interdisciplinaria, los perfiles y las necesidades de políticas públicas saludables dirigidas a la atención de este problema no han cambiado. Los niños y adolescentes involucrados en redes de narcotráfico o entrenados como sicarios distribuidores de droga, ayudantes en levantones, o en la desaparición de cadáveres, son personas procedentes de familias en su mayoría de escasos recursos, disfuncionales, desintegradas, con precarios niveles de escolaridad, alteraciones en su proceso de socialización, desviaciones en su desarrollo psicológico y de construcción de su personalidad, emocionalmente inestables, que estuvieron inmersos en conductas de rebeldía, oposcionismo, desapego al hogar y a la escuela, con baja tolerancia a la frustración y tipo de agresividad, con frecuentes discusiones y enfrentamiento con los adultos, que expresaban justificaciones demasiado explícitas y verosímiles de sus actos responsabilizando siempre a los demás, carencia de remordimientos, con incapacidad para sentir culpa, el castigo siempre lo han vivido como injusto, no lo corrige en absoluto, no escarmientan, tuvieron actos de crueldad hacia personas o animales, tienen incapacidad de sacrificio, confunden altruismo con debilidad y poseen una baja autoestima que compensan con exceso de autoconfianza. Más que criminalizarlos hay que ser autocríticos y ejercer las responsabilidades que como sociedad no hemos podido lograr al no proporcionarles no sólo condiciones justas y equitativas para su desarrollo humano que solucionen la pobreza patrimonial y alimentaría, la precariedad de sus viviendas, la mala educación, la violencia familiar, sus necesidades de salud y la falta de oportunidades laborales dignas, sino además las acciones necesarias para la atención oportuna de los factores de riesgo que se perfilan desde su infancia y lo mas lamentable no tener la capacidad de ofrecer la rehabilitación integral en las instituciones que obliga la ley.
Otros, denominados “expertos” como Peggy Ostrosky, jefa de laboratorio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entrevistada por la periodista Paola Rojas en Radio Fórmula, no dudo en prejuciar, sin mas evidencia científica que lo difundido en los medios “que Edgar "N", alias "El Ponchis", “tiene todas las características de un psicópata y que pudo haber sido abusado sexual o físicamente en el pasado” y agrega “Él empieza a matar sin ninguna empatía , es frío, es una violencia fría instrumental. Son gente (los psicópatas) que es cruel con los animales, que los mete al horno, a la lavadora y que lo disfruta, además son gente que siente fascinación por el fuego", complementa su magistral intervención haciendo gala del conocimiento teórico acerca de los psicópatas y los sociopatas. La experta aseguró que el entorno social y la familia son los detonantes de un psicópata, pues si bien "hay gente que nace mala" hay factores "detonantes para que esta personalidad emerja". Luego en forma tajante asegura que ni en México, ni en ninguna parte del mundo hay "cura" para un psicópata. "El problema con los psicópatas es que no hay una readaptación posible. Cuando los readaptan, los enseñas a ser mejores psicópatas". Nada más falta que estos expertos “científicos” nos digan que existe un gen determinante de la maldad en el ser humano y puesto que no hay posibilidades de rehabilitación de los menores pues a ejercer las prácticas fascistas eugenésicas que acaben con estos malosos.
La Psicóloga del Tribunal de Justicia para adolescentes, Lizette Jasso Velázquez, quien da seguimiento a los jóvenes procesados y liberados, en ese estado de Morelos, dijo que el grueso de los adolescentes vinculados a proceso, por delincuencia, no tienen guía y crecen con sentimiento de abandono, por lo que buscan un sentido de pertenencia en la calle, se trata de menores que proviene de familias disfuncionales o parentales, en las que sólo un adulto lleva la manutención, son de escasos recursos y de estudios primarios, en su mayoría. Luego un Psiquiatra que realiza peritajes para la PGR, quien pidió no dar su nombre refirió “El ancla que ata a los jóvenes en las redes del crimen organizado es el sentido de pertenencia que les otorgan los delincuentes, quienes los hacen sentir útiles; es algo que no pudo darles ni su familia ni la escuela ni el círculo cercano de la comunidad a la que pertenecen”. Anabell Pagaza, presidenta del Consejo Mexicano de Psiquiatría advirtió que muchos han crecido en un ambiente de violencia, pobreza y abandono familiar. Hay mucha falta de identidad en nuestros niños y adolescentes. De no ser nadie a ser sicario, narcotraficante, eso les da un sentido como seres humanos Eso los hace vulnerables ante los carteles de la droga.
En fin observemos la profundidad de las evidencias científicas que sustentan sus juicios, referidas por estos expertos, son derivadas de conocimientos elementales definidas en la historicidad de la ciencia criminológica sobre los perfiles y factores de riesgo de la conducta delincuente registrados desde principios del siglo pasado, cuando se desmantelaron entre otras cosas la teoría lambrosiana del delincuente nato como explicación biogenética que se enfocaba en las características fisiológicas del individuo criminal y cuando Freud desarrollaba la teoría sicoanalítica sobre la integración de la personalidad, definiendo los sentidos y sentimientos de la vida humana. Aunque Freud no analizó la conducta criminal, su teoría de la personalidad contribuyo al estudio de dicha conducta: “el criminal se rige por el id, dando rienda suelta a sus placeres, y posee muy poco o carece del superego, que le impide frenar sus actitudes antisociales”. Luego
Las teorías psicosociales enfatizarían las variables que emergen como resultado de las interacciones de la persona con otros miembros de la sociedad, la conducta criminal es un producto del fracaso personal para desarrollar suficientes controles internos durante el proceso de socialización mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de ésta. Luego Piaget y Kohlberg complementarían con sus tesis acerca del desarrollo del juicio moral cuya disfuncionalidad reforzaría la explicación de las conductas antisociales. El avance de las neurociencias, la biología molecular, el genoma y los proteomas no ha logrado determinismos en la generación de la conducta criminal, si bien si han aportado en profundizar en los mecanismos neurofisiológicos que la explican. Si existen modelos de rehabilitación psicosocial preventivos y reformadores de la conducta delincuente, lo que fallan son las instituciones que se pervierten en las políticas corruptas de los gobernantes y son reducidas vulgares centros de reclusión dedicados sólo a vigilar y castigar como existen en la mayoría de los países.
El hecho es que para hablar de la conducta criminal es necesario el abordaje multifactorial donde se analicen los factores ecológicos, socioeconómicos, biológicos, psicológicos, culturales, antropológicos, etnológicos y políticos inmersos en este ámbito. Es necesario superar esa tendencia al simplismo que obstaculiza el desarrollo profesional y científico de fenómenos tan complejos como este de los menores delincuentes, donde los vacíos en el conocimiento hacen desbordar posturas que moralizan el problema y reducen al seno de las familias el problema, como si esta no estuviera integrada a la estructura del sistema social con todos sus elementos institucionales responsables del desarrollo humano de sus integrantes. Imagine con este simplismo causal de estos expertos si demos solución al sentido de pertenencia, al de utilidad de los jóvenes y logremos la identidad de los niños y adolescentes se acaban los atractivos de integrarse a las redes del crimen.
En nuestro país los gobiernos no están interesados en invertir en la prevención y atención de estas desviaciones de conducta en los niños, las instituciones públicas responsables como el DIF a pesar de tantos años de existencia no ha logrado articular un eficiente modelo de atención a los menores en riesgo, sus funcionarios se pierden en funciones tutelares, asistencialistas que poco tienen que ver con el desarrollo integral de las familias. Los Consejos tutelares para Menores, creados en 1974 por el gobierno federal, que tenían por objeto promover la readaptación social de los menores infractores de dieciocho años mediante el estudio de la personalidad, la ampliación de medidas correctivas y de protección y la vigilancia del tratamiento, nunca lograron superar el modelo deshumanizante, carcelario y corrupto que contribuía a fortalecer las desviaciones y perversiones de las conductas de los niños y adolescentes que ahí se atendían. Actualmente, estas instalaciones de los Consejos, están en periodo de transición para convertirlos,en Centros de Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores, de conformidad con las recientes Leyes promulgadas de Justicia para Adolescentes, los cuales se perfilan para dar continuidad al modelo carcelario prevaleciente sin recursos económicos, materiales y profesionales capaces de lograr la aplicación del conocimiento científico en forma interdisciplinaria con modelos integrales de rehabilitación de los adolescentes infractores. Esta ley establece que la sanción máxima para los adolescentes con edades de 14 a 16 años es de tres años de cárcel, y para quienes superan los 16 y antes de los 18 su sentencia es de cinco años, cualquiera que sea el delito o la conducta antisocial cometida y atiende a los tratados internacionales en el sentido de que un joven hasta los 18 años está en proceso de desarrollo físico e intelectual, y todavía no alcanza la plena madurez y eso supone que no se puede responsabilizar de un acto antisocial igual que un adulto; se inicia mal ya que a pesar de ser aprobada por el senado, en este año no se cuentan con recursos presupuestales para implementar su operatividad como admitió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, Felipe González.
Por otra parte las autoridades de la Secretaria de Educación no han logrado la atención preventiva de los escolares en riesgo de cursar conductas antisociales que desde el aula pueden ser detectados tempranamente por sus alteraciones emocionales y conductas disruptivas que impactan en su disciplina y rendimiento escolar, lo mas lamentable es que frecuentemente son expulsados de la escuela aumentando los riesgos de incidencia en mas trastornos de conducta; impensable para los funcionarios lograr cobertura asistencial plena de los servicios de psicología escolar en cada escuela o en integrar un sistema de protección a la salud mental de los educandos inmerso en el modelo educativo que ejercen. En tanto la Secretaría de Salud sigue sin siquiera lograr la cobertura universal para la atención a la salud en el marco de la enfermedades prevalecientes, ausentándose de la prevención y fomento de la salud mental desde la infancia y privilegiando modelos curativos hasta en la atención de problemas psicosociales como la atención de las adicciones, frecuentemente asociado al comportamiento criminal. Por último los organismos dedicados a la prevención del delito siguen perdidos en la estúpida guerra contra la delincuencia donde prevalece su concepción del necesario exterminio de los delincuentes, hay que encarcelar o matarlos y los que no, que sean inocentes muertos, son lamentables daños colaterales necesarios en su guerra. En fin tenemos que dejar claro que la conducta delincuente es un problema que no sólo atañe a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, desde la perspectiva de acción de las ciencias jurídicas y penales sino además desde los ámbitos de las instituciones educativos y de salud así como de aquellas instituciones como los medios de comunicación que coadyuvan en la formación de comportamientos y hábitos saludables incidiendo directamente en la prevención del delito.
Hoy como hace veinticinco años, que tuvimos la experiencia de atender e investigar este fenómeno de las conductas infractoras de los menores, desde actos criminales menores a hasta los mayores como las conductas homicidas, desde una perspectiva interdisciplinaria, los perfiles y las necesidades de políticas públicas saludables dirigidas a la atención de este problema no han cambiado. Los niños y adolescentes involucrados en redes de narcotráfico o entrenados como sicarios distribuidores de droga, ayudantes en levantones, o en la desaparición de cadáveres, son personas procedentes de familias en su mayoría de escasos recursos, disfuncionales, desintegradas, con precarios niveles de escolaridad, alteraciones en su proceso de socialización, desviaciones en su desarrollo psicológico y de construcción de su personalidad, emocionalmente inestables, que estuvieron inmersos en conductas de rebeldía, oposcionismo, desapego al hogar y a la escuela, con baja tolerancia a la frustración y tipo de agresividad, con frecuentes discusiones y enfrentamiento con los adultos, que expresaban justificaciones demasiado explícitas y verosímiles de sus actos responsabilizando siempre a los demás, carencia de remordimientos, con incapacidad para sentir culpa, el castigo siempre lo han vivido como injusto, no lo corrige en absoluto, no escarmientan, tuvieron actos de crueldad hacia personas o animales, tienen incapacidad de sacrificio, confunden altruismo con debilidad y poseen una baja autoestima que compensan con exceso de autoconfianza. Más que criminalizarlos hay que ser autocríticos y ejercer las responsabilidades que como sociedad no hemos podido lograr al no proporcionarles no sólo condiciones justas y equitativas para su desarrollo humano que solucionen la pobreza patrimonial y alimentaría, la precariedad de sus viviendas, la mala educación, la violencia familiar, sus necesidades de salud y la falta de oportunidades laborales dignas, sino además las acciones necesarias para la atención oportuna de los factores de riesgo que se perfilan desde su infancia y lo mas lamentable no tener la capacidad de ofrecer la rehabilitación integral en las instituciones que obliga la ley.
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