Esta semana celebramos un aniversario más de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y que fue procesada mediante el consenso de la mayoría de los representantes de las fuerzas políticas post revolucionarias de 1910 en el marco de la convocatoria hecha por Venustiano Carranza en el primer congreso constituyente que contó con la asistencia de diputados de todos los estados y territorios del país, con excepción de Campeche, Quintana Roo. Fue una constitución aprobada por voluntad de la soberanía popular representada en ese congreso que surgió por la fuerza del movimiento social revolucionario, como resultado directo de la política mexicana y que tomo como base fundamental la Constitución de 1857 del cual se incluyeron una gran parte de los ordenamientos cuyo contenido sufrieron numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social del país. En esta constitución quedaron plasmadas muchas de las ideas que motivaron la Revolución Mexicana: se elimino la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente, se buscó el sufragio efectivo, se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección en todos los cargos, se integró además el régimen legal de los derechos sociales pero especialmente lo referente a los derechos humanos que fueron categorizados como garantías individuales; se otorgo mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a las entidades federativas; creó el municipio libre, y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. Entre otras garantías, la constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas, y reconoce como libertades las de expresión y asociación de los trabajadores. La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y este último adoptó la división en cámaras de Diputados y Senadores. Su origen se remota al movimiento del constitucionalismo moderno iniciado en la época de las revoluciones liberales del siglo XVIII (la Independencia de Estados Unidos, La Revolución Francesa, de Córcega), que surgieron como respuesta al sistema absolutista o autoritario. Luego sigio en el siglo XIX donde se fomento el desarrollo constante de la constitución, de división de poderes y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. La Constitución mexicana de 1917 fue una aportación de la tradición jurídica nacional al constitucionalismo universal, ya que fue la primera constitución de la historia que incluía, las mejores aportaciones al régimen legal de los derechos sociales, dos años antes que la Constitución de Weimar de 1919, de Alemania, diera origen al constitucionalismo social, que estableció el Estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores.
Nuestra carta magna es la norma suprema, que debe ser respetado por cualquier otra norma de rango inferior, ha buscado garantizar al pueblo sus derechos y libertades, fijando limites y definiendo las relaciones entre los poderes del estado y de estos con los ciudadanos, estableciendo las bases para la organización de las instituciones que la integran, así como los fundamentos de la vida económica y social y los deberes y derechos de los ciudadanos. Ha sido una de las mejores estructuradas para proporcionarnos independencia, soberanía, justicia, democracia, bienestar, prosperidad y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales facilitando el acceso a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas, son derechos que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan, garantes de la libertad e igualdad como el derecho social a un empleo y a un salario, a la protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes laborales), a una vivienda, a la educación, a la sanidad, a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública.
Lamentablemente en lo general han sido letra muerta para los gobernantes y poderes fácticos que desde su creación simulan respetar y persisten en sus conductas reformistas, integrando textos que proporcionan margen de interpretaciones subjetivas incluyentes o excluyentes y hasta eliminando artículos que creen obsoletos de acuerdo a sus intereses oligárquicos en complicidad con las mafias gobernantes del capitalismo mundial neoliberal. Los gobernantes si bien no han sido reelectos, han sido impuestos por los poderes fácticos con sus estrategias transgresoras de las leyes electorales, manipulando vilmente los procesos electorales y fomentando el ejercicio corporativista, pragmático y clientelar de la politica, menoscabando el poder del sufragio efectivo que orientaba las aspiraciones de los revolucionarios de 1910 y generando cacicazgos que se reeligen en cada eleccion para seguir legitimando su poder corrupto que genera desigualdad, pobreza y marginación. En este contexto el Municipio libre sigue siendo una quimera en la construcción de la soberanía popular, en los hechos siguen siendo dependientes no sólo de los poderes fácticos caciquiles regionales sino del centralismo del poder estatal y presidencial quienes no cesan en quitarles facultades y mantener dependencias administrativas y económicas en el marco del ejercicio de sus gobiernos, hoy amenazados hasta con quitarles el mando de sus fuerzas de seguridad en sus territorios. La orgullosa reforma agraria se convirtió en un espejismo, desde el Salinato se le despojo de la protección legal, desmantelando las organizaciones ejidales y desalentando el cooperativismo para dar paso a las grandes propiedades donde se están generando los modernos caciques hacendados, recuerdos del infausto Porfiriato. La anhelada división de poderes sigue demandando vigencia, los complejos entramados del poder se resisten a lograr la independencia plena, el judicial sigue siendo definido por el poder ejecutivo en turno en contubernio con los poderes fácticos y los bufetes jurídicos favoritos y siguen sin garantizar la prevalencia del estado de derecho en la sociedad, toda su organización y operatividad esta a su servicio. El poder legislativo sigue sin lograr la plena autonomía del poder ejecutivo obstaculizada por el régimen de partidos y su partidocracia resultante inmersa en el pragmatismo del empoderamiento gestionario para sobrevivir politica y económicamente en sus partidos y organizaciones; en los estados el poder legislativo sigue siendo con cinismo y desverguenza apendice del poder ejecutivo del gobernante en turno, los diputados mayoritarios del gobernante en el poder pasan a ser empleados serviles sin ningun tipo de autonomia, su dignidad y lealtad al pueblo sigue siendo el gran pendiente en la consolidacion de la democracia. Ni hablar de nuestra soberanía nacional con la dependencia comercial, económica, política y hasta militar que los gobiernos panistas han fortalecido con los paises imperiales, principalmente USA, que se dan el lujo de utilizar al presidente en turno para influir en otros países contrarios a sus intereses, además de aprovecharlo para sus negocios en su creciente explotación de nuestros recursos naturales, la adjudicación de obra publica y servicios multiples para el estado, para luego sin rubor al terminar su ejercicio como funcionarios integrarse a esas empresas y organismos financieros internacionales como ejecutivos asalareados.
Los derechos humanos y sociales son constantemente transgredidos llegando al extremo que los gobernantes en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo anulan el “hábeas corpus” que como institución jurídica garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias; como ha sucedido con las múltiples conductas transgresoras de soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales con la ciudadanía en su estúpida guerra contra la delincuencia que padecemos. En el derecho a la libertad, se es o no se es libre para vivir, transitar, expresarse, asociarse, ejercer el oficio que uno quiera, no se puede ser objeto de represión, marginación o secuestro de su persona por ninguna circunstancia. La realidad es que estas libertades están condicionadas a los alienantes intereses de las oligarquías gobernantes que sin el menor pudor declaran estados de excepción, preámbulo de los genocidas estados de sitio de los regimenes dictatoriales de antaño. Como lo refería en los artículos anteriores quienes quieran libertad con bienestar y prosperidad tendrán que ejercer el silencio cómplice de las ignominiosas transgresiones de los derechos de los demás. Quienes tratamos ejercer con plenitud nuestra libertad de expresión y asociación sabemos y hemos vivenciado los diferentes rostros de la represión de los testaferros de las oligarquías que han obstaculizado nuestro desarrollo laboral, profesional y humano y que a algunos compañeros les significo su perdida de la libertad y la vida sin que los responsables hayan sido procesados por sus conductas criminales. Mas abominables son las transgresiones a la libertad de que son objeto los trabajadores agrícolas que viven en condiciones de esclavitud, incluyendo los niños y que anualmente solo son reconocidos en la cifras que los gobernantes refieren como problemática social en las denuncias de organismos no gubernamentales. Y que decir de la discriminación, que persisten en ejercer funcionarios y burócratas, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil que diariamente atentan contra la dignidad humana y logran su objetivo de menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este contexto el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación sigue sin ejercerse en el marco constitucional que les garanticé su autonomía plena
Lejos esta el cumplimiento de los derechos sociales establecidos por nuestra constitución como el derecho a la salud que cada gobierno postrevolucionario ha venido postergando, brindando a cuenta gotas acciones en planes y programas de atención que no garantizan el ejercicio pleno de este derecho lpara lograr simplemente la atención universal gratuita de los servicios médicos para el reestablecimiento de la salud o la prevención de enfermedades. En el derecho a la educación apenas estamos por lograr la cobertura para la educación secundaria, con una educación primaria pésima de las peores del mundo, una incipiente educación preescolar incapaz de proporcionar cobertura plena; una educación media superior que no logra brindar la oportunidad plena a todos los aspirantes y una educación universitaria que sigue siendo elitista, con altos costos economicos para las familias y sin facilitar el acceso a los estudiantes hijos de trabajadores y campesinos y menos a los pobres lo que ha generado que actualmente cuatro de cada 10 personas mayores de 15 años están en situación de “rezago educativo”, esto es que no concluyeron estudios de educación básica: son analfabetas, no terminaron la primaria o la secundaria; según las autoridades del INEA.
En tanto el derecho al empleo ha sido procesado como un derecho a ser explotado para la sobrevivencia con los miserables salarios en jornadas prolongadas y extenuantes en condiciones ambientales enfermizas, indignas que generan tragedias impunes como las de los trabajadores mineros, las muertes de campesinos por la exposición a las substancias tóxicas de los procesos de fumigación y los fertilizantes; en tanto países como Francia, cuna del liberalismo, hoy protegen sus leyes contra el mobbing, el acoso laboral en cualquiera de sus expresiones, aquí sigue prevaleciendo la impunidad contra la violencia laboral, los accidentes de trabajo y el acoso sexual de las mujeres. Gobiernos ineptos como el que padecemos no sólo han sido incapaces de generar condiciones laborales dignas sino lo han precarizado generando empleos mal remunerados, eventuales y sin prestaciones sociales. En el último cuatrienio, correspondiente al sexenio de Calderón, la población desempleada se disparó 65 por ciento, al pasar de 1.6 a 2.6 millones. Lo más lamentable es la tasa de jóvenes desocupados que se situó en 8.8 por ciento de las personas entre 14 y 29 años, una cifra mayor a la tasa nacional que fue de 5.5 por ciento, en el periodo 2006-2010.
Así nuestra constitución ha sido vilipendiada y letra muerta por los gobernantes y sus oligarquías que nuevamente este 5 de febrero con cinismo y desvergüenza expresaran honrar y enaltecer intentando brillar con sus discursos y eventos en la solemnidad de su hipocresía.
Lamentablemente en lo general han sido letra muerta para los gobernantes y poderes fácticos que desde su creación simulan respetar y persisten en sus conductas reformistas, integrando textos que proporcionan margen de interpretaciones subjetivas incluyentes o excluyentes y hasta eliminando artículos que creen obsoletos de acuerdo a sus intereses oligárquicos en complicidad con las mafias gobernantes del capitalismo mundial neoliberal. Los gobernantes si bien no han sido reelectos, han sido impuestos por los poderes fácticos con sus estrategias transgresoras de las leyes electorales, manipulando vilmente los procesos electorales y fomentando el ejercicio corporativista, pragmático y clientelar de la politica, menoscabando el poder del sufragio efectivo que orientaba las aspiraciones de los revolucionarios de 1910 y generando cacicazgos que se reeligen en cada eleccion para seguir legitimando su poder corrupto que genera desigualdad, pobreza y marginación. En este contexto el Municipio libre sigue siendo una quimera en la construcción de la soberanía popular, en los hechos siguen siendo dependientes no sólo de los poderes fácticos caciquiles regionales sino del centralismo del poder estatal y presidencial quienes no cesan en quitarles facultades y mantener dependencias administrativas y económicas en el marco del ejercicio de sus gobiernos, hoy amenazados hasta con quitarles el mando de sus fuerzas de seguridad en sus territorios. La orgullosa reforma agraria se convirtió en un espejismo, desde el Salinato se le despojo de la protección legal, desmantelando las organizaciones ejidales y desalentando el cooperativismo para dar paso a las grandes propiedades donde se están generando los modernos caciques hacendados, recuerdos del infausto Porfiriato. La anhelada división de poderes sigue demandando vigencia, los complejos entramados del poder se resisten a lograr la independencia plena, el judicial sigue siendo definido por el poder ejecutivo en turno en contubernio con los poderes fácticos y los bufetes jurídicos favoritos y siguen sin garantizar la prevalencia del estado de derecho en la sociedad, toda su organización y operatividad esta a su servicio. El poder legislativo sigue sin lograr la plena autonomía del poder ejecutivo obstaculizada por el régimen de partidos y su partidocracia resultante inmersa en el pragmatismo del empoderamiento gestionario para sobrevivir politica y económicamente en sus partidos y organizaciones; en los estados el poder legislativo sigue siendo con cinismo y desverguenza apendice del poder ejecutivo del gobernante en turno, los diputados mayoritarios del gobernante en el poder pasan a ser empleados serviles sin ningun tipo de autonomia, su dignidad y lealtad al pueblo sigue siendo el gran pendiente en la consolidacion de la democracia. Ni hablar de nuestra soberanía nacional con la dependencia comercial, económica, política y hasta militar que los gobiernos panistas han fortalecido con los paises imperiales, principalmente USA, que se dan el lujo de utilizar al presidente en turno para influir en otros países contrarios a sus intereses, además de aprovecharlo para sus negocios en su creciente explotación de nuestros recursos naturales, la adjudicación de obra publica y servicios multiples para el estado, para luego sin rubor al terminar su ejercicio como funcionarios integrarse a esas empresas y organismos financieros internacionales como ejecutivos asalareados.
Los derechos humanos y sociales son constantemente transgredidos llegando al extremo que los gobernantes en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo anulan el “hábeas corpus” que como institución jurídica garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias; como ha sucedido con las múltiples conductas transgresoras de soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales con la ciudadanía en su estúpida guerra contra la delincuencia que padecemos. En el derecho a la libertad, se es o no se es libre para vivir, transitar, expresarse, asociarse, ejercer el oficio que uno quiera, no se puede ser objeto de represión, marginación o secuestro de su persona por ninguna circunstancia. La realidad es que estas libertades están condicionadas a los alienantes intereses de las oligarquías gobernantes que sin el menor pudor declaran estados de excepción, preámbulo de los genocidas estados de sitio de los regimenes dictatoriales de antaño. Como lo refería en los artículos anteriores quienes quieran libertad con bienestar y prosperidad tendrán que ejercer el silencio cómplice de las ignominiosas transgresiones de los derechos de los demás. Quienes tratamos ejercer con plenitud nuestra libertad de expresión y asociación sabemos y hemos vivenciado los diferentes rostros de la represión de los testaferros de las oligarquías que han obstaculizado nuestro desarrollo laboral, profesional y humano y que a algunos compañeros les significo su perdida de la libertad y la vida sin que los responsables hayan sido procesados por sus conductas criminales. Mas abominables son las transgresiones a la libertad de que son objeto los trabajadores agrícolas que viven en condiciones de esclavitud, incluyendo los niños y que anualmente solo son reconocidos en la cifras que los gobernantes refieren como problemática social en las denuncias de organismos no gubernamentales. Y que decir de la discriminación, que persisten en ejercer funcionarios y burócratas, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil que diariamente atentan contra la dignidad humana y logran su objetivo de menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este contexto el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación sigue sin ejercerse en el marco constitucional que les garanticé su autonomía plena
Lejos esta el cumplimiento de los derechos sociales establecidos por nuestra constitución como el derecho a la salud que cada gobierno postrevolucionario ha venido postergando, brindando a cuenta gotas acciones en planes y programas de atención que no garantizan el ejercicio pleno de este derecho lpara lograr simplemente la atención universal gratuita de los servicios médicos para el reestablecimiento de la salud o la prevención de enfermedades. En el derecho a la educación apenas estamos por lograr la cobertura para la educación secundaria, con una educación primaria pésima de las peores del mundo, una incipiente educación preescolar incapaz de proporcionar cobertura plena; una educación media superior que no logra brindar la oportunidad plena a todos los aspirantes y una educación universitaria que sigue siendo elitista, con altos costos economicos para las familias y sin facilitar el acceso a los estudiantes hijos de trabajadores y campesinos y menos a los pobres lo que ha generado que actualmente cuatro de cada 10 personas mayores de 15 años están en situación de “rezago educativo”, esto es que no concluyeron estudios de educación básica: son analfabetas, no terminaron la primaria o la secundaria; según las autoridades del INEA.
En tanto el derecho al empleo ha sido procesado como un derecho a ser explotado para la sobrevivencia con los miserables salarios en jornadas prolongadas y extenuantes en condiciones ambientales enfermizas, indignas que generan tragedias impunes como las de los trabajadores mineros, las muertes de campesinos por la exposición a las substancias tóxicas de los procesos de fumigación y los fertilizantes; en tanto países como Francia, cuna del liberalismo, hoy protegen sus leyes contra el mobbing, el acoso laboral en cualquiera de sus expresiones, aquí sigue prevaleciendo la impunidad contra la violencia laboral, los accidentes de trabajo y el acoso sexual de las mujeres. Gobiernos ineptos como el que padecemos no sólo han sido incapaces de generar condiciones laborales dignas sino lo han precarizado generando empleos mal remunerados, eventuales y sin prestaciones sociales. En el último cuatrienio, correspondiente al sexenio de Calderón, la población desempleada se disparó 65 por ciento, al pasar de 1.6 a 2.6 millones. Lo más lamentable es la tasa de jóvenes desocupados que se situó en 8.8 por ciento de las personas entre 14 y 29 años, una cifra mayor a la tasa nacional que fue de 5.5 por ciento, en el periodo 2006-2010.
Así nuestra constitución ha sido vilipendiada y letra muerta por los gobernantes y sus oligarquías que nuevamente este 5 de febrero con cinismo y desvergüenza expresaran honrar y enaltecer intentando brillar con sus discursos y eventos en la solemnidad de su hipocresía.
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