DIA DEL NIÑO: PARA RECORDAR LOS PENDIENTES

Mas que el jolgorio frívolo y mercantilista, con sus lacras de promoción y fomento del consumismo, y de la simulada preocupación de los gobernantes y funcionarios de las dependencias públicas responsables de proporcionar el respeto a sus derechos fundamentales, que este día se unen a los mercaderes del entretenimiento infantil con sus eventos celebratorios donde se disponen a festejar el día del niño, los adultos tenemos que reflexionar sobre los graves pendientes que nuestros gobernantes no han logrado atender en sus fastuosos planes de gobierno en consonancia con la pretendida consagración a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo y las actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Esta fecha tiene su origen en las declaraciones sobre los derechos del niño iniciadas en 1929 con la Declaración de Ginebra y las adopciones posteriores que la Organización de las Naciones Unidas hizo en 1959 en la versión sobre la declaración de los derechos del niño que luego fue ampliada y pactada en La Convención sobre los Derechos del Niño, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, como un tratado internacional de la ONU por el que los estados firmantes reconocieron los derechos del niño en 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. Aunque la ONU lo celebra en ese mismo día de noviembre para conmemorar la aprobación referida, en nuestro país se celebra el 30 de abril.
Entre los derechos para los niños suscritos en esta Convención destacan: el derecho a la vida, derecho al juego, derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista con otros, derecho a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus ideas, derecho a una familia, el derecho a la protección durante los conflictos armados, derecho a la libertad de conciencia, derecho a la protección contra el descuido o trato negligente, derecho a la protección contra el trabajo infantil, derecho a la información adecuada, derecho a la protección contra la trata y el secuestro, derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura, derecho a la protección contra las minas terrestres, derecho a la protección contra todas las formas de explotación, derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor, derecho a un nombre y una nacionalidad, derecho a la alimentación y la nutrición, el derecho a vivir en armonía, derecho a la diversión, el derecho a la libertad, derecho a la paz mundial, derecho a la salud y el derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o ideología.
A partir de la promulgación de la Convención de 1989 los países pactantes han ido adecuando su legislación interna a los principios contemplados en esta Declaración. En México la atención específica para los niños iniciaron en 1961 al crear el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, continuando en 1968 con el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez y posteriormente en la formación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a partir de 1977, constituyéndose en la dependencia pública responsable para velar por el respeto de los derechos de los niños y proporcionar acciones producto del descuido, el maltrato, la negligencia y todas las formas de abuso y violencia infantil. En tanto estas acciones corresponden a las políticas públicas del estado de bienestar que los gobiernos neoliberales han estado desmantelando y desmotivando progresivamente mediante la disminución del financiamiento, el hecho es que en todo este tiempo no sólo han sido incapaces de proporcionar en forma eficiente y eficaz sus funciones garantes para el bienestar del niño y las niñas sino que lo mas lamentable es que se han visto involucrados en delitos transgresores de los derechos del niño como se ha reportado en los niños victimados por el descuido negligente en las guarderias y en los casos del trafico de niños en las denominadas casas hogar, en el marco de los procesos jurídicos de tutelaje que siguen careciendo de transparencia, con grandes márgenes de discrecionalidad para beneficio de las redes de explotación infantil. En el marco del financiamiento, Susana Sottoli, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informo que un estudio de sus dependencia concluye que la inversión pública destinada a la infancia y adolescencia en México se elevó entre 2007 y 2010 hasta representar el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) prevaleciendo una “distribución desigual” en las diferentes áreas que deben tomarse en cuenta para garantizar de manera integral los derechos de los niños y niñas y aseveró que El 80 por ciento de los recursos destinados a niños y adolescentes son para salud y educación, pero los programas destinados a garantizar que los niños estén protegidos contra todo tipo de violencia, abuso o explotación, así como a proveer su participación en las decisiones que las afectan, es de menos del uno por ciento para cada uno.
Nuestros niños siguen siendo victimas de la lacerante pobreza económica, patrimonial y alimentaria que en el país padecen al menos 50 millones de personas en esa condición, de las cuales 19 millones sufren “pobreza alimentaria” (sus ingresos son insuficientes para comprar comida). Según la OCDE, México tiene la tasa más alta de pobreza infantil de todos los países miembros pues uno de cada cuatro niños mexicanos en 2008 vivían en hogares con esta condición. El director del Centro de Investigación de Nutrición y Salud, Juan Rivera Dommarco, aseguró que en México, a pesar de los esfuerzos de los programas sociales, hay 1.6 millones de infantes que sufren desnutrición extrema. La prevalencia de la mala nutrición es “muy alta” en menores de dos años de edad beneficiarios del Programa Oportunidades y ellos han detectado que en zonas rurales la talla baja en el grupo no indígenas es poco más de 20 por ciento, pero en la población indígena supera 33 por ciento. La desnutrición desde la gestación hasta los 2 años de edad aumenta la morbilidad y mortalidad infantil, retrasa el crecimiento, lo que repercute en la capacidad de trabajo físico y en el desempeño escolar, en un incremento de las enfermedades crónicas y en la disminución de la productividad que lleva a un deterioro del desarrollo económico y persistencia del ciclo de la anemia y la pobreza. México todavía tiene prevalencia muy altas de anemia entre 12 y 60 meses de edad, estamos hablando de 23 por ciento de niños mexicanos, 1 de cada 5 que no consume zinc, hierro, vitaminas, ácido fólico, inclusive, entre las poblaciones con mayores recursos.

La Salud mental de los niños de acuerdo presenta un panorama que requiere urgentemente la atención porque los estudios de la SSA sobre los trastornos psiquiátricos en niños reportan entre un 14 y 20% de prevalencia de los cuales el 7% son casos severos. Los datos obtenidos en este estudio sugieren que el 7% de la población infantil en este rango de edad requiere de una atención especializada e integral, y otro 7% adicional demanda alguna ayuda o atención. el 15% padece algún trastorno mental que se manifiesta como trastorno de conducta y/o aprendizaje, 4% padecen el Trastorno por Deficit de Atención, el retardo mental afecta del 1 al 3% de la población, tan sólo en las escuelas de educación especial de la SEP se atienden anualmente 140 mil niños con problemas de aprendizaje, la epilepsia tiene una prevalencia de 3.7% en la población de 18 a 64 años y de 2.1% en los niños siendo el trastorno psiconeurológico más frecuente 6 a 8 casos por mil habitantes. Los problemas psiquiátricos que con más frecuencia se tratan en los menores son la angustia y la depresión, así como los intentos de suicidio
Por otra parte el informe sobre el Estado de la vivienda en México 2010 elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en todo el territorio nacional existen 8 millones 946 mil 725 familias, donde dos de cada 10 hogares según viven en condiciones de hacinamiento, o en casas construidas con materiales precarios o en deterioro lo cual se constituye en un grave factor de riesgo para el desarrollo físico, mental, emocional, social, moral y espiritual de estos niños que en estas precarias condiciones ambientales tendrán que sobrevivir de las estadísticas de la mortalidad y morbilidad infantil.
Así estos niños mal nutridos, con altas prevalencias de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, con salud dental precaria y con un desarrollo psicosocial ensombrecido por los factores de riesgo familiar y social que afectan su salud mental tienen que cursar su educación formal en un sistema educativo que todavía es incapaz de proporcionar cobertura universal plena, según la misma SEP El 94.7 por ciento de la población de seis a 14 años asiste a la escuela, cifra que se compara con 85.8 por ciento que asistía a la escuela en 1990. En las comunidades indígenas el panorama es peor: las cifras del INEGI revelan que sólo 14% de esa población logra terminar la primaria y para rematar según datos de UNICEF, en el país un millón de niños no acuden a la escuela y cerca de 3.3 millones trabajan en ambientes de riesgo, y unos 16 mil niños son prostituidos en destinos turísticos. Después de una década de evaluaciones, la calidad de la educación, México sigue ocupando el último lugar de desempeño entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al dar a conocer los primeros resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2009, México ocupó el lugar 48 (420 puntos en promedio) de entre 65 naciones, 33 de la OCDE, en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, con una escala que va de los 262 a los 698 puntos.
En esta semana Gerardo Sánchez García, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), denunció la explotación laboral de los menores en el campo, informo que de los seis millones de jornaleros agrícolas que se emplean en los campos agrícolas del país, más de tres millones son niños de entre 6 y 14 años, en la mayoría de los casos perciben poco más de 20 pesos por jornada de trabajo y realizan sus actividades al margen de cualquier protección laboral, cuando aportan alrededor del 30% del ingreso familiar. Agrego que 500 mil niños menores de 14 años de edad, que son jornaleros migrantes o que viven en algunas de las 98 mil localidades más apartadas del país, no pueden ser atendidos en las escuelas. Lo peor, dijo, es que aún no encuentran la forma de cómo incorporarlos a la educación, sus jornadas rebasan las ocho horas diarias, salarios inferiores al mínimo, están expuestos a condiciones insalubres y desprovistos de cualquier tipo de seguridad social.

El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México refiere que el noventa por ciento de la población escolar de primaria y secundaria ha sufrido alguna vez humillaciones e insultos, reporta, al destacar que los niños y jóvenes son los que más agreden y el proceso educativo prevalece con estereotipos que perduran y fomentan inequidad de género y la inherente violencia de genero. Por si fuera poco en el marco de la violencia generalizada que vivimos de acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países del organismo. De 2006 a 2008 se registraron en el país 23 mil homicidios de niños y niñas de cero a 17 años de edad, según su informe presentado por la OCDE del 2010. El noreste del país presenta la tasa de mortalidad por homicidio más alta en menores de cuatro años y Chihuahua registra el mayor número de casos, donde de 2000 a 2008 se reportan 40 asesinatos a pequeños de cero a cuatro años y 161 de los que tenían entre 15 y 17 años de edad, según el texto “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales”.

En este día del niño, lamentablemente para la mayoría de los adultos, prevalece como un ejercicio más que promueve el consumismo mercantilista deshumanizante que padecemos en nuestra sociedad donde no debemos de olvidar que los niños son victimas de la lacerante pobreza, sus bajos niveles de salud, victimas de la violencia familiar, escolar y social con el abuso sexual y sus trascendentes casos de pederastia hechos por sacerdotes de la iglesia católica, el abuso y explotación de que son objeto en el marco del trafico de seres humanos, la prostitución y su integración a la abominable industria del sexo; además de la mala educación pública a la que están expuestos, el uso consumista con los denominados alimentos chatarra que las escuelas y los medios de comunicación se niegan a dejar de abusar en su prevaleciente promoción; su ingreso cada vez mas temprano a las cifras de la obesidad y otros trastornos alimentarios, la diabetes, suicidios, alcoholismo y abuso de drogas entre otros.

PORQUE NO DEBE REDUCIRSE LA EDAD PENAL A LOS 16 AÑOS.

Fernando tenía 17 años de edad cuando en diciembre del año pasado había participado con otros jóvenes mayores de edad en el asalto armado de una familia que estaba de fiesta, donde drogados y alcoholizados aterrorizaron, robaron y además lesionaron a uno de sus miembros. Las autoridades al hacer las investigaciones y obtener las posibles filiaciones de los autores, días después encontraron a algunos de ellos, incluido Fernando, cuando a bordo de un vehiculo rondaban sospechosamente en esa zona, habían secuestrado con violencia a un comerciante que traían en la cajuela de ese coche, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad; todos fueron internados en el penal de topo chico. Días después, Fernando fue enviado al internado del ex - Consejo Tutelar para Menores hoy denominado como Centro de Impartición de Justicia para Adolescentes, donde tres meses después por la acción de un abogado muy influyente, le fue proporcionada la libertad condicionada a su asistencia a la atención psicológica en el CECOSAM de la SSA. La evaluación psiquiatrica y psicológica que hicimos detectó un curso crónico de conductas antisociales, adictivas y violentas en el marco de una familia de nivel socioeconómico bajo, gravemente disfuncional, con un padre drogadicto, alcohólico, con antecedentes criminales y una madre inestable emocionalmente, con trastornos de personalidad y afectivos en su salud mental; su desarrollo escolar fue impactado por este entorno de problemas y carencias, reprobando el tercer grado de la secundaria y después fue expulsado por sus conductas, adictivas, indisciplinadas y violentas cuando tenía 16 años de la educación preparatoria. Después de la cuarta consulta, Fernando deserto y no hemos sabido de él; nos quedo claro que fuimos utilizados por sus “protectores” para lograr y mantener su libertad, rogando que ojala ni reincida en sus conductas criminales y no sea victimado por sus compañeros delincuentes; claro que esto es una fantasía nuestra si enfrentamos las realidades de las ciencias que son determinantes en los pronósticos evolutivos de la conducta criminal.
El hecho es que esta es una de las historias que se repiten una y otra vez en los menores infractores de nuestra sociedad con gobiernos inmersos en un sistema de aplicación y procuración de la justicia con graves niveles de ineficiencia y corrupción, incapaces de proporcionar los niveles óptimos de bienestar a sus niños y adolescentes en su alimentación, salud, educación, recreación, deporte, con sus políticas generadoras de pobreza, desempleo, exclusión social y ausencia de oportunidades para los jóvenes; ya no se diga la inexistente función rehabilitadora de sus instituciones para solucionar los graves problemas familiares, escolares, adictivos, de salud mental y de conductas antisociales de estos menores infractores.

Hace ya 25 años, sí durante 1986, 1987 y 1988, un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales nos avocamos a la atención e investigación de las conductas criminales prevalecientes en los menores infractores en Nuevo León, durante esos tres años usando el método científico desarrollamos estudios con investigaciones prospectivas y retrospectivas que nos permitieron identificar las causas, los tipos, las características, los rasgos y dinamismos de la personalidad en estos menores, así como las variables psicosociales, socioeconómicas, biológicas y familiares inmersas en este fenómeno que nos permitió no sólo fundamentar propuestas de modelos de prevención y atención integral en este campo sino además la recomendación al gobierno y sus funcionarios de no reducir la edad penal que pretendían como solución a la conmoción social que los medios generaban en algunas conductas homicidas cruentas de menores de edad, que al igual que ahora eran aprovechados por la delincuencia organizada para desarrollar sus actividades, sabedores de que su minoría de edad los hacia inimputables de responsabilidad penal. Ese gobierno sexenal decidió no reducir la edad penal y como suele suceder en este país al terminar su periodo de gobierno, nuestras actividades al no estar sometidas al gusto de los gobernantes se nos retiro el apoyo y los productos fueron abandonados por los siguientes gobiernos. Luego las cosas siguieron igual en sus simulados programas de atención y prevención de las conductas delictivas y el incumplimiento de los derechos fundamentales de los menores. A principios del 2007, los Consejos Tutelares, en el marco de la nueva Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes Infractores fueron transformados a Centros de Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores, de donde egresa Fernando reproduciendo las tristes realidades que imperan en nuestra sociedad, como si nada cambiara en la atención de este problema.

Por eso cuando el gobernador de mi estado, Rodrigo Medina, dice que el sistema jurídico debe adaptarse a la realidad requiriendo a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León que valore una posible reducción de la edad penal aplicable a los menores infractores deberá integrar estas realidades que prevalecen como fundamentos contundentes para no reducir la edad de imputabilidad y que a continuación le referimos:
1.-Como buen abogado debe saber que la imputabilidad es un concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad y se define como la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Requiere funcionalidad adecuada de la psique que depende de una madurez que no existe en los menores de edad en nuestra sociedad.
2.-En la teoría criminológica prevaleciente se asume que un sujeto es responsable penalmente, si posee la capacidad psíquica del delito; dicha capacidad a su vez, esta formada por dos elementos: a) Una capacidad de discernimiento, que conviene a las funciones intelectuales y que permite al individuo comprender el contexto normativo que le obliga y b) Una capacidad de ajustar su conducta en el sentido que le obliga esa normatividad.
3.-El desarrollo mental, cognoscitivo y afectivo de nuestros adolescentes ha seguido obstaculizado por las deficiencias educativas y la ausente promoción y fomento de su salud mental desde el embarazo mismo que se complican por la deficiente atención de los problemas emergentes durante el desarrollo biopsicosocial en estas etapas del desarrollo humano. No existe evidencia científica, en el marco de las investigaciones de las ciencias cognitivas, de haberse incrementado globalmente las capacidades intelectuales que sustenten la maduración temprana en esta etapa de la vida y es importante señalar el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación, sumado a las deficiencias del sistema educativo, han provocado al disminuir las capacidades de abstracción en los procesos del pensamiento.
4.-El desarrollo moral, que da sustento al respeto por las reglas y la idea de justicia de los niños y que esta asociado al desarrollo de las capacidades cognitivas, ha estado obstaculizado por la inobjetable crisis de valores, producto de la deshumanización de nuestra sociedad evitando la prevalencia del razonamiento moral basado en el pensamiento ético, ausente en el ejercicio de los políticos y transgredido permanentemente en las interacciones sociales, familiares, educativas, laborales y mercantiles.
5.-La gran mayoría de organizaciones y profesionistas de las ciencias de la conducta en el mundo convergen en sus conocimientos en que los adolescentes no tienen la plena organización de la personalidad y es inobjetable el proceso de maduración biológica, psicológica, social y existencial a que están sujetos para estar en condiciones de un comportamiento plenamente responsable hasta después de los 18 años. Es un prejuicio hablar de que hay adolescentes con madurez adelantada cuando el referente es reducido a la observación de rasgos biológicos o conductuales que impresionan y no la globalidad de las funciones en todos los niveles de integración del ser humano.
6.-El proceso de socialización de nuestros niños, que se inicia con la estructuración del sistema cognitivo y el desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas para posteriormente fortalecerse con las pautas de valores, normas y significados reconocidos para permitir el aprendizaje y la capacitación de la persona a lograr un proceso de interacción plena donde la toma de conciencia social prevalezca como determinante en sus conductas sociales ha permanecido anquilosado por las carencias funcionales de los agentes sociales tanto a nivel primario como secundario en nuestra sociedad.
7.- Las generaciones actuales de niños y adolescentes son victimas de la “Mala Educación” al que han sido expuestos en nuestra sociedad, dificultando la integración de conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar; consecuentemente no ha impactado en el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual, elemental para la construcción de las sociedades no violentas y con conductas criminales disminuidas. Así hemos visto como las nuevas generaciones batallan para asimilar y aprender los conocimientos elementales, las normas de conducta, los modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, con sus incapacidades en la creación habilidades y destrezas generadoras de sus mejores niveles de bienestar y prosperidad.
8.-Por si fuera poco los niños y adolescentes “problema” por sus desviaciones en la conducta, sus trastornos de aprendizaje, sus conductas disruptivas, antisociales, sus adicciones y con cualquier problema de salud mental no han tenido el beneficio de los modelos de atención integral e interdisciplinaria por las ineficiencias burocráticas para lograr esa interinstitucionalidad necesaria de las dependencias responsables; se agrega el escaso financiamiento que los gobernantes han destinado para el desarrollo de modelos eficientes y eficaces en los diferentes niveles de prevención de estos problemas.
9.- Las instituciones rehabilitadoras, reeducadoras o de impartición de justicia para los menores infractores como los Centros de Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores prevalecen con la lamentable realidad de no lograr el nivel de organización necesaria que proporcione un ambiente seguro y saludable de sus instalaciones, donde les distinga el profesionalismo y la calidad en las diferentes actividades para cumplir con sus objetivos. Por eso han sido reiterados sus fracasos con sus altos índices de reincidencia en las conductas delictivas, la cotidianidad de la violación de los derechos fundamentales, los maltratos, el abuso de autoridad, el hacinamiento, la insalubridad y la deficiente atención educativa formal de sus internos.
10.-No existe evidencia científica que en los países donde la edad penal es más temprana y se admiten penas como la muerte o la cadena perpetua para niños y adolescentes hayan reducido los índices delictivos, además existe la hipótesis de que, por el contrario, las formas de delinquir se vuelven más sofisticadas. Es importante señalar que son además países, con altos niveles de desarrollo humano, o mejor colocados que el nuestro, así como pertenecientes a mejores niveles de desarrollo económico y sostenible con una particularidad: todos han logrado integrar desde hace décadas: Una red de servicios capaz de proporcionar atención a la salud mental de toda la población desde la infancia.

Las argumentaciones jurídicas en contra de la reducción de la edad penal que se desprenden de las transgresiones constitucionales de los artículos 4, 13, 14 y 16; a los artículos1, 7,10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Los artículos 2, 9, 14, y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Los artículos 8, 9 y 17 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos; Asi como Las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores ( Reglas de Beijing); las Reglas de la ONU para la protección de los menores privados de su libertad, Las Directrices de la ONU para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), y los derivados de La Convención Sobre los Derechos del Niño; las dejamos para los expertos de las ciencia jurídicas, recordándoles que el comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas de la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus diferentes ramas, un debate en este ámbito sin su participación jamás sería completo.

En tanto los políticos se pierden o tratan de desviar la atención de problemas fundamentales que ensombrecen sus imágenes, debemos de insistir en que se ocupen de los menores que no tienen oportunidad de estudiar, de los que hoy tienen algún problema que obstaculiza su desarrollo, de los que son anualmente rechazados para estudiar la Prepa o ingresar a la Universidad pública, de resolver la prevaleciente mala educación de los niños, el grave desempleo y subempleo de los jóvenes, del incremento del suicido, las adicciones, el alcoholismo, los embarazos, la atención de los niños que viven en la pobreza, sufren explotación sexual y laboral, por la prostitución infantil, por la sustracción de infantes, tráfico de órganos, turismo sexual, niños de la calle, víctimas de delito, de maltrato y violencia familiar; pero sobre todo logren articular la anhelada red a su servicio capaz de proporcionarles plenamente el respeto a sus derechos fundamentales.

GOBERNANTES PARA EL SUBDESARROLLO HUMANO

En pleno siglo XXI en el marco de los renovados anhelos de millones de mexicanos que aspiramos al desarrollo modernizador de la sociedad a pesar de las prevalecientes condiciones de la transición democrática en nuestro país donde las oligarquías económicas, políticas y mediáticas se resisten a la democracia participativa, apoyando y definiendo los personajes a gobernarnos; no dejan de generarnos sus sorprendentes incapacidades que llegan a promover arrogantemente como grandes ideas que terminan proyectando su ignorancia y mas esa característica del gobernante de alejar el conocimiento científico en la integración del arte de gobernar y perderse así en el pragmatismo ramplón de la política, que constituye el eje central de su asenso y mantenimiento en ese poder impune en tanto no rebase los limites de la tolerancia de esos poderes fácticos que lo encumbraron.

Desde el siglo pasado hemos tenido presidentes y gobernadores mediocres, con escasas excepciones, en su desempeño para lograr articular las políticas públicas y lograr el desarrollo social modernizador que se corresponda con los abundantes recursos económicos de nuestra nación que ha sido ubicada como una de las diez grandes economías del mundo, derivados de las riquezas naturales, la productividad financiera y laboriosidad de nuestro pueblo y el entorno mundial con sus circunstancias económicas y políticas; este ultimo siempre utilizado como justificación de las crisis económicas que padecemos sexenio, tras sexenio. La mediocridad de los gobernantes nos ha sumido en la sociedad insegura y violenta que vivimos, en el crecimiento de la pobreza, la depauperación creciente e irreversible de las masas trabajadoras y un desarrollo humano de nuestra sociedad incongruente con la gran riqueza de los bienes nacionales y la calidad de vida que debiera existir e incapaces de dar el salto a sociedades con alto desarrollo humano con la prevaleciente prosperidad no sólo material sino espiritual de todos los mexicanos.

Colocar a la persona en el centro del desarrollo, promover su desarrollo potencial para aumentar sus posibilidades del éxito y del disfrute de la libertad para que vivan plenamente la vida que valoran, debiera ser el eje fundamental de las conductas de los políticos gobernantes que sustentándose en un mínimo de conocimiento científico, originado en si mismo por su profesión, su experiencia, por sus habilidades de aprendizaje o por el uso adecuado de sus expertos integrantes de su gabinete de funcionarios y asesores, debiera de fundamentar sus propuestas, mas allá del sentido común y de la sabiduría popular que antes prevalecía como referente principal de decisiones del gobernante para sus gobernados.

Mas allá de las tonterías reiteradas en sus conductas gobernantes que los presidentes han hecho y que han culminado en estos dos últimos sexenios con los personajes mas mediocres que hemos tenido en toda la historia moderna de nuestro país, Fox y Calderón que lo mas eficaz que han logrado es la percepción popular de que no se necesita inteligencia puede llegar a ser presidente de nuestra patria; resulta que los gobernantes de algunos estados para no quedarse atrás han querido contribuir a este estado prevaleciente de gobernar para el subdesarrollo humano con propuestas novedosas dignas de analizar que se generaron y se están promoviendo por sus lacayos como corifeos operadores de los poderes legislativo y judicial en sus estados y en la federación.

Así el gobernador de Chihuahua, el estado mas grande en extensión territorial de nuestra patria que se distingue por tener en su Ciudad Juárez, la ciudad mas violenta del mundo, César Horacio Duarte Jáquez entregó al Congreso de su estado una iniciativa estratégica para promover que los jóvenes sin actividad productiva laboral se incorporen de manera voluntaria a un régimen especial de servicio militar remunerado, el propósito es brindar oportunidad a los jóvenes que por diversas circunstancias no se encuentran realizando ningún tipo de estudio y tampoco alguna actividad laboral según el gobernador así se genera el servicio de la nación, los espacios de oportunidad que los jóvenes buscan en la sociedad y se fomente el amor a la patria mediante el ingreso al servicio de las armas y a nivel nacional puede ser una solución para los siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, luego remata resaltando que la falta de actividad entre los jóvenes los convierte en presa fácil para ser reclutados por el crimen organizado y se convierten en su principal bolsa de trabajo, ante la falta de oportunidades. La propuesta incluía una reforma al artículo V de la Ley del Servicio Militar para que los jóvenes que ingresan al Servicio Militar Nacional y que no estén trabajando ni estudiando, podrán incorporarse de tiempo completo, de forma voluntaria, con duración de hasta tres años. Según él, todo lo anterior se traduce en una oportunidad de ocupar su tiempo, ser útiles a la patria y alejarlos de los vicios y cualquier mala influencia y a cambio estos jóvenes recibirán un estímulo económico. Afortunadamente sus ocurrencias ni siquiera lograron consenso para ser analizada por los diputados del Congreso de la Unión.

Por otra parte el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, preocupado por la problemática de los adolescentes inmersos con los grupos delictivos analiza la posibilidad de enviar una iniciativa de ley al Congreso Local con el objetivo de trabajar en la reducción de la edad penal y refiere que “es un tema importante que se tiene que discutir, incluso a nivel nacional, la edad de las personas al momento de cometer un crimen, ahora vemos que cada vez son más jóvenes, que a los 15, 16 ó 17 años están participando en estos hechos delictivos”; y agrega “estamos viendo en la calles es que cada vez hay más participación de menores de edad en delitos de alto impacto, delitos relacionados con la delincuencia organizada, o bandas que quieren imitar o similares a las del crimen organizado, con participación de menores". Detalló que bandas delincuenciales capturadas por autoridades en Nuevo León, en muchos casos están conformadas también por menores de edad pese a delitos graves, al ser procesados, la ley les permite "procesos más ligeros", con lo cual son castigados con menos tiempo de cárcel. Según él ante las carentes herramientas con las que cuenta el poder judicial al momento de procesar a un menor, dado que cuando cumplen la mayoría de edad pueden salir del tutelar y vuelven a delinquir. La propuesta ha sido planteada en el seno del Congreso Federal y la representante de la UNICEF en México, Susana Sottoli, ha sido contundente: “implica una visión limitada sobre la comprensión del fenómeno” ya que no se ha demostrado que la reducción de edad penal sea efectiva para dar solución al problema; aun así el gobernador ha insistido en construir una iniciativa con este propósito y continua promoviendo a nivel nacional su iniciativa para reducir la edad penal a todos los gobernadores integrantes de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) Ambas propuestas están muy lejos de fortalecer los sistemas de protección a niños y jóvenes y del cumplimiento de las mismas leyes de protección a la infancia y la adolescencia que se han generado en los últimos diez años conforme a la suscripción de los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito en estos temas. Existen además múltiples investigaciones, ensayos y comunicaciones científicas sobre los fundamentos maduracionales de las personas que confieren la responsabilidad social, moral y legal sobre sus conductas hasta los 18 años, edad donde se logra la estructuración de la personalidad con sus rasgos de la conciencia del ser y el hacer. Quizá lo lamentable, en nuestra sociedad, ha sido la ausencia de estudios científicos que aborden estos ámbitos y contribuyan al conocimiento de la realidad “maduraciónal” en estas etapas de la evolución humana en el contexto de nuestra situación política, social, educativa, cultural, histórica y económica. Los que hemos investigado este fenómeno de la delincuencia en menores infractores, en nuestra sociedad, nos ha quedado claro el papel determinante de los factores sociales en el origen y el mantenimiento de las conductas criminales, por un Estado incapaz de proporcionar los satisfactores básicos que permitan lograr el desarrollo biopsicosocial esencial en la construcción de conductas saludables, además de la ineficiente actuación de las instituciones en la solución de los problemas educativos y de los trastornos emocionales y de la conducta que emergen antes de la conducta criminal de un menor de edad. Carecen, además de este reduccionismo en sus análisis y propuestas sobre este problema, de la autocrítica por la ineficiente operatividad de sus instituciones impartidoras de justicia en los menores infractores y sus programas de prevención del delito, pero sobre todo de las políticas públicas destinadas a disminuir la pobreza y sus lacras, así como garantizar el acceso a la educación y el empleo de todos los jóvenes. Con un mínimo de conocimiento de las teorías del desarrollo humano y la criminología se iluminarían con otras realidades que permitirían construir otras alternativas más razonables para el abordaje de estos problemas que superarían esa reactividad dramatizadora de sus incapacidades para lograr mínimamente disminuir la prevaleciente conducta delictiva para lograr la paz y seguridad de sus habitantes.

Finalmente Mauricio Fernández, un hombre que además de ser y pertenecer a la clase social mas elitista en Nuevo León y que se ufana de ser admirador de las artes, demócrata y humanista y que actualmente es presidente municipal del municipio más rico de nuestro país, San Pedro Garza García, inició el programa De Ti y Por Ti con el cual pretende realizar un padrón de las trabajadoras domésticas así como de los obreros ambulantes que laboran en dicho municipio, porque según sus cifras: el 60 por ciento de los robos a casa-habitación en su municipio se realizan por personal que trabaja dentro de dicho domicilio y por ello busca tener un registro voluntario de las “empleadas domésticas, mozos, jardineros, chóferes, nanas, enfermeras” y demás, que asegura son alrededor de 15 mil personas, es así una de las estrategias que más ha promovido el alcalde para combatir los robos a casas en San Pedro. Esto no es más que discriminación la cual se define como el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, en este caso por cuestiones sociales. El programa se mantuvo paralizado durante más de un año debido a que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo consideraba violatorio de las garantías individuales y la polémica se resolvió cuando el municipio se comprometió a que el tema fuera totalmente voluntario y que no se obligaría a nadie a participar dentro del registro. Al matizarlo como voluntario no sólo sigue siendo prejuicioso sino violatorio de las garantías individuales consagradas en nuestra carta magna y de las leyes contra la discriminación y los derechos humanos elementales de los ciudadanos sino evidencia además la pobreza de sus conocimientos para articular políticas públicas de seguridad y prevención del delito en el ámbito de sus competencias y la incongruencia con su abnegada formación humanista y persistente lucha por la democracia.

En fin tres personajes que nos gobiernan en México y que comparten la misma visión: gobernar para el subdesarrollo humano donde prevalece el autoritarismo con sus estrategias represivas y coercitivas obstaculizando la creación del entorno necesario en el que se respeten plenamente los derechos humanos y sociales de todos, fundamentales para alcanzar el máximo nivel de desarrollo humano incluido el de ellos y sus familias.

VIOLENCIA, MEDIOS DE COMUNICACION Y SALUD MENTAL

A finales del mes pasado más de 700 medios de comunicación de todo el país firmaron un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que busca garantizar la libertad de expresión en el marco de la criminalidad y violencia que prevalece en México, según ellos están muy preocupados por “la situación sin precedentes por los niveles y las formas que ha adoptado la violencia que proviene de la delincuencia organizada”. Se comprometieron, además, a ceñirse a una estrategia que otorgue al trabajo periodístico mayor profundidad y limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado. Los principios rectores del acuerdo suscritos son: el respeto a las libertades de expresión y de prensa, la independencia editorial de cada medio de comunicación, la obligación de los medios para informar con profesionalismo y la responsabilidad social de los medios sobre lo que informan. En uno de sus criterios editoriales pactan que “los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, sin ponerse en riesgo frente a los criminales”. Los medios de comunicación suscribieron este acuerdo a nivel nacional para el manejo adecuado de la información sobre la violencia generada en la delincuencia que se ha incrementado en nuestro país y en el principal acuerdo de los criterios editoriales expresan: “Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra de la violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.

Sin olvidar el objetivo mediatico politico de los monopolios televisivos que dirigieron la organizacion de este acuerdo en el contexto de sus intereses y buscando satisafacer los intereses del fecalismo gobernante en sus decadentes politicas, su preocupación sobre la sociedad violenta que padecemos esta muy lejos de uno de sus objetivos sociales como corresponde este denominado “fomento de la conciencia social en contra de la violencia”, que debería estar integrado en sus empresas socialmente responsables para contribuir al desarrollo social y humano de nuestra sociedad mexicana, ya no digamos en las acciones de fondo que son determinantes de las saludables conductas de los ciudadanos. La violencia infame y sus asociaciones con la delincuencia organizada constituyen una expresión del deterioro de nuestra salud psicosocial donde estamos inmersos no sólo por el proceso de deshumanización con la perdida y el deterioro de los valores humanos sino por el grave incremento de las adicciones, el alcoholismo, el suicidio, los trastornos depresivos, las demencias, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Sumemos el acecho de un futuro sombrío, por el incremento de los trastornos de conducta disruptiva de nuestros niños donde destacan el denominado trastorno déficit de atención y el trastorno de conducta disocial en el marco de deficiencias educativas que no logran solucionar los graves problemas de aprendizaje que alimentan las cifras negativas de adolescentes y jóvenes con escasa competencia para el desarrollo de habilidades y destrezas que sumados a las perversas políticas del gobierno obstaculizan su integración educativa, deportiva, recreativa y laboral sumándolos solo a las cifras negras de los mal denominados ninis.

Sin duda los medios de comunicación tienen un papel muy trascendente en la construcción de una sociedad sin violencia criminal, pero más importante es en la cultura por la salud mental, contra el estigma de la enfermedad y las atenciones del personal de salud mental en las personas enfermas que están fuertemente asociadas y constituyen una de las estrategias integradas el marco paradigmático de las intervenciones propuestas con el modelo de la salud pública desde finales del siglo pasado y que han derivado en documentos recomendatorios de la OMS para que los países incorporen en sus políticas contra la violencia, sin que nuestro país haya logrado integrarlo en sus programas de gobierno, con excepción de las relacionadas con la violencia intrafamiliar. En todo este tiempo los medios de comunicación han sido los grandes ausentes no sólo en el manejo saludable y adecuado de los sucesos relacionados con la violencia y la enfermedad mental sino por su desinterés en disminuir los contenidos de sus programas de entretenimiento, incluyendo sus barras infantiles y deportivas, que promueven la violencia, los prejuicios y conceptos erróneos de la salud y las enfermedades mentales. Han estado ausentes de las funciones promotoras de la salud emocional y mental de sus ciudadanos y más lejos de su contribución al uso social y mediático del lenguaje de la enfermedad mental que fortalece y promueve el estigma de los trastornos psiquiátricos. Cada vez que reflexiono en este tema no dejan de abordarme sus contenidos cotidianos que prevalecen con sus imágenes estúpidas donde las agresiones físicas son proyectadas como algo gracioso, burlesco, sobre todo si se hacen estas conductas con los personajes tontos que ridiculizan a nuestro indigenismo, a los retrasados mentales o las deficientes funciones propias de la edad como en la vejez y no se diga de los enfermos mentales que deambulan con sus conductas extravagantes, para la risa, proyectándolos como violentos y que no merecen ningún respeto. Mas estúpido ha sido justificar las grandes cifras de los mas de cuarenta mil muertos en este gobierno, supuestos delincuentes, como necesarias por ser de los “malos” desvalorizando la vida misma, con similitud a la estrategia genocida que los fascistas alemanes promovieron en sus políticas eugenésicas del siglo pasado, de exterminar a los malos, en la absurda distorsión de las teorías darwinistas; no se diga de los asesinatos de personas inocentes que los funcionarios designan como efectos colaterales, concepto derivado de la jerga militar en las guerras.

La sociedad no violenta no se puede construir fomentando la violencia misma. Si los medios de comunicación se han resistido cuando menos a cumplir cabalmente sus funciones informativas y formativas, es muy difícil esperar que integren sus objetivos en consonancia con las necesidades actuales de acotar esta violencia social que nos agobia y se conviertan además en promotores de las conductas saludables mental y emocionalmente porque estos dos ámbitos se han convertido en los referentes fundamentales de sus estrategias mercadotécnicas en su insaciable lucha por el posicionamiento en el rating con sus grandes beneficios económicos. Necesitamos de un pacto social de todos los medios de comunicación, públicos y privados donde decidan autorregularse creando marcos reglamentarios que definan con claridad las conductas a asumir en sus actividades, privilegiando su contribución al desarrollo humano y social en sus funciones informativas, formativas y de entretenimiento, armonizando sus objetivos económicos que constituyen el eje central de su funcionamiento actual, privilegiando la difusión de la cultura y las artes que humanizan a las sociedades, integrando el conocimiento científico en los diferentes contenidos programáticos, sobre todo de los contextos informativos generadores de opinión, mas allá del trato dramatizador, de los usos compasivos y lastimeros; lejos de la frivolidad y sus rasgos de crueldad, que prevalece ante los problemas sociales o humanos de las personas inmersas en sus contenidos, fomentando las percepciones y visiones positivas de la salud y los enfermos mentales, desasociando la enfermedad mental de la violencia, alejando de sus crónicas sociales cotidianas, mostrando a las victimas de violencia o enfermedad mental como personas integras, cuidando el lenguaje de no etiquetar, pero sobre todo desmontando mitos y prejuicios sobre estas problemáticas. Agreguemos, en ese pacto, su incondicional apoyo al uso de tiempos y espacios en sus medios para la educación para la no violencia, la protección y fomento de la salud mental de la sociedad así como en el cumplimiento de los marcos regulatorios sobre la difusión publicitaria del prevaleciente consumo de alcohol en sus diferentes presentaciones comerciales, dejando de integrarlo fantasiosamente al éxito en sus productos artísticos y deportivos, explotando los fanatismos y las deficiencias maduracionales cognoscitivas y afectivas de sus seguidores sustentados en sus innovadores neuromercadeos; imaginemos que estos medios dejan de aceptar las estrategias legaloides abusivas, fomentadas por los insaciables empresarios, que han contribuido a convertir al alcoholismo en un grave problema de salud pública y su evidente asociación con las conductas criminales violentas, el homicidio, los feminicidios, las muertes y lesiones derivadas de los accidentes de los vehículos de motor, el suicidio, la cirrosis hepática y la violencia intrafamiliar.

La construcción de la sociedad no violenta y la salud mental y social de sus integrantes será producto además de su permanente instrumentación estratégica en los diferentes procesos educativos que en las diferentes etapas de la vida son necesarios para la formación del ciudadano libre, democrático, plural y humanista acorde con las necesidades históricas de nuestra patria para transitar a la siguiente etapa del desarrollo humano que anhelamos, es este el contexto fundamental que los medios deben tener como determinante y no sólo como lo refieren en el texto del referido acuerdo: “expresamos nuestra determinación a emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del Estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de este Estado es posible la vida democrática y el goce pleno de las libertades fundamentales que consagra nuestra Constitución”.