Como cada primero de mayo, al celebrarse el día del trabajo en la mayoría de los países del mundo, se intentan reivindicar los derechos y libertades laborales que a lo largo de la historia del movimiento obrero han sido obtenidos tratando de lograr el bienestar y la prosperidad de las clases trabajadoras. Sin embargo ha pasado más de dos siglos del movimiento sindical, desde el denominado ludismo, sin que se hayan logrado en plenitud su cumplimiento incondicional y cada año que pasa los gobernantes, disfrazados en el lenguaje de la modernización y para satisfacer a los capitalistas voraces intentan una y otra vez desmantelar el entramado de derechos y libertades alcanzados mediante sus propuestas de reformas legales como ha sucedido en la mayor parte de los países europeos y de nuestro continente.
México no ha sido la excepción y desde hace décadas los gobiernos han ejercido políticas de control sindical mediante un férreo corporativismo donde se ausenta la libertad y la democracia como manantiales enriquecedores del goce pleno de sus derechos y sus responsabilidades en los procesos productivos donde están integrados, a pesar de ser uno de los factores fundamentales de la competitividad y el desarrollo organizacional de las empresas. No sólo han sido los sindicatos denominados blancos, es decir aquellos que fueron estructurados y organizados a modo de satisfacción del control de los empresarios con ideología derechista y graves fobias anticomunistas, que aprendieron rápidamente las mieles del control corporativo sino a las denominadas organizaciones sindicales rojas, que van desde el corporativismo gobernante del regimen priísta (CTM, CROC, CROM, FESTSE, CNTE, etc.) hasta los denominado sindicatos democráticos y/o independientes (STRM, STUNAM, etc.) aunque este termino es usado por ambas geometrías del sindicalismo, quienes también en sus afanes controladores han logrado permanecer legalmente como lideres oficiales eternos, simulando una democracia inexistente e incongruente con el pensamiento democrático y de la izquierda. El pragmatismo de los liderazgos sindicales en nuestro país lo único que ha logrado es el debilitamiento de la fuerza de los trabajadores ante los embates de los gobiernos priístas y panistas que además de mantener este corporativismo han logrado imponer sus reformas a las leyes de la seguridad social y hoy intentan imponer su reforma a la ley laboral vigente para legitimar la perdida de derechos y prestaciones que en los hechos han venido desarrollando desde hace décadas sin obstáculos ni protestas trascendentales. Se han convertido además en cómplices de que en el mercado laboral mexicano persistan las prácticas ilegales como la subcontratación de trabajadores, la proliferación de los contratos de protección, el sindicalismo disfrazado por abogados empresariales que fungen como líderes obreros, además de que las empresas de outsourcing han sentado sus reales en el país de forma que sólo una décima parte de empleados tiene un contrato legal, prestaciones y un sindicato real.
El derecho al trabajo resulta ser una quimera de conformidad con las decisiones fascistas de los gobernantes que pueden desaparecer empresas o intervenir con el uso de la fuerza pública como sucedió en sus acciones contra los compañeros trabajadores de la empresa gubernamental Luz y Fuerza del Centro o del heroico Sindicato de Mineros de Cananea, donde además trasgredieron impunemente el derecho de sindicación y el derecho de huelga. Tan sólo en lo que va del sexenio de Calderón este derecho al trabajo ha estado obstaculizado porque la población desempleada se disparó 65 por ciento, al pasar de 1.6 a 2.6 millones de desempleados. La tasa de jóvenes desocupados se situó en 8.8 por ciento de las personas entre 14 y 29 años, una cifra mayor a la tasa nacional que fue de 5.5 por ciento. Por otra parte, resulta que mantienen el derecho al salario mínimo con hipócritas simulaciones que no resisten realidades, cada año los corifeos de la ridícula comisión de salarios mínimos anuncian pomposamente, después de sus exhaustas jornadas de discusión, los nuevos salarios mínimos vigentes capaces de “dignificar” al trabajador al proporcionarle la retribución justa a su trabajo para que su familia pueda alimentarse, educarse, vestirse, recrearse, vivir saludablemente y disfrutar de una vivienda digna. Hoy, ante el resultado del censo elaborado por el INEGI en el 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas públicas sostiene que nuestro país tiene la distinción de que sus trabajadores disfruten del segundo salario mas bajo de toda America, superado por países como Costa Rica, Paraguay y Argentina quienes tienen mínimos que superan dos y tres veces el salario mínimo mexicano. Otro dato a considerar es que estos salarios producen que al menos el 77% de la población mexicana tenga una carencia en los satisfactores, educación, vivienda, servicios, alimentación y seguridad social y que sólo el 18% de la población sea considerada como no vulnerable a la pobreza. De Acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el 2010 existían 3.86 millones de personas que ganaban más de cinco salarios mínimos (8 mil 619 pesos o más al mes, que representaron 8.56 por ciento de la población ocupada en México. Quienes ganaron menos de uno y hasta tres salarios mínimos (de mil 724 a 5 mil 172 pesos mensuales) representaron 25.5 millones de trabajadores en el último trimestre de 2010 los trabajadores que se encuentran en este nivel de ingresos representan 56.5 por ciento de la población ocupada en México, así en los últimos cuatro años el nivel de ingresos de la población ocupada se deterioró, pues en ese periodo creció el numero de empleos que pagaban bajos salarios, al tiempo que se redujeron aquellos que ofrecían mayor retribución. Los limitados ingresos producto del trabajo en las familias han fortalecido la más moderna forma de esclavitud: el endeudamiento, que mantiene estratégicamente el sometimiento y la desviación de los procesos fraternales y solidarios inherentes a los problemas sociales; a diario se tiene que pensar en como sobrevivir, en como lograr alimentarse bien, cubrir los gastos de la escuela, los servicios públicos, los bienes muebles inmuebles, servicios y de la vivienda adquirido mediante el crédito; para la salud recurrir a los servicios públicos, asistenciales o de la seguridad social con todo y sus deficiencias para evitar lo catastrófico del gasto familiar si se recurre a la medicina privada. La pérdida histórica del poder de compra de los salarios de 1982 a la fecha es de 80 por ciento y en el actual sexenio se calcula cercana a 30 por ciento.
Aquí cabe la reflexión sobre el supuesto derecho a la jornada de trabajo, cuyos tiempos establecidos como un máximo que generalmente es de 8 horas diarias y 48 horas por semana a través de horarios de trabajo, con el objetivo de que el trabajador tenga tiempo para dedicarse a la convivencia, el esparcimiento con su familia y su descanso resultan inoperantes por carencias económicas y en la mayoría de los casos por la necesaria obtención de ingresos extras mediante el uso de los tiempos de trabajo extraordinario en su misma empresa o en otra actividad remunerada económicamente para solucionar sus problemas economicos. Disfrutar de vacaciones se reduce a estar en casa, solucionar los problemas del mantenimiento y algunos de los pendientes familiares que transforman a este periodo como un descanso al estar fuera del ambiente laboral. Imaginemos a los padres y madres trabajadoras de empresas que les proporcionan un horario que les consume la mañana y la tarde y que sólo logran cubrir el mínimo tiempo en la crianza de sus hijos, así estan año tras año hasta llegar a ser rescindidos en sus contratos laborales a una edad que resulte mas económico para la empresa liquidarlos que integrarlos en el derecho de ser jubilados o pensionados. Aquí se integra otro de los grandes problemas: la transgresión del derecho a la indemnización ante el despido injusto, cuyas cuotas remunerativas son excluyentes de ser justas y retributivas permitiéndole al trabajador lograr una sobrevivencia adecuada mientras logra reintegrarse a otro empleo. En fin las cifras confirman el deterioro del nivel de vida de millones de mexicanos y la precaria generación de empleos mal remunerados, eventuales y sin prestaciones sociales.
Ni que hablar del derecho a la seguridad, la higiene y la correspondiente salud del trabajador que sólo asoma con irresponsabilidad de los empresarios y algunos patrones en los denominados accidentes de trabajo y las denominadas enfermedades profesionales como ha sucedido en las criminales tragedias colectivas de los compañeros mineros de Pasta de Conchos y la actual de Sabinas Hidalgo, Coahuila. Muchas de las empresas carecen de condiciones óptimas de seguridad y de tener un ambiente limpio y seguro para sus trabajadores, a pesar de sus pregonadas calificaciones de calidad que presentan sólo cuando son objeto del proceso de evaluación, la realidad es que prevalecen condiciones de insalubridad, hasta en los hospitales y dependencias dedicadas a la salud, en sus ambientes es fácil observar la suciedad y la ausente pulcritud no se diga en los lugares comunes que comparten para su alimentación como las áreas de comedores o para satisfacer sus necesidades de limpieza y fisiológicas como los servicios sanitarios. Existe además un gran rezago, desde hace décadas, en la integración de los trastornos a la salud mental, producto de situaciones de riesgo laboral, a las denominadas enfermedades laborales, ya no se diga como factor causal de algunas de las enfermedades físicas como es la asociación del estrés con algunos de los trastornos cardiovasculares o del aparato digestivo; falta por reconocer además el denominado Mobbing y trastornos como el Síndrome de Burnout entre las consecuencias de al abuso laboral y el mal ambiente laboral. Ni que hablar de los sistemas de seguridad social que prevalecen reformados a través de la Ley del IMSS y del ISSSTE que lograron disminuir los derechos y prestaciones que se proporcionaban a los trabajadores, incrementando las cuotas de participación de los trabajadores, menoscabando las edades para la jubilación, los derechos de pensión por invalidez y cesantía, además de las prestaciones en la integración de los fondos para el retiro y el otorgamiento de apoyos para la vivienda y prestamos económicos. En el marco de la prestación de sus servicios de salud siguen distinguiéndose por la enfermiza burocratización de los procesos de atención que ocasionan factores de riesgo para el incrementó de la morbilidad y la mortalidad de sus derechohabientes donde la calidez y la calidad en sus pregonadas filosofías sólo han servido para usos políticos y sus bien simulados actos que engrosa las ganancias de las agencias calificadoras en demerito de los recursos necesarios para mejorar los equipos, el ambiente y solucionar los crónicos problemas de falta de medicamentos e insumos para la adecuada atención de los pacientes.
En fin como lo señala el informe Perspectivas del Trabajo en México elaborado por el abogado laboralista Alfonso Bouzas los últimos diez años se han sumado a las décadas anteriores al decremento del bienestar de los trabajadores “las prácticas laborales ilegales se dan en todos los frentes y situaciones, desde el despido de empleados fijos y la contratación de temporales; hasta la subcontratación de trabajadores y servicios; el aumento del número de turnos y la obligación de que sean cubiertos; la sustitución del pago por jornada por el salario a destajo; hasta la eliminación de los sindicatos reales por otros “blancos o de protección”. El resultado es que el 90% de la población económicamente activa carece de mínimas prestaciones es decir están al margen de la ley federal del trabajo vigente, que están intentando reformar para legitimar los explotadores sus transgresiones y congraciarse con el depredador sistema neoliberal que nos gobierna. No debemos dejar que se imponga su propuesta de reforma a la ley laboral vigente.
México no ha sido la excepción y desde hace décadas los gobiernos han ejercido políticas de control sindical mediante un férreo corporativismo donde se ausenta la libertad y la democracia como manantiales enriquecedores del goce pleno de sus derechos y sus responsabilidades en los procesos productivos donde están integrados, a pesar de ser uno de los factores fundamentales de la competitividad y el desarrollo organizacional de las empresas. No sólo han sido los sindicatos denominados blancos, es decir aquellos que fueron estructurados y organizados a modo de satisfacción del control de los empresarios con ideología derechista y graves fobias anticomunistas, que aprendieron rápidamente las mieles del control corporativo sino a las denominadas organizaciones sindicales rojas, que van desde el corporativismo gobernante del regimen priísta (CTM, CROC, CROM, FESTSE, CNTE, etc.) hasta los denominado sindicatos democráticos y/o independientes (STRM, STUNAM, etc.) aunque este termino es usado por ambas geometrías del sindicalismo, quienes también en sus afanes controladores han logrado permanecer legalmente como lideres oficiales eternos, simulando una democracia inexistente e incongruente con el pensamiento democrático y de la izquierda. El pragmatismo de los liderazgos sindicales en nuestro país lo único que ha logrado es el debilitamiento de la fuerza de los trabajadores ante los embates de los gobiernos priístas y panistas que además de mantener este corporativismo han logrado imponer sus reformas a las leyes de la seguridad social y hoy intentan imponer su reforma a la ley laboral vigente para legitimar la perdida de derechos y prestaciones que en los hechos han venido desarrollando desde hace décadas sin obstáculos ni protestas trascendentales. Se han convertido además en cómplices de que en el mercado laboral mexicano persistan las prácticas ilegales como la subcontratación de trabajadores, la proliferación de los contratos de protección, el sindicalismo disfrazado por abogados empresariales que fungen como líderes obreros, además de que las empresas de outsourcing han sentado sus reales en el país de forma que sólo una décima parte de empleados tiene un contrato legal, prestaciones y un sindicato real.
El derecho al trabajo resulta ser una quimera de conformidad con las decisiones fascistas de los gobernantes que pueden desaparecer empresas o intervenir con el uso de la fuerza pública como sucedió en sus acciones contra los compañeros trabajadores de la empresa gubernamental Luz y Fuerza del Centro o del heroico Sindicato de Mineros de Cananea, donde además trasgredieron impunemente el derecho de sindicación y el derecho de huelga. Tan sólo en lo que va del sexenio de Calderón este derecho al trabajo ha estado obstaculizado porque la población desempleada se disparó 65 por ciento, al pasar de 1.6 a 2.6 millones de desempleados. La tasa de jóvenes desocupados se situó en 8.8 por ciento de las personas entre 14 y 29 años, una cifra mayor a la tasa nacional que fue de 5.5 por ciento. Por otra parte, resulta que mantienen el derecho al salario mínimo con hipócritas simulaciones que no resisten realidades, cada año los corifeos de la ridícula comisión de salarios mínimos anuncian pomposamente, después de sus exhaustas jornadas de discusión, los nuevos salarios mínimos vigentes capaces de “dignificar” al trabajador al proporcionarle la retribución justa a su trabajo para que su familia pueda alimentarse, educarse, vestirse, recrearse, vivir saludablemente y disfrutar de una vivienda digna. Hoy, ante el resultado del censo elaborado por el INEGI en el 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas públicas sostiene que nuestro país tiene la distinción de que sus trabajadores disfruten del segundo salario mas bajo de toda America, superado por países como Costa Rica, Paraguay y Argentina quienes tienen mínimos que superan dos y tres veces el salario mínimo mexicano. Otro dato a considerar es que estos salarios producen que al menos el 77% de la población mexicana tenga una carencia en los satisfactores, educación, vivienda, servicios, alimentación y seguridad social y que sólo el 18% de la población sea considerada como no vulnerable a la pobreza. De Acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el 2010 existían 3.86 millones de personas que ganaban más de cinco salarios mínimos (8 mil 619 pesos o más al mes, que representaron 8.56 por ciento de la población ocupada en México. Quienes ganaron menos de uno y hasta tres salarios mínimos (de mil 724 a 5 mil 172 pesos mensuales) representaron 25.5 millones de trabajadores en el último trimestre de 2010 los trabajadores que se encuentran en este nivel de ingresos representan 56.5 por ciento de la población ocupada en México, así en los últimos cuatro años el nivel de ingresos de la población ocupada se deterioró, pues en ese periodo creció el numero de empleos que pagaban bajos salarios, al tiempo que se redujeron aquellos que ofrecían mayor retribución. Los limitados ingresos producto del trabajo en las familias han fortalecido la más moderna forma de esclavitud: el endeudamiento, que mantiene estratégicamente el sometimiento y la desviación de los procesos fraternales y solidarios inherentes a los problemas sociales; a diario se tiene que pensar en como sobrevivir, en como lograr alimentarse bien, cubrir los gastos de la escuela, los servicios públicos, los bienes muebles inmuebles, servicios y de la vivienda adquirido mediante el crédito; para la salud recurrir a los servicios públicos, asistenciales o de la seguridad social con todo y sus deficiencias para evitar lo catastrófico del gasto familiar si se recurre a la medicina privada. La pérdida histórica del poder de compra de los salarios de 1982 a la fecha es de 80 por ciento y en el actual sexenio se calcula cercana a 30 por ciento.
Aquí cabe la reflexión sobre el supuesto derecho a la jornada de trabajo, cuyos tiempos establecidos como un máximo que generalmente es de 8 horas diarias y 48 horas por semana a través de horarios de trabajo, con el objetivo de que el trabajador tenga tiempo para dedicarse a la convivencia, el esparcimiento con su familia y su descanso resultan inoperantes por carencias económicas y en la mayoría de los casos por la necesaria obtención de ingresos extras mediante el uso de los tiempos de trabajo extraordinario en su misma empresa o en otra actividad remunerada económicamente para solucionar sus problemas economicos. Disfrutar de vacaciones se reduce a estar en casa, solucionar los problemas del mantenimiento y algunos de los pendientes familiares que transforman a este periodo como un descanso al estar fuera del ambiente laboral. Imaginemos a los padres y madres trabajadoras de empresas que les proporcionan un horario que les consume la mañana y la tarde y que sólo logran cubrir el mínimo tiempo en la crianza de sus hijos, así estan año tras año hasta llegar a ser rescindidos en sus contratos laborales a una edad que resulte mas económico para la empresa liquidarlos que integrarlos en el derecho de ser jubilados o pensionados. Aquí se integra otro de los grandes problemas: la transgresión del derecho a la indemnización ante el despido injusto, cuyas cuotas remunerativas son excluyentes de ser justas y retributivas permitiéndole al trabajador lograr una sobrevivencia adecuada mientras logra reintegrarse a otro empleo. En fin las cifras confirman el deterioro del nivel de vida de millones de mexicanos y la precaria generación de empleos mal remunerados, eventuales y sin prestaciones sociales.
Ni que hablar del derecho a la seguridad, la higiene y la correspondiente salud del trabajador que sólo asoma con irresponsabilidad de los empresarios y algunos patrones en los denominados accidentes de trabajo y las denominadas enfermedades profesionales como ha sucedido en las criminales tragedias colectivas de los compañeros mineros de Pasta de Conchos y la actual de Sabinas Hidalgo, Coahuila. Muchas de las empresas carecen de condiciones óptimas de seguridad y de tener un ambiente limpio y seguro para sus trabajadores, a pesar de sus pregonadas calificaciones de calidad que presentan sólo cuando son objeto del proceso de evaluación, la realidad es que prevalecen condiciones de insalubridad, hasta en los hospitales y dependencias dedicadas a la salud, en sus ambientes es fácil observar la suciedad y la ausente pulcritud no se diga en los lugares comunes que comparten para su alimentación como las áreas de comedores o para satisfacer sus necesidades de limpieza y fisiológicas como los servicios sanitarios. Existe además un gran rezago, desde hace décadas, en la integración de los trastornos a la salud mental, producto de situaciones de riesgo laboral, a las denominadas enfermedades laborales, ya no se diga como factor causal de algunas de las enfermedades físicas como es la asociación del estrés con algunos de los trastornos cardiovasculares o del aparato digestivo; falta por reconocer además el denominado Mobbing y trastornos como el Síndrome de Burnout entre las consecuencias de al abuso laboral y el mal ambiente laboral. Ni que hablar de los sistemas de seguridad social que prevalecen reformados a través de la Ley del IMSS y del ISSSTE que lograron disminuir los derechos y prestaciones que se proporcionaban a los trabajadores, incrementando las cuotas de participación de los trabajadores, menoscabando las edades para la jubilación, los derechos de pensión por invalidez y cesantía, además de las prestaciones en la integración de los fondos para el retiro y el otorgamiento de apoyos para la vivienda y prestamos económicos. En el marco de la prestación de sus servicios de salud siguen distinguiéndose por la enfermiza burocratización de los procesos de atención que ocasionan factores de riesgo para el incrementó de la morbilidad y la mortalidad de sus derechohabientes donde la calidez y la calidad en sus pregonadas filosofías sólo han servido para usos políticos y sus bien simulados actos que engrosa las ganancias de las agencias calificadoras en demerito de los recursos necesarios para mejorar los equipos, el ambiente y solucionar los crónicos problemas de falta de medicamentos e insumos para la adecuada atención de los pacientes.
En fin como lo señala el informe Perspectivas del Trabajo en México elaborado por el abogado laboralista Alfonso Bouzas los últimos diez años se han sumado a las décadas anteriores al decremento del bienestar de los trabajadores “las prácticas laborales ilegales se dan en todos los frentes y situaciones, desde el despido de empleados fijos y la contratación de temporales; hasta la subcontratación de trabajadores y servicios; el aumento del número de turnos y la obligación de que sean cubiertos; la sustitución del pago por jornada por el salario a destajo; hasta la eliminación de los sindicatos reales por otros “blancos o de protección”. El resultado es que el 90% de la población económicamente activa carece de mínimas prestaciones es decir están al margen de la ley federal del trabajo vigente, que están intentando reformar para legitimar los explotadores sus transgresiones y congraciarse con el depredador sistema neoliberal que nos gobierna. No debemos dejar que se imponga su propuesta de reforma a la ley laboral vigente.
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