Los mexicanos libres y demócratas, debemos sumarnos al llamado que el pasado sábado 23 de junio han hecho, más de 600 organizaciones civiles y ciudadanos a título personal que dieron a conocer en el D.F. un manifiesto donde advierten que “si en las elecciones presidenciales del primero de julio hay visos de fraude, saldrán a movilizarse para impedir el atropello de la voluntad popular”. El documento esta firmado por organizaciones religiosas, de migrantes, campesinas, sindicales, ecologistas y de defensa de los derechos humanos, además de personajes como el obispo de Saltillo, Raúl Vera, Pablo González Casanova, Javier Sicilia, Miguel Concha Malo, Rosario Ibarra de Piedra y Enrique Semo y en el enfatizan “que siguen ocurriendo prácticas utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del derecho al sufragio efectivo”, por lo cual se deja claro que si las autoridades planean cometer un fraude, “tendrán como respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia”. Diás después el movimiento #YoSoy132 propuso impulsar una agenda poselectoral que incluye la toma simbólica de edificios institucionales, en particular del Instituto Federal Electoral (IFE) y sus filiales en los estados este 2 de julio, y la realización de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.
El triunfo de AMLO este 1º de julio, será inobjetable y debería ocurrir sin resistencias de los oligarcas, mucho más sin su violencia, el PRI y el PAN deberían entender que es necesaria consolidar la transición democrática y pacifica de México para acabar con el estado delincuencial que han construido y que tiene en la pobreza, violencia y la zozobra a millones de mexicanos. Sin embargo las últimas semanas han generado muchas evidencias, documentadas y testimoniadas en redes sociales y silenciadas cómplicemente por los medios de comunicación, de transgresiones a las leyes electorales, prefiguradoras de delitos y proyectivas de las practicas fraudulentas que se ejercerán durante el 1 de julio para imponer a su candidato Enrique Peña Nieto y darle continuidad a sus gobiernos corruptos y autoritarios.
No sólo han seguido publicitando en sus cadenas televisoras, periodísticas y de radio que su candidato va ganando, muy distante de AMLO, han guardado silencio de las transgresiones de los priístas, han seguido con su obsesiva guerra sucia y con sus conductas de coacción del voto, con sus estrategias de compra de credenciales de elector, regalar despensas, materiales de construcción, dinero y hasta tarjetas de debito que han generado el colmo hasta del PAN y que el día de ayer llevo a que su coordinador de campaña, de su candidata presidencial, Roberto Gil Zuarth denunciara ante el IFE, estas graves irregularidades, mostró como prueba unas tarjetas de débito al portador que el PRI presuntamente entrega a 300 delegados distritales, con 60 mil pesos mensuales, lo que implica un monto total de 54 millones de pesos En conferencia de prensa indicó que además cada uno de los 19 mil 490 representantes generales recibe 17 mil 500 pesos de pago por toda la campaña, más 2 mil 500 pesos después de la jornada como bono. Esto implica una inversión de recursos de 389 millones de pesos. Adicionalmente hay 143 mil 151 representantes de casillas acreditados por este partido. En cada casilla hay tres casilleros y cada uno recibe 600 pesos en una tarjeta, para un total de 257 millones 671 mil 800 pesos. Estas cifras suman más de 700 millones de pesos, cuando el tope de gastos de campaña es de 330 millones, aseveró Gil, quien a partir de esta información concluyó que el PRI representa delincuencia. Antes la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y las coordinaciones de sus grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados habían demandado al Instituto Federal Electoral (IFE) revelar los movimientos de cuentas bancarias de la institución financiera Monex, que ampararía transacciones ilegales en favor del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto; exigieron además a la PGR, actuar de inmediato en la denuncia penal presentada por esas operaciones, que amparan 56 millones de dólares a través de la mencionada empresa.
Lo lamentable ha sido las conductas de los Consejeros del IFE, que niegan o minimizan estas denuncias de compras de votos, rebase de topes de campaña, uso de dineros del crimen organizado, la manipulación y el uso propagandístico de las encuestas, incluso las calumnias, intimidaciones y amenazas de muerte y el descarado manejo de los programas sociales (Oportunidades, Fonaes, Seguro Popular) y la desviación de recursos de los gobiernos para las campañas del PRI en los estados y municipios. A este financiamiento irregular se agrega la movilización de funcionarios de los tres niveles de gobierno que utilizan la estructura y el presupuesto públicos para operar a favor de EPN, ni que decir de la triangulación de recursos y “convenios extralegales” con grupos de interés, como empresas privadas, organizaciones políticas y sindicatos, entre otros, los cuales están fuera de la vigilancia de las autoridades electorales.
Existe una inobjetable ausencia de los mecanismos legales para penalizar, rápida y efectivamente, los delitos electorales, las transgresiones seguirán impunemente y se agregaran, las del día de la elección como las que denuncian petroleros al servicio de Pemex, electricistas de CFE, maestros del SNTE, de sindicatos croquistas y cetemistas y que consisten en la compra del voto exigiéndoles que el día de la elección tomen con su celular una foto a la boleta marcada por el tricolor, y cuando presentan esta evidencia, les dan un "apoyo" económico que va de los $500 a los $5000 pesos, según el caso. A estas irregularidades que ocurrirán fuera de la casilla, de compra o coacción del voto, de su famosa ruleta, con sus casas de operación electoral en las que se repartirán los dineros, artículos y productos, se sumaran la sustitución de funcionarios, la expulsión de representantes de partidos, el relleno o robo de urnas, el conteo irregular de los votos, el mal llenado de las actas, e incluso actos de violencia que nos van a llevaran a realizar múltiples impugnaciones.
Como parte de su guerra sucia están tratando de estigmatizar a AMLO y a nuestro Movimiento (MORENA), cuando hablamos del fraude electoral que tienen en proceso, se trata de obligarnos a reconocer sus resultados oficiales que victoriosamente anunciaran antes del resultado oficial que el IFE dará al finalizar el domingo. Tenemos que tener claro que el fraude electoral es permanente, que hay que movilizarnos no sólo asumiendo las responsabilidades de defensa del voto en las casillas y continuar denunciando los delitos electorales en proceso, sino protestar en las calles, carreteras, plazas públicas, mercados, universidades, y ante sus instituciones espurias, como lo propone el movimiento #YoSoy132, ante el IFE, que nuevamente está en su rol de no actuar con todo el rigor que el derecho les otorga y no actúan, integrándose a la complicidad de las oligarquías y poderes fácticos que no aceptan elecciones democráticas e igualitarias y se resisten a aceptar el hartazgo de los mexicanos con sus regimenes corruptos. Tenemos que evitar la reinstauración del viejo régimen, cuya cara actual es el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto.
Sólo con la movilización y resistencia haremos realidad la victoria de AMLO como presidente de la republica y lograremos enaltecer a las victimas de los grandes movimientos revolucionarios del Zapatismo, Villismo, Magonismo, las luchas de los movimientos estudiantiles por la autonomía, de Tlatelolco en 1968, la de Jueves de Corpus en 1971, las insurgencias armadas de los setentas, las victimas de la guerra sucia de los años setentas, de Acteal, Atenco y Oaxaca, y el movimientos social del EZLN y las del FDN en 1988 así como el fraude electoral del 2006, que dio origen a nuestro Movimiento de Regeneración Nacional como opción pacifica de cambio.
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