PLANEACION Y DESARROLLO

En este mes de enero que vivimos en México, los nuevos gobiernos, federal, estatales y municipales, tienen que presentar por ley sus planes de desarrollo, que constituirán los marcos jurídicos y programáticos en los tiempos de sus responsabilidades en sus territorios geográficos. Observo como se empiezan a perfilar nuevamente las buenas intenciones encubiertas en la simulación de actividades que la propia ley exige para su elaboración, sobre todo en el marco de la imprescindible participación democrática, sin excepciones, de todos los mexicanos y mexicanas, desde la elaboración de los diagnósticos situacionales en cada ámbito del sector público, con la detección de los problemas, su jerarquización, hasta las propuestas de soluciones mediante el establecimiento de objetivos claros, metas, estrategias y acciones con sus indicadores cuantificables. Los planes deberían de integrar, además, las propuestas políticas, que los gobernantes electos utilizaron en sus plataformas políticas electorales, durante sus campañas y que supuestamente constituyen sus anhelos para el ejercicio del poder en el estado y los municipios donde se desempeñarían como gobernantes.

Resulta que en la práctica, para la elaboración de estos planes, los gobernantes electos, sobre todo en los estados y municipios, recurren primero a integrar consejos de carácter consultivo, algunos denominados consejos para la planeación y evaluación, constituidos por personajes expertos, según ellos, en proyectos económicos y sociales, todos ellos con amplio conocimiento de la realidad económica, social y política, académicos y representantes de los grupos empresariales, luego contratan los servicios de consultoría de organizaciones privadas, que se esmeran mas en la técnica administrativa y los impactos mediáticos que deslumbrarán en la parafernalia de sus presentaciones, que nunca faltan. El seguimiento, conforme a la ley, en reuniones de evaluación y desarrollo, se pierden luego por su ausencia y su simulación, fomentando la impunidad sobre los desempeños irresponsables y corruptos de los funcionarios ineficaces e ineficientes, no sólo en materia administrativa, sino en sus oficios y profesiones, necesarios para cubrir el perfil para el desempeño del puesto que han protestado cumplir y hacer cumplir constitucionalmente. A nivel federal, este seguimiento queda reducido a un informe, que el presidente envía en el mes de marzo de cada año, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que debe contener las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas del Plan Nacional de Desarrollo, que generalmente se pierde en los intereses de los usos del poder de las partidocracias que lo conforman.

Todos estos gobernantes, dicen haber hecho una amplia consulta ciudadana donde participaron profesionistas, trabajadores, empresarios, estudiantes, campesinos, amas de casa, jóvenes, así como líderes comunitarios y representantes de grupos vulnerables, con propuestas y opiniones que fueron integradas a su plan, sea municipal, estatal o nacional, pero considerando las características que éste debe mantener como instrumento básico de planeación y guía para la acción, es decir conforme a los intereses de los usos del poder, una vez que lo han logrado. La participación democrática que exige la ley queda reducida a que los ciudadanos emitan sus opiniones por medio de encuestas, habilitar ligas en paginas electrónicas y buzones, para recepcionar opiniones y propuestas, participar en foros, olvidándose de la elemental participación eficaz de las comunidades, pero sobre todo de sus propios trabajadores, que mucho aportarían por su experiencia en la elaboración de propuestas para la solución de los problemas sectoriales (salud, educación, desarrollo urbano, seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo social, etc.). Tan sólo, observe lo ineficaz de estas “amplias consultas ciudadanas”, que dicen haber hecho, en el caso de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, para nuestro estado de Nuevo León, donde se ufanaron de  recoger las participaciones de 3 mil 121 ciudadanos en el periodo del 15 de enero al 15 de febrero pasados. En el mismo periodo, se realizaron 9 foros comunitarios y 7 foros regionales, a los que asistieron 2 mil 314 personas, En total concluyen que 12 mil 782 ciudadanos participaron en la consulta que fueron consideradas en la estructura de ese plan que hoy tenemos vigente.

A nivel municipal, sobre todo en los municipios del área metropolitana de Monterrey, resulta que no solo se reproduce, esta participación democrática con estas características simuladoras, sus foros se reducen a la participación expositiva, sin apertura al dialogo, menos con apertura la critica propositiva, con prevalencia de sus intereses partidistas; en su mayoría sus Planes Municipales de Desarrollo son elaborados y diseñados por consultorías privadas, a modo de los intereses de los alcaldes, que ni siquiera logran colegiadamente la participación de los integrantes del ayuntamiento, con su riqueza de la pluralidad política y que luego simplemente imponen, en una sesión para su aprobación, donde la mayoría de los miembros del partido gobernante, no admiten propuestas para su modificación y en algunos casos ni correccion de sus aberraciones sobre su organización, sobre todo cuando integran estrategias y acciones que constituyen competencias administrativas y jurídicas, exclusivas de la federación o del gobierno del estado.

A nivel nacional, la ley define por “planeación nacional de desarrollo como la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”. El Plan Nacional de Desarrollo, dice la ley, precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática”.

El hecho es que estamos muy lejos de hacer realidad el funcionamiento, que exige la ley para la participación social a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, que debe tener lugar en la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley; la democracia participativa sigue desnutriendo el tejido social y con ello lastimando nuestra fortaleza para lograr transitar a mas altos niveles de desarrollo humano en condiciones de justicia e igualdad.

Estaremos pendientes del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, de los oligarcas que detentan el poder con EPN en México.