Esta semana siguieron brotando por todos lados, de los escenarios políticos mexicanos, las purulentas conductas inmorales que prevalecen en nuestro sistema político, desde los ignominiosos incrementos de sus percepciones económicas, que en forma cínica y desvergonzada lograron acordar, en unidad, todo los diputados de los partidos políticos representados en los órganos legislativos, como los de Nuevo León que aumentaron sus ingresos de 76, 400 pesos, pasaran a ganar 114,000, donde incluyeron un bono de 35,000 pesos mensuales para su función de “enlace legislativo, según ellos para atender las demandas de los ciudadanos de los diferentes distritos que representan.
Sus dirigentes partidistas (PRI, PAN, PT, PRD, PANAL) aparecieron en rueda de prensa justificándose con sandeces, como si todos los ciudadanos fuéramos unos estúpidos ignorantes. Sus denominadas necesidades económicas para sus gestorías o funciones de enlace deberían de ser eficientes en las dependencias públicas responsables de los problemas que les plantean y no incrementando el gasto en sus funciones públicas, otros no ocultaron el uso de ese dinero para sus cínicos clientelismos políticos.
Algunos periodistas y conductores no pasaron de la indignación pública, los empresarios organizados expresaron también su reprobación a este acuerdo, parecería que sólo cumplen con su papel mediatizador, emocionalizando este problema, sin profundizar en el fondo de estas conductas corruptas y desviando la atención de los últimos sucesos graves, de la delincuencia organizada en nuestro estado, generados por esta misma corrupción que esta generalizada en los políticos gobernantes de nuestra sociedad. Muy mal el silencio y la ausente protesta de todos los que en alguna forma debemos ser agentes de cambio (periodistas, empresarios, escritores, profesionistas, religiosos, maestros, etc..) contra estas y muchas de las conductas corruptas que coadyuvan a la degradación de los valores humanos básicos y con ello a seguir generando la injusticia social y las conductas delincuentes que agobian nuestra tranquilidad y la paz social que necesitamos.
Por otra parte La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que “en los últimos 30 años, de 1983 a 2012, las políticas públicas de combate a la corrupción han fallado, pues a pesar de tener claridad sobre sus causas, no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de recursos públicos”. Según ellos los principales factores que se asocian a la corrupción son: la falta de control de la gestión pública, la carencia de un servicio civil de carrera para los servidores públicos y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto. Son contundentes diciendo que no existen controles preventivos eficaces contra la corrupción, lo que impide, alcanzar niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en la administración pública federal.
El informe de la ASF sobre la cuenta pública que ejerció el gobierno federal en el 2012 sigue mostrando el prevaleciente el tráfico de influencias, con los concesionarios favoritos, el contratismo y la interacción general del dinero y la política, desviando recursos de las finanzas publicas hacía actividades partidistas, donde siguen participando todos los partidos políticos de acuerdo a sus territorio que gobiernan. El caso mas emblemático fue el realizado en la construcción de la Estela de Luz en el Distrito Federal, por el gobierno de Fecal, que estuvo envuelto en sucesivos actos de corrupción, que generaron un quebranto de casi 400 millones de pesos y motivaron dos denuncias de hechos, sin que a la fecha se haya hecho justicia.
El gobierno de Felipe Calderón se caracterizó además por continuar las altas devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes, lo cual afectó los ingresos tributarios, Calderón devolvió $63 mil millones en impuestos a 20 grandes consorcios que son corporativos de los poderes fácticos que ya hemos denunciado públicamente (desde Televisa, Tv. Azteca, CEMEX, FEMSA hasta Soriana). Otra información significativa de la ASF fueron los “pagos indebidos” que Fecal realizo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a maestros comisionados, docentes de escuelas inexistentes y maestros que no fueron localizados en sus escuelas, por un monto de 5 mil 661.7 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de la cuenta pública 2011. Hasta La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resultó con graves irregularidades ya que se otorgaron prestaciones como “bonos, estímulos y compensaciones no reconocidas” y transfirió mil millones de sus recursos de 2011 al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la construcción de varios proyectos de infraestructura que no figuraban en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Además, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no logró acreditar el gasto de 164 millones de pesos por concepto de gastos diversos, y utilizó recursos públicos para el pago extra de pensiones de los ministros en retiro.
Uno de los casos más abominables fue la detección que se ha realizado del manejo de recursos de programas de apoyo como el Procampo, destinado principalmente a los campesinos pobres, con cientos de beneficiarios, que nada tienen que ver con el fin de apoyar la productividad agrícola, ganadera o forestal, como son los dueños de campos de golf, hipódromos, galgodromos, haciendas y quintas turísticas, hasta centros de diversión.
En fin los políticos y gobernantes actuales seguirán evitando la integración de los sistemas de inteligencia que prevean, detecten y combatan la corrupción, jamás aceptaran un sistema integral de rendición de cuentas que establezca claramente que habrá consecuencias para quien no cumpla su responsabilidad, y continuaran con la fragmentación que existe a escala nacional en áreas como la transparencia, la evaluación, la participación ciudadana y la misma fiscalización, en síntesis seguir corrompiéndose con impunidad, los gobernantes y las oligarquías económicas y partidistas ya están listos en su denominado Pacto por México.
Sus discursos políticos, exigiendo estrategias de combate a la corrupción y la promulgación de las leyes efectivas seguirán siendo demagógicos.
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