Cuando menos los próximos seis años, la atención a la salud de los mexicanos, no será garantizada por el estado y seguirán las políticas públicas inmersas en sus modelos enfocados en la medicina curativa, atrapados en las redes de intereses mercantilistas de los grupos médicos, laboratorios farmacéuticos y las empresas, como las de insumos y equipos de diagnostico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, crónicas y degenerativas, que con sus grandes costos económicos, limitan el precario financiamiento que el gobierno destina y que no ha pasado del 3.1 del PIB, muy lejos de países con mas alto niveles de desarrollo humano, como Canadá, USA, Suecia y Cuba que llegan a destinar hasta el 9% de ese ingreso. Tan sólo, el costo de la atención médica a la obesidad, en nuestro país, fue de 67,000 millones de pesos en 2008, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ese recurso si se destinara sólo a la prevención de enfermedades, tendría un impacto mayor en la salud de los mexicanos. La medicina preventiva y los grandes avances de las ciencias de la salud pública seguirán sin impactar en las políticas de salud del régimen priísta.
El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a la protección de la salud, seguirá sin poder cumplir la anhelada garantía de que toda la población tenga acceso, sin condiciones, a servicios médicos de calidad articulados en un sistema de salud pública nacional que logre con eficacia y eficiencia, resolver las necesidades de los usuarios no sólo en materia de atención de enfermedades sino de prevención y fomento de su salud. El sistema de salud seguirá con problemas de financiamiento, dificultades en su sustentabilidad, fragmentado en múltiples subsistemas, grupos de población con derechos distintos, sin lograr las acciones interdisciplinarias e interinstitucionales que se requieren para la solución de los problemas en los diferentes niveles de atención a la salud de los mexicanos.
Mi reflexión se basa en el documento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015, que Enrique Peña Nieto (EPN) hace, sobre la salud, integrada en una de sus grandes metas nacionales de las políticas públicas del actual gobierno, denominado como “México Incluyente”, donde desde la introducción y visión general refiere que “La presente administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su desarrollo”. Luego en el diagnostico y el plan de acción general para lograr los objetivos de ese “México incluyente” reconoce los problemas que enfrentamos como “en 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso en algún esquema de salud”, a pesar de la alharaca que el gobierno panista de su antecesor Fecal, había hecho de haber logrado cobertura universal de salud de todos los mexicanos, con su obra insignia del seguro popular cuyo “paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus derechohabientes”, según se reconoce en este mismo diagnóstico. En este ámbito se reconoce que se requiere incrementar el gasto nacional de acuerdo al PIB y que “para mejorar el Sistema de Salud también se requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos, se hace referencia también a los “logros sustantivos en diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil en el país”, “queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave por ejemplo, la mortalidad materna, indicador que se encuentra lejos de alcanzar la meta de 22 defunciones propuesta para 2015, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fueron pactados con países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Se insiste en que “la fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores, así como en “la alta incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos; el alto número de personas lesionadas por accidentes, además del “sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión que han llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población”. Se señalan además las “situaciones que atentan contra la salud, como la pobreza y los estilos de vida poco saludables y de riesgo. Por ejemplo, la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, sexo inseguro, consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la falta de educación vial repercuten de manera significativa en la salud de la población”.
Magistralmente concluyen, en su diagnostico “Existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En segundo lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidado de la salud. Tercero, en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública”.
Sin embargo cuando se definen Objetivos, estrategias y líneas de acción para lograr la meta del “México Incluyente”, la salud es integrada en el “Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud y el “Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social”. Que tímidamente, en su texto propone en el objetivo 2.3, la “Estrategia 2.3.1, “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal”. Sí, no se propone, al menos al finalizar este sexenio, lograr, terminar o concluir ese anhelado sistema que logre la operatividad y eficiencia que garantice “el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral” que en sus líneas de acción contemplan como lo fundamental y que luego tratan de complementar con otras , incluidas en los últimos planes sexenales como “ Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria”, “Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una integración funcional y efectiva de las distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud”; Fomentar el proceso de planeación estratégica interinstitucional, e implantar un proceso de información y evaluación acorde con ésta”; y “Contribuir a la consolidación de los instrumentos y políticas necesarias para una integración efectiva del Sistema Nacional de Salud”.
Luego en su Estrategia 2.3.2., proponen “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, donde integran líneas de acción centradas en la prevención y control de las enfermedades y problemas de salud pública como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, tabaquismo, drogas ilícitas, cáncer de mama, cérvico- uterino, cáncer de próstata, promoción de la salud sexual y reproductiva; acciones que han estado priorizadas en los tres últimos sexenios en los PND correspondientes, lamentablemente sin lograr programas de atención integral donde la prevención garantice disminuir prevalencia de estas enfermedades y el control de los factores de riesgo que las provocan. Destaca además la ausencia de acciones transversales preventivas en el marco de la salud mental, que constituye el fondo sobre el cual se construyen las conductas saludables para el bienestar y la felicidad de las personas, y que sus acciones no deberían contemplarse sólo hacía las adicciones sino a la disminución del incremento constante de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos que hoy se estima que están presentes en el 30% de la población, como el trastorno depresivo, bipolar, la ansiedad, el estrés postraumático, entre otros. En fin no se siente que se le esta otorgando el peso que se necesita de la medicina preventiva para modificar el panorama epidemiológico que nos agobia, su dispersión se extiende a la Estrategia 2.3.3. “Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad” donde sus líneas de acción, con una visión holística, podrían articularse con las de la estrategia anterior.
La Estrategia 2.3.4., de este PND, que se dice destinada a “Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”, sigue estando destinada a cumplir con esos mandatos de los organismos financieros internacionales de sus exigencias de políticas de calidad para otorgar los apoyos financieros a esta responsabilidad del estado, sus líneas de acción siguen reproduciendo los contenidos de las necesidades inmersas en los últimos planes de desarrollo de los gobernantes, reiterando buscar calidades en los servicios, mejoría de competencias, garantías de resolver los problemas cíclicos en la existencia y suministro de medicamentos, elevar la satisfacción de usuarios y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud, la novedad es que según ellos “prepararan el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios de salud”.
Finalmente la anhelada cobertura universal de salud de todos los mexicanos se ve limitada en el Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social con su Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población, no se definen a utilizar el verbo “lograr” para así definir acciones contundentes no paliativas o evasivas de sus propuestas de campaña, como EPN lo hizo, lo mas trascendente, en este ámbito es que trataran de “Facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipios.
Para rematar con la anhelada construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal en la definición de sus innovadores “indicadores”, que según ellos por primera vez se integran en un PND, el indicador de salud lo integran en el Indicador “VII.2.1. Carencias promedio de la población en pobreza extrema donde la salud y la seguridad social son variables asociadas a los derechos sociales que medidos en su capacidad de cobertura sirven sólo para evaluar su correlación con esta lacra de la pobreza y no en el papel fundamental que juega en el desarrollo humano y social de las poblaciones. Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio de la población en pobreza multidimensional extrema.
Luego la salud es integrada en los indicadores del México Próspero (VII.2) como parte del Indicador: Índice de Competitividad Global. Este indicador hace una valoración que indica los mayores niveles de competitividad de un país, donde la salud y la educación comparten como variables que otorgan un peso sumatorio conjuntamente con otras 11 variables conforme a una encuesta del Fondo Económico Mundial.
Esperaba que, cuando menos, al hacer alharaca sobre sus innovadores “Indicadores”, hicieran el compromiso de incrementar sustancialmente el precario financiamiento sobre salud y lograr que el gobierno dedique el 6% del P.I.B, lo cual sin duda lograría la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud con un sistema nacional de salud donde impere la medicina preventiva con sus modelos de atención integral a los problemas de salud.
Los gobernantes siguen sin atender, en materia de políticas de salud, cuando menos las recomendaciones de los expertos de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ni que decir de sus constantes aberraciones al incluir los derechos sociales como el de la salud de los ciudadanos subordinados a los modelos económicos del desarrollo que el neoliberalismo impone incrementando la deshumanización y la pobreza, obstaculizando el anhelado desarrollo humano y social al que aspiramos los países en desarrollo como el nuestro: México.
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