El 8 de marzo, se escogío por la ONU para conmemorar en el mundo los derechos
de las mujeres, debiera de ser un día de lucha mas intenso y profundo, para
lograr los cambios que permitan acabar con la explotación, la desigualdad y
la discriminación de las mujeres, fortaleciendo la equidad de genero en la
cultura de nuestra sociedad, y con ello, tratar de disminuir sustancialmente las
tragedias de la lacerante pobreza, violencia, los feminicidios, el trafico
sexual, con sus efectos de esta victimización, que generan prevalencias incrementadas
de los trastornos de salud mental y sexual, como la depresión, ansiedad, el
estrés postraumático y las enfermedades de transmisión sexual y las disfunciones
sexuales, en las mujeres, que día a día, los que somos trabajadores de la salud,
observamos como se incrementan como motivo de consulta.
Nuestra sociedad
sigue conformándose con los actos mediáticos e institucionales, con sus
reconocimientos de personajes femeninos que han trascendido por sus profesiones,
oficios o actividades distinguidas en la lucha por la igualdad de las mujeres, sin
embargo algunos de los comunicadores, en editoriales y comunicaciones de radio
y televisión, la mayor parte de los periodistas o conductores de programas, expresan,
paradójicamente, contenidos que en este día se pretenden eliminar porque son
proyectivos de la cultura machista, misógina, homofobica y estereotipos de
sumisión autoritaria de la mujer, que por siglos han obstaculizado la equidad
de genero; así las campañas de sensibilización e información
del gobierno no han logrado la eliminación de estereotipos negativos del género en las relaciones
cotidianas de nuestra sociedad, ni en sus principales agentes de cambio. En tanto, las sociedades europeas se manifiestan protestando, en las
principales capitales de sus países, como Alemania, Francia, Italia, contra las
políticas regresivas contra los derechos de las mujeres, de los regimenes
conservadores de derecha, como en España, donde su presidente quiere lograr la
eliminación del aborto libre, como derecho de la salud sexual y reproductiva de
las mujeres.
Nuestra sociedad sigue pasiva, desmovilizada, alienada sin ni
siquiera demandar, mucho menos exigir el respeto incondicional de los derechos
de la mujer ya existentes en leyes federales y estatales, menos se ha conmocionado, para rebelarse y protestar contra la
ignominiosa violencia de género que no sólo no ha disminuido, sino se ha
incrementado y prevalece con sus múltiples rostros, en el seno de las familias,
las instituciones educativas, laborales, religiosas, contribuyendo a la
sociedad violenta, insegura y sin la anhelada paz social que debe ser garantizada por el estado; lo anterior a
pesar de que una de la mayores inversiones en recursos financieros y jurídicos
en los programas de los gobiernos, en los últimos sexenios, ha sido dirigida a proteger
el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
Otro de los graves problemas es que persiste el desconocimiento de las
leyes y programas, que han derivado de los tratados y convenios
internacionales, que nuestro país ha aceptado y que han llevado al desarrollo
de reformas constitucionales y leyes secundarias para garantizar plenamente los
derechos humanos de las mujeres, lo cual sigue impidiendo acabar con las
enormes desigualdades que persisten en todos los ámbitos de la vida política,
social, económica y cultural sobre las mujeres.
Los gobiernos no han logrado incorporar la
perspectiva de género en las políticas, programas, presupuestos y gestión de
instituciones públicas, en todos sus niveles desde, el federal, estatal y el
municipal, menos en los tres poderes del Estado Mexicano, el ejecutivo,
judicial y legislativo; se resisten a
eliminar plenamente la discriminación contra la mujer en la vida política y
pública del país, adoptando todas las medidas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Uno de los grandes pendientes ha sido el
respeto de los derechos reproductivos y derechos sexuales de las mujeres,
nuestras mujeres siguen siendo victimas de leyes antiabortos, donde se les
criminaliza; en ellas sigue prevaleciendo la alta incidencia de embarazos no
deseados, sobre todo en adolescentes; el abuso de las intervenciones
quirúrgicas (cesáreas), las prevalecientes tasas altas de morbi mortalidad materno-infantil, sobre todo asociadas a las
lacras de la pobreza y la ausente garantía del estado de satisfacer plenamente
su derecho a la salud.
Los institutos nacionales y estatales de las
mujeres, creados por los gobiernos, con el objeto de “promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades
y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica
y social del país, bajo los criterios de: Transversalidad, Federalismo,
Fortalecimiento de vínculos con
los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.”, simplemente no
han logrado trascender cumpliendo cabalmente sus objetivos, siguen acotados por
las influencias políticas ideológicas de la clase gobernante, menoscabados en
su autonomía, con recursos limitados y sin capacidades de protestar por la
inexistencia real de la vigencia y aplicación real de las leyes, normas y
programas existentes dirigidos a proteger los derechos humanos de las mujeres.
Lo más lamentable ha sido la disminución de
las capacidades de lucha de los movimientos feministas de nuestro país, quizás
acotados por las redes de intereses de los gobiernos, que les destinan en los
recursos económicos y apoyos para su operatividad en sus
organismos de la sociedad civil que dirigen, en la persistente estrategia central del
estado de lograr los controles de los opositores.
Sin cambios profundos y radicales en las políticas de los gobernantes a favor de los derechos de la mujer, subsistirán las enormes desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural en nuestro país.
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