viernes, 26 de junio de 2015

PROTEGER A LOS MEDICOS DE NUESTRA PATRIA


Los médicos somos actores fundamentales en la responsabilidad de la sociedad sobre la salud y el bienestar de todos los habitantes, ahí estamos y estaremos tratando de cumplir cabalmente con nuestras funciones, en las unidades y hospitales,  aun en las condiciones más adversas sobre nuestra seguridad y situaciones que ponen en riesgo nuestra propia salud y bienestar. Así hemos sobrevivido en la historia, en todas las guerras, actos de terrorismo, genocidios y persecuciones, hechas por fundamentalismos que han alimentado fanatismos religiosos y políticos de gobernantes y dictadores de todo el mundo; cuando se han dado las tragedias que generan los desastres naturales, como los terremotos, huracanes, inundaciones, no dudamos en responder solidariamente sumándonos al apoyo de las victimas.

Desde que se incrementó la violencia social en nuestro país, por los grupos de delincuencia organizada que prevalecen en México y  esa absurda guerra que le declaro el gobernante, el ex- presidente Felipe Calderón, a principios del año 2006, luego refrendada y continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se han incrementado los médicos que han sido víctimas de esa violencia, algunos secuestrados, otros asesinados, unos más robados y lesionados, las autoridades tienen poco registro y no existen estadísticas, confiables, porque muchos de esto casos no son denunciados por los colegas, dada la prevaleciente corrupción de las autoridades procuradoras de justicia, en donde denunciar se suma al riesgo de incrementar la victimización de los denunciantes.

Los casos más recientes denunciados ante la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados,  sobre los colegas asesinados en nuestro país, Paulina Méndez, María Teresa Adona Ponce y  Luis Oswaldo Duarte Jiménez, el primero ocurrido el 26 de octubre de 2014 y los otros dos en las primeras semanas del, mes en curso Paulina Méndez, estudiante de traumatología en el Hospital General Regional de León, Guanajuato, que fue asesinada al resistirse a un asalto para quitarle su computadora. Luego, el pasado 8 junio, Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del Hospital Ángeles en Culiacán, Sinaloa, fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar, y su cuerpo fue hallado un día después. Adona Ponce, estudiante quien prestaba su servicio social en la Unidad de Atención Primaria en Salud en el municipio de Romita, Guanajuato, fue encontrada sin vida reflejando la violencia e inseguridad a la que están expuestos los ciudadanos y, particularmente, quienes en el ejercicio de su profesión deben trasladarse a comunidades rurales o marginadas, resultando vulnerables ante actos delictivos y de acoso que los convierte en víctimas. Luego un estudio de opinión sobre los pasantes y prestadores de servicio social, dio a conocer que en el país el 75% de ellos han sufrido incidentes contra su seguridad los principales incidentes están la extorsión telefónica, asalto a mano armada y robo de vehículo.

Ante esto la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, integrada por diputados y senadores “pidió al gobierno federal, a las secretarías de seguridad de los estados y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública garantizar la integridad de los pasantes de medicina, pues, además de los recientes casos denunciados  se han documentado, por la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina, al menos 71 casos de amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos durante el 2006-2012, por la además solicitaron a la Secretaría de Salud emitir la NOM 009SSA32013, prevista para regular las condiciones físicas de las unidades médicas y garantizar la seguridad de los pasantes.” Las agresiones se cometieron sin que la Secretaría de Salud ni las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales les proporcionaran las condiciones de seguridad que requieren.

En otro estudio, que sirvió de dictamen a la Comisión Permanente y que público la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre las Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social, se detecto que la ausencia de seguridad en la prestación del servicio social fue patente en el universo de estudiantes consultado: 37.4 por ciento no se sintió seguro en los poblados, rancherías, barrios y cabeceras municipales de los nueve estados donde trabajaron; alrededor de uno de cada cuatro (26.7 por ciento), advirtió que su vida corrió peligro en algún momento. En el rubro Intento y consumación de delitos sobre los pasantes, 35.9 por ciento mencionó intentos de irrupción sin consentimiento en el centro de salud, y en 16.8 por ciento de los casos se logró este propósito Uno de cada 10 pasantes señaló tentativa de acoso o abuso sexual; a 18.7 por ciento le robaron objetos de valor, y 1.5 por ciento dijo haber sido víctima de secuestro o intento de éste. Asimismo, 71.8 por ciento expresó que las autoridades de las comunidades no supervisaron la seguridad de los médicos, y a 55 por ciento no le fue especificado a quién dirigirse en caso de enfrentar problemas de inseguridad a su llegada. las autoridades no mostraron interés en salvaguardar la seguridad de los practicantes, a pesar de que 66 por ciento eran mujeres jóvenes que se enfrentaban solas a lugares percibidos como inseguros y peligrosos. Así Inseguridad y peligro mortal conformaron la afectación en la persona del médico, según este estudio.

En fin, el dictamen de la Comisión Permanente,  finaliza señalando “Considerar la seguridad de los profesionales de la salud es fundamental, toda vez que para desarrollar sus labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio, que requieren de la prestación de servicios de salud, ya sea por su localización o su marginación, lo que resulta grave dadas las condiciones de violencia focalizada que vive nuestro país en algunas regiones”.
 
Lamentablemente, su solicitud sin exigencias y sin poder de autoridad para solucionar este problema de fondo, de garantizar justicia y seguridad a los colegas,  enfrentara los procesos burocráticos de las Secretarías de Estado responsables, que una vez recepcionado su "dictamen" harán de todo menos cumplir cabalmente con priorizar el cuidado y protección de los médicos para no seguir siendo victimas de las delincuencias que infestan nuestro país.

 

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