El pasado jueves 24, del presente mes, acudimos un grupo de profesionistas de la salud mental a presentar una propuesta ante el H. Congreso del Estado para que se haga una Ley Estatal de Salud Mental para el estado de Nuevo León, que tiene por objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas nuevoleoneses, en ese ámbito, mediante la cobertura de servicios para la atención y prevención de los trastornos mentales respetando los derechos fundamentales de los usuarios en todas las instituciones públicas o privadas que brindan esos servicios.
Fue un acto histórico, no sólo porque es la primera vez que en nuestro estado se hace esta propuesta de ley, sino además porque es también la primera iniciativa popular que se presenta en el marco de la nueva ley de participación ciudadana, aprobada por este Congreso en el presente año, y que apenas empezó en ejercicio el pasado 9 de noviembre, a pesar de esta trascendencia, en el marco de la invitación que hicimos a los principales medios de difusión en nuestro estado, fue escaza su asistencia y su percepción de detectar la historicidad del acto.
Desde luego, que no es la primera vez que desarrollamos acciones dirigidas a que se legislen políticas públicas sobre la salud mental en nuestro estado, desde hace mas de 30 años, en cada gobierno que se a impuesto y en los diferentes foros públicos y mediáticos hemos documentado la necesidad de que el estado tenga el marco jurídico y los recursos financieros necesarios para la atención de la salud mental, cuyas consecuencias hoy estamos viviendo no sólo en el marco del incremento de la prevalencia de los principales trastornos mentales (depresión, ansiedad, alcoholismo, abuso de drogas, trastornos de conductas, esquizofrenias, trastorno bipolar, suicidio) con sus años perdidos de vida saludable, sino en la integración casi estructural de los dos principales problemas de conducta que padecemos: la violencia de todos tipos, familiar, infantil, escolar, laboral y delincuencial; y el comportamiento corrupto que impunemente se da en todos los niveles relacionales de la vida publica y privada, con sus graves daños en las finanzas públicas y en la impartición de la justicia.
Es una propuesta que habíamos estado construyendo desde hace años, que no había despertado el interés de funcionarios, tanto del poder ejecutivo como del legislativo y que concluimos el pasado mes de junio, luego hicimos su difusión, con colegas médicos, psiquiatras y algunos psicólogos integrantes de ese colegio en el estado, que nos aportaron algunas observaciones que integramos en el texto final de la propuesta. Aun mas en el proceso de cabildeo, lo compartimos con las autoridades de salud, en espera de sus comentarios que no se dieron, sólo nos expresaron extraoficialmente su interés por que exista esta legislación, es la cultura de la política al interior de nuestras instituciones, el jefe es primero y primero hay que convencerlo para que este tipo de propuestas prosperen. Lo mismo nos paso con alguno de los diputados de este congreso, no viene al caso el nombre, que nos refrendo esa subcultura que sigue sometiendo la libertad e independencia de los poderes del estado en nuestra sociedad nos dijo " tu sabes como son las cosas, en el congreso se reciben las propuestas, luego estas se envían a las dependencias, ellas definen la factibilidad, desde el punto de vista legal y financiero, y luego el secretario general de gobierno nos da instrucciones si se integra o no en la agenda legislativa". Siguen vigentes los paradigmas antidemocráticos del quehacer político, inconcebibles e incongruentes con las leyes existentes sobre los derechos ciudadanos, mas con su reciente ley sobre participación ciudadana.
Hace décadas, cuando propusimos la existencia de políticas públicas sobre salud mental, no faltaban políticos que nos decían que estábamos "adelantados", que no eran factibles, hubo hasta la expresión desafortunada de un dirigente de izquierda que nos dijo que esas propuestas eran buenas para el año 3000 en nuestro estado, meses después estaba requiriendo mis servicios por los trastornos del comportamiento y emocionales de sus familiares mas cercanos.
De tal forma que necesitamos ejercer una estrategia no sólo que incluya acciones dirigidas a convencer a los funcionarios del gobierno, políticos y legisladores, sino a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad, de la importancia y trascendencia que tiene la aprobación de una ley de este tipo, no sólo en el marco de la salud, sino en el logro de los mas altos niveles del desarrollo humano y social que nos merecemos, acorde con nuestro patrimonio y las riquezas que generamos cotidianamente.
Refrendemos la concepción que la OMS y sus científicos de las ciencias de la salud concluyen que sin salud mental no hay salud, y nosotros le agregaríamos es imposible acabar con la violencia y la corrupción que padecemos, sino logramos ciudadanos u ciudadanas con estándares mínimos en el funcionamiento de su salud mental.
Esperamos tu apoyo.
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