viernes, 16 de diciembre de 2016

LA DESINTEGRACIÓN SOCIAL EN MÉXICO


Los procesos  de integración social en nuestro país siguen siendo obstaculizados gravemente por los políticos y oligarcas, que detentan el poder en los diferentes niveles de gobierno y en sus responsabilidades básicas de la función del estado, siguen sin poder integrar en la conciencia colectiva las normas y valores que hagan prevalecer la paz, la justicia y el bienestar en todas y todos los mexicanos.

Por un lado el sistema educativo, que juega un rol fundamental para el logro de la internalización de reglas, socialización de sentimientos, ideas y prácticas que fortalezcan el desarrollo moral, sigue ausentándose como eje fundamental de ese proceso desde los niveles básicos hasta superiores, sumándose a sus graves dificultades por lograr los objetivos de aprendizaje, generando las diferentes formas de analfabetismo con personas que no saben leer y escribir, ni las operaciones básicas aritméticas, hasta profesionistas limitados en el saber y el funcionamiento del pensamiento racional y creativo, lo que los hace víctimas de las  estrategias de manipulación de sus conciencias y conductas, en las formas modernas de dominación y explotación que nos ha impuesto el neoliberalismo en su llamada globalización.

Por otro lado el sistema de salud, sigue sin generar el anhelado completo bienestar físico, mental y social, menos la ausencia de enfermedades fácilmente prevenibles, de la mayoría de los ciudadanos, que siguen padeciendo la falta de atención, sin cobertura universal, las carencias de medicamentos e insumos, con un modelo médico de atención reduccionista deshumanizante y mercantilizado, donde se ausenta la atención de los componentes elementales de la salud mental y social de las personas, proyectando la precarización de la integración de los principios y valores en su ejercicio profesional.

El reduccionismo ha llevado a la OMS a insistir en que se atiendan en las políticas públicas de los gobiernos, la salud mental de las poblaciones, por lo que ha declarado contundentemente que sin salud mental, no hay salud física en las personas, hace la recomendación que no sólo se promuevan y fortalezcan los programas de atención a las enfermedades mentales, sino que ademas desarrollen acciones en los procesos de prevención y atención de la salud de las poblaciones, en nuestro país se estima en que más del 75% de las personas que cursan con algún trastorno, no tienen acceso a la atención especializada que se requiere. La conciencia se asienta en el cerebro, como función mental, nos advierte de las realidades, sentimientos, pensamientos y nuestras intenciones, su calidad depende del grado de salud mental de las personas y desde luego del estado que guarda la conciencia colectiva, esto genera la capacidad de razonar sobre su propia existencia y el sentido de la vida.

Por si fuera poco tenemos un sistema de justicia, sin el poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento, sumado a que en todos los niveles del poder judicial,  prevalece la impunidad y la corrupción, incapaz de lograr que sus leyes y las normas se cumplan y estén garantizando la regulación social, fallando en la integración de ese sentimiento de obligatoriedad, respecto de la aceptación de normas y costumbres del derecho, en el que se plasma la reglamentación jurídica a la que los integrantes de una sociedad  están obligados para su convivencia en paz, armonía, con relaciones fraternales y solidarias.

El sistema de seguridad pública del Estado, sigue sin  garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes, prevaleciendo incapacidades para la protección de los derechos humanos, civiles y sociales, sigue además sin lograr instituciones sólidas, preventivas del delito y la rehabilitación de los delincuentes transgresores a las leyes, con el abuso de los mecanismos represores, sin seguridad pública los ciudadanos no pueden convivir en armonía, se potencializan las interacciones sociales con violencia.

En el contexto de la imagen de las figuras de autoridad del Estado que tenemos, en las últimas décadas, desde el presidente, hasta los gobernadores y alcaldes siguen sus devaluaciones infames, por sus conductas inmersas en la corrupción, con sus incompetencias que afectan su desempeño institucional, alejados de las habilidades y destrezas que proporcionan las ciencias básicas y la ética, llegando a admitir sus ilegalidades como lo ha expresado, la semana pasada, el General Francisco  Cienfuegos,  Secretario de la Defensa Nacional de México, al aceptar “Hemos estado actuando en la ilegalidad”, en el desempeño de tareas contra la delincuencia, que no le corresponden al ejército.

La disminución de los principios y valores morales, cívicos y hasta religiosos, conduce a la destrucción y la reducción del orden social, así si las leyes y normas no se integran en el comportamiento humano no pueden garantizar la regulación social, aparece la anomia que Émile Durkheim definió a finales del siglo XIX, “como a la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad.”; refrendaba que si la anomia, el egoísmo y la competencia disuelven las viejas solidaridades sin crear otras nuevas, la atomización del cuerpo social sería tal que no habría sociedad sino caos.

Es precisamente esta percepción del caos, que debe alarmarnos, y que se empieza a sentir con el prevaleciente miedo, angustia, inseguridad e insatisfacción de la mayoría de los mexicanos ante un Estado incapaz de controlar la violencia, los conflictos, la corrupción, el desorden y lograr solución a los problemas económicos y sociales en un marco de libertad y democracia plena, garante del respeto incondicional a los derechos humanos y sociales para así cambiar el estado de cosas que obstaculiza nuestra plena integración social.

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