Tragedias van y vienen, todas las manifestaciones de
violencia en México, van a la alta, más la que se ejerce por razones de género,
contra las mujeres y niñas, con las lacras del feminicidio, que esta semana conmociono
a nuestra sociedad, con el caso de Fátima, una niña de 9 años de edad, que fue
asesinada y abusada sexualmente en Xochimilco de la ciudad de México, con toda
la fuerza de la barbarie más primitiva y las conductas inmorales y perversas,
exhibiéndose además, de la miserias, que genera la pobreza, la precaria salud
emocional y mental de la familias involucradas, con sus antecedentes visibles
de los daños en la salud y el desarrollo humano, de sus integrantes y la
incapacidad negligente de los trabajadores de las instituciones públicas, de
los diferentes niveles de gobierno que no actuaron responsablemente, de
conformidad con los protocolos de atención para este tipo de casos.
Funcionarios visiblemente conmocionados, desde nuestro
presidente AMLO, hasta la jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum, pasando por las autoridades encargadas de la seguridad e impartición
de justicia, reprobaban los hechos y externaban sus posturas de lograr el
ejercicio de la justicia a todos los responsables, AMLO no dudo en señalar, que
este tipo de hechos son parte de la “decadencia social”, que nos dejó el modelo
neoliberal, por la imposición de sus valores deshumanizantes. En tanto el
movimiento feminista, reforzó la fundamentación de sus demandas de mayor
eficacia de las políticas del gobierno, contra la violencia de género y los
feminicidios, atrayendo la protesta y solidaridad de la mayoría de la sociedad,
hasta la derecha conservadora, que paradójicamente ha sido una de las fuerzas
promotoras contra los derechos de las mujeres y del machismo patriarcal que
prevalece en nuestra sociedad.
Emergieron las reactivas posturas para acabar con este tipo
de hechos, desde incrementar las acciones penales, hasta solicitar la pena de
muerte de los criminales feminicidas, otros enarbolando las demandas de
renuncia de funcionarios, desde el presidente AMLO hasta funcionarios
responsables de la seguridad e impartición de justicia, sobre todo Ernestina
Godoy, procuradora de justicia de la Ciudad de México, quien se atrevió a
comunicar sobre los problemas de salud mental, inmersos en esta tragedia.
Desde que iniciamos este año, hemos estado reactivos,
conmocionándonos, por la violencia sexual con sus abusos y violaciones contra
las mujeres, los salvajes actos criminales, no solo de las redes de
delincuencia, sino de menores, que han llegado a realizar este tipo de actos en
escuelas privadas y públicas. Sigue el incremento del embarazo prematuro de las
niñas y adolescentes, la depresión y el suicidio en nuestra población, más en
los adolescentes y niños, asimismo el abuso en el consumo de drogas, más en el
uso del droga sintética cristal, incrementándose los usuarios de la marihuana y
la cocaína, ni que decir de las drogas legales como el tabaquismo y el alcohol.
Una u otra vez se informa, por la OMS, con evidencia científica, de los daños
que ocasiona a la salud, la exposición prolongada en el uso de las nuevas
tecnologías, en los Smartphone, Tablet, computadoras, sobre todo en niños,
deteriorando su desarrollo socioemocional, cognoscitivo y de formación de la
personalidad, convirtiéndose en factor de riesgo de las depresiones, ansiedades
y el bajo rendimiento escolar. Seguimos con el problema de la obesidad, el
sedentarismo y sus enfermedades metabólicas que cada vez aparecen más
prematuramente, ocasionando muertes en jóvenes, como la diabetes, hipertensión
arterial y los altos niveles de triglicéridos, ni que decir de la gran corrupción
que padecemos, con impunidad de sus grandes actores, desde gobernadores,
alcaldes hasta sus personeros recolectores, funcionarios, inspectores y
policías de todos los niveles de gobierno.
Nuestra sociedad sigue desempatizada, inmersa en el individualismo,
el hiperconsumo mercantilista, de objetos y bienes innecesarios, esclavizándose
en el crédito que le atrapan sus futuros de libertad, integrándolo al círculo
vicioso de trabajo-remuneración-pagos y más crédito, subordinando su vida a las
limitaciones de inversión en el desarrollo humano de sus integrantes, sobre
todo en educación, cultura, artes, deportes, entretenimiento y hasta en la
salud y nutrición adecuada de sus familias..
En tanto expertos y políticos, siguen con sus
estrategias precarizadas, como fomentar valores, con
sus conferencistas magistrales, contratando “”personalidades nacionales e
internacionales”, hasta las prevalecientes platicas en los espacios
comunitarios, sin faltar sus ferias por la salud, casamientos colectivos, marchas por la paz,
brigadas por la salud y demás eventos publicitarios para simular el interés,
haciendo capacitación de sus recursos humanos y profesionales, además de
programas y más programas novedosos, innovadores para lograr resultados,
creación de dependencias, a modo para atender estos problemas, sin resultados.
Otros siguen recomendando leyes, algunas patéticas como las
que criminalizan a las mujeres que abortan, como lo hicieron los diputados y
diputadas del Congreso de Nuevo León, otra más como la diputada Guadalupe Rodríguez
del PT, que propone una Ley que imponga la Escuela para Padres, o la del Diputado Local del PRI, Álvaro Ibarra,
que presentó una iniciativa para elevar a rango de Ley el programa Mochila
Segura, sin faltar quien quiere legislar,
para que se castigue con pena de muerte a los femincidas. En vez de exigir que
las leyes ya aprobadas, como la Ley de salud Mental, no sigan como letras
muertas, sin financiamiento para su operatividad.
En suma, desbordados en el protagonismo narcisista de sus
personas, subordinando sus intereses personales, sin visiones holísticas,
cabalgan inmersos en la ignorancia, con sus ocurrencias, dispersando más la acción
intersectorial e interinstitucional, fragmentando más esa unidad, que se
requiere para la acción interdisciplinaria, dirigida a la atención integral de
la salud mental y psicosocial que se requiere, en la solución de este tipo de
problemas.
En la atención a la salud en general, a pesar de los avances,
todavía existe un gran retraso para los grandes sectores de la sociedad y en el
área de la salud mental, debemos reconocer los rezagos en las políticas y
programas, que tradicionalmente han venido ejerciéndose sexenio tras sexenio,
donde en este ámbito de la salud ha sido más significativo y evidente la apatía
sobre las políticas de salud mental, donde el componente psicosocial es
marginado, además, con marcos conceptuales que han sido considerados obsoletos del modelo del desarrollo científico
y tecnológico, que en los últimos años ha transformado paradigmas en las
ciencias de la salud, las neurociencias y de la conducta, quedando atrás los
enfoques reduccionistas en el análisis y solución de los problemas en este
ámbito. Tenemos una prevalencia de trastornos de salud mental de nuestra población
que nos ubica en más de un 30%, de habitantes que cursan con algún problema de
salud mental y sólo del 10 al 15% tienen accesos a servicios especializados. El
problema se convierte todavía más complejo cuando la burocracia a nivel
federal, impone programas de salud, sin atender el marco correspondiente de las
realidades históricas, culturales, socioeconómicas y ecológicas de los niveles
estatales, municipales y de las comunidades.
Otro de los reduccionismos que justifica el desinterés de los gobernantes y los
políticos, ha sido su enfoque y creencias de que los problemas de salud mental,
es decir, sus enfermedades, las adicciones y la violencia propia de los
trastornos mentales o secundarios a los problemas adictivos a sustancias que
padecemos, derivan fundamentalmente de las crisis económicas, con sus lacras de
pobreza y desempleo; que sin duda son factores que contribuyen a la expresión
de estos problemas, pero ubicarlas como determinantes, constituye un error, al
excluir el resto de los factores que determinan la salud mental de la población
y sus integrantes, como son los biológicos, culturales, psicológicos,
ecológicos y sociales.
Seguiremos gestionando la propuesta de Ley Nacional de Salud
Mental, que desde el mes de agosto del año pasado enviamos a la Comisión de
Salud del Senado, en espera de lograr la anhelada reforma de la salud mental en
México.
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