INJUSTICIA, JUBILACIONES Y PENSIONES

Una de las obligaciones de toda sociedad es proporcionar las máximas condiciones de bienestar a sus adultos mayores, personas que en el curso de su vida han sido generadores del desarrollo humano, social, económico y cultural manteniendo un ciclo virtuoso que generación tras generación se continua para lograr la evolución de nuestras sociedades. Desde las sociedades primitivas hasta la modernidad actual la atención del bienestar del adulto mayor ha sido una necesidad honorable que ha enaltecido a las culturas que le dan su importancia a los venerables ancianos; fue hasta el siglo XVIII cuando en el marco del humanismo generado por al ilustración francesa e inglesa se inicio el debate de la importancia ética y solidaria en el trato de las personas de esta edad superando la enmarcada conceptualizacion "caritativa" que prevalecía en el feudalismo cristiano. Luego los intelectuales, sobre la teoria del estado, lo integrarían en las obligaciones de los gobiernos para proporcionar el trato digno a las personas mayores, posteriormente en el marco de las políticas del bienestar de los estados se traducirían en una de las funciones del Estado Social de Derecho que en su seno originaria la seguridad social. La seguridad social nace en Alemania con la ley del seguro de enfermedad en 1883, conceptualizada como un campo de bienestar social relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la salud, la pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otras, años mas tarde se extendería por toda Europa esta política del bienestar.

En América se legislo por primera vez sobre la seguridad social en Estados Unidos a partir de 1935, en la denominada "Social Security Act" y después con la creación del Servicio Nacional de Salud. En México el campo de la Seguridad Social, en nuestra legislación, constituyo una respuesta de cambio que se dio derivada del esquema liberal de corte individualista de la Constitución de 1857, luego este esquema de tipo social fue ratificado e impuesto por la Constitución de 1917 que en posterior reforma de 1929 se previó la necesidad de crear el Seguro Social, siguiendo las tradicionales coberturas de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Fue hasta diciembre de 1942 cuando se materializó el actual sistema jurídico de la Seguridad Social en México, creándose El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto presidencial del entonces Presidente de la República el General Manuel Ávila Camacho, considerada como la institución de seguridad social más grande de América Latina.

En fin las naciones han integrado a las pensiones y las jubilaciones como uno de los derechos sociales que se han ido posicionando en diferentes declaraciones y pactos, tanto a nivel internacional como regional desde que en la ONU los Estados se obligaron por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y por los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. Están garantizados universalmente no como mera caridad o política asistencialista sino como el derecho a disfrutar de los medios necesarios para tener condiciones de vida digna, humanizan a los individuos y son garantía de la igualdad y la libertad porque esta no es posible ejercer si no existen condiciones materiales de una existencia adecuada con bienestar.

Una pensión es un plan de jubilación que pretende ofrecer a una persona unos ingresos seguros de por vida. Un sistema público de pensiones es un mecanismo que el Estado mantiene con el fin de garantizar unos recursos que en teoría permitan mantener un nivel digno de vida a aquellas personas que han dejado de percibir tales recursos por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la jubilación, la invalidez o la muerte. Las pensiones han sido, tradicionalmente, un pago a un empleado jubilado o inválido o al cónyuge y descendientes de un empleado fallecido. La pensión creada por el empleador a beneficio de un empleado se conoce como plan de jubilación o de pensión privado. Los sindicatos y otras organizaciones también pueden ofrecer pensiones. En los estados donde existe un nivel de Estado del Bienestar mínimo, suele existir un sistema público de pensiones.

La jubilación actual en México es contractual, es decir, no está contemplada en la Ley sino en las convenciones individuales o colectivas como por ejemplo en los Pactos Colectivos - conocidos también cómo Contratos Colectivos de Trabajo - celebrados entre PEMEX y el Sindicato Petrolero; CFE y el Sindicato de Electricistas; IMSS y su Sindicato. Antiguamente venía también en la Ley del ISSSTE que fue abrogada en marzo de 2007 y en la nueva Ley ya no aparece esta figura. La jubilación en México poco a poco va quedando en desuso aparte de que el sistema mexicano de pensiones está migrado al sistema de contribución, definida en el marco de las famosas AFORES. En la actualidad la mayor parte de los empleadores despiden a sus trabajadores antes de que cumplan su requisito para jubilarse y les pagan al cien por ciento su liquidación de tal suerte que ya no les otorgan el beneficio jubilatorio pues de acuerdo a las expectativas de vida de los empleados eso sería una carga financiera para el patrón. El neoliberalismo ha promovido deshacerse de la obligación del Estado en su función del pago de sus pensiones, el sistema de pensiones y jubilaciones en nuestro país ha operado con opacidad, malos manejos y en beneficio de las administradoras de los fondos de retiro (AFORES) que reciben además los grandes beneficios económicos.

Ahora resulta que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido mediante jurisprudencia limitar a 10 salarios mínimos la pensión para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –vigente de 1973 al 30 de junio de 1997–, decisión que “rompe con el equilibrio constitucional, ya que desfavorece a los trabajadores”, aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas. Como también lo refiere la Dra, Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud del gobierno legitimo de Andrés Manuel López Obrador: “la SCJN, crea una jurisprudencia que de tajo establece, que el techo máximo de las pensiones del IMSS es de diez salarios mínimos y no 25 como establece la ley, es una grave violación de la ley y una flagrante injusticia. La actuación sistemática de la SCJN en función de criterios políticos y no legales vulnera la institucionalidad del Estado; destruye las instituciones.”
Esta decisión de la Corte es absurda porque en lugar de beneficiar a quienes han laborado toda una vida, se afectan los derechos más elementales de una vejez digna. Paradójicamente estos ministros, aparte de que ganan una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes ellos se retiran con 100 por ciento de su salario y cuentan con prestaciones que incluyen becas para sus hijos y hasta el pago de un chofer de por vida. Esta decisión contrapone a la justicia social y laboral asentada en varios artículos constitucionales que enmarcan la garantía al ejercicio de estos derechos rompiendo un principio fundamental de la Constitución, en el sentido de que ésta es de tendencia laboral y favorece a los trabajadores.
Que lejos estamos del avanzado modelo nórdico garante de los derechos sociales y laborales que entre 1870 y 1918 logro la abolición del trabajo de menores integrando las pensiones para personas adultas pobres, seguros de riesgos profesionales, fondos para seguro de enfermedad. Luego entre 1919 y 1950 produjo una importante extensión de los derechos sociales, el movimiento obrero tuvo un papel fundamental consiguiendo la extensión de relaciones laborales autónomas, por medio de acuerdos entre patrones y sindicatos, una tasa alta de organización de todos los asalariados, incluyendo mujeres con provisiones de alta calidad y tasas de compensaciones altas e igualitarias. Son sociedades que por algo han alcanzado los mayores índices de desarrollo humano en el mundo donde la democracia con justicia y desarrollo social son realidades que han enaltecido cumplir honorablemente con todos los ciudadanos no sólo con los adultos mayores.
En tanto no logremos en nuestra sociedad mexicana el derecho de las personas adultas mayores que les garantice el acceso pleno e incondicional a los servicios médicos y sanitarios, a un ingreso mínimo permanente, a una pensión vitalicia, tanto contributiva como no contributiva eficaz; que disfruten de apoyos específicos como la gratuidad del servicio urbano de transporte colectivo y en consumos básicos de agua potable, luz y gas; que les garanticemos una vida digna y no exista certidumbre a los fondos de pensiones y logremos un trato digno tanto en el seno familiar y comunitario, como en el ámbito social, y el fácil acceso para participar en actividades socioeconómicas, políticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, que les permitan elevar su autoestima y calidad de vida; entonces estaremos cumpliendo honorablemente cuando menos con ellos, enalteciendo el futuro de nuestra patria.

ADICCIONES, SALUD MENTAL Y VIOLENCIA SOCIAL

El Congreso del Estado instalará una mesa plural de trabajo para realizar una “radiografía de las adicciones en Nuevo León, que se enfocará no solo en la drogadicción y alcoholismo, sino además otro tipo de problemas, busca también atender el tema de la obesidad como una consecuencia del estrés y que se manifiesta como adicción”, explicó a los medios de comunicación Héctor Gutiérrez de la Garza coordinador de la bancada del PRI. Al encuentro están convocados representantes de la Secretaría de Salud, el Sistema DIF, la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal contra las Adicciones y los Institutos del Deporte y de la Juventud por la parte oficial, la invitación a incluido a cinco universidades de la localidad e instituciones de Salud como el ISSSTE y el IMSS, que refieren aportaran ideas desde la sociedad civil; según el diputado la mesa arrojará una “radiografía exacta del problema de las adicciones, pues de momento no existe un diagnóstico confiable sobre la materia y desconocer el problema impide atacarlo desde el ámbito legislativo”, agrego: “no queremos constreñirnos a esos temas que no dejan de ser importantes, sino incluir otros problemas que no han tenido la atención necesaria por parte del sector público y que representan un riesgo social”.

Es lamentable que el diputado afirme que no existe un diagnostico confiable y por eso busquen una radiografía de la adicciones en nuestro estado, si desde que inicio el mandato gobernante de ese partido (PRI) en el año 2004, cuando él fungía como diputado federal y luego como jefe de la oficina del gobernador, existe un documento base que el poder ejecutivo estatal integró en el marco del Plan Estatal de Salud denominado: Programa Estatal contra las Adicciones y Salud Mental (PREASME), que son instrumentos base de la planeación estatal para el desarrollo a la que se comprometen en los planes estatales de desarrollo los gobernantes de nuestro país y que como ya lo he señalado en otro artículo se han convertido en actos de simulación que en forma impune ejercen sin responsabilidad, desde que el marco legal (Ley General De Planeación) los ha estado obligando como funcionarios y ellos lo transgreden irresponsablemente sin ninguna consecuencia. Por otra parte desde esas fechas, el gobierno federal foxista había también presentado el Plan Nacional de Salud y el correspondiente Programa de Acción en Salud Mental y el Programa Especifico contra las Adicciones, con un abundante contenido descriptivo de estos problemas, en el país y en los estados y con un marco de propuestas que se incumplieron al terminar el sexenio de ese gobierno. El mismo Congreso de la Unión en el 2005 concluyo a través de su Centro de Estudios Legislativos un documento diagnostico sobre la “Salud Mental en México”. Por si fuera poco la misma SSA desde finales de los ochenta realiza la encuesta nacional sobre adicciones en todo el país que muestra la radiografía diagnóstica de estos problemas y que periódicamente difunden informando sobre la situación epidemiológico de las adicciones (la última fue elaborada en el 2008). Existen además trascendentes investigaciones epidemiológicas sobre este problema en nuestro país elaborados por la Dra. Maria E. Medina Mora. También esta el World Drug Report que anualmente pública la ONU y existen además numerosas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y su filial para America y el Caribe, La Organización Panamericana de la Salud, que en sus informes mundiales y regionales abordan estos temas proporcionando indicadores y propuestas para el abordaje de estos problemas. En fin los elementos de la radiografía del problema estan ahí y conocidos funcionarios de salud, expertos como el Dr. Roque Segovia, actual jefe del Programa de Salud Mental y Adicciones en la Servicios de Salud Pública Estatal, lo menos que necesitan es hacer otra radiografía, lo que se necesita es que los políticos decidan invertir para la salud mental de todos los nuevoleoneses, incrementar el financiamiento y adecuar las leyes y normas jurídicas que fortalezcan las acciones para la atención de este tipo de problemas.

Superar la desinformación de los políticos y hacer que prevalezcan las bases del conocimiento científico cuando son necesarias en temas como la salud, le educación y la tan pregonada estrategia del neoliberalismo de la denominada sociedad del conocimiento ha sido y es uno de los grandes retos que nuestra sociedad tiene en estos personajes tan importantes para el quehacer de las políticas públicas donde algunos llegan hasta a perder el sentido común que deriva del uso lógico y racional del conocimiento existente. La partidocracia ha generado la prevalencia de políticos acostumbrados al autoritarismo, a imponerse por mayoría en los órganos colegiados como es el caso de los congresos y los ayuntamientos, algunos con gran experiencia y capacidad en su desempeño profesional especializado pero con grandes limitaciones en los ámbitos del conocimiento básico que contextualiza su razón de ser y quehacer político, que debería de estar impregnado del conocimiento sociológico, antropológico, filosófico, jurídico, biológico y psicológico que determinan el desarrollo social y humano; algunos pertenecen a las generaciones del homo videns que el politólogo Giovanni Sartori describe magistralmente en su texto, con sus consecuentes defectos en el quehacer de la lectura y las limitadas abstracciones en el proceso de pensamiento y el desarrollo de juicios.

Quienes hemos trabajado por la salud mental en nuestra sociedad, seguimos además padeciendo ese mal del que hablaba el Dr. Manuel Velasco Suárez, prominente neurólogo, neurocirujano y político mexicano, de gran prestigio nacional e internacional, fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y ex gobernador de su estado natal: Chapas, que refería “El problema de las políticas de salud mental en México se correlaciona con el estado que guarda la salud mental de nuestros políticos”. Han pasado muchas décadas que la atención a la salud mental y las adicciones se han integrado con modelos de atención integral en un sinnúmero de países en el mundo, que inclusive han incorporado los paradigmas de la salud pública para la atención además de la violencia en sus sociedades haciendo énfasis en la prevención y la detección oportuna, así como en acciones que permitan fomentar y promover la salud mental. En nuestro país y en nuestro estado hemos permanecido inmóviles, ni siquiera hemos logrado acabar con el modelo manicomial, carcelario y deshumanizante que les imponemos a los que padecen un trastorno psiquiátrico o que son victimas de las adicciones, proliferando centros de curación con pésimas condiciones sanitarias y transgresores de los derechos humanos fundamentales. La formación de recursos profesionales necesarios para brindar estas atenciones ha sido una de la debilidades crónicas del sistema educativo de salud en nuestro estado es absurdo que no exista la especialización de enfermería para la atención a la salud mental o psiquiatrica y que la Facultad de Enfermería de nuestra universidad pública (UANL) este dando prioridad a formar orgullosamente especialistas en Podología; ni que decir de nuestra facultad de Trabajo Social, hoy denominada también de Desarrollo Humano, donde no existe ni siquiera integrada curricularmente las asignaturas que proporcionen el conocimiento, las habilidades y destrezas para el abordaje del trabajo de casos psiquiátricos ni mucho menos en perspectiva la especialidad de trabajo social psiquiátrico. Es absurdo además que todas las escuelas y facultades de psicología a nivel público y privado sigan con planes y programas de estudio que redunda en esquemas escolásticos desfasados del desarrollo científico actual de esta ciencia de la conducta que no logran los objetivos terminales de formar profesionistas capaces de brindar atención psicológica en salud de calidad con las modernas herramientas que en el marco del psicodiagnostico, la psicoterapia y otras intervenciones psicosociales y educativas pudieran brindar si estas escuelas abandonaran sus intereses escolásticos y mercantilistas del quehacer educativo. En tanto las Facultades de Medicina siguen formando especialistas sólo en postgrados de psiquiatría con diseños curriculares que hacen énfasis a la atención de enfermedades prevaleciendo, en el marco escolástico, los modelos biologistas en sus procesos de atención, muy lejano del modelo de atencion integral y del trascendente impacto de las actividades de prevencion y fomento de la salud mental que se requieren en nuestras comunidades.

Si nos basáramos en el desarrollo científico actual de las neurociencias, las ciencias de la conducta y de la salud pública la conclusión sería contundente: Violencia, Adicciones y la Atención a los Trastornos de la Salud Mental requieren un modelo de atención integral, articulado, interdisciplinario; no fragmentado como los políticos lo han venido haciendo, que así están impuestos a conducirse, incapaces de descentralizar, centralizan, fragmentan, no se informan, son inflexibles en sus paradigmas reduccionistas y desfasados del desarrollo científico, hacen los mismos programas en diferentes instituciones, lo que mas les importa es su control administrativo y político. En el momento actual los que trabajamos para la salud mental desde hace mas de treinta años conocemos y hemos difundido el conocimiento de estos problemas, una y otra vez sexenio, tras sexenio hemos dicho que se requiere un Programa Estatal de Salud Mental que afronte no sólo los problemas de la salud mental sino además la sociedad violenta y adictiva que esta dañando gravemente el bienestar de nuestras familias, donde la estrategia principal sea la prevención a todos los niveles, capaz de llevar las acciones rehabilitadoras a todos los afectados sin exclusión con modelos de atención integral, interdisciplinario, todo esto ya se conoce, existe, esta disponible no sólo en el marco diagnostico sino además programático, lo que requiere es que los políticos superen la ignorancia y decidan cuando menos cumplir lo existente en el marco de los planes y programas elaborados y de las normas jurídicas que obligan su cumplimiento. En algunos casos se hará necesario actualizar y reformar estos planes y el marco jurídico, en otras crear leyes que están ausentes como una Ley Estatal de Salud Mental que explícitamente humanice la atención del enfermo mental y proporcione las bases para el desempeño profesional responsable de los especialistas de la salud mental. El problema mas difícil es el que el estado proporcione el financiamiento necesario en los presupuestos anuales que aprueban los congresos, que es vital para lograr la disminución de estos problemas y donde no necesitan quebrarse mucho la cabeza los funcionarios y diputados por lo que se necesita: La Organización Mundial de la Salud recomienda que los gobiernos inviertan por lo menos tres a cuatro dólares por habitante al año para la atención de estos problemas.

Las diferentes formas de violencia y adicciones que prevalecen en Nuevo León comparten numerosos factores de riesgo subyacentes comunes. Algunos consisten en características psíquicas y del comportamiento, como un escaso control de éste, una baja autoestima y trastornos de la personalidad y la conducta. Influyen también problemas psiquiátricos, como la depresión y otros trastornos anímicos, la ansiedad, la esquizofrenia, trastorno bipolar o un sentimiento general de desesperanza. Otros como el suicido, están ligados a experiencias, como la falta de lazos emocionales y de apoyo, el contacto temprano con la violencia en el hogar (ya sea como víctima directa o como testigo) y las historias familiares o personales marcadas por divorcios o separaciones. Existen diversos acontecimientos o circunstancias estresantes que pueden aumentar el riesgo de que las personas atenten contra sí mismas, entre tales factores figuran la pobreza, la pérdida de un ser querido, las discusiones familiares o con amigos, la ruptura de una relación y los problemas legales o laborales. El abuso de drogas y alcohol se asocia con frecuencia a la violencia, antecedentes de abusos físicos o sexuales en la infancia y el aislamiento social; entre los factores comunitarios y sociales más importantes destacan, además de la pobreza, las disparidades en los ingresos y las desigualdades entre los sexos.

Que bueno es hacer ejercicios intelectuales para conocer sobre los problemas, que malo es que una y otra vez estos ejercicios de los funcionarios no sirvan para solucionar los problemas políticos, jurídicos y de financiamiento para lograr construir el proceso que se requiere en la atención de la salud mental que constituye el fondo sobre el que se basa el bienestar no sólo de las personas sino de las familias y la sociedad. El problema de la violencia social, las adicciones, el incremento prevaleciente de los trastornos psiquiátricos y las conductas poco saludables que provocan la epidemia de obesidad, diabetes e hipertensión, que esta "agobiando" a las autoridades sanitarias, derivan de la mala salud mental que se inicia desde la gestación misma y que se empieza a manifestar por los comportamientos de riesgo desde las etapas mas tempranas hasta la senectud misma. Para el abordaje de la salud mental y sus trastornos se requiere de un modelo integral, interdisciplinario que debe incluir conceptos que atiendan los necesidades y problemas con una visón integral y que ejerzan acciones sobre sus múltiples factores culturales, sociales, psicológicos, biológicos, económicos y ecológicos sólo así se estará en posibilidad de lograr los comportamientos saludables necesarios para avanzar en la solución de los graves problemas de salud, adicciones y de la violencia que padecen nuestras sociedades.

Los diputados del congreso de nuestro estado tienen la palabra, si tan sólo decidieran incrementar el miserable financiamiento dirigido a la atención de la salud mental, las adicciones y la violencia de los nuevoleoneses, en el marco de la discusión del presupuesto para el próximo año, estaríamos del otro lado superando la inmovilidad de la simulada preocupación habitual de los políticos en estos problemas de la salud pública.

LA IZQUIERDA DE NUEVO LEON y EL 2012

Una vez que han terminado las actividades de las campañas políticas celebradas en 14 entidades de la República el pasado 4 de Julio, en las que se renovaron 12 gubernaturas estatales y otros cargos de elección popular y donde las izquierdas partidistas presentaron, en casi todos los casos, candidaturas en alianza con el partido que gobierna espuriamente en el ámbito federal. En el caso de Chihuahua, el Partido del Trabajo (PT) se alió al Partido Revolucionario Institucional. En otras entidades, el PT, Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) justificados en la estrategia de derrotar los cacicazgos priístas, formaron coaliciones con Acción Nacional con todo el rigor del perverso pragmatismo y la repugnancia del estercolero ambiente que les caracterizo y que para quienes intentamos mantener la congruencia y la integridad ideológica con los principios y valores del ser de la izquierda política constituyeron un fracaso que impacto negativamente retrocediendo en los resultados electorales, dañando el avance organizacional y de posicionamiento ideológico que con firmeza veníamos desarrollando después de la instalación del gobierno espurio de Fecal en el 2006.

En Nuevo León ya habíamos vivenciado la brutalidad de la actividad política electoral estercolera de los partidos de izquierda en las últimas elecciones efectuadas el año pasado. Un Partido de la Revolución Democrática débil, dividido, desorganizado, con una miserable vida orgánica, dirigido autoritariamente, con sus principales activistas y militantes enfrascados en las miserias del pragmatismo electorero de las tribus, peleándose los recursos del financiamiento público y las candidaturas, desarticulado de los movimientos sociales y las demandas ciudadanas, no fue capaz de desarrollar estrategias efectivas para el avance electoral ni aprovechar el escenario para superar el grave problema de la ausencia de recursos humanos para la defensa del voto, en un sospechoso contubernio de alianzas obscuras de sus lideres con personajes nefastos del priísmo gobernante. Un Partido del Trabajo que una vez más finco su estrategia nefasta del quehacer político cohabitando en alianza con el partido gobernante del PRI en el estado, en el marco de mantener y extender las prebendas y la impunidad que recibe de sus gobernantes en sus instituciones asistenciales, educativas y de salud que dirigen y administran autocráticamente acompañadas de las gestorías facilitadoras de su quehacer político clientelar y corporativo que los funcionarios les articulan en los programas sociales y asistencialistas de sus gobiernos. En su estrategia pragmática-electorera tuvieron que recular retirando su alianza oficial con el PRI y su candidato al gobierno del estado, que habían registrado legalmente ante la Comisión Estatal Electoral del Estado, ante la exigencia de Andrés Manuel López Obrador de actuar con congruencia con los principios políticos que les une en la alianza pactada. El llamado fue cumplido a medias, retiraron su registro en esa alianza, no presentaron candidato a la gubernatura ni a la alcaldía de Monterrey, haciendo actividades proselitistas en sus territorios apareciendo efusivamente sus dirigentes apoyando y ordenando votar a sus clientelas a favor de los candidatos del PRI al gobierno del estado y al municipio de Monterrey. En tanto el Partido Convergencia ejerció su típica presencia testimonial, no presento candidato a gobernador, presento los mínimos candidatos en el resto de las elecciones, apoyando con su estrategia, en los hechos, al priísmo gobernante. Por su parte el Partido Social Demócrata sin presencia institucional ni vida orgánica en el estado y con el problema de no perder su registro federal como partido político, realizo una campaña electoral casi testimonial sin estrategias definidas y con graves carencias en los recursos materiales y económicos que permitieran alcanzar mínimos objetivos de posicionamiento electoral y con ello avanzar en el estado, trascendió su candidato al gobierno del estado por la defensa digna de la ideología de izquierda en el marco de las propuestas para el buen gobierno del estado. El hecho es que en esa elección del 2009 se proyecto, con todo rigor, la enfermiza incapacidad de los principales activistas y dirigentes de estos partidos para construir la unidad estratégica en una alianza que permitiera integrar los principios y valores del proyecto político que a nivel nacional comparten y que les ha permitido mantenerse en una alianza política electoral desde las pasadas elecciones presidenciales del 2006, apoyando en lo fundamental el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador hoy denominada DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México).

Así los partidos de izquierda de Nuevo León sin unidad, ni estrategias claras, desorganizados y dispersos no sólo tuvieron malísimos resultados electorales en las elecciones locales y federales sino ni siquiera lograron iniciar un proceso político que les permitiera marchar hacia la construcción de la unidad de la izquierda en nuestro estado con miras al proceso electoral del 2012. La candidata del PRD al gobierno del estado, Martha Zamarripa, fue victima de la guerra de las tribus y de las alianzas pragmáticas del PT y Convergencia con el priísmo gobernante. Por otra parte otros actores políticos, otroras militantes del movimiento de apoyo al gobierno legítimo que encabeza AMLO, formaron un partido palero: Cruzada Ciudadana, dirigido por Luis S. Farias, operador político de Manuel Camacho en Monterrey durante la campaña política presidencial de esta alianza en apoyo a AMLO en el 2006, con el cínico y desvergonzado apoyo del gobierno se alió con el PRI, quien a cambio le otorgo el registro estatal electoral y la regiduría que ostenta este personaje en Monterrey. Otros militantes del movimiento del gobierno legítimo se integraron como candidatos del partido espurio del PANAL sin lograr sus propósitos oportunistas electoreros. Así los partidos de esta izquierda en su conjunto no alcanzaron ninguna victoria electoral, menoscabaron sus posiciones de representación proporcional ante el Congreso del Estado donde sólo lograron posicionar un diputado del PT y uno del PRD por la vía plurinominal. En los principales Ayuntamientos como es el caso de los municipios que integran el área metropolitana que concentra el 85% de los electores de todo el estado los resultados fueron mas negativos: en Monterrey no existen regidores del PT, tiene uno solo del PRD, en San Nicolás no alcanzaron un solo regidor de los partidos que integran esta alianza, en Guadalupe sólo tiene un regidor del PT, en Apodaca alcanzo dos regidores de cada partido, en San Pedro ninguno, en Santa Catarina sólo un regidor del PRD y en Escobedo también sólo un regidor del PRD.

La actividad política de esta izquierda no ha pasado de ser reproductora de estos estilos de trabajo incongruentes con el quehacer político ideologico y programatico de la izquierda en sus ámbitos de influencia; los diputados y regidores de los partidos de izquierda siguen haciendo horrendas prácticas políticas sumándose a vergonzosas alianzas en beneficio del priísmo gobernante. En tanto estos partidos políticos continúan con la incapacidad de desarrollarse institucionalmente, con escasa vida orgánica, sin educación política de sus militantes, cerrados a la articulación con los movimientos sociales y las demandas ciudadanas, sin integrar en su vida interna las exigentes demandas de democracia y transparencia, con sus castas de dirigentes aduladores del caciquismo, el autoritarismo, el pragmatismo, el clientelismo y el corporativismo politico, exigiendo una militancia mas dispuesta a la adulación servil que a la critica y reflexión libertaria, marginando y excluyendo a quienes se conducen libertariamente y que con sus capacidades amenazan sus liderazgos. Los que no son expulsados, renuncian a la vida política partidaria, los que tratan de integrarse son botados automáticamente por las burocracias de esos partidos, algunos se integran al tan de moda “honorable” movimiento ciudadano en sus diferentes trincheras enalteciéndose en el apoyo a las demandas del movimiento obrero, los sindicatos, los derechos humanos, los presos políticos, la ecología, los usuarios de los servicios públicos; otros mas se agrupan en el quehacer contracultural y/o revolucionario de la artes, todos ellos terminan odiando la vida política de estos partidos. En tanto la mayoría de los militantes y activistas de izquierda que perseveramos intentando ser congruentes, seguimos coincidiendo en los eventos públicos y las actividades de apoyo al movimiento de resistencia ciudadana a las políticas injustas del gobierno espurio, en apoyo del proyecto de nación, por el que luchamos, así como en la organización territorial y de difusión del movimiento en nuestro estado soportando los embates de la ausente organización eficaz y eficiente que parece ser el mayor lastre en las actividades de la izquierda en nuestro estado y que lamentablemente no se quiere aceptar por los responsables y dirigentes del DIA para beneficio de los intereses políticos en los que medran los castas de dirigentes de los partidos de izquierda en el estado que sólo ven en el 2012 el botín de los puestos públicos.

Ante este panorama de descomposición será muy difícil lograr la unidad de esta izquierda partidista militante que sigue bregando sin superar los conflictos del pasado, resistente a los procesos de unidad si esta no se enmarca en su utilitarismo, con un sector donde prevalecen los estilos de trabajo sectarios, dogmáticos, autoritarios, sin apertura a la critica, autocomplacientes, resentidos crónicamente, intolerantes al debate, resistentes a los procesos democráticos en su interior, con una gran capacidad teórica-discursiva desarticulada de la acción pragmática eficaz, anclados al pasado político con posturas irreductibles. En tanto el otro sector esta inmerso en el perverso pragmatismo utilitario buscando el poder sólo por el poder, son los compañeros que integraron con facilidad la cultura política de las lacras del clientelismo y el corporativismo de los regimenes prianistas, ausentándose de la ética política que distingue la verdadera vocación del ser de la izquierda. Son los que justifican sus perversiones y desviaciones del quehacer político con razonamientos insertados en sus ideologías doctrinarias, ostentando una ortodoxia fundamentalista de su forma de hacer política, orgullosos de su quehacer revolucionario que les proporciona el disfrute personal de los grandes satisfactores de la odiosa vida burguesa que dicen combatir en su lucha ideológica.

Por eso la mejor estrategia política de la izquierda debiera de ser orientada a contribuir en la construcción de organización social de base, para fortalecer el movimiento, desde los barrios, colonias, comunidades y en los grupos de activistas de la sociedad civil, convocando a todas las personas no sólo militantes de la izquierda sino a todos y todas las que compartan una mentalidad progresista, victimas de las políticas y la injusticia del gobierno estatal y del gobierno espurio de FECAL, hartos de la violencia, la inseguridad social y la corrupción imperante. Busquemos y convenzamos a los activistas sociales, dirigentes sindicales, a los obreros, los campesinos, intelectuales, maestros, profesionistas, artistas, académicos, científicos, para apoyar nuestra lucha por el Proyecto de Nación de nuestro Movimiento de Resistencia Civil Pacifica y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, para encabezar como candidato las próximas elecciones presidenciales del 2012. Debemos poner fin a la manipulación, la intolerancia, el maniqueísmo y la izquierda debe abrir sin condiciones al debate y la autocrítica, sí necesitamos ser autocríticos y acabar con la autocomplacencia enfermiza propia de la izquierda simuladora, clientelar y pragmática que nos evita a avanzar en lo fundamental. Criticar abiertamente no debe convertir a nadie en enemigo, los dirigentes partidistas de izquierda en nuestro estado tienen que superar el atraso y la irracionalidad que deriva de su empoderamiento enfermizo y estilos de trabajo retrógrados generadoras de conductas incongruentes con los principios y valores políticos tradicionales de la izquierda y que han protestado cumplir en el marco de la alianza nacional de los partidos de izquierda (DIA). Como izquierda debemos de integrar plenamente la ética política que con orgullo nos distinguía en los tiempos mas aciagos que enfrentamos el siglo pasado y como lo refiere el maestro Arnoldo Kraus “Los caminos de la liberación, del avance hay que buscarlos practicando la democracia para ganar la democracia”.

La izquierda de Nuevo León debe abrirse no sólo al debate y al ejercicio de la democracia sino a definir el rumbo y la organización del movimiento opositor prevaleciente de la mayoría ciudadana, harta del estado actual de sus vidas por los malos gobernantes, sólo así lograremos construir la anhelada sociedad democrática con los mejores niveles de desarrollo humano y social, dejando atrás la lacerante desigualdad y pobreza que han producido los gobiernos de las oligarquías en nuestras familias.

ALEX Y LA AUSENTE SOLIDARIDAD EN NUEVO LEÓN

Mas allá de las escenas conmocionantes que los medios de comunicación han hecho de las consecuencias trágicas que provocaron las lluvias del huracán Alex en nuestro estado de Nuevo León haciéndolo un gran espectáculo mediático, quiero reflexionar sobre la ausente solidaridad que nuestra sociedad ha estado vivenciado en el contexto de los daños provocados a los mas de cuatro millones de habitantes que vivimos en la zonas mas afectadas de los municipios del área rural: Anáhuac, Cadereyta Jiménez, Cerralvo, China, Ciénaga de Flores, Doctor Coss, General Treviño, Montemorelos, Santiago, Hualahuises, Linares, Los Aldamas, Los Ramones y Melchor Ocampo y de la zona metropolitana de la ciudad integrada por los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Escobedo, García y Apodaca. Las zonas mas afectadas son aquellas que han sido victimas de los depredadores ecológicos de las empresas inmobiliarios que en sus afanes mercantilistas poco les ha interesado la sustentabilidad ambiental, desarrollando proyectos de urbanización y desarrollos de vivienda en zonas de alto riesgo en los cerros, arroyos, ríos y zonas de desagües naturales, con gobiernos que por lustros han evadido solucionar de fondo el drenaje pluvial de la zona metropolitana , donde el caso mas patético ha sido la insistente explotación mercantilista del Rió Santa Catarina, atropellando los derechos ciudadanos para el libre esparcimiento. Los daños generados han provocado 20 muertos, mas de 60,000 damnificados, inundaron tierras de cultivo, miles de viviendas, acumulación de lodo y basura en las calles, afectaron las áreas naturales comunicaciones terrestres, carreteras, caminos, calles obstaculizando las vialidades, infraestructura urbana, edificios escolares, el sistema hidráulico provocando la escasez de agua potable, falta de energía eléctrica en amplios sectores, con el riesgo consecuente sobre la salud de la población que ante estas situaciones emergentes prevalecen las enfermedades infecciosas, gastrointestinales, respiratorias y las necesidades de atención a la salud mental derivadas del afrontamiento de las crisis, el estrés, las perdidas humanas y materiales que angustian la sobrevivencia en estos casos siendo causas de ansiedad y depresión de las victimas.

Resulta que las grandes cadenas comerciales de nuestro estado (SORIANA, HEB, WALL MART, SAMS y OXO) han recurrido a la publicidad con paginas completas en los periódicos locales, mensajes radiales y televisivos para competir entre ellas por mostrar su solidaridad con nuestra desgracia y lo peor expresar su gran solidaridad simplemente haciendo mínimos descuentos de algunos de los principales productos que se necesitan ante estas tragedias. De la misma forma los corporativos bancarios de BANORTE y AFIRME, cuyos dueños pertenecen a familias de abolengo nuevoleonés de gran tradición cristiana filantrópica, nos muestran su gran solidaridad abriendo una cuenta para recaudar fondos de apoyo con esta tragedia y ponen a nuestra su disposición sus generosos productos y servicios de créditos inmediatos para apoyar a la victimas. Por otra parte los políticos y los funcionarios gobernantes persistan en “exhibirse” con sus conductas solidarias y preocupantes sobre los daños y paradójicamente muestren la ineficiencia en la operatividad de soluciones invocando a dios en la resignación por sus errores, ya que gracias a él la catástrofe no provoco “muchas muertes” de personas, dada la magnitud de la tragedia. El gobierno irresponsable hace un mal diagnostico temprano del grado de daño económico sin una evaluación integral, el gobernador refiere daños materiales por mas de diez mil millones de pesos porque no incluye los daños patrimoniales en las viviendas, mobiliarios y enseres domésticos de sus habitantes damnificados. Los funcionarios responsables de la participación social asistencial (DIF-SEDESOL) de la población en los diferentes niveles de gobierno hacen llamados angustiosos, con poca respuesta, para que la población activa se integre como voluntariado porque requieren de “muchas manos” para operativizar acciones de apoyo ante la magnitud de la tragedia, son las consecuencias de sus políticas clientelares y asistencialistas. Por otro lado algunas personas intenten aprovecharse de la catastofre mediante actos de rapiña (desmantelando vehículos automotores arrastrados por la corriente, recolectando bienes abandonados por sus dueños) cobrando el agua gratuita de las tanques pipas propiedad del gobierno, vendedores de agua embotellada incrementando en mas del 300% sus productos, y otros incrementando sus costos por los servicios que prestan como concesionarios del transporte.

Los empresarios multimillonarios de los diferentes corporativos, orgullosamente regios, algunos de ellos en la lista de los multimillonarios de la revista Forbes, existentes en el estado, cuyas fortunas han sido producto de la fuerza de trabajo y del consumo de miles de obreros y empleados neoleoneses, además de los recursos naturales, materiales y financieros que el estado les ha facilitado, se declaren en conjunto lamentándose de sus perdidas económicas inhibiendo sus apoyos solidarios que sus empresas y sus recursos pueden satisfacer en forma inmediata no sólo en herramientas y maquinarias sino en la demandante agua potable, líquidos nutrientes, alimentos, ropa y medicinas que se requieren en los refugios y zonas mas dañadas. En tanto una vez más los visibles responsables promotores de estas tragedias, transgresores de la ley, depredadores urbanos (empresarios de la construcción, de las inmobiliarias, funcionarios de obras públicas, desarrollo urbano, FOMERREY, INFONAVIT, ecología, etc.., muestren su solidaridad inmersos en la impunidad permanente por sus obras de riesgo donde fácilmente se convierten en victimas los necesitados ciudadanos, de la vivienda digna, ante estos fenómenos naturales.

A todo lo anterior se suma el silencio y la persistente pasividad de académicos, intelectuales, profesionistas científicos y humanistas de nuestro estado no sólo ante la tragedia debiendo promover y fomentar la anhelada solidaridad ante el suceso, sino ante la prevaleciente degradación en su responsabilidad como creadores socialmente de valores en nuestra sociedad que como vemos en el caso de la solidaridad ha sido desvirtuado ante el abuso del discurso político y el denominado marketing solidario ya que la verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se entere, ser solidario en su esencia es ser desinteresado, desde que el liberalismo francés en el siglo XVII lo conceptualizo mas allá de la caridad cristina quedo integrada como uno de los principios de la filosofía social, como una construcción moral edificada sobre tres dinamismos: el sentimiento compasivo que nos lleva a ser unos para los otros, la actitud de reconocimiento, que nos convoca a vivir unos con otros, dando y recibiendo unos de otro; y el valor de la universalización, que nos impele a hacer unos por otros. La solidaridad es parte de nosotros, está en la naturaleza misma del ser humano y se relaciona directamente con su también natural tendencia social. Es un término que denota un alto grado de integración y estabilidad interna, es la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos; la solidaridad es una practica sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, religión o afiliación política la única finalidad es el hombre necesitado. Como dice Jon Sobrino, uno de los teólogos jesuitas, cuya obra impacto en la teología de la liberación, la solidaridad tiene un marco filosófico abordado primariamente como una realidad antropológica, como categoría ética donde la concepción del otro se integra como elemento constitutivo de la definición de solidaridad.

La solidaridad es por tanto un principio ético, pilar en la ética moderna, no es solo un sentimiento ni un articulo de compra venta que tenga que exhibirse, mucho menos publicitarse donde sin ningún análisis y con cinismo sólo se trata de realizar un ejercicio de consumo, indoloro, que no requiere ningún tipo de sacrificio ni confrontación personal, para hacernos sentir bien, estar mas a gusto, en sintonía con el abuso de los medios de comunicación y de las leyes del mercado integrados al espectáculo mediático obsceno ante las tragedias. La solidaridad no se prolonga hacia un compromiso duradero, se trata del uso perverso de la compasión, explotando el dolor por el sufrimiento ajeno utilizándolo como reclamo de ayuda a cambio de la tranquilidad de la conciencia.

La ausencia de la solidaridad en nuestra sociedad así conceptualizada es uno de los factores fatales causantes de el atraso, el subdesarrollo, la destrucción y la imposibilidad de avanzar para lograr los crecimientos que son vitales para el beneficio y el desarrollo social y humano de todos. La falta de unión, solidaridad y cooperación de los mexicanos, nos lleva a ser vulnerables en la competencia descarnada y sin concesiones del mundo globalizado, victima de la depredación del neoliberalismo. Como dice el colega Julio Tudor en su libro la “Economía Política de la Sanidad (Pág.306) “La naturaleza espontánea del consumismo hace de el una fuerza enormemente poderosa, pero en su seno se da una contradicción que lo limita. El capitalismo de mercado estimula a las personas a ser ávidos consumidores, pero a su vez los degrada como creadores socialmente responsables de valores. A cambio de los mundos de fantasías que podemos comprar como bienes de consumo, el capitalismo crea un mundo real de codicia, egoísmo y muerte del compañerismo”. Son la esencia por los cual se explica la solidaridad ausente en nuestras sociedades

Si la solidaridad prevaleciera, imaginemos como se expresaría en múltiples comportamientos desde antes de que lleguen este tipo de tragedias, veríamos actos de autoridad de los responsables del desarrollo y planeación urbana en todos los niveles de gobierno negando licencias y permisos de uso de suelo en zonas de riesgo o que afecten la sustentabilidad ecológica, empresas e inmobiliarias conformes respetando la leyes terrenales y de la naturaleza; no mas viviendas ni construcciones en los márgenes de cerros, arroyos, ríos, zonas protegidas, el río Santa Catarina seria el espacio libre de esparcimiento ciudadano, sin explotación comercial sirviendo como espacio deportivo y recreativo para toda la población en tiempo de sequías; imagine la empresa FEMSA declarando que han reculado en su decisión de usufructuar el bosque de la pastora para la construcción de su estadio deportivo porque la reflexión solidaria ante la tragedia los ha hecho decidir ser congruentes con el desarrollo sustentable. Los gobernantes hartos de la repetición de la inundaciones, desarrollarían la obra cumbre necesaria del sistema de drenaje pluvial mas avanzado del mundo que de la solución a estas cíclicas inundaciones anuales que por décadas hemos padecido los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, obra que para los gobernantes no ha sido una obra prioritaria porque sus altas inversiones no producen el brillo necesario de sus clientelas electorales. Siguiendo con nuestra imaginación solidaria veríamos el comportamiento generoso de los empresarios proporcionando todo el apoyo inmediato de sus maquinarias pesadas y herramientas en la limpieza y rehabilitación de las calles dañadas, reconstruyendo viviendas; conjuntamente con los organismos asistenciales de los gobiernos proporcionando refugio cómodo a los damnificados proporcionando agua potable, alimentación, vestuario, servicios de salud extendido gratuitamente a toda la población. Gobierno y empresarios proporcionando vivienda en comodato, de las miles existentes sin habitar en la zona metropolitana, en forma inmediata a los damnificados por perder sus viviendas, habilitando inmediatamente los servicios domésticos y solidariamente facilitando los muebles y artículos para el hogar mínimos para la subsistencia. Los comerciantes vendiendo al costo de producción a la ciudadanía, en tanto pasa la emergencia, los medicamentos, materiales de curacion, alimentos perecederos y enlatados, los materiales desinfectantes y de limpieza, el agua embotellada, los pañales, la leche en polvo y el resto de los alimentos que integran la canasta básica. Imaginemos lo mas importante todos en unidad compartiendo el proyecto de una sociedad solidaria con la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y cada uno, ya que todos somos verdaderamente responsables de todos, integrando nuestra historia y nuestra cultura como elementos de identidad que permitan la unión y articulación de esfuerzos para conquistar gradualmente y de manera solidaria el anhelado desarollo social y humano que nuestra patria merece.

REVOLUCION O SEGUIR MURIENDO

Trágicos sucesos nos han conmocionado a la sociedad mexicana desde el incremento de los miles de muertos, alrededor de 24,000 en lo que va del sexenio gobernante actual, en la estúpida guerra declarada por el gobierno espurio de Fecal con los cientos de victimas inocentes civiles, niños, mujeres y jóvenes hasta la muerte de candidatos y políticos como el realizado el pasado lunes 28 de junio con el colega médico Rodolfo Torre Cantú, candidato al gobierno del estado de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional, asesinado cruelmente por los presuntos delincuentes de los carteles que han estado influyendo en la gobernabilidad de ese estado y que el periodista Diego Enrique Osorno describe magistralmente como la delincuencia y el marco de la lucha de los carteles que se vive ha provocado además de el silencio de los medios el aletargamiento de la sociedad civil en su conjunto extendiendo el conflicto y las tragedias de una guerra que los mexicanos no decidimos y ni siquiera pasaba por nuestras mentes que sólo habían registrado los horrores de la guerra en otros países. Dice Diego “el silencio que hoy existe en Tamaulipas no se creó de forma espontánea. El silencio, para funcionar, requiere de un sofisticado aparato de represión. Necesita de fosas clandestinas, de gobernantes ilegítimos o ineptos, del monopolio de los cuernos de chivo, de una degradación económica, de policías corruptos y de una sociedad civil aletargada”

Estúpida guerra porque se instrumento como estrategia para lograr legitimar el poder espurio que en complicidad con la oligarquía nos habían robado a la izquierda con nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en las elecciones del 2006 y en el marco de la necesidad de militarizar ese poder para secuestrar el ejercicio de las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, que hoy simulan defender incrementando la represión contra los opositores al régimen. Con una evidente estructura organizacional operativa deficiente de sus aparatos de inteligencia y con la penetración corrupta de sus estructuras burocráticas procuradoras de justicia y de seguridad pública han sido incapaces de desmantelar las organizaciones criminales y ya no sólo desarticularlos sino contener el control territorial de las zonas del país que controlan, han seguido además impunes sus estructuras financieras de esas redes económicas que no se cansan en señalar los expertos internacionales de la ONU como el eje central estratégico de ataque para logara menoscabar la fuerza de la delincuencia y disminuir la violencia agobiante que nos han impuesto en todo el país y la señalan como la más grave omisión de dicha estrategia al mantener intocadas las estructuras financieras y las redes de corrupción del crimen organizado

Estúpida guerra que a nombre del estado enarbolan políticos y gobernantes detentadores del poder del estado, la mayoría carentes de principios y valores de la ética política, integridad ideológica, con una formación y desarrollo humano cuestionables, resistentes a integrar el conocimiento científico al ejercicio de las políticas públicas, con un pasado ignominioso cuestionable por sus comportamientos legales y éticos, sin visión de estadistas, con perfiles caciquiles, rehenes de los poderes fácticos y con un nacionalismo patriotero destacado por su frivolidad en los actos políticos trascendentales y lo mas lamentable integrados a las redes del ejercicio corrupto y transgresor de las leyes en los diferentes círculos del poder que determinan el quehacer político actual en esas mafias que AMLO analiza y describe con claridad en su libro sobre “La Mafia que se Adueño de México... y el 2012".

El asesinato del candidato de la alianza entre el PRI, el Partido Verde y el Panal al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, junto con seis de sus colaboradores, perpetrado por el crimen organizado, supone un serio desafío al Estado mexicano y a la supervivencia de las instituciones democráticas. Ello exige una respuesta responsable y con visión de Estado por parte del gobierno federal para afrontar los errores que se iniciaron desde su estrategia al empezar esta estúpida guerra contra la delincuencia organizada, visión que lamentablemente se ausenta y en su lugar se recurre a otra de las estrategias recurrentes del poder promoviendo diálogos y consensos entre las clases dirigentes políticas y empresariales, reproductores de la simulación y perpetuadores de los problemas que intentan resolver, usando los medios de comunicación para seguir manipulando la información y promover esa unidad que busca diluir la magnitud del problema que tenemos de nuestra sociedad desde una perspectiva integral que ataque de raíz la impunidad en todas las instituciones que perfilan ese estercolero de los escenarios del quehacer político que ya había expresado en el artículo anterior.

Hacer el llamado a un frente común en defensa de la institucionalidad democrática y de la convivencia civilizada entre los mexicanos, ante la amenaza del narcoterrorismo sólo debe ser parte de la propuesta integral de terminar con la sociedad de la impunidad que prevalece con el persistente modelo de desarrollo económico que por decenas de años sólo ha provocado el estancamiento del desarrollo social y humano de nuestros habitantes con sus lacras de desigualdad y pobreza. Corrupción, Impunidad y delincuencia han constituido las bases del quehacer político de los sectores públicos y privados engendrándose una clase política mediocre, corrupta, con una desenfrenada ambición de poder, desdeñosa de la legalidad y totalmente ajena a los valores democráticos. Ante la gravedad de las circunstancias se necesita políticos dispuestos a enfrentar realidades que permitan no sólo acabar con la alta tasa de impunidad de la delincuencia organizada en nuestro país que va del 95 al 98 por ciento de acuerdo con el Dr. Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad, quien no se cansa de referirnos además que el éxito de una estrategia victoriosa contra la delincuencia pasa por atacar la corrupción política en sus raíces, estrategias que han sido aplicada con éxito en 17 países, como Colombia, Jordania e Italia donde se tuvieron que afrontar las extensas redes de corrupción existentes de las elites política y empresarial del país, provocando encarcelamiento y trágicos suicidios de funcionarios, parlamentarios y “honorables” empresarios señalados como responsables por las autoridades judiciales. Poner fin al pacto de impunidad en México parece utópico como lo señala Hector Tajonar “debido a los acuerdos secretos, aunque conocidos por organismos de inteligencia internacional, por especialistas en la materia y muchas veces por la opinión pública nacional, pero sospechosamente ignorados por las autoridades judiciales del país. Romper con dicho pacto de impunidad es la única forma de acabar con las inmensas redes de corrupción que permiten la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas, policíacas, judiciales y empresariales del país”.

El llamamiento debe ser por la unidad nacional de todos los mexicanos contra la impunidad, la corrupción y la delincuencia en todas sus manifestaciones para de ahí transitar al Estado pleno del ejercicio del derecho que permita a los gobiernos, partidos y sociedad acabar con la absurda, improvisada y estúpida guerra que contra éste inició el gobierno de Calderón. De tal forma que necesitamos que todos estemos dispuestos a pagar los costos de la operatividad en primer termino de un acuerdo de acabar con la impunidad, iniciando la limpieza de toda la basura derivada de pactos obscuros, transgresores de la ley, instrumentados no sólo al margen de la legalidad sino de la mínima ética que se requiere para el quehacer político y social para luego transitar a la cabal aplicación del anhelado estado de derecho lo cual significaría lo que en ciencia política se denomina reinventar el Estado, logrando revolucionarnos con la mínima violencia en la construcción de esta nueva historia de nuestra sociedad donde ademas la democracia sea la virtud prevaleciente en el seno de nuestra cultura y dejemos así el pasado ignominioso de autoritarismo, desigualdad, explotación, corrupción e impunidad que hemos padecido durante siglos.