DESARROLLO SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE NUEVO LEON

Todos los gobernantes tienen como objetivo principal lograr los más altos niveles de desarrollo social y humano de sus sociedades, en los países democráticos el estado privilegia políticas económicas y sociales que incrementen la calidad de vida que se traduzca en mayor bienestar, prosperidad y la felicidad de sus habitantes. Los gobernantes de Nuevo León han integrado, cuando menos en sus textos del Plan Estatal de desarrollo (PED) y discursos políticos, que el cumplimiento de derechos sociales como “el acceso universal a la educación y a la salud, a una alimentación adecuada, al deporte y la cultura, es un rasgo esencial de un sistema democrático”.

Resulta que en relación a este desarrollo, los avances siguen sustentándose en el marco de la situación que guarda el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que según los políticos es un indicador apropiado para medir la incidencia de la pobreza y la desigualdad, dado que resume adecuadamente las condiciones de vida y permite comparaciones con otros estados y países. Este índice incluye esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos y de matrícula en educación básica y superior; y PIB per cápita. El informe del PNUD del 2005, sobre el IDH, coloca a Nuevo León como la segunda entidad mejor posicionada, después del Distrito Federal. de los 51 municipios del estado, 28 son calificados con un índice alto y los restantes 23 con un índice medio, a pesar del Incremento del número de personas que viven en condiciones de pobreza por las fuertes crisis económicas al 2006, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los municipios del sur del estado presentan una incidencia de pobreza patrimonial superior a 50 por ciento de su población, con niveles de pobreza pueden equipararse con los correspondientes a Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Veracruz, que se encuentran entre los estados más pobres del país.

 

En Nuevo León los gobernantes se ufanan de que contamos con un nivel “elevado” de desarrollo humano, en relacion a otros estados, evitan primero compararse en relación a los países con altos niveles de IDH, en donde para nada persisten las condiciones de desigualdad, pobreza y zonas de alta marginación visibles en el AMM y en los municipios. Aun cuando en el PED se considera como principio rector de todo el plan lograr mayores oportunidades de desarrollo humano y sustentabilidad políticas sociales, fundamentados en el principio imperativo de la justicia social, no hace referencia a la necesaria obligación del estado de cumplir en proporcionar garantías para el ejercicio de los derechos sociales a todos, resulta que este principio es reducido a brindar de manera equitativa el acceso a los bienes y servicios suministrados del sector público y en forma compensatoria a la población en desventaja, generando el asistencialismo en las políticas sociales, que han constituido las bases del clientelismo electoral ignominioso de la población marginada y en pobreza.

 

En sus paradigmas visionarios siguen condicionando el desarrollo humano integral al desempeño de sus políticas económicas neoliberales que han sido generadoras paradójicamente de graves retrocesos en el bienestar de las poblaciones, en todo el mundo, incluidos en los países mas desarrollados. Su definida visión sobre este eje estratégico, que refieren en el PED, como “Hacia 2015, las políticas públicas y los mecanismos para ponerlas en práctica favorecerán un mayor nivel de bienestar de la población, la cual dispondrá de un equitativo abanico de oportunidades para el desarrollo social y humano integral, acorde con el desempeño de la economía, en entornos urbanos adecuadamente planificados y articulados y sustentables, en armonía con el cuidado de los recursos naturales y con una ordenada distribución de espacios para la vivienda, la recreación, la industria y el comercio, lo que fortalecerá la cohesión política, social y cultural.”, enmarca los factores que han sido permanentemente transgredidos con sus políticas depredadoras.

 

En el eje de generación de riqueza ya observamos sus deficientes desempeños en las políticas económicas que no han logrado avances trascendentes para superar la desigualdad con sus lacras de pobreza y marginación social generadoras de ambientes familiares que en su mayoría viven diariamente emproblemados, agobiados por la falta de recursos económicos, endeudados y con carencias crónicas para satisfacer sus necesidades básicas desde la alimentación, educación, salud hasta el habitar en una vivienda digna y no se diga el tener libre acceso a actividades culturales, deportivas y otras de esparcimiento vitales para su desarrollo integral. Por otra parte sus aspiraciones visionarias de “entornos urbanos adecuadamente planificados, articulados y sustentables en armonía con los recursos naturales” contrastan con las realidades pragmáticas de sus intereses económicos en los planes de desarrollo urbano que no logran, desde 1944 que los iniciaron, ni siquiera proporcionar cobertura plena en la disponibilidad de los servicios básicos como el agua potable, el drenaje sanitario y la electricidad, mucho menos infraestructura y equipamientos urbanos que faciliten el acceso a los servicios y las facilidades propias de las ciudades modernas, ni que decir de las viviendas dignas que recurrentemente dicen ofrecer, que no logran superar el hacinamiento y las condiciones precarias prevalecientes, además de no lograr el transporte público de calidad, las vialidades necesarias y los espacios para la recreación y esparcimiento de la familias en toda el área metropolitana de Monterrey, donde habita el 91% de toda la población del estado.

 

Lo más grave ha sido que las grandes inversiones financieras del estado, ejercidas con este propósito, han estado inmersas en conductas corruptas en los procesos administrativos, que han ido desde el tráfico de influencias, desviación de recursos hasta el desarrollo de fraudulentas obras con malas calidades en los materiales e insumos que las conforman. Las normas, reglamentos y planes de desarrollo urbano desarticulados de los municipios, sustentados en el artículo 115 constitucional, y la falta de atribuciones del gobierno estatal, acotadas por la Constitución han servido como fundamentos leguleyos para transgredir y evadir las responsabilidades impunemente de estos actos corruptos. Así sus proyectos estratégicos integradas en el PED para lograr la Funcionalidad, regeneración y sustentabilidad urbanas para propiciar un desarrollo urbano ordenado, equilibrado y sustentable no han logrado concretar un “Programa estatal de desarrollo urbano sustentable y el programa especial para la región periférica, con una amplia participación y el consenso de la población, con sus programas de desarrollo urbano sustentable, debidamente oficializados, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente.” Sigue pendiente el fortalecimiento eficaz de la coordinación de los distintos niveles en la planificación urbana de la entidad, con los municipios, pero sobre todo con los ciudadanos para regular este tipo de acciones, sobre todo para fortalecer los instrumentos normativos, mediante la vinculación del Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Evaluación de Impacto Ambiental. No sólo no se ha logrado el desarrollo de proyectos urbanos armonizados con la funcionalidad urbana del AMM y la conectividad de los municipios sino con ese ordenamiento ecológico territorial que le de la sustentabilidad tan referida en las políticas del PED, sus desarrollos de infraestructura vial no logran alcanzar la integración de vialidades continuas, que siguen agobiando a los ciudadanos con las perdidas de tiempo y el estrés consecuente, afectando su bienestar y productividad.

 

El caso mas emblemático ha sido su proyecto de integración de los corredores de flujo continuo en las avenidas Lázaro Cárdenas, Sendero Norte, bulevar Díaz Ordaz y Av. Morones Prieto, a efecto de conectar con las principales carreteras de acceso al AMM, que a la fecha siguen generando los problemas referidos. Ni que decir de la Regeneración urbanística de zonas estratégicas, sigue pendiente el desarrollo integral del centro de la ciudad de monterrey, actualmente limitado al desarrollo urbano arquitectónico aledaño al actual paseo Santa Lucía (segunda etapa), y de otras zonas estratégicas del AMM y de las ciudades medianas del centro y norte del estado, prestando atención principalmente a aspectos como la integración con el entorno natural, la movilidad y la seguridad de los habitantes. Si algo ha caracterizado a los funcionarios y gobernantes es la planeación con visión prospectiva que permita solucionar los problemas de largo plazo, así sus obras son ejecutadas con soluciones a corto plazo, alimentadoras de ese circulo vicioso de los periodos sexenales con sus demagógicas demandas y soluciones exitosas.

 

En materia de vivienda, las políticas públicas siguen sin “Fomentar la construcción de desarrollos urbanos integrales periféricos, con viviendas dignas, infraestructura hidráulica, energética, de vialidad y transporte, con equipamientos sociales, comerciales y de trabajo, que hagan autosustentable dichos desarrollos”. Siguen prevaleciendo transgresiones en la planificación urbana, sin prevención rigurosa de los riesgos naturales, como han emergido en los periodos de inundaciones; la infraestructura y equipamiento necesario, los espacios verdes y naturales así como los lugares necesarios para recreación; deporte y convivencia familiar, siguen deficientes. Fomentar las edificaciones bioclimática, verdes o sustentables, como lo establecen en el actual PED será uno de los grandes pendientes del actual gobierno. Los nuevos fraccionamientos populares, con base en un nuevo modelo de construcción progresiva de vivienda, con equipamiento integral, incluida la dotación de las redes y los servicios de agua potable, drenaje sanitario, electrificación y alumbrado público, así como la arborización de las áreas verdes municipales y el frente de las viviendas son limitados por los intereses económicos de la industria inmobiliaria. Por eso reducen el objetivo a desarrollar “ 200 mil acciones de vivienda en el sexenio, bajo conceptos de sustentabilidad, mayor conciencia ecológica y equipamiento urbano integral, para que se disponga de escuelas, unidades médicas y áreas verdes, entre otros elementos, a fin de aminorar la necesidad de traslados prolongados. En fin, en materia de vivienda se ha fomentado a través de los programa oficiales de vivienda (Fomerrey, Fovi, etc...) vivienda mayoritariamente popular desvinculada de las actividades propias del área metropolitana sin transporte ni equipamientos adecuados, comercios, servicios y empleos, siguen siendo desarrollos habitacionales insuficientes e inadecuados, además han sido coadyuvantes de la acelerada suburbanización existente con asentamientos humanos irregulares y otros con gran marginación social que se suman a la generación de los grandes problemas sociales de violencia e inseguridad como el caso paradigmático de la zona conocida como la ALIANZA del AMM.

 

En el caso de la solución a los problemas del transporte público, el PED ha desarrollado dos grandes proyectos estratégicos uno, ha sido la incorporación de transporte colectivo, metrobús para el cual se esta construyendo el corredor Lincoln-Ruiz Cortines, que facilitará el traslado masivo de pasajeros, en carriles confinados y preferentes para autobuses de alta calidad, otro es la ampliación de la red troncal del metro, la construcción de la línea 3, que apenas se ha iniciado, para satisfacer las necesidades de transporte colectivo de la zona nororiente del AMM. Nada refieren de lograr la modernización del Transporte público con políticas que afronten los intereses corporativos de las mafias sindicales y empresariales que siguen imponiendo sus intereses a la solución de los grandes problemas de los ciudadanos agobiados por el alto costo y las persistentes deficiencias en la calidad del servicio. Seguiremos lejos de lograr “racionalizar y adecuar los recorridos de las rutas de transporte urbano a las condiciones geográficas del entorno, con el propósito de ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de traslado y lograr beneficios ambientales, urbanísticos y económicos”, mas lejos estaremos de “lograr elevar la calidad de los servicios de transporte público favoreciendo la adecuada operación, seguridad, confort y funcionalidad del transporte y la promoción de la inclusión de servicios con facilidades de accesibilidad universal, como se lo han propuesto en este y los pasados PED.

 

En el marco de la cobertura de servicios de agua y drenaje siguen sin lograr la cobertura del 100% de las viviendas, sobre todo en las colonias marginadas del AMM, en las zonas rurales de mayor pobreza en el sur y el norte del estado y en las ciudades en desarrollo ( Linares, Sabinas Hidalgo, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, etc..). Las obras proyectadas para el suministro de agua al AMM en los siguientes 30 años y la ampliación de las redes de agua potable y drenaje sanitario en el marco de la construcción de un segundo anillo de transferencia de agua potable para el AMM y la ampliación de sus plantas de tratamiento, siguen obstaculizadas por problemas financieros. El AMM sigue sin satisfacer la gran obra pública que se requiere para la solución integral del drenaje pluvial cuyos problemas emergen cada temporada de lluvias con sus miles de victimas algunos dañados en su vida otros en sus viviendas, en sus equipos y mobiliarios, otros en sus autos. La electrificación y pavimentación de las colonias marginadas y de las ciudades en desarrollo complementa los grandes pendientes en esta cobertura de servicios básicos, sobre todo en zonas marginadas, donde prevalecen asentamientos irregulares que siguen siendo fuente de alimentación para el clientelismo político.

 

La preservación integral del medio ambiente, sigue siendo uno de los graves problemas derivados de sus fracasados planes de desarrollo urbano, rural, con el deficiente cuidado y protección de las 29 áreas naturales protegidas, el prevaleciente transporte motorizado público y privado, la falta de cobertura plena en el servicio público para el manejo de los residuos, que no logra pasar del 80%, de la misma forma en que se encuentra el tratamiento de las aguas residuales y las industrias que generan contaminantes. Simplemente cada vez son mas prevaleciente los días con los niveles no satisfactorios de la calidad del aire en el AMM, que las autoridades reconocen como el producto de la perdida de cubierta vegetal debido a los corruptos cambios de uso de suelo asociados a la urbanización, como lo han hecho en el Parque de la Pastora, con el estadio de football, el Parque Fundadora, primero fueron las autopistas de sus fracasados carreras de autos ahora con el museo para los beisbolistas, ni que decir de la invasión de las áreas naturales protegidas que padecen presión urbana, cada vez mas depravadas por los conductas inmorales e ilegales de los empresarios de la industria inmobiliaria.

 

Las acciones eficaces entre los gobiernos federal, estatal y municipal, orientadas a la preservación “integral de este medio ambiente, manteniendo, conservando, restaurando y regenerando las zonas ecológicas, áreas naturales protegidas y parques estatales” siguen entrampadas en los intereses políticos y económicos de las oligarquías, quienes recurrentemente logran que los funcionarios de cada nivel de gobierno se atrapen y se entrampen entre ellos transgrediendo y modificando las áreas naturales protegidas, así como las leyes con su normatividad vigente, donde excluyen o limitan la participación ciudadana y de la organizaciones ambientalistas en la solución de estos problemas; obstaculizando además la promoción en la sociedad de una mayor educación y cultura ambiental, en cuanto a residuos, el consumo racional de agua y energía, la contaminación ambiental en general y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, donde logremos la conservación y el aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre con el manejo sustentable de los ecosistemas para la reproducción de especies. Sin la preservación integral del medio ambiente estamos muy lejos de lograr nuestras acciones responsables sobre las causas y efectos que el cambio climático produce en el desarrollo social y económico del estado, implementando oportunamente las acciones que disminuyan su impacto.