A propósito del día internacional
de la Mujer, que fue conmemorado ayer domingo 8 de marzo, la mayor parte de los
diarios nacionales de nuestro país destacaron las declaraciones de la directora ejecutiva de la ONU-Mujer,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, quien afirmó que
llegó el momento de alcanzar en el planeta la igualdad de género y el
empoderamiento del sector femenino, tras siglos de discriminación y sus dos
interrogantes prevalecientes en su informe: ¿Qué clase de mundo es éste que
condena a la mitad de su población a una condición de ciudadanía de segunda
clase en el mejor de los casos y a la esclavitud absoluta en el peor? ¿Cuánto
costaría en realidad liberar el potencial de las mujeres?, preguntó en una
declaración.
No podría ser menor el
cuestionamiento, ante el activismo lento y en algunos casos simulado de los
políticos gobernantes, funcionarios, líderes empresariales y religiosos, posicionados en el poder de la mayoría de los
países, desde que en 1975 la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer2
y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional; cuya historia
se remonta desde la revolución francesa en 1789, donde las mujeres parisinas reclamaron
la igualdad social bajo el lema “libertad, igualdad y fraternidad”, hasta en la propuesta de Clara Zetkin de
proclamar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en
el seno de la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en
Copenhague, donde se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las
mujeres.
Acaso no han sido los líderes
religioso, a través de la historia, los que más se han opuesto a la plena
igualdad de las mujeres, religiones fundamentalistas como la musulmana además
de seguir conculcando los elementales derechos humano, siguen usando los
castigos infames de la lapidación, en algunos casos hasta la ignominiosa
ablacion del clítoris en las mujeres; en tanto las religiones cristianas
persisten en marginar a la mujeres religiosas de sus derechos humanos y negar
sus derechos sexuales y reproductivos, en tanto su papa
actual, Francisco su mensaje se reduce a enviar un” saludo especial a las mujeres y aseguró
que marginarlas convierte al mundo en estéril”.
Nuestra lucha ha sido para erradicar la
discriminación de género y hacer posible la construcción y el ejercicio pleno
de los derechos sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de
todos y todas en el marco de la igualdad. Estamos claros que la inequidad de género, no
es sólo una relación de poder que reproduce la desigualdad e impide el pleno
goce de los derechos humanos integrales de las mujeres, es también un obstáculo
para el desarrollo humano y social. La experiencia internacional, demuestra que
las sociedades que tienen menor inequidad de género gozan también de mejores y
mayores tasas de desarrollo y cuentan con democracias consolidadas y
participativas, como es actualmente en los países nórdicos, Suecia, Noruega,
Finlandia, Dinamarca e Islandia.
Las legislaciones, los programas,
las dependencias y los institutos de la mujer que se han creado en México y en
nuestro estado de Nuevo León, deben reconocer que se han integrado a ese
activismo lento y simulado de las necesarias actividades trascendentes para
lograr mejores avances en la igualdad de género, en ocasiones su silencio se
vuelve cómplice ante atrocidades como los feminicidios, los secuestros y las desapariciones.
No habrá igualdad sino erradicamos
la violencia y discriminación de que son objeto las mujeres, si no consolidamos el pleno uso de sus
derechos, instituimos la perspectiva de género como criterio fundamental,
permanente, en la formulación y ejecución de las políticas públicas y si no garantizamos
la plena libertad de las mujeres nuevoleonesas para elegir y ejercer cualquier
profesión y empleo; menos si las normas laborales no incorporan la
reivindicación de los derechos de las mujeres, construyendo un marco legal que
garantice trabajo digno, condiciones de trabajo seguras, equitativas y
satisfactorias y una remuneración justa para las mujeres, que haga valer el principio de que a trabajo
igual, salario igual, se trata de eliminar los obstáculos que impiden a las
mujeres hacer uso pleno de su derecho al trabajo, entre ellos el requisito del
examen de ingravidez para ingresar a un empleo, o el embarazo como causa de
despido, que todavía prevalecen en nuestras sociedades.
No basta la promoción e
integración de la legislación más
estricta contra el acoso y abuso sexual y laboral de las mujeres, si diariamente
son transgredidas impunemente. Tenemos que
Incluir en la formulación y aplicación de las políticas públicas las relaciones
de poder al interior de las familias para que no contribuyan a reafirmar el
machismo y la exclusión y sean eficaces
para reducir las desigualdades; impulsar una política de igualdad de
oportunidades que cruce todas las instancias y niveles de gobierno y en el
sentido de que las tareas asumidas hasta ahora individualmente por las mujeres
se compartan equitativa y solidariamente por toda la sociedad, pero sobre todo
si no integramos el Presupuesto de Egresos del estado , asignando un porcentaje
del presupuesto programable para atender las necesidades específicas que
facilite el acceso de las mujeres a mejores estadios de desarrollo.
Debemos garantizar el derecho de
la mujer a la salud, haciendo efectivo el acceso de las mujeres a servicios de
salud de calidad, sin discriminación, integrando la prevención y atención de la
salud en todo su ciclo de vida; garantizando el derecho de la mujer a decidir libremente el
número y espaciamiento de los hijos y se le provea los medios para hacer
efectiva esta decisión; además que se proporcione información sobre los
diversos métodos de planificación familiar; se impulsen campañas de educación
sexual, así como difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente
para promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos para acceder a
servicios de alta calidad para la interrupción legal del embarazo. Es una alta
prioridad abatir las altas tasas de mortalidad del cáncer mamario y
cervicouterino que las mujeres de Nuevo León padecen y el alto porcentaje de
embarazos (25%) que se da en la población adolescente. Las madres solas de
escasos recursos residentes del estado
tendrán el derecho a recibir un Apoyo Alimentario mensual equivalente a
cuatro días de salario mínimo general vigente.
En fin, la igualdad de género es
impostergable, debemos de abatir la mortalidad materna, las restricciones a la
salud sexual y reproductiva, sobre todo lograr el derecho a decidir en libertad sobre
sus embarazos, a ejercer plenamente sus derechos laborales, pero sobre todo acabar con la
prevalencia de la pobreza y generar los mayores años de vida saludable y el
incremento general de la esperanza de vida en la mujer.
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