POLÍTICOS Y SALUD MENTAL

Siguiendo con mis vivencias y reflexiones sobre los políticos y la salud mental, asocie lo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció este lunes, como las denuncias de corrupción, actitudes de machismo y discriminación de los candidatos de su partido en el poder, influyeron en la derrota que sufrió su partido en las elecciones del domingo para gobernadores y alcaldes, en las que la oposición arrebató plazas claves al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Los comicios consolidaron tres fuerzas opositoras: el MAS,  los Demócratas,  la nueva agrupación Soberanía y Libertad;  ahora los indígenas no están sólo con la bandera de Evo, también la oposición los está incorporando y logró mejores resultados en estas elecciones.

Resulta que una de las lacras que obstaculizan el desarrollo humano y social, siempre ha sido la corrupción, que es producto de la transgresión a los principios y valores básicos, que determinan el funcionamiento del individuo en sus interacciones sociales y en el caso de los políticos, sin estos valores, se incapacitan en la búsqueda elemental del bien común. Estas transgresiones han estado incrementándose en todas las sociedades, independientemente de los poderes políticos y religiosos, que las gobiernan y del contexto ideológico de sus partidos, y funcionarios gobernantes en los diferentes sistemas sociales, como lo han demostrado los hechos más recientes denunciados, desde los países con supuestos altos niveles de desarrollo social y supuestos primeros lugares, como menos corrupción, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, con sus ignominiosas corrupción de los banqueros, en la crisis inmobiliaria de principios de este siglo; hasta en los países donde sus líderes pregonaban el desarrollo democrático y acabar con la corrupción pública, como ha sucedido en China, Brasil, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

Ni que hablar en países como India, el nuestro, México, emergentes en vías de desarrollo, desde el siglo pasado, donde las conductas corruptas son condiciones exigidas para el ejercicio del poder político, como sucede también en la mayoría de los países de América, Asia Pacífico, Oriente Medio y Norte de África , Europa del Este y Asia Central  y la África Subsahariana, que siguen ocupando un orden decreciente de menos de cincuenta puntos en al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, de acuerdo a este índice, nuestro país, se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones. En el espejo de la corrupción nos vemos igual que Kosovo, Mali, Filipinas y Albania.

La instauración de la corrupción como forma de vida, no sólo ha dañado las economías de nuestros países, que en el caso de México nos cuesta, al menos 100,000 millones de dólares al año, estimado según economistas de Forbes, que a la fecha podrían garantizar el pleno goce de los derechos sociales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda de todos los mexicanos, además de una mejor infraestructura de obras públicas en nuestra nación. La corrupción en nuestro país conlleva a otras nefastas consecuencias, favorece la impunidad o promueve la injusticia, que  termina permeando la dinámica social y absorbiendo a la ciudadanía integrándola a la inmoralidad en sus interacciones sociales, lesionando seriamente la honestidad como valor fundamental del ser humano. Parafraseando a los clásicos: “si la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, la  sociedad está condenada al colapso”. 

 

Así a las prevalecientes conductas de corrupción en los políticos, se suman sus rasgos de personalidad de ser mentirosos, manipuladores, simuladores, autoritarios, prepotentes, clasistas, misóginos, machistas, homofóbicos, envidiosos, muy lejos de la honestidad que se contraponen al fomento de las relaciones saludables, el óptimo desarrollo, el uso de todas las habilidades mentales y la adquisición de metas de los integrantes de la sociedad en condiciones de equidad y justicia.

Hace una década, los expertos del Comité de salud mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consensaron definir la salud mental, como la “Capacidad del individuo, el grupo y el ambiente de interactuar el uno con el otro de forma tal, que se promueva el bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y el uso de las habilidades mentales (cognitivas, afectiva y relacionales), la adquisición de las metas individuales y colectivas en forma congruente con la justicia y la adquisición y preservación de las condiciones de equidad fundamental”, los políticos gobernantes de las naciones han hecho caso omiso, obstaculizando también el resolutivo de ese mismo órgano que declaraba:

 

 “ La Salud Mental es el goce del grado máximo de salud que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales e inalienables del ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social.”.