viernes, 11 de marzo de 2016

SOBRE EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE NUEVO LEÓN -2016

Hoy viernes 11 de marzo,  concluyeron los actividades de la consulta ciudadana, para concluir la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2020 para Nuevo León, una vez  más, observe que la instrumentación de los mecanismos democráticos, exigidos en la ley, para su elaboración, terminaron por convertirse en estrategias simuladas de foros y demás mecanismos de consultas públicas, donde las aportaciones y propuestas de los asistentes, sirven sólo para exhibir el informe numérico de los participantes, desdeñando la calidad de sus contenidos, más si se trata de personas ideológicamente contrarias, exhibiendo la falta de respeto a la pluralidad y a la diversidad de nuestra sociedad,  lo que es peor, no sólo se desdeña la participación general de la sociedad, sino la de los y las trabajadoras integrantes de los diferentes sectores del gobierno. Se trata de hacer como que se cumple con la ley, de tal forma que los consejos integrados por notables, donde prevalecen empresarios, leales y sumisos al gobernante en turno, con sus expertos académicos, subordinados y dependientes económicos, bien asesorados por los consultores, contratados para su elaboración, por el cual cobran muy bien sus honorarios, terminen el ejercicio técnico que culmine en la elaboración del diseño más fastuoso del documento y luego plasmar su perorata contundente en su presentación central en su parafernalia que nunca falla: “Este Plan es resultado de un auténtico proceso de deliberación, democrático, plural e incluyente, que recoge las inquietudes y necesidades de todos los sectores de la sociedad”.

Resulta que, en este proceso, envié observaciones a los organizadores, sobre alguno de los textos, mal redactados, con informes estadísticos que tienen errores garrafales, sobre todo en el tema de desarrollo humano, recibí acuse de recibo y me solicitaron asistir a ese foro, decliné asistir, porque consideré que son una simulación más, de los que integran el poder real en su construcción, por un lado el denominado Consejo Nuevo León, donde el presidente es Carlos Salazar, director del corporativo FEMSA, y el secretario es Jesús Viejo, coordinador del grupo político, denominado como el grupo de los diez,  principales consorcios, además de  FEMSA, el grupo ALFA, VITRO, VISA y CYDSA CEMEX, IMSA, BANORTE y CONDUCTORES MONTERREY. El resto de los integrantes son representantes de organismos académicos públicos y privados, subordinados y dependientes de ese poder económico, sin margen de maniobra para ejercer independencia y libertad cabal, otros son organizaciones de la sociedad civil, pomposamente definidas como ONG,s, listas para servir como cerezas en el pastel, representando a la ciudadanía, dependientes de los fondos gubernamentales y  empresariales, sin cuyos apoyos no existirían. Amablemente la directora de políticas públicas, me insistió en la invitación, informándome que ella trabajaba al servicio de Fernando Elizondo Barragán (FEB), jefe de la oficina de Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, como si esto fuera garante del desarrollo autentico, honesto, responsable y democrático del proceso; FEB es uno de los políticos empresarios conservadores, influyentes, que además ha sido tesorero y gobernador de nuestro estado en el 2003, ha servido y se ha servido de los intereses e influencias del poder económico de los empresarios que determinan la gobernabilidad y las políticas públicas desde el siglo pasado, después de nuestro proceso revolucionario del 1910.  

En este proceso de su consulta ciudadana, publicaron en internet, (http://www.consultanl.mx/plandedesarrollo.php), lo que ellos consideran como los principales problemas, en sus ejes temáticos de desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo sustentable, seguridad pública y gobierno eficaz y transparente, sólo “como un extracto según ellos de lo que vendrá contenido en el Plan de Desarrollo”. Luego exponen lo que ellos consideran como principales problemas con redacciones de estrategias o acciones, que en algunos casos exhiben fallas en la jerarquización del problema y en su coherencia en el quehacer para su solución. En su ventana para la participación nos imponen un cuestionario rígido y cerrado para valorar sus propuestas sobre los problemas, donde es difícil no estar de acuerdo, de hacer un diagnostico integral y en consecuencia hacer observaciones y propuestas realistas, muchos de sus contenidos son textos refritos del Plan de Desarrollo del Sexenio del gobernante anterior: Rodrigo Medina, pendiente de la acción de la justicia, por el gobernador actual, lo cual no me extraña, porque fueron los mismos representantes de los grupos empresariales e instituciones integrantes de ese Consejo Nuevo León y sus consultores que participaron en esa elaboración.  Luego en sus foros ha prevalecido estrategias  tipo conferencia, donde los participantes son funcionarios públicos, hablan mucho, por lo que dejan muy poco tiempo para los asistentes, que con limitaciones de tiempo enfrentan la soberbia de los organizadores que se sienten únicos propietarios de la verdad, estigmatizando a los críticos, como opositores políticos partidistas, las opiniones ya sean estas verbales o escritas de los presentes, simple y llanamente no son tomadas en cuenta.
Se trata de imponer, de cubrir el requisito que marca la ley, lo ideal sería que nos mostraran todo su documento del Plan Estatal de Desarrollo, donde según ellos según su numerario “participaron unos 600 expertos, entre funcionarios públicos de los primeros niveles de gobierno de 14 secretarías y 70 organismos paraestatales, activistas, académicos y ciudadanos”, además de que invirtieron más de 40 mil horas, realizaron más de 100 consultas especializadas con organismos intermedios y se realizaron mesas de trabajo en la que participaron los funcionarios públicos de los primeros niveles de gobierno de 14 secretarías y 70 organismos paraestatales, activistas, académicos y ciudadanos.

Para rematar, se supone que el político gobernante debe fundamentar sus propuestas del Plan Estatal de Desarrollo, en el contexto de su plataforma electoral exigida por la ley, para ser candidato y que debe contener las políticas públicas que ha ofertado a la ciudadanía en su campaña, lamentablemente es un documento que Jaime Rodríguez Calderón, desdeño en su importancia, no esta publicado en internet, en la página de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, como si está la de todos los partidos políticos, que presentaron candidato a gobernador; sin embargo logré conseguir una copia fotostática en esa misma comisión, de ese documento denominado: Plan de Trabajo, que tiene un contenido raquítico, 8 fojas,  desdeña la calidad de los contenidos que debe tener este documento, sin diagnósticos y con una pobreza en sus contenidos ideológicos políticos, sólo hace referencia de generalidades en los temas del desarrollo económico, educación, participación ciudadana, planeación estratégica, programa especial de la juventud, procuración de justicia, salud, seguridad, desarrollo urbano, modernización administrativa y transparencia gubernamental, trabajo y justicia laboral.
En suma, otra vez, se ausentara la participación de las mayorías ciudadanas, mas las de los servidores públicos que estamos hartos de planeaciones y programaciones que no solucionan los graves problemas de los gobernantes y funcionarios sexenales ineficaces y corruptos. Una vez, mas quienes definieran el contenido de este Plan, son hombres y mujeres que les pagan su sueldo las grandes empresas locales, con el auxilio de otros empresarios que son activistas “ciudadanos” en organismos que se dicen ONG, representantes de la sociedad civil; así como enviados de las instituciones académicas y de educación superior, para complementar la simulación de la participación democrática.

No tenía ni tengo duda: Este plan tendrá el diagnostico, la visión, el contenido estratégico y las acciones a contentillo del poder empresarial que apoyó, encumbro y que hoy lo somete a sus intereses, como gobernador “independiente” a Jaime Rodríguez Calderón, seguirán sin lograr el objetivo principal, del deber ser de todo gobernante: lograr los más altos niveles de desarrollo social y humano de sus sociedades, privilegiando políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas, que incrementen la calidad de vida que se traduzca en mayor bienestar, prosperidad y la felicidad de sus habitantes

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