2013, EL AÑO DE LA IGNOMINIA EN MEXICO

Este año 2013 que estamos por finalizar, ha sido el de mayor calamidades en las políticas económicas y sociales que los gobernantes y funcionarios mexicanos nos han impuesto para seguir obstaculizando el desarrollo humano de los ciudadanos congruente con las riquezas naturales y de sus recursos humanos que históricamente nos ha ubicado en una de las naciones como una de las economias importantes del mundo, hoy ubicada en el lugar 14 por su PIB, después de haber bregado entre las primeras diez lugares. Este año ha sido ensombrecido por un crecimiento económico, que según la CEPAL ha sido menor que el país mas pobre de América Latina y el Caribe: Haiti.

 

Las políticas económicas del régimen nos siguen empobreciendo y este año sus reformas fiscales nuevamente beneficiaran mas a unos cuantos y seguirán generando muchos daños a la mayoría de los mexicanos, la administración de los recursos económicos y patrimoniales de nuestra nación seguirán inmersas en la corrupción y la impunidad sumándose a la depauperizacion del nivel de vida de sus habitantes. Los recursos naturales que tenemos como el petróleo, el gas y los minerales, con su reforma energética ahora serán objeto de mayor beneficio para empresarios extranjeros que con cinismo concretaran el robo mas grande cometido contra nuestra patria, que en este año han impuesto, tratando de legalizar estos criminales actos.

 

Por si fuera poco, este año siguieron con sus mentiras imponiendo sus supuestas reformas a la educacion y a la salud que avisoran el deterioro progresivo de sus males por el papel fundamental que tienen en la calidad del desarrollo humano y social de las personas, nuestro pueblo seguirá con la creciente ignorancia que limita las habilidades del pensamiento, con la proclividad a ser fácil presa de la manipulación mediatica que los poderosos imponen para seguir facilitando su dominación y explotacion en la ciudadania pasiva; en tanto siguen sufriendo paradojicamente entre las prevalecientes enfermedades de la pobreza, como el hambre, la malnutricion, las infecciones y las enfermedades de la opulencia como la obesidad, diabetes y los temibles cánceres cada vez mas generados por los contaminates ambientales y las substancias química que sin controles se integran al procesamiento industrial de alimentos, bebidas, fertilizantes y los productos de consumo domestico para el aseo y la limpieza.

 

Finalizaron con imponer otra de sus reformas políticas, que seguirá muy lejos de lograr la consolidación de la cultura democrática en el seno de nuestra sociedad, mas lejos de integrar la ética política, que logre abatir la mayor lacra que existe en el comportamiento de los políticos y sus partidos: la ausencia de valores y congruencia con los principios que enarbolan, generando políticos proclives a la deshonestidad, sin escrúpulos, incongruentes, sin integridad,aduladores de la mentira y serviles y sumisos a sus señores feudales que les mantienen en sus poderes,

 

Sus reformas a la procuración de justicia, siguen esperando acabar con el régimen de impunidad que los criminales gozan y seguirán produciendo la gran cantidad de homicidios, secuestros, robos e inseguridad que las redes delincuenciales han mantenido por décadas, distinguiendonos como una de las sociedades a nivel mundial, de las mas violentas.

 

2013, ya se va, mantengamos la esperanza, sigamos combatiendo a los generadores de este régimen de oprobio que padecemos los mexicanos.

 

 

 

LOS PROBLEMAS DE MORENA EN NUEVO LEÓN

La organización del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en nuestro estado, ha sido obstaculizada por las resistencias al cambio en los comportamientos políticos, que se contemplan en los documentos básicos y que implican la transformación radical de la cultura política, de los dirigentes y protagonistas, tanto al interior como al exterior de la organización. Simple y llanamente, no hemos logrado integrar la ética política y la democracia plena en el desempeño de nuestras tareas, que constituyen los ejes centrales de nuestro sentido de ser, políticamente, para lograr nuestro proyecto de nación al que aspiramos.

 

A nivel nacional, persisten las tendencias centralistas con sus rigideces e imposiciones en sus decisiones, que no permiten afrontar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que fundamentan el comportamiento político, propio de cada región,  decidiendo estrategias y acciones, algunas de ellas fortaleciendo intereses protagónicos y facciosos, menoscabando liderazgos y autonomías, generando graves deficiencias en la eficacia y efectividad de las diferentes tareas políticas. En nuestro estado los compañeros designados como “enlace” y/o “comisionados” nacionales para fortalecer la referida eficiencia y eficacia política en el desarrollo de las tareas políticas han vivenciado los problemas centrales, sin lograr soluciones a los conflictos derivados de ese faccionismo que prevalece y que ha dañado gravemente las relaciones armoniosas entre dirigentes y protagonistas, necesarias para lograr las metas políticas de Morena en Nuevo León.

A nivel estatal, siguen prevaleciendo la impunidad, las falta de respeto y consideración elementales entre dirigentes y algunos de los protagonistas, derivadas de los comportamientos facciosos, que sin reserva se expresan, por sus actores, con los supuestos apoyos de dirigentes y comisionados nacionales de MORENA. Prevalece la impunidad, porque muchos de los Consejeros y algunos de los secretarios integrantes del Comité Directivo Estatal, no han enfrentado sus responsabilidades en el desempeño de los encargos por los que desaforadamente compitieron, no sólo no asisten a las reuniones estatutarias sino no cumplen con las funciones cotidianas que les corresponden; a ellos se han agregado los recién electos dirigentes de los comités municipales, en asambleas donde predominó la pobre asistencia de militantes de Morena con las lacras de  la simulación y el pragmatismo ramplón de la política que derivo en pleitos, donde los interesados nunca entendieron que no eran puestos, sino encargos, lo que ha generado abortos de algunos de los dirigentes municipales recién fecundados y el virus letal de la ausente vida orgánica política de Morena en sus territorios.  

Las faltas de respeto y consideración han generado graves conflictos personales entre los dirigentes y consejeros, dañando letalmente la unidad en la acción política de Morena, hasta las figuras formales de autoridad son denostadas y violentadas en el ejercicio de sus funciones, muy alejadas del principio central de morena como organización política que establece la prevalencia del respeto que debe emerger de las relaciones fraternales y solidarias con los y las compañeras protagonistas, mucho mas con los ciudadanos que son victimas atroces del sistema corrupto que prevalece aniquilando estos valores esenciales en las relaciones humanas.     

El problema mas grave es la deshonestidad que se proyecta en las prevalecientes mentiras en el desempeño de responsabilidades que generan simulación y perversas manipulaciones con el afán de satisfacer intereses personales o grupales; han sido las mentiras el instrumento perfecto del régimen de oprobio que vivimos, los mexicanos para manipular y mantener la debilidad de la acción de las masas hacía las necesarias conductas de protesta que logren los cambios revolucionarios.

El fracaso para el desarrollo de la asamblea estatal constitutiva de Morena en Nuevo León, el pasado 8 de diciembre, para convertirse en partido político nacional simple y llanamente se debió a la prevalencia de conductas deshonestas en el quehacer político de dirigentes, consejeros y activistas de todo el estado. La firme percepción de esta prevalencia no excluye el reconocimiento de los compañeros que visiblemente trataron cunado menos de cumplir honestamente con las tareas y responsabilidades que les fueron encomendadas, sobre todo el comité organizador de este evento. La tarea era muy simple, una y otra vez se insistió en focalizar el objetivo: lograr la asistencia de los más de 3000 ciudadanos que con su presencia legitimaran el desarrollo y los acuerdos de la asamblea, simple, porque bastaba que entre dirigentes estatales, municipales, consejeros y destacados activistas sumáramos 100 personas responsables que lográramos la meta.   La mayoría no pudimos vencer los infestados virus del protagonismo, con los que el sistema político  mexicano ha logrado enfermar la cultura política para denostarla y generar antipatías hacía el activismo en y con los políticos, mas con aquellos que, como nosotros, estamos intentando organizarnos como partido político.

El 19 de enero del próximo año, tenemos otra oportunidad de lograr el objetivo, venciendo estas y otras adversidades que estamos acostumbrados a vivir quienes mantenemos la férrea convicción de promover y fomentar la congruencia y la integridad con los principios e ideales que protestamos cumplir y hacer cumplir con MORENA.

    

MATANDO LA REVOLUCION MEXICANA

Por primera vez el régimen priísta, que fue engendrado y mantenido por los ideales del movimiento revolucionario de 1910, suspendió la ceremonia oficial conmemorativa del pasado 20 de noviembre, día en que se inicio este movimiento armado contra las injusticias de la dictadura del gobierno de Porfirio Díaz y que, año tras año, les ha servido para celebrar y festejarlo como el aniversario de la Revolución Mexicana

 

Cuando menos hay que reconocer la congruencia del régimen priísta, con sus fines, que nos gobierna en contubernio con las fuerzas contrarrevolucionarias de los poderes políticos y económicos, que han logrado ir desmantelando los ideales de los próceres revolucionarios, desde los ideales democráticos de Francisco I. Madero, hasta los principios demandantes de tierra y libertad de Emiliano Zapata y Francisco Villa, sin olvidar las luchas por la defensa de los trabajadores de Ricardo Flores Magon, que conjuntamente con muchos intelectuales influidos por los ideales del liberalismo y el socialismo enriquecieron la lucha revolucionaria, ideales que luego influyeron en las políticas públicas del estado nacionalista y de bienestar concretadas por el presidente Lázaro Cárdenas durante su sexenio presidencial en 1934-1940 y que fueron vigentes hasta el desmantelentamiento  que el capitalismo neoliberal inicio en la década de los setentas, del siglo pasado imponiendo sus políticas económicas depredadoras a nuestros países con sus títeres gobernantes.

Fueron muchos años de combates, millones de muertos, con sus múltiples tragedias, que incluyeron el asesinato desde estos héroes de la revolución, hasta las luchas intestinas por el poder con sus lacras de represión sangrienta que también incluyeron el asesinato político de presidentes y personajes amenazantes de los oligarcas contrarrevolucionarios, renuentes en la construcción de una sociedad democrática con mejores niveles de desarrollo social, económico y político que dejara atrás las lacras de injusticia, explotación y pobreza en la que estaba inmersa la gran mayoría de la población, mayormente la del zona rural.

 

Hoy en el sexenio actual, con su presidente Enrique Peña Nieto, pretenden concretar el final de la lucha por la construcción de ese estado soberano, nacionalista y de bienestar en complicidad con los oligarcas partidistas y empresariales, imponiendo sus reformas políticas, económicas, hacendarias, educativas, laborales, energéticas a satisfacción de los intereses  del los lideres del capitalismo neoliberal que domina el mundo desde los países imperialistas. Han logrado acabar con el estado laico en contubernio con los poderes eclesiásticos, quienes se han fortalecido en sus influencias sobre el ejercicio del poder por los gobernantes.

 

Sus reformas economicas, una y otra vez, han sido generadoras de infimos niveles de desarrollo economico, que hoy estupidamente nos hacen tener menos crecimiento con paises como Haiti, sus soluciones hacía mas empleos con mejoras en la productividad sólo han logrado mas desempleo, empobrecimento y hambre en la mayoría de los mexicanos. 

Han desmantelado la reforma ejidal que genero en justicia la tierra para que los campesinos, explotados por los caciques y terratenientes, pudieran trabajarla libremente y en colectividad lograran los mas altos niveles de productividad y bienestar no sólo para sus familias sino coadyuvando con ese fin con nuestra sociedad; hoy son estas zonas donde prevalecen los mas ínfimos niveles de desarrollo humano y social con sus lacras de pobreza y marginación social.

Sus reformas educativas han logrado coadyuvar con las estrategias de dominación y explotación de los depredadores lideres del capitalismo neoliberal mundial sumiendo a las poblaciones en el analfabetismo y la ignorancia, alimentando la pasividad, la proclividad a la manipulación y subsumiendo a nuestra sociedad a niveles ínfimos de desarrollo social y humano

Las reformas laborales han empobrecido los ingresos económicos de los trabajadores, con sus miserias salariales y la pérdida de prestaciones vitales de la seguridad social, como el acceso a un sistema de jubilación y pensiones dignas, así como el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.

Las reformas energéticas no sólo han generado los costos mas elevados de sus servicios públicos, sino han menoscabado sus capacidades productivas generando en las empresas del estado burocracias institucionales inmersas en la corrupción y pésimas administraciones, coludidas con los sindicatos corporativizados por los gobiernos del régimen priísta y los panistas empoderados. Hoy que en esta semana, han logrado imponer su reforma privatizadora de PEMEX, apoyados por los panistas y la abominable izquierda de los chuchos que dirige el perredismo, que se vendieron en el ignominioso pacto por México, para legitimar a Enrique Peña Nieto y sus reformas espurias, simulando actualmente su oposición,  y con toda una campaña mediática de mentiras no debemos dejar que logren concluir la muerte de los principios e ideales revolucionarios que constituyen la esencia de nuestras aspiraciones en la construcción de una nación democrática con los más altos niveles de desarrollo humano y social de sus habitantes.

Los políticos partidistas que con sus diputados y senadores lograron imponer estas reformas más que traidores, son unos simples criminales asesinos,  dispuestos a matar cualquier ideal vigente revolucionario, da vergüenza su cinismo festivo sobre lo que hicieron y que no dudamos en lograr el desmantelamiento de sus reformas espurias y anacrónicas.  

 

PED, GOBIERNO PRODUCTIVO Y DE CALIDAD

El último de los cuatro ejes estratégicos generales del PED de Nuevo León, con el cual concluimos nuestro analisis en este blog, corresponde al gobierno productivo y de calidad, del cual según sus autores, se precisa para operar todas las acciones y objetivos de todas las estrategias contenidas en este plan que en este rubro establece como necesidad: “fortalecer la acción del Estado con altos niveles de responsabilidad, eficiencia y transparencia, a fin de realizar con efectividad su papel de facilitador y promotor del crecimiento; de ente proactivo de la equidad, la justicia social y la democracia; de responsable primordial de salvaguardar la seguridad pública”

La gobernabilidad democrática requiere que los servicios públicos que proporciona los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno sean capaces, honestos y logren estándares de calidad de los mas altos, no sólo perceptibles al momento de los procesos de evaluación interna, sino permanentes, donde diariamente el ciudadano se sienta satisfecho por la eficacia y eficiencia del trato digno en la solución de sus problemas.

El problema recurrente, sexenio, tras sexenio, inicia en la designación de los funcionarios integrantes del gabinete, tanto del primer y segundo nivel, cuyos nombramientos no se corresponden con las necesidades profesionales y de experiencia para el desempeño del puesto y su designación esta más centrada en los intereses políticos del partido gobernante para extender y fortalecer los usos del poder centralizado, mas que el fortalecimiento de la instituciones públicas que logren contribuir a los mas altos anhelados de desarrollo humano y social de muestra sociedad. Estos funcionarios extienden sus redes de poder, reproduciendo este tipo de conductas transgrediendo derechos laborales, sin el minino respeto a la ley del servicio civil de los servidores públicos. Así hemos vivenciado el desempeño de funcionarios responsables de  la educación, sin ser educadores, de salud pública sin formación académica en este ámbito, directores del ISSTELEON sin experiencia en seguridad social, directores de transito sin formación ni experiencia vial, directores de Fomerrey sin formación en políticas de vivienda, etc., etc…

Luego la organización administrativa del gobierno se simula complementar con la formación de consejos consultivos de participación ciudadana, juntas vecinales o comunitarias, y otras instancias de participación y concertación que tienen por objetivo el fortalecimiento institucional y son diluidas a legitimadores de la simulada integración democrática de la ciudadanía en la gobernabilidad, hasta los integrantes de estas instancias, son seleccionadas mediante decisiones verticales y discrecionales de los funcionarios, sin procesos de selección ni participación ciudadana que fortalezcan la cultura democrática. 

 

Así uno de los principales retos de productividad y calidad en este PED, que se ha  enfocado para “Fortalecer la gobernabilidad democrática y participativa, y la alineación de políticas intergubernamentales orientadas al servicio del ciudadano” no ha logrado “privilegiar la política como medio para dirimir diferencias y resolver conflictos en un marco de reconocimiento a la realidad plural del estado y con apego a la legalidad”, el ejercicio de la autoridad con “eficacia, eficiencia y responsabilidad social para mantener el orden público y la estabilidad política”, se ha menoscabado por el autoritarismo que satisface intereses partidistas y de las oligarquías en el estado. Los ejemplos mas trascendente ha sido sus resistencias en aprobar la ley de participación ciudadana, realizar las reformas a la ley estatal electoral y los acuerdos cupulares para aprobar informes financieros de las dependencias estatales y municipales, dictaminados con transgresiones, sin seguir los procesos jurídicos correspondientes, así sus deseos de “ampliar los cauces de la democracia participativa y lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública”, quedan sólo en sus discursos políticos sin lograr la necesaria “colaboración efectiva de los consejos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la administración pública estatal”.

El reconocimiento de esa “realidad plural” sólo será vigente cuando logremos “establecer un diálogo permanente con todos los sectores sociales y las expresiones políticas y religiosas, con base en la tolerancia y el respeto de sus derechos, así como diseñar mecanismos que permitan la viabilidad de sus propuestas”, sin marginaciones ni exclusiones por el peso de la representación del sector u organización que lo propone sino por su trascendencia en coadyuvar al desarrollo social y humano de nuestra sociedad. Esa misma realidad plural se ve obstaculizada por las tareas de los medios de comunicación, que siguen sin aspirar a su democratización, y la inversión financiera excesiva del gobierno en publicidad destinada más a los posicionamientos de los políticos funcionarios que informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que logren ese “sistema de intercomunicación con la comunidad “

Este ejercicio del poder sin integrar la cultura democrática se la que limita el fortalecimiento de las relaciones institucionales en los diferentes órdenes de gobierno, poderes del estado y los organismos autónomos, menoscabando las capacidades creativas, innovadoras “al diseñar, proponer e implementar políticas públicas, programas y servicios concurrentes y complementarios” y en el “fortalecimiento de las instituciones mediante la principios de transparencia, integridad y honestidad en la gestión de los recursos públicos y en la prestación de servicios” que pretenden en este PED. Esto se extiende en las relaciones que el poder ejecutivo tiene con el Honorable Congreso del Estado donde su “estricto respeto a la pluralidad política”, sigue privilegiando el manejo bipatrdidista, cupular PRI-PAN, descalificando y minimizando a los partidos de oposición, principalmente de izquierda, facciosamente se imponen con sus aplanadoras mayorías, reduciendo esa pluralidad al dialogo autoritario e impositivo de sus acuerdos políticos, con sus visiones reduccionistas de los grandes problemas sociales que les llevan a crear leyes que fragmentan los recursos y la acción interdisciplinaria en la solución de problemas. El poder judicial sigue anquilosado a la perniciosa e ignominiosa subordinación con el gobernante en turno, dependiente del entramado de intereses económicos y políticos de la oligarquía en el estado, sin independencia ni autonomía para lograr la modernización en la procuración de la justicia en el estado. Esta misma situación se extiende a organismos autónomos del estado para fortalecer el estado de derecho y las relaciones institucionales como la comisión estatal de derechos humanos y con la comisión de transparencia.

Otro de los problemas trascendentes es la deficiente integración de la ética en los funcionarios públicos que obstaculiza a su vez el desarrollo de la cultura ciudadana para el respeto de la legalidad, los valores cívicos y sociales, así como la protección de los derechos humanos en la entidad, convirtiéndose en fuente de corrupción. La ética en este  PED, no transverzaliza a los programas estratégicos, se reduce a líneas de acción que pretenden: “Fomentar en los servidores públicos la importancia social de la práctica de los valores y principios éticos en el desempeño de sus funciones, impulsando la difusión del Código de Ética entre los servidores públicos, Incorporando en los programas y eventos de formación y desarrollo profesional de los servidores públicos, los temas orientados al fomento de la ética, responsabilidad social, rendición de cuentas, transparencia, legalidad y cultura de la calidad, entre otros y mejorando los programas de evaluación y monitoreo del desempeño de los servidores públicos, así como los de estímulos y reconocimientos al mérito.”

Así, si no se integra plenamente la mística de servicio, subsumiendo la ética, la corrupción prevalece como uno de los graves problemas, que en este PED sólo se reconoce como uno de los retos a “combatir”, nada dicen de los daños que las conductas corruptas han provocado financieramente, afectando las inversiones en obra pública, pero mas importante en educación y salud, se estima que si se hubiera evitado el daño económico de la corrupción en nuestro estado, en las últimas cuatro décadas,  ese dinero sería suficiente para que actualmente estuvieran integradas las redes de caminos y carreteras, mas modernas, así como los hospitales, clínicas, centros de salud y escuelas públicas bien equipadas capaces de proporcionar la cobertura universal del derecho a la salud y la educación de todos los nuevoleoneses, con los efectos trascendentes que se tendrían en el desarrollo social y humano de nuestra sociedad.

Este PED integra en sus acciones estratégicas contra la corrupción, la contraloría social de la acción pública que incluye la creación de una “Contraloría Ciudadana conformada por personalidades y académicos reconocidos por su solvencia moral, que realizará un seguimiento, a través de un sistema de semáforo, de la naturaleza de las quejas de la ciudadanía acerca de los funcionarios públicos, y de la medida en que dichas quejas son debidamente atendidas”,  el desarrollo de un Sistema de integridad y calidad, con el propósito de prevenir, inhibir y sancionar conductas irregulares por parte de los servidores públicos, ofrecer servicios de calidad e impulsar la eficiencia administrativa y finalmente, El Combate a la corrupción donde se impulsará la implementación de un modelo eficaz para el combate frontal a la corrupción, así como el establecimiento de disposiciones jurídicas orientadas a desincentivar la comisión de actos de corrupción. Es fecha que siguen pendientes la consolidación de su propuesta de un “sistema estatal que regule y fortalezca la participación ciudadana en la gestión pública, la autogestión y el desarrollo de la comunidad, en áreas de seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo sustentable y desarrollo social, entre otras”.

Para lograr eficazmente este combate a la corrupción este PED se propone además “fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión gubernamental en concordancia con la legislación en la materia”. En el marco de la planeación, seguimiento y evaluación no se ha logrado desarrollar un sistema participativo que integre no sólo a los ciudadanos sino a los trabajadores de las diferentes instituciones operadoras de los planes y programas sustantivos del gobierno, sus indicadores no son ni siquiera consensados en base a estimaciones estadísticas realistas, se definen verticalmente y algunos siguen careciendo de la alineación y congruencia con programas y acciones interinstitucionales entre dependencias del mismo sector así como similares con programas federales y dependencias municipales, el problema se incrementa con  los ajustes que estos indicadores demandan conforme a los cambios que las circunstancias económicas y sociales imponen. Así la evaluación institucional queda sujeta a los intereses  políticos y económicos discrecionales de los funcionarios con las transgresiones y desviaciones que impunemente generan el fondo sobre el cual se desarrolla la corrupción pública. Luego los procesos de auditoria y los de verificación de la gestión gubernamental son procesados por organismos contralores que carecen de autonomía y de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que les impide coberturas amplias para el desarrollo de conductas preventivas y correctivas y así lograr mayor efectividad y eficiencia de las acciones y metas en los planes de desarrollo. Por eso se recurre a focalizar las auditorías y verificaciones ordinarias en dependencias y procesos seleccionados que generalmente representan áreas de interés por la trascendencia de la denuncia pública de presuntos actos de corrupción, como ha sucedido con proveedores de bienes o servicios y en las desviaciones de beneficiarios de de programas asistenciales, apoyos agropecuarios, de fomento económico y de empleo. Ahí están los casos emblemáticos de corrupción en el issteleon y en la dependencia del control vehicular.

Las dependencias de la Administración Pública de Nuevo León no logran poner a disposición de los ciudadanos eficazmente sus informes periódicos de la gestión pública, mucho menos cuando esta es solicitada por otra autoridad, menos cuando el ciudadano y/o las organizaciones de la sociedad civil tratan de coadyuvar en el combate a la corrupción, y si este proceso de investigación documental se dificulta  y se recurre a la burocracia de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, resulta que no logra cumplir con su función de facilitar oportunamente la información pública que requieran, simplemente porque sus funciones siguen subordinadas al poder centralista del gobernante en turno. En síntesis la modernización de los procesos de información, rendición de cuentas y las políticas de transparencia de los gobernantes para lograr el combate frontal de la corrupción ha sido uno de los grandes pendientes de todos los PED, hasta el presente.

En el contexto del manejo financiero, se sigue sin lograr el mejoramiento de la capacidad financiera del estado, obstaculizado por la deficiente recaudación y fiscalización tributaria, la falta de austeridad, la racionalización del gasto hacía inversiones productivas y el grave endeudamiento que los gobernantes han hecho los últimos sexenios. Las aspiraciones de “Fortalecer las finanzas estatales mediante la reingeniería de procesos y la modernización tecnológica de los mismos” no se han logrado satisfacer y lamentablemente recurren a  “Alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos” donde pretenden “Desarrollar esquemas innovadores de financiamiento y asociatividad para proyectos estratégicos”, Adoptando esquemas de financiamiento público privada, para proyectos de inversión para mejorar la infraestructura estratégica y la calidad de los servicios públicos, que implican desarrollar esquemas jurídicos y administrativos para desconcentración, descentralización o concesión, que permita ampliar la cobertura y mejorar el suministro de bienes y servicios públicos, con la participación de capitales privados, de lo cual no significa otra cosa que privatizar servicios públicos que han sido responsabilidad exclusiva del estado.

Finalmente el gobierno productivo y de calidad que se propone en el PED tiene como objetivo central  “Proporcionar servicios gubernamentales modernos, eficientes y de calidad centrados en las necesidades y expectativas ciudadanas”, donde sus estrategias centrales de “Generar un modelo único de gestión de calidad y mejora continua en la administración pública estatal”, “Fomentar la innovación en las dependencias y entidades de la administración pública estatal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia y la cobertura, y reducir costos”, y la  Certificacion los principales procesos estratégicos del gobierno, mediante estándares tipo ISO y de otros modelos a mas de tres años de gobierno no han logrado consolidarse para lograr la plena satisfacción del usuario. Los trámites y servicios al ciudadano como los del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro, la obtención de licencias y permisos, desde las del uso de vehiculos, desarrollo urbano, alcohol, siguen esperando el profesionalismo con los menores tiempos de gestión, donde sigue prevaleciendo el abuso de gestores confabulados con los funcionarios en los beneficios económicos de esa actividad. El Programa insignia de esta administración “Nuevo León Unido”, sólo ha logrado imponerse como instrumento publicitario de una aspiración de este cuyo “objetivo de este programa es articular los esfuerzos públicos, sociales y privados en beneficio de la comunidad, especialmente de sus segmentos de menor desarrollo, para atender oportuna e integralmente sus requerimientos”.

Imaginemos que este PED lograra su visión que conceptualiza en este ámbito del PED “El Gobierno del Estado prevé que en 2015 Nuevo León contará con un gobierno competitivo e incluyente, que privilegiará la participación social corresponsable y la coordinación efectiva entre los tres poderes y órdenes gubernamentales, en un marco de respeto al estado de derecho; que será líder en el desempeño de políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y que brindará servicios gubernamentales accesibles y de calidad a través de servidores públicos profesionales y honestos, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas”.

Sin duda, de alcanzar esta paradigmática visión, nuestro salto al desarrollo social y humano que anhelamos, sería tan grande como el que los astronautas simbolizaron al pisar la luna en los sesentas del siglo pasado.

 

 

 

PED, SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y EL DESARROLLO HUMANO

La principal responsabilidad del estado y sus gobernantes es garantizar la seguridad y la paz social de los ciudadanos, que son factores determinantes, no sólo de la calidad de las relaciones humanas, sino del bienestar, la prosperidad y la felicidad, condiciones necesarias para lograr los mas altos niveles de desarrollo humano. La seguridad de los ciudadanos tiene tres ámbitos de acción, la física, la patrimonial y la jurídica, sus dos grandes estrategias deben ir dirigidas contra las conductas criminales y lograr la vigencia plena de las leyes que definen el estado de derecho. El PED actual y sus antecesores han referido que “la seguridad es la mayor prioridad para el Gobierno del Estado”, siempre tratando de “contener y hacer el mayor esfuerzo para reducir los índices delictivos”, durante el periodo administrativo sexenal que les corresponde. Sin embargo en todos se ha reconocido la tendencia a agravarse, por el incremento de las conductas criminales, la ineficacia de los procedimientos de reinserción social de los delincuentes y la deficiencia en acciones preventivas del delito.

 

Por ejemplo en el PED actual se reconoce que en el 2004, de la administración estatal anterior, “se cometieron 45 mil 017 delitos del fuero común, principalmente de violencia familiar; lesiones que no ponen en peligro la vida; daño en propiedad ajena; robo simple; daño en propiedad ajena culposo; robo a casa habitación; robo a negocio; robo a personas; robo de vehículos; y homicidio doloso”. En tanto para el “2009 el número de estos delitos fue 13 por ciento mayor, con un peso más grande en robo de vehículos y robo a negocios, es decir en los últimos cinco años, “el número de delitos del fuero común creció más rápidamente que la población”. No se hace referencia a la prevalencia de los ignominiosos homicidios que tan sólo en esos cinco años se han incrementado en más del 1000%. La novedad del PED actual, además de considerar que “la inseguridad pública ha tendido a agravarse y a constituirse en uno de los retos a vencer más importantes para el Gobierno del Estado” es que ha incorporado a la “Seguridad Integral” como uno de los cuatro ejes estratégicos generales en las políticas fundamentales de este sexenio, refiriendo que “La lucha para restablecer el orden y la seguridad en Nuevo León es una prioridad de este gobierno y más pronto tendrá éxito con la unión de todas las fuerzas políticas, la iniciativa privada, los medios de comunicación, organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales, asociaciones religiosas, instituciones educativas y, en general, toda la comunidad”. También reconoce que “el sistema penitenciario de Nuevo León, no cumple plenamente con sus propósitos en este campo y en el de operar como medio de control de presuntos responsables y sentenciados; en cierta medida se ha constituido en semillero de la delincuencia” sin considerar el fracaso pleno en sus funciones de rehabilitación de los criminales para sus reinserción social.

 

Los acontecimientos trágicos de los centros penitenciarios de Apodaca y Cadereyta han evidenciado no sólo el grave fracaso en las funciones de rehabilitación sino la corrupción, la ingobernabilidad imperante y el control que los grupos delincuentes tienen en esas instituciones. Reconoce además la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad, modernizar la procuración de justicia y combatir la impunidad, que refiere como “una de las principales demandas de la sociedad que percibe a este fenómeno como una de los factores que ha dado lugar a la agudización de la inseguridad”. Evade reconocer el prevaleciente problema de la corrupción pública y privada, que impera en nuestra sociedad con la transgresión de las normas y valores afectando el apego a la ética y la legalidad de los ciudadanos y más de los funcionarios responsables de vigilar por su cumplimiento, que en este caso reconoce sólo en su presencia con “la corrupción de algunos elementos de las corporaciones de seguridad”, cuando debería de ser, al menos en ese momento (2009), no sólo problema de algunos sino de la mayoría, como quedo posteriormente evidenciando.

 

Este proyecto estratégico de Seguridad Integral se propuso como metas, en primer termino lograr “crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo”, donde se plantea un “nuevo sistema de operación de los cuerpos policiales, que deberá incluir un modelo de coordinación efectiva entre órdenes de gobierno, en el contexto de un mando unificado que potencie su efectividad; requerirá, asimismo, fortalecer las funciones de inteligencia y el mayor equipamiento para los responsables de la prevención y la investigación del delito”. En estos tres años el avance más notable ha sido en la integración de la denominada “Fuerza Civil”, como organización policial capaz de “hacerle frente a los delincuentes, en coordinación con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales”; asimismo el desarrollo de acciones para lograr la adecuación de los marcos normativos a la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública, y la profesionalización y depuración de los cuerpos policiales mediante nuevos programas académicos en la preparación y capacitación del personal así como en los mecanismos de selección y reclutamiento; y por último esta también, el funcionamiento del Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

 

A tres años de gobierno seguimos sin lograr cubrir los estándares cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con los requeridos internacionalmente, en relación a el numero de policías por habitante, así como en la disponibilidad de infraestructura y las estrategias para afrontar expedita y eficazmente a las conductas criminales. Persisten los problemas en la modernización de los equipos y los procesos policiales para incrementar su eficiencia en la lucha contra la delincuencia, así como dificultades trascendentes en los niveles de coordinación operativa de los tres órdenes de gobierno, principalmente con los municipios del estado. La persistente infiltración de la delincuencia en los cuerpos policiales ha llevado a la necesidad de integrar a los mandos policiales y hasta de agentes de vialidad y transito a personal con carrera militar en los gobiernos municipales y a incrementar la solicitud de apoyo de más personal militar federal para combatir a la delincuencia.

 

Se sigue alejando la participación ciudadana eficiente en las tareas de seguridad, esta se ha reducido a la integración de “Consejerías”, con ciudadanos “representativos” designados en forma vertical, ausentándose procesos democráticos indispensables para lograr los objetivos en este programa estratégico; se suma además el deterioro de la cultura de la denuncia, coadyuvando al menoscabo de la confianza de la ciudadanía no sólo en la prevención del delito sino en que se incremente la impunidad de los responsables de las conductas criminales. En este mismo contexto, del PED de la participación ciudadana en la prevención del delito, establece, la lucha contra las adicciones con una acción estratégica de “poner en práctica medidas de atención al fenómeno del pandillerismo y fomentar conductas de beneficio personal y colectivo” donde establecen como objetivo “mejorar el manejo profesional de los servicios psicológicos, psiquiátricos y de capacitación para el trabajo en los Consejos Tutelares para menores infractores”. Tengo que señalar que desde que se inicio este gobierno ha sido público la desaparición de los Consejos tutelares en Nuevo León y que en todo caso, quizás se refieran a los Centros de Procuración de Justicia para menores infractores, que desde la becada de los ochentas del siglo pasado hemos propuesto programas que han pretendido lograr la solución a las conductas antisociales mediante servicios interdisciplinarios, que a la fecha siguen siendo obstaculizados por insuficiencia de recursos financieros y humanos profesionales, establecidos muy bien en la ley vigente de procuración de justicia para adolescentes.

 

En el marco de la procuración de justicia persisten desigualdades en su ejercicio, prevalece la corrupción en los procesos judiciales debilitándose el estado de derecho, incrementando la desconfianza de la sociedad por la persistente impunidad de los responsables de las conductas criminales. Las agencias del ministerio público siguen saturadas de procesos alejadas de la atención oportuna y de calidad con bajos indicadores de productividad, permeadas por la corrupción. Actualmente, sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos y sólo el 1.17% de los delitos terminan en un juicio penal, según cifras del INEGI. En la Agencia Estatal de Investigaciones siguen los procesos sin que trascienda la profesionalización de sus agentes, mediante la integración de los avances tecnológicos y científicos de las ciencias criminológicas, están muy lejos de lograr la cobertura plena de los servicios en las denuncias ciudadanas. La participación ciudadana se ha reducido a un consejo consultivo que simula evaluar los servicios, siguen prevaleciendo los grupos de interés con sus despachos favoritos traficantes de influencias que impunemente definen sus intereses en la procuración de la justicia en Nuevo León. Sigue pendiente la modernización de la judicatura y el desarrollo de la nueva ciudad judicial que el PED prevé con “la construcción de nuevas instalaciones para los servicios judiciales, que albergue los juzgados familiares, orales, civiles, civiles orales, concurrentes y menores, Consejo de la Judicatura y áreas administrativas, y que signifique una alternativa de mejor atención a los ciudadanos que requieran dichos servicios”.

 

La realidad actual que se percibe es que seguimos lejanos de que la procuración de la justicia sea expedita apegada estrictamente al respeto a las leyes que conforman el estado de derecho e nuestra sociedad, sigue siendo facciosa e infestada por la corrupción, en su historia de los últimas décadas ha prevalecido los casos de impunidad. Se ha incrementado la presencia del crimen organizado en la entidad, con territorios geográficos que logran controlar para el desarrollo de sus conductas criminales. Es preocupante la expansión del delito del narcomenudeo, del elevado índice de violencia con sus lacras de lesiones, robos, secuestros, desaparecidos y los homicidios que conforman el rostro de la sociedad insegura y violenta que viene agobiando desde el inicio de este milenio.

PED: EQUIDAD, POBREZA Y EL DESARROLLO HUMANO

En México y en Nuevo León la desigualdad es una de las injusticias que más obstaculizan el desarrollo pleno, con bienestar, prosperidad y felicidad de los seres humanos, las mujeres han sido las más afectadas por una cultura machista que ancestralmente ha generado la discriminación y la violación sistemática a sus derechos humanos y sociales fundamentales. Lamentablemente esta cultura es fortalecida por gobernantes, que además de no lograr superarla, persisten en resistirse a integrar los cambios jurídicos, programáticos y administrativos, derivados de las recomendaciones internacionales y las experiencias exitosas de las sociedades mas desarrolladas que han logrado esta cultura de igualdad, de no discriminación contra las mujeres, pero sobre todo de acabar con las lacras de la violencia, que en sociedades como la nuestra nos siguen agobiando.

 

Así, a mas de cien años de lucha mundial de las mujeres por su emancipación, el problema fundamental para lograr la anhelada equidad de género es que los gobernantes de nuestras sociedades se resisten y obstaculizan a que esta perspectiva se integre, se institucionalice y transversalice las políticas públicas y de cultura en todos los ámbitos de gobierno, estatal y municipal. El activismo progresista de las organizaciones sociales no gubernamentales feministas ha logrado cambios jurídicos trascendentales con perspectiva de género en los ámbitos laboral, violencia, salud, trata de personas, toma de decisiones, educación, y en materia civil, penal y administrativa; generando además programas e instituciones para la atención y prevención de los problemas así como en la promoción y difusión del conocimiento relativos a derechos humanos, igualdad y equidad, y perspectiva de género que necesitamos para nuestra sociedad.

 

En nuestro estado siguen prevaleciendo las deficientes sinergias no sólo de las instituciones públicas, responsables en las estrategias y acciones interdisciplinarias necesarias para la atención de estos problemas, sino además la interacción armónica con las organizaciones de la sociedad civil, organismos académicos y profesionales para lograr la eficacia y eficiencia de los diferentes planes y programas que buscan acabar con esta violencia y la equidad de genero. En la lucha por la equidad de genero, en el marco del ejercicio de los derechos, la salud sexual y reproductiva sigue proyectándose negativamente en la alta prevalencia de embarazos no deseados, más en adolescentes que llegan a ser un 30% del total de embarazos anuales en nuestro estado, luego el cáncer cérvico-uterino y mamario siguen teniendo altas tasas de mortalidad, en tanto La tasa de mortalidad materna, aunque relativamente reducida, de 23.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos, continúa presentándose por las mismas causas de hace 50 años. Luego las mujeres siguen en sus empleos, percibiendo ingresos menores que los de los hombres; la maternidad y la falta de centros de desarrollo infantil, representan obstáculos para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, es precaria además su empoderamiento en posiciones directivas de las empresas y en los poderes públicos, donde por ejemplo sólo el 20% de los puestos del cuarto nivel de gobierno son ocupados por las mujeres, su participación es mas marginal como integrantes del congreso y como gobernantes en los municipios.

 

A pesar de que tenemos un Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, persisten los graves problemas de violencia contra las mujeres, estimado en su prevalencia hasta en mas de un 35% en todas las mujeres de Nuevo León, en todas sus expresiones desde la patrimonial y la emocional, hasta la ignominiosa agresión física con las prevalecientes lesiones y feminicidios, en tanto la impunidad persiste en la procuración de justicia y estamos muy lejos de lograr la creación y observancia de un marco jurídico de igualdad de género acorde con los compromisos internacionales. Los intereses políticos inmersos en la anquilosada concepción del desarrollo humano de los gobernantes han impedido acabar con este grave problema de salud pública. A pesar de que nuestra juventud constituye más del 34% de la población, sigue siendo uno de los sectores más desprotegidos, muy lejos de lograr su desarrollo integral y sin el acceso pleno al derecho a la salud y a la educación. En materia educativa además de la falta de oportunidades, padecen un alto grado de deserción escolar, sumándose al desempleo y convirtiéndose en factores de riesgo que los hace proclives a padecer problemas psicosociales como las adicciones, el abuso de alcohol y las conductas antisociales, simplemente en materia de adicciones el 64.4 por ciento corresponde personas de 15 a 29 años de edad que consume sustancias nocivas para su salud.

 

La falta de visión prospectiva de los gobernantes hace que sus en sus planes de desarrollo se limiten a tener como objetivo estratégico lograr “más oportunidades de desarrollo para los jóvenes” tratando de generar “condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales” que reducen las acciones a ser inmersas en el asistencialismo que ha distinguido a las secretarias de desarrollo social, de las que dependen estos programas de atención a los jóvenes, donde por ejemplo los derechos de acceso a la educación son reducidos a otorgarles becas y apoyos precarios económicos y las oportunidades laborales a becas de capacitación con la posterior inserción laboral con bajos salarios. Esto impide que logren “establecer una política transversal de atención a las necesidades específicas de los jóvenes, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en los ámbitos de educación, cultura, salud reproductiva, prevención de adicciones, deporte y empleo, con especial énfasis en los jóvenes en situación de riesgo”.

 

Finalmente el PED, en materia de desarrollo social, al abordar el problema de la pobreza y la atención a los grupos vulnerables y los denominados en riesgo extiende sus pragmatismos asistencialistas que además son usados en las denominadas políticas clientelistas, donde los apoyos que brinda son manipulados como instrumentos de cooptación por los funcionarios, activistas y lideres políticos en sus territorios. Otra gran parte de los recursos financieros y materiales se integra a las actividades filantrópicas de organizaciones de la sociedad civil que se corresponden en la atención de estos problemas, donde la mayor parte de las beneficiarias diluyen sus capacidades criticas y creativas para impulsar en sus ámbitos de actividades soluciones mas efectivas a los problemas. Por ejemplo en su “combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos” que busca superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población, sus proyectos estratégicos van dirigidos a combatir el rezago en servicios básicos, como la introducción de agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación en las colonias marginadas del AMM y de ciudades en desarrollo; buscan además la “ampliación de la cobertura e incremento del apoyo económico a adultos mayores y personas con discapacidad, y extensión del programa a madres solteras de escasos recursos, son acciones que luego son focalizadas en esos territorios clientelares típicos del priísmo en el poder, como el sector de la Alianza en la ciudad de Monterrey.

 

Resulta que Plan tras Plan de desarrollo ha repetido estas estrategias y acciones para superar lo que ellos denominan estos “rezagos sociales, sin lograr ni siquiera la universalidad de la cobertura de sus programas, en estos segmentos de población que sobreviven diariamente con la lacerante pobreza y sus lacras de hambre. Siempre con recursos financieros limitados que les impide “ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a sus programas sociales” que compensan con sus famosas “brigadas de atención social integral” con todo el estilo de las parafernalias que hacen brillar a los políticos del partido en el poder. Sus grandes acciones son reducidas a cortes de pelo, consultas medicas y dentales, con medicamentos, reparaciones de algunos enseres domésticos, platicas y sin faltar la lotería mexicana para incentivar mas la asistencia. Lo más novedoso en los últimos sexenios ha sido la integración de centros comunitarios que pretenden ampliar la cobertura mediante servicios con clínicas para jóvenes en áreas de deporte, desarrollo humano y cultura, que lamentablemente se integran al problema crónico de las carencias de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, sumándose a la dispersión que afecta la necesaria acción, armonizada interdisciplinaria de las instituciones que tienen responsabilidad para la anhelada solución integral de estos problemas.

 

Así sus apoyos a las familias, donde prevalecen además de la pobreza, los niños, adolescentes y adultos malnutridos, con alguna discapacidad física o mental, los adultos mayores con o sin pobreza, las madres solteras, los desempleados, los migrantes, los adictos a alguna sustancia, los indigentes, están muy lejanas de lograr la necesaria cobertura universal sino la atención integral que se requiere, con apoyos económicos limitados, muy distantes de la justicia social, mas del garantizado disfrute de los derechos humanos y sociales que debe garantizar el estado. Insistimos en dejar atrás el asistencialismo de las políticas del desarrollo social que genera las lacras del ignominioso clientelismo político del partido en el poder, es cuestión de revisar las necesarias listas de beneficiarios y sus métodos operativos, de estos programas para detectar estas perversiones.

PED, EDUCACION, CULTURA Y EL DESARROLLO HUMANO

En Nuevo León el disfrute pleno del derecho a la educación ha sido obstaculizado por los bajos niveles de cobertura y la desigualdad en la calidad de los procesos educativos que generan la escasa eficiencia terminal y el abandono de estudios, generalmente asociados a problemas socioeconómicos y psicosociales de los educandos. El PED sigue considerando como “enorme reto de dotar a todos los niños y jóvenes en edad de asistir a la escuela, de una educación con los mismos niveles de calidad que sus pares en los países más desarrollados”.

No sólo sigue prevaleciendo el problema del analfabetismo en una franja de la población adulta, sino a pesar del incremento del grado promedio de escolaridad en los últimos 30 años, que de 1980, era de seis grados, y que hoy en la población mayor de 15 años esta estimado en diez años, persiste el denominado analfabetismo funcional en la mayoría de la población. Este analfabetismo funcional se refiere a la deficiencia en las funciones cognoscitivas que dificultan el pensar y la generación del saber en el desarrollo humano, son sobre todo deficiencias en el manejo simple de las operaciones matemáticas y reflexivas de la lectura y en la comunicación humana. Existen 1,4 millones de estudiantes, el 78% acude a las escuelas públicas, en la educación básica sólo acuden el 86% de los niños. La población de 15 a 19 años que asiste a instituciones educativas, en promedio, es poco más de 80 por ciento de los jóvenes, en tanto de la población que tiene entre 20 y 29 años de edad, lo hace apenas en un 12.1 por ciento, ese en estos sectores donde se agrava la deficiente cobertura del sistema educativo estatal.

 

Estamos muy lejos de la cobertura educativa no sólo de los países mas desarrollados económicamente, sino de países hermanos de America, como Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, donde la cobertura se llega hasta triplicar con un mas de 40% de avance en este rubro. Las metas del PED, son limitadas al establecer objetivos como lograr la cobertura del 100 por ciento en la educación básica, 70 por ciento en educación media superior y 40 por ciento en la superior,  luego en las escuelas e instituciones educativas públicas persisten rezagos no sólo en la infraestructura por falta de espacios y deterioro en sus instalaciones sino el equipamiento necesario para las actividades académicas, sobre todo en la integración de las innovaciones tecnológicas para la enseñanza. Aunque persisten estos graves problemas de cobertura, el gobierno insiste en que “el mayor desafío para el sistema educativo estatal es elevar su calidad”, sobre todo en educación básica, obsesionados por superar los malos resultados en las evaluaciones que la OCDE ha registrado para nuestro país, en comparación a los países desarrollados. Por eso es criticable que en este PED se fije como meta obtener niveles de desempeño sobresaliente o satisfactorio en 75 por ciento de los alumnos evaluados por medio del Examen General de Conocimientos que diseña y aplica el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). El rezago en la cobertura siguen tratando de solucionarlo con sus limitados apoyos sociales y becarios a poblaciones en riesgo, la ampliación de escuelas, construcción de nuevos espacios educativos e intentando cubrir cuando menos las necesidades de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa en el nivel básico.

 

Alcanzar una educación de calidad con estándares internacionales, como lo pretenden no sólo depende de lograr calificaciones aprobatorias de dudosas pruebas estandarizadas por intereses mas ligados a los modelos económicos de desarrollo que tratan de imponer estos organismos internacionales, sino se correlaciona con la necesidad imperiosa de una gran reforma educativa que trascienda en los educandos logrando no sólo los objetivos académicos sino formativos que impacte en lograr mejores ciudadanos no sólo competentes en el desempeño profesional y técnico, sin ese prevaleciente analfabetismo funcional en sus personas, sino con un mayor desarrollo humano que coadyuve a lograr los mas altos niveles de desarrollo social en nuestro estado. Lograr el objetivo de “consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión” sólo es posible si el sistema educativo estatal desarrolla y consolida esta reforma educativa con la participación de todos los agentes fundamentales, desde los maestros, alumnos hasta los profesionistas especialistas interdisciplinarios inmersos en los procesos de enseñanza.

 

Es cierto que, que a nivel nacional mantenemos un liderazgo, principalmente por la cobertura, aunque estamos muy lejanos de gobiernos como el del Distrito Federal, donde el derecho a la educación si se ejerce como garantía social hacía todos los ciudadanos, sin cuotas económicas condicionantes y apoyos didácticos hacia los educandos, pero hay que reconocer que estamos muy lejos de lograr una educación que garantice este derecho con calidad con estándares internacionales. Nos ufanamos de contar con mas de 200 instituciones que ofrecen educación superior, pero no solucionamos ni exigimos el rezago, sobre todo de las escuelas privadas, en la infraestructura minima y en las capacidades pedagógicas y profesionales de sus docentes, para el desempeño adecuado de sus tareas académicas y administrativas, tan sólo respecto a los programas de calidad de educación superior, menos del 15% cuentan con acreditaciones avaladas por organismos internacionales, en su mayoría están inmersas en la educación como “negocio”, atrapados en sus intereses y visiones mercantilistas sobre la educación, una cantidad importante integrados a la red fraudulenta de las denominadas escuelas patito, cuyos reconocimientos oficiales de estudios se han otorgado como franquicias en el marco de las redes de corrupción que han permeado las políticas de la Secretaria de Educación Estatal y Federal.

 

Así que para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades, con base en los más altos estándares internacionales, como visionariamente lo propone el PED, esta muy lejano si no se logra una reforma educativa integral, que este respaldada financieramente y donde el respeto escrupuloso a las leyes este garantizado por los funcionarios y gobernantes de todos los niveles de gobierno, sin esto la línea de acción fundamental que se plantean de “ Fortalecer los procesos educativos, a fin de que los estudiantes de todos los niveles alcancen una formación integral con altos estándares de aprendizaje” no se logrará como se ha propuesto desde hace treinta años. En el marco de las políticas culturales, que constituyen la esencia para la integración plena del humanismo en todos los ciudadanos, siguen privilegiándose las acciones a los sectores de mayor ingreso económico, limitando que “los nuevoleoneses tengan acceso al patrimonio cultural y artístico disponible en el estado y participen activamente en su creación y divulgación”. Simplemente siguen sin integrarse a los procesos educativos la enseñanza básica sobre las artes, como la música, el teatro, la literatura, pintura, la danza ni que decir de la escultura y las artes graficas como el cine, la fotografía y los videos. Su organismo estatal de CONARTE sigue padeciendo el escaso financiamiento, inmerso en las políticas del control social de los artistas libertarios, marginando de los apoyos a los librepensadores, opositores, integrantes de organizaciones no gubernamentales, grupos independientes, acotando a los “promotores culturales, artistas y a la sociedad en su conjunto, para promover y favorecer la creación, la difusión, la educación y la investigación de expresiones artísticas y humanidades”. Los eventos nacionales e internacionales sobre las diferentes manifestaciones culturales no han logrado proporcionar la cobertura en los estratos mayoritarios de la población existentes en los niveles socioeconómicos bajos y medios, mucho menos en las zonas rurales y suburbanas de la región, lo que dificulta “fomentar la cultura como vehículo integrador en todos los sectores del estado, potencializando los nuevos talentos en las comunidades y apoyando su desarrollo artístico y cultural”, como se pretende en el PED actual. Simplemente tenemos pocos espacios de los diferentes niveles de gobierno destinados a la enseñanza, presentación, divulgación e investigación de expresiones artísticas y culturales a fin de propiciar su disfrute, estos se agrava con las carencias crónicas de espacios para la lectura dirigidos a infantes y jóvenes. Conformamos una sociedad inmersa en la desinformación, mala educada, poco integrada a las artes, sustentada culturalmente con el peso de la evolución histórica de nuestra región con sus múltiples influencias regionales, nacionales y las propias del sincretismo originado en la fusión e influencias de las culturas estadounidenses y europeas, si no privilegiamos la inversión en el desarrollo educativo y cultural de nuestra sociedad seguiremos condenados al subdesarrollo social y humano que se proyecta en las prevalecientes graves conductas de barbarie y violencia criminal que padecemos.

 

En materia de cultura fisica seguimos sin su integración como elemento fundamental para el desarrollo saludable, que logre superar el grave problema de la obesidad y la vida sedentaria, que se han convertido en graves problemas de salud pública y no se diga como elemento promotor del desarrollo de deportistas de alto rendimiento en Nuevo León, que incremente la trascendencia competitiva en los diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales. Las políticas públicas para la cultura física y el deporte en nuestro país y nuestro estado han evolucionado lentamente, sin negar los avances, los diferentes programas se han entrampado en los intereses de los dirigentes deportivos, en los económicos de los grupos empresariales y el deficiente financiamiento crónico que el estado invierte para fomentar la práctica del deporte y la actividad física entre la población de todas las edades, en particular entre jóvenes. Ha sido una constante la ausencia de un programa integral de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, que “comprenda la promoción de la práctica de las disciplinas más populares, clínicas para el aprendizaje de las mismas, renovación y construcción de canchas y espacios deportivos, así como la participación de la comunidad por medio de comités deportivos ciudadanos”, como se pretende en este PED. Estas circunstancias hacen que tengamos déficits crónicos de espacios, con infraestructura y equipamientos inadecuados para el activismo físico deportivo en todo Nuevo León, que seguimos tratando de compensar con asociaciones estratégicas con las universidades públicas y privadas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

 

Finalmente, aunque es el problema central de los gobiernos que no integran ni cultivan la democracia, persiste la ineficiente organización comunitaria para lograr la participación social en la promoción de la actividad física y el deporte en todos lo sectores sociales, bastaría la articulación de comités integrados en redes de todos las colonias, barrios y comunidades, sin usos clientelares de los partidos políticos, para cuando menos activar acciones contra el sedentarismo que logren disminuir los graves problemas de salud asociados.

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LA SALUD

Continuando con las reflexiones sobre el Plan Estatal de Desarrollo para Nuevo Léon 2010-2015, ya referíamos que este PED consideraba en su discurso político, que el cumplimiento de derechos sociales como “el acceso universal a la educación y a la salud, a una alimentación adecuada, al deporte y la cultura, es un rasgo esencial de un sistema democrático”, los cuales ha su vez son trascendentes para lograrlos mas altos niveles de desarrollo humano de las personas en sus sociedades. Resulta que la desigualdad económica persistente que prevalece concentrando las riquezas económicas y patrimoniales en grupos muy selectos de nuestra sociedad, concentradores de las grandes ingresos del PIB del estado, se extiende generando desigualdad en el acceso de los habitantes a lograr, no sólo la cobertura plena, sino condiciones de calidad en el acceso a los servicios de salud, educación, alimentación, cultura y deporte en nuestro estado.

 

En sus políticas de salud, desde finales del siglo pasado, se ha propuesto brindar cobertura universal con servicios de calidad y con calidez hacia toda la población, la realidad imperante es que este acceso sigue estando condicionado a las capacidades económicas de los usuarios en las instituciones públicas del sector salud, con mayor razón en las instituciones privadas. Al fin se reconoce que ni siquiera hemos logrado la infraestructura hospitalaria minima para dar este servicio a la población no derechohabiente ya que ni siquiera contamos con una cama por cada mil habitantes, como lo recomienda la norma internacional para países en desarrollo de la OMS, apenas disponemos de 0.5 camas. Luego los hospitales públicos existentes brindan sus servicios con equipamiento médico antiguo y obsolescente, con carencias crónicas en sus recursos humanos, sobre todo en las ramas medicas y paramédicas, además de la suficiencia en los insumos de apoyo para la atención de enfermedades, como las crisis recurrentes que todos los años se padecen, sobre todo los primeros meses, por la falta de medicamentos en sus farmacias. En sus recurrentes programas de salud, desde hace más de treinta años, han considerado la necesidad de lograr un nuevo modelo de atención integral, jerarquizando las acciones de prevención y promoción de la salud e integrando el paradigma holístico en los procesos diagnósticos y de atención a las enfermedades, porque ha demostrado su gran impacto en la reducción notable de las enfermedades mortales y el incremento de los años de vida saludable y de la esperanza de vida, en los ciudadanos de los países que lo desarrollan, sin embargo no han logrado su desarrollo, el ejercicio de la medicina sigue siendo mas curativa que preventiva.

 

Es lamentable que en materia de medicina preventiva, ni siquiera logremos el 100% de cobertura, en los programas de vacunación, cuya cobertura ha llegado sólo hasta el 95 por ciento en menores de 5 años, y 90.4 en menores de un año, según las cifras oficiales del mismo PED. Por eso tenemos la distinción de que Nuevo León tenga el record mundial donde se desarrollan el mayor numero de cesáreas en la atención a las embarazadas, y en este mismo rubro de la salud reproductiva tenemos el grave problema de los embarazos no deseados en el grupo de edad de mujeres de 12 a 19 años, ya que sigue prevaleciendo mas del 30% del total de los embarazos anuales que se dan en nuestro estado. Los intereses mercantilistas han prevalecido sobre las políticas de salud y el ejemplo mas grave esta constituido por la alta prevalencia de obesidad en la población, con sus enfermedades devastadoras como la diabetes, hipertensión, cardiopatías y su coadyuvancía en cientos de enfermedades como factor de riesgo para la salud, no ha sido posible acotar la penetración del consumo de refresco y los denominados alimentos chatarra, principalmente en las escuelas públicas.

 

También tenemos el grave problema del abuso en el consumo de alcohol y tabaco con sus efectos cirróticos y carcinógenos mortales y su asociación como factores de riesgo en cientos de enfermedades, además de su relación con las conductas violentas y criminógenas (accidentes, violencia familiar, homicidios, lesiones) que nos agobian en nuestra sociedad. Los empresarios sin escrúpulos están muy lejanos de su solidaridad social y no logran armonizar sus intereses económicos sin los grandes costos a nuestra salud pública, lejos de apenarse porque somos la capital del mundo en el consumo de refrescos por habitante, se ufanan y fortalecen sus engañosas y manipuladoras campañas publicitarias para incrementar sus ganancias, transgrediendo la ley de salud al seguir asociando sus consumos a los marcos deportivos y artísticos paradigmáticos del éxito y del fantaseó sobre el disfrute de la sexualidad placentera en sus consumidores.

 

Ante la ineficaz operatividad del modelo de atención integral se ha tratado de desarrollar acciones de prevención y promoción mediante programas como el de conformación de la Red Nuevoleonesa de Municipios por la Salud, programas Línea de Vida, Salud y Escuela, y Red Comunitaria de Promotoras Voluntarias, entre otros, que han tenido un bajo impacto, en gran medida por la deficiencia de estrategias motivacionales que han estado mas fundamentadas en los ignominiosos estilos asistencialistas y clientelares de la política, conforme a los partidos en el poder, mas que en el desarrollo organizacional de las comunidades que logre la corresponsabilidad, la autogestión, la participación activa para su apoyo fundamental en el mejoramiento de su salud pública. Si no se logra cambiar radicalmente la estrategia será difícil que logren el objetivo estratégico para “consolidar la promoción de la salud con la participación de las autoridades municipales, la comunidad educativa y los sectores sociales, para el desarrollo de acciones que sean anticipatorias, integradas y efectivas”, como lo refieren en el PED. Por eso, se limitan en lograr sus objetivos en la estrategia fundamental del PED para Fortalecer la promoción, la prevención y el control de enfermedades a través de “Impulsar la participación organizada, informada, consciente y comprometida de la comunidad; Realizar intervenciones intersectoriales de cultura de la salud.; Fortalecer los programas preventivos para mejorar la salud de los infantes, mujeres y adultos mayores; Reforzar los programas de salud de la mujer mediante la difusión de cuidados y la realización de exámenes programados y periódicos de personas en riesgo; Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles y Disminuir la incidencia y prevalencia de trastornos mentales, adicciones, violencia familiar y accidentes, procurando la pronta reinserción social y laboral de la población afectada. Los proyectos estratégicos para lograr el mejoramiento del Desarrollo social y Calidad que se ofrecen en el PED en materia de salud tienen por objetivo lograr, una vez mas, “servicios de salud con calidad y calidez” ofreciendo “servicios de salud a la población, con calidad y oportunidad, y promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riegos sanitarios”.

 

En materia del acceso a los servicios de salud. tratan de lograr la cobertura universal de la población mediante el Seguro Popular, que en tres años se ha propuesto cubrir al 100% de la población, no inscrita en los sistemas formales de seguridad social, a la fecha no ha logrado proporcionar esa cobertura y los que han sido integrados no logran obtener esa calidad simplemente por las limitadas coberturas sobre las enfermedades, las carencias crónicas de recursos materiales, equipamiento, una cuadro básico de medicamentos muy limitado y la insuficiencia de unidades clínicas y hospitalarias para atender las necesidades de la medicina especializada. Por eso están tratando de Implementar el Sistema de Redes de Atención a través de la integración de la oferta de servicios de salud públicos y privados, que resulta muy difícil por los costos elevados de los servicios existentes en la medicina privada. La propuesta hospitalaria de construir dos hospitales regionales, uno en la zona norte y otro en la sur, y un hospital de alta especialidad en la zona metropolitana de Monterrey y la adecuación de la infraestructura física y el equipamiento para mejorar esta atención se enfrenta a los graves problemas del financiamiento público que los gobernantes no priorizan en materia de salud para lograr la cobertura plena, otorgando servicios de salud con calidad y seguridad, que luego es reducida en acciones como: el fortalecimiento del “Sistema Integral de Calidad en las unidades médicas, la Certificación de los hospitales y la acreditación de las unidades médicas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud. Esta anhelada calidad se complementa con la promoción de la inclusión de los temas de calidad en el currículo de las instituciones formadoras de recursos humanos para la salud, cuyos excelentes marcos teóricos del conocimiento se enfrentan a las realidades que vivenciamos cotidianamente, ya referidas, en la operatividad diaria del sistema estatal de salud pública.

 

La capacitación y enseñanza en salud en todas las escuelas y facultades, sigue sin lograr la integración plena de un programas que armonice las necedades de perfiles más adecuados del egresado de las diferentes ciencias de la salud de nuestra sociedad sino consolidando planes y programas de estudio con los paradigmas holístico de la salud pública que logren coadyuvar al ejercicio de los modelos de atención integral mas dimensionados en el humanismo y la prevención que en la curación de enfermedades. Lo más grave es que no siquiera hemos logrado consolidar la enseñanza de la medicina preventiva en la formación escolarizada básica en los planes de estudio de los educandos y los maestros y lamentablemente sigue siendo victima de la improvisación de exposiciones temáticas como simples “pláticas”. Esto impacta reduciendo la escasa investigación en salud que es dirigida más hacia la enfermedad que hacia la prevención y el desarrollo de conductas saludables de mayor impacto para mejorar el desarrollo humano y social de nuestra sociedad, las sociedades más desarrolladas están mas enfocadas a la investigación sobre como mejorar la vida saludable de las personas y no sólo el lograr acabar con enfermedades incurables como el cáncer.

 

Finalmente la función estratégica del sistema de salud de Proteger contra riesgos sanitarios, integrando con corresponsabilidad el sector productivo y la sociedad, privilegiando el fomento sanitario, Vigilar que el paciente reciba atención médica segura y de calidad y Adecuar la legislación sanitaria estatal a las reformas de la Ley General de Salud y demás disposiciones legales que emanen de ella se limita a intervencionismos atrapados en las redes de intereses mercantilistas y las interpretaciones leguleyas que subordinan los intereses de la salud pública a la corrupción prevaleciente en nuestra sociedad, como lo demuestran las publicidades vigentes sobre los productos milagrosos, los productos alcohólicos, los alimentos chatarra, el curanderismo de profesionistas no certificados y la impunidad que prevalece ante los trágicos errores médicos.

LA GRAN VIDA DE LOS POLITICOS CORRUPTOS

En estos tiempos de informes de gobiernos, resulta que no pude contenerme en abordar la persitente corrupcion de los politicos que nos gobiernan, esta semana se informó del caso del ex gobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos (luego nombrado director de la Casa de Moneda por Felipe Calderón), que ha sido inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público, y multado con casi 8 mil millones de pesos por la Contraloría Generaldel Estado, como consecuencia de desvío de recursos públicos, específicamente de un préstamo por mil 500 millones de pesos al final de su sexenio. No esta encarcelado, vive en libertad y sigue disfrutando la gran vida y puede acudir a otras instancias jurídicas que los liberen de esas sanciones que le han impuesto.

El estado delincuencial con todas sus redes de criminales, que nos gobierna en México,  incrustados en todos los niveles de gobierno, desde el federal, los gobiernos estatales y los municipales, ha seguido simulando el ejercicio de la justicia mostrando como ejemplos sus acciones sobre personajes políticamente inservibles u obstaculizadores de sus voraces intereses políticos y económicos.

Otros, ni siquiera se cuidan de las formas, como le sucedió al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien llego a declarar en su cuarto informe de gobierno, qué en nuestro estado “no hay mas jefes de plaza que la autoridad”, son políticos que ni siquiera logra una comunicación política saludable, que no sean tan proyectivas del lenguaje de los criminales, que nos agobian perseverando con sus transgresiones violentas de las leyes que nos rigen. Los que somos analistas de la conducta humana, sabemos muy bien, de que no se tratan sólo de una frase desafortunada en un discurso político, sólo los delincuentes se apropian de lenguajes y formas de comunicación en sus ambientes delictivos. Las declaraciones posteriores para “aclarar” que su mensaje “estaba dirigido a los policías, a fin de que se asumieran como tales en su labor”, contra los delincuentes, sólo incremento su desacierto terminológico, del prevaleciente uso de “jefe de plaza”, que a nivel mundial, no sólo en México, utilizan las organizaciones criminales.

Pues bien ha sido este prevaleciente estado delincuencial, donde tan sólo la corrupción, sin abordar sus impunidades, en sus precariedades del desempeño profesional en sus funciones, de los políticos en México y en Nuevo León, es tan atroz que puede en este momento estar afectando hasta el 30% de las economías de las sociedades y sus gobiernos. Si así a sido, este comportamiento en el curso de las pasados 40 años, sería una de las grandes causas, de que nuestras sociedades no hayan logrado su desarrollo social, con la infraestructura de servicios públicos básicos de calidad integrados, en un desarrollo urbano sustentable, solucionando los problemas crónicos que padecemos de vialidad, transporte público, drenaje pluvial, vivienda digna, escuelas, hospitales, clínicas, unidades de salud; ni que decir de la superación de la pobreza y el logro de la cobertura universal de educación y salud para todos los ciudadanos.

Me atrevo a afirmar que este costo de la corrupción, nos afecta hasta el 30% de la economía, porque sigue siendo vigente los llamados porcentajes, que fluctúan del 15 al 20% que estos políticos corruptos exigen como cuota, por medio de sus enviados, para concesionar contratos en las adjudicaciones de obras públicos, en las concesiones de servicios, en las adquisiciones de bienes y materiales; los cuales se suman al otro 15% a 20% que derivan del costo devaluatorio de la calidad de la obra o servicio público que el proveedor suma para ajustar los gastos invertidos en la corrupción. Si nos faltara para sustentar, esta estimación de costos de la corrupción, sumemos los ingresos ilícitos que los funcionarios obtienen por el otorgamiento de permisos en sus diferentes modalidades, permisos sanitarios, comerciales, para venta de alcohol, casinos, desarrollo urbano; donde como alguna vez llegué a demostrar como, en un solo día, el último de su gestión, un alcalde de Monterrey, condono el 95% de las multas a los giros negros que pululaban en nuestra ciudad con transgresiones graves al reglamento; a la tesorería municipal sólo llego el 5%, la sumas de sus corruptelas le permiten hasta ahora vivir la gran vida, hasta de su familia extensa.

Simplemente en el caso de los alcaldes que han ocupado este puesto en Monterrey, desde los ochentas, todos han logrado vivir en la impunidad, a pesar de los hechos públicos más registrados en los medios de comunicación en sus momentos más prevalecientes de denuncias investigadas de corrupción en sus administraciones, muchos de ellos con cinismo y desvergüenzan se enaltecen de haber logrado esa impunidad, de llevar su gran vida, algunos hasta fueron evidenciados públicamente, los personajes de sus redes delincuenciales en sus administraciones sin que pasara nada.

Son los políticos que presumen que se dan la gran vida, enarbolando la lucha por la democracia y los niveles mas altos de desarrollo humano y social de las sociedades donde paradójicamente se comportan con los mas bajos niveles de desarrollo humano en sus personas, son autoritarios, manipuladores, mentirosos, extorsionadores, chantajistas, defraudadores, enriquecidos ilícitamente, sin escrúpulos e inmersos en la perversión de la política.

Hoy también leia, la noticia de que el ex alcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick, del partido demócrata, quien terminó su periodo hace 5 años, fue sentenciado a 28 años de prisión por corrupción, dos meses después de que la ciudad se declarara en bancarrota; fue acusado y evidenciado de conspiración, chantaje, extorsión, soborno y evasión de impuestos,  junto con un socio y su propio padre, que se encargaba de hacer sus declaraciones de impuestos, al terminar su periodo se ufanaba de ser considerablemente más rico. En palabras de la jueza, que lo sentenció ‘‘se dio la gran vida’’ empeorando la situación de Detroit.

En tanto aquí en México, seguimos padeciendo de los políticos que empeoran nuestra situación de pobreza, desigualdad, injusticia y violencia social que nos agobia, en tanto ellos siguen dándose esa “gran vida”, que metafóricamente utilizó la jueza contra este alcalde criminal.  

DESARROLLO SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE NUEVO LEON

Todos los gobernantes tienen como objetivo principal lograr los más altos niveles de desarrollo social y humano de sus sociedades, en los países democráticos el estado privilegia políticas económicas y sociales que incrementen la calidad de vida que se traduzca en mayor bienestar, prosperidad y la felicidad de sus habitantes. Los gobernantes de Nuevo León han integrado, cuando menos en sus textos del Plan Estatal de desarrollo (PED) y discursos políticos, que el cumplimiento de derechos sociales como “el acceso universal a la educación y a la salud, a una alimentación adecuada, al deporte y la cultura, es un rasgo esencial de un sistema democrático”.

Resulta que en relación a este desarrollo, los avances siguen sustentándose en el marco de la situación que guarda el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que según los políticos es un indicador apropiado para medir la incidencia de la pobreza y la desigualdad, dado que resume adecuadamente las condiciones de vida y permite comparaciones con otros estados y países. Este índice incluye esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos y de matrícula en educación básica y superior; y PIB per cápita. El informe del PNUD del 2005, sobre el IDH, coloca a Nuevo León como la segunda entidad mejor posicionada, después del Distrito Federal. de los 51 municipios del estado, 28 son calificados con un índice alto y los restantes 23 con un índice medio, a pesar del Incremento del número de personas que viven en condiciones de pobreza por las fuertes crisis económicas al 2006, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los municipios del sur del estado presentan una incidencia de pobreza patrimonial superior a 50 por ciento de su población, con niveles de pobreza pueden equipararse con los correspondientes a Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Veracruz, que se encuentran entre los estados más pobres del país.

 

En Nuevo León los gobernantes se ufanan de que contamos con un nivel “elevado” de desarrollo humano, en relacion a otros estados, evitan primero compararse en relación a los países con altos niveles de IDH, en donde para nada persisten las condiciones de desigualdad, pobreza y zonas de alta marginación visibles en el AMM y en los municipios. Aun cuando en el PED se considera como principio rector de todo el plan lograr mayores oportunidades de desarrollo humano y sustentabilidad políticas sociales, fundamentados en el principio imperativo de la justicia social, no hace referencia a la necesaria obligación del estado de cumplir en proporcionar garantías para el ejercicio de los derechos sociales a todos, resulta que este principio es reducido a brindar de manera equitativa el acceso a los bienes y servicios suministrados del sector público y en forma compensatoria a la población en desventaja, generando el asistencialismo en las políticas sociales, que han constituido las bases del clientelismo electoral ignominioso de la población marginada y en pobreza.

 

En sus paradigmas visionarios siguen condicionando el desarrollo humano integral al desempeño de sus políticas económicas neoliberales que han sido generadoras paradójicamente de graves retrocesos en el bienestar de las poblaciones, en todo el mundo, incluidos en los países mas desarrollados. Su definida visión sobre este eje estratégico, que refieren en el PED, como “Hacia 2015, las políticas públicas y los mecanismos para ponerlas en práctica favorecerán un mayor nivel de bienestar de la población, la cual dispondrá de un equitativo abanico de oportunidades para el desarrollo social y humano integral, acorde con el desempeño de la economía, en entornos urbanos adecuadamente planificados y articulados y sustentables, en armonía con el cuidado de los recursos naturales y con una ordenada distribución de espacios para la vivienda, la recreación, la industria y el comercio, lo que fortalecerá la cohesión política, social y cultural.”, enmarca los factores que han sido permanentemente transgredidos con sus políticas depredadoras.

 

En el eje de generación de riqueza ya observamos sus deficientes desempeños en las políticas económicas que no han logrado avances trascendentes para superar la desigualdad con sus lacras de pobreza y marginación social generadoras de ambientes familiares que en su mayoría viven diariamente emproblemados, agobiados por la falta de recursos económicos, endeudados y con carencias crónicas para satisfacer sus necesidades básicas desde la alimentación, educación, salud hasta el habitar en una vivienda digna y no se diga el tener libre acceso a actividades culturales, deportivas y otras de esparcimiento vitales para su desarrollo integral. Por otra parte sus aspiraciones visionarias de “entornos urbanos adecuadamente planificados, articulados y sustentables en armonía con los recursos naturales” contrastan con las realidades pragmáticas de sus intereses económicos en los planes de desarrollo urbano que no logran, desde 1944 que los iniciaron, ni siquiera proporcionar cobertura plena en la disponibilidad de los servicios básicos como el agua potable, el drenaje sanitario y la electricidad, mucho menos infraestructura y equipamientos urbanos que faciliten el acceso a los servicios y las facilidades propias de las ciudades modernas, ni que decir de las viviendas dignas que recurrentemente dicen ofrecer, que no logran superar el hacinamiento y las condiciones precarias prevalecientes, además de no lograr el transporte público de calidad, las vialidades necesarias y los espacios para la recreación y esparcimiento de la familias en toda el área metropolitana de Monterrey, donde habita el 91% de toda la población del estado.

 

Lo más grave ha sido que las grandes inversiones financieras del estado, ejercidas con este propósito, han estado inmersas en conductas corruptas en los procesos administrativos, que han ido desde el tráfico de influencias, desviación de recursos hasta el desarrollo de fraudulentas obras con malas calidades en los materiales e insumos que las conforman. Las normas, reglamentos y planes de desarrollo urbano desarticulados de los municipios, sustentados en el artículo 115 constitucional, y la falta de atribuciones del gobierno estatal, acotadas por la Constitución han servido como fundamentos leguleyos para transgredir y evadir las responsabilidades impunemente de estos actos corruptos. Así sus proyectos estratégicos integradas en el PED para lograr la Funcionalidad, regeneración y sustentabilidad urbanas para propiciar un desarrollo urbano ordenado, equilibrado y sustentable no han logrado concretar un “Programa estatal de desarrollo urbano sustentable y el programa especial para la región periférica, con una amplia participación y el consenso de la población, con sus programas de desarrollo urbano sustentable, debidamente oficializados, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente.” Sigue pendiente el fortalecimiento eficaz de la coordinación de los distintos niveles en la planificación urbana de la entidad, con los municipios, pero sobre todo con los ciudadanos para regular este tipo de acciones, sobre todo para fortalecer los instrumentos normativos, mediante la vinculación del Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Evaluación de Impacto Ambiental. No sólo no se ha logrado el desarrollo de proyectos urbanos armonizados con la funcionalidad urbana del AMM y la conectividad de los municipios sino con ese ordenamiento ecológico territorial que le de la sustentabilidad tan referida en las políticas del PED, sus desarrollos de infraestructura vial no logran alcanzar la integración de vialidades continuas, que siguen agobiando a los ciudadanos con las perdidas de tiempo y el estrés consecuente, afectando su bienestar y productividad.

 

El caso mas emblemático ha sido su proyecto de integración de los corredores de flujo continuo en las avenidas Lázaro Cárdenas, Sendero Norte, bulevar Díaz Ordaz y Av. Morones Prieto, a efecto de conectar con las principales carreteras de acceso al AMM, que a la fecha siguen generando los problemas referidos. Ni que decir de la Regeneración urbanística de zonas estratégicas, sigue pendiente el desarrollo integral del centro de la ciudad de monterrey, actualmente limitado al desarrollo urbano arquitectónico aledaño al actual paseo Santa Lucía (segunda etapa), y de otras zonas estratégicas del AMM y de las ciudades medianas del centro y norte del estado, prestando atención principalmente a aspectos como la integración con el entorno natural, la movilidad y la seguridad de los habitantes. Si algo ha caracterizado a los funcionarios y gobernantes es la planeación con visión prospectiva que permita solucionar los problemas de largo plazo, así sus obras son ejecutadas con soluciones a corto plazo, alimentadoras de ese circulo vicioso de los periodos sexenales con sus demagógicas demandas y soluciones exitosas.

 

En materia de vivienda, las políticas públicas siguen sin “Fomentar la construcción de desarrollos urbanos integrales periféricos, con viviendas dignas, infraestructura hidráulica, energética, de vialidad y transporte, con equipamientos sociales, comerciales y de trabajo, que hagan autosustentable dichos desarrollos”. Siguen prevaleciendo transgresiones en la planificación urbana, sin prevención rigurosa de los riesgos naturales, como han emergido en los periodos de inundaciones; la infraestructura y equipamiento necesario, los espacios verdes y naturales así como los lugares necesarios para recreación; deporte y convivencia familiar, siguen deficientes. Fomentar las edificaciones bioclimática, verdes o sustentables, como lo establecen en el actual PED será uno de los grandes pendientes del actual gobierno. Los nuevos fraccionamientos populares, con base en un nuevo modelo de construcción progresiva de vivienda, con equipamiento integral, incluida la dotación de las redes y los servicios de agua potable, drenaje sanitario, electrificación y alumbrado público, así como la arborización de las áreas verdes municipales y el frente de las viviendas son limitados por los intereses económicos de la industria inmobiliaria. Por eso reducen el objetivo a desarrollar “ 200 mil acciones de vivienda en el sexenio, bajo conceptos de sustentabilidad, mayor conciencia ecológica y equipamiento urbano integral, para que se disponga de escuelas, unidades médicas y áreas verdes, entre otros elementos, a fin de aminorar la necesidad de traslados prolongados. En fin, en materia de vivienda se ha fomentado a través de los programa oficiales de vivienda (Fomerrey, Fovi, etc...) vivienda mayoritariamente popular desvinculada de las actividades propias del área metropolitana sin transporte ni equipamientos adecuados, comercios, servicios y empleos, siguen siendo desarrollos habitacionales insuficientes e inadecuados, además han sido coadyuvantes de la acelerada suburbanización existente con asentamientos humanos irregulares y otros con gran marginación social que se suman a la generación de los grandes problemas sociales de violencia e inseguridad como el caso paradigmático de la zona conocida como la ALIANZA del AMM.

 

En el caso de la solución a los problemas del transporte público, el PED ha desarrollado dos grandes proyectos estratégicos uno, ha sido la incorporación de transporte colectivo, metrobús para el cual se esta construyendo el corredor Lincoln-Ruiz Cortines, que facilitará el traslado masivo de pasajeros, en carriles confinados y preferentes para autobuses de alta calidad, otro es la ampliación de la red troncal del metro, la construcción de la línea 3, que apenas se ha iniciado, para satisfacer las necesidades de transporte colectivo de la zona nororiente del AMM. Nada refieren de lograr la modernización del Transporte público con políticas que afronten los intereses corporativos de las mafias sindicales y empresariales que siguen imponiendo sus intereses a la solución de los grandes problemas de los ciudadanos agobiados por el alto costo y las persistentes deficiencias en la calidad del servicio. Seguiremos lejos de lograr “racionalizar y adecuar los recorridos de las rutas de transporte urbano a las condiciones geográficas del entorno, con el propósito de ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de traslado y lograr beneficios ambientales, urbanísticos y económicos”, mas lejos estaremos de “lograr elevar la calidad de los servicios de transporte público favoreciendo la adecuada operación, seguridad, confort y funcionalidad del transporte y la promoción de la inclusión de servicios con facilidades de accesibilidad universal, como se lo han propuesto en este y los pasados PED.

 

En el marco de la cobertura de servicios de agua y drenaje siguen sin lograr la cobertura del 100% de las viviendas, sobre todo en las colonias marginadas del AMM, en las zonas rurales de mayor pobreza en el sur y el norte del estado y en las ciudades en desarrollo ( Linares, Sabinas Hidalgo, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, etc..). Las obras proyectadas para el suministro de agua al AMM en los siguientes 30 años y la ampliación de las redes de agua potable y drenaje sanitario en el marco de la construcción de un segundo anillo de transferencia de agua potable para el AMM y la ampliación de sus plantas de tratamiento, siguen obstaculizadas por problemas financieros. El AMM sigue sin satisfacer la gran obra pública que se requiere para la solución integral del drenaje pluvial cuyos problemas emergen cada temporada de lluvias con sus miles de victimas algunos dañados en su vida otros en sus viviendas, en sus equipos y mobiliarios, otros en sus autos. La electrificación y pavimentación de las colonias marginadas y de las ciudades en desarrollo complementa los grandes pendientes en esta cobertura de servicios básicos, sobre todo en zonas marginadas, donde prevalecen asentamientos irregulares que siguen siendo fuente de alimentación para el clientelismo político.

 

La preservación integral del medio ambiente, sigue siendo uno de los graves problemas derivados de sus fracasados planes de desarrollo urbano, rural, con el deficiente cuidado y protección de las 29 áreas naturales protegidas, el prevaleciente transporte motorizado público y privado, la falta de cobertura plena en el servicio público para el manejo de los residuos, que no logra pasar del 80%, de la misma forma en que se encuentra el tratamiento de las aguas residuales y las industrias que generan contaminantes. Simplemente cada vez son mas prevaleciente los días con los niveles no satisfactorios de la calidad del aire en el AMM, que las autoridades reconocen como el producto de la perdida de cubierta vegetal debido a los corruptos cambios de uso de suelo asociados a la urbanización, como lo han hecho en el Parque de la Pastora, con el estadio de football, el Parque Fundadora, primero fueron las autopistas de sus fracasados carreras de autos ahora con el museo para los beisbolistas, ni que decir de la invasión de las áreas naturales protegidas que padecen presión urbana, cada vez mas depravadas por los conductas inmorales e ilegales de los empresarios de la industria inmobiliaria.

 

Las acciones eficaces entre los gobiernos federal, estatal y municipal, orientadas a la preservación “integral de este medio ambiente, manteniendo, conservando, restaurando y regenerando las zonas ecológicas, áreas naturales protegidas y parques estatales” siguen entrampadas en los intereses políticos y económicos de las oligarquías, quienes recurrentemente logran que los funcionarios de cada nivel de gobierno se atrapen y se entrampen entre ellos transgrediendo y modificando las áreas naturales protegidas, así como las leyes con su normatividad vigente, donde excluyen o limitan la participación ciudadana y de la organizaciones ambientalistas en la solución de estos problemas; obstaculizando además la promoción en la sociedad de una mayor educación y cultura ambiental, en cuanto a residuos, el consumo racional de agua y energía, la contaminación ambiental en general y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, donde logremos la conservación y el aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre con el manejo sustentable de los ecosistemas para la reproducción de especies. Sin la preservación integral del medio ambiente estamos muy lejos de lograr nuestras acciones responsables sobre las causas y efectos que el cambio climático produce en el desarrollo social y económico del estado, implementando oportunamente las acciones que disminuyan su impacto.